Amenazas a activistas anti-fracking en Colombia

Desde A Planeta, y desde Euskal Herria (País Vasco) nos solidarizamos con las y los jóvenes activistas anti-fracking amenazadas en Puerto Wilches, departamento de Santander (Colombia). Estas activistas se oponen al desarrollo del Proyecto Piloto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales ‘Kalé’ en esta zona, desde el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (AguaWil) y de la Alianza Colombia Libre de Fracking. AguaWil es un comité conformado recientemente en esa ciudad para defender su territorio frente a la posible implementación del fracking y es miembro de la Alianza. Desde diciembre ha liderado movilizaciones pacíficas de carácter pedagógico y cultural  para expresar su oposición. Miembros de la Alianza de Barrancabermeja (Santander) y San Martín (Cesar) también han sufrido amanazas.

Las amenazas contra estas personas, en la coyuntura Colombiana son para tomarse muy en serio, y por no crear más pánico, preferimos no reproducir los números de personas caídas por el simplo hecho de oponerse a este u otros proyectos desarrollistas, destructores, contaminantes y no deseados en ese país.

(Foto: ACFL)

Por eso tanto ecologistas como académicos y represantantes políticos locales y nacionales demandaron al Presidente de la República actuar para protegerles y detener dichos proyectos. Entre ellos destacar a aquellas activistas y académicos pertenececientes al Foro Nacional Ambiental (FNA)  a su vez miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) que elaboró el “Informe sobre efectos ambientales (sociales, físicos y bióticos) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal”, denunciaron las recientes amenazas.

Consideran que estas amenazas son opuestas y contrarias al espíritu de lo propuesto por la CII, la cual planteó transparencia, diálogo y activa participación ciudadana en el proceso previo a la ejecución de los pilotos de fracking, durante su ejecución y en la posterior evaluación integral para definir sobre la pertinencia o no de esta técnica de exploración de hidrocarburos en el país.

Expresan en el comunicado que “nos sumamos a las peticiones ante los órganos del Estado para que como les corresponde investiguen, esclarezcan y actúen en derecho para impedir que estas amenazas prosperen o se repitan”. Debido a la violencia que suponen las amenazas, los académicos plantean que no se darán las condiciones adecuadas para los proyectos pilotos de fracking, por lo que con proponen el suspenderlos. Este mismo grupo de académicos y expertos ya se brindó en diciembre para participar en los proyectos pilotos para realizar seguimiento y evaluación sobre aspectos sociales, económicos y ambientales de estos.

La Alianza Colombia Libre de Fracking también rechaza las amenazas. La Alianza ha denunciado lo que denominan mal llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral -PPII” que el Gobierno Nacional impone a la región del Magdalena Medio: “desde hace varios años hemos advertido sobre los riesgos que para las defensoras y los defensores ambientales representa el desarrollo de los proyectos piloto de fracking en territorios afectados por el conflicto armado, los cuales ocasionarían nuevos conflictos socioambientales como ya viene sucediendo. Así mismo, hemos cuestionado quela llamada licencia social, un concepto desprovisto de los contenidos constitucionales del derecho fundamental a la participación real y efectiva, sea tramitada, promovida o coadyuvada en medio de amenazas, presiones y exclusión de los habitantes de las zonas que podrían ser impactadas”.

Así, se hacen eco de que “en 2020, Global Witness reportó que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras del ambiente y del territorio”, por lo que exigen al Estado colombiano proveer las garantías a las activistas “para ejercer sus derechos a la vida, a la movilización y la protesta social, a la reunión, a la libre expresión y circulación pacíficas, a la libertad de conciencia, a la integridad personal, y a la oposición a estos megaproyectos”.

Protesta en Puerto Wilches organizada por AguaWil (Foto: ACFL)

La Alianza exige igualmente a la empresa responsable de estos proyectos, la nacional Ecopetrol, el “garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU)”.

Un grupo de 34 congresistas (senadores y representantes a la Cámara) también denunciaron las amenazas en contra de los jóvenes activistas anti-fracking en una carta que enviaron al presidente Duque.

El pasado 11 de febrero AGUAWIL y la Alianza Colombia Libre de Frackin organizaron un cacerolazo contra el fracking en Puerto Wilches  simultánea al inicio de la “Mesa Territorial Permanente de Diálogo y Seguimiento”. Esta movilización ocurrió unos días después de que el Relator Especial de Naciones Unidas para el Medioambiente pidiera al Congreso la prohibición del fracking en Colombia. En el cacerolazo, los organizadores exigieron que en los territorios “no se nos vulneren los derechos a un ambiente sano, y a una vida digna en armonía con la naturaleza” y denunciaron que los proyectos piloto “no contemplan espacios de participación efectiva de las comunidades, no tienen licencia social, carecen de rigor científico”.

Protesta en Puerto Wilches (Foto: ACFL)

Un trabajador petrolero integrante de Aguawil, Hender Acuña expresó que “el Gobierno y Ecopetrol solo buscan explotar y afectar a las comunidades del Magdalena Medio, el proyecto Kalé será el principio del fin de nuestra agua, de la vida y el territorio como lo conocemos. La comunidad wilchense entrega un mensaje claro al gobierno, al país y al mundo: No queremos fracking en Puerto Wilches ni en ningún lugar”.

Un día después, el 12 de febrero , tuvo lugar una audiencia en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en que participaron académicos tanto defensorescomo retractores de esta actividad, en el marco de la discusión de los proyectos de ley que buscan prohibir el fracking en Colombia.

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