Ver el Informe sobre el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)
Por la Campaña no a los Tratados de Comercio e Inversión
Este julio tendrá lugar en Bruselas la segunda ronda de negociaciones para la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un tratado que poca gente conoce pero que afecta a nuestras vidas más de lo que pensamos.
Con motivo de esta reunión, el pasado nueve de junio la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión hemos entregado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico una carta firmada por más de 200 organizaciones y representantes de la sociedad civil (académicas y académicos, juristas y figuras políticas a título individual) solicitando la salida del Estado español del TCE.
Esta carta permanecerá abierta durante todo el año con el objetivo de seguir sumando apoyos. Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, escríbenos un email a noalttip@gmail.com
SOLICITAMOS LA SALIDA DE ESPAÑA DEL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA
Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes políticos que suscribimos la presente carta nos dirigimos al Gobierno de España, como miembro de la Conferencia de la Carta de la Energía, para solicitarle la salida del Reino de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ante la celebración de la segunda ronda de negociaciones para su modernización el próximo mes de junio en Bruselas.
En una situación de crisis climática y sanitaria, en la que se deberán tomar medidas legislativas extraordinarias, consideramos que el TCE constituye una grave amenaza para el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima, con las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas. El TCE pone en peligro los objetivos contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético concebido a finales de los años 90 y ratificado actualmente por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. Es un acuerdo extremadamente asimétrico, que otorga grandes privilegios a corporaciones e inversores del sector de la energía. El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que protegen las inversiones extranjeras en el sector energético─tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS)─ las especialmente preocupantes. Dichas disposiciones instauran unos tribunales de arbitraje privados, compuestos por tres abogados especializados en derecho comercial internacional, que funcionan al margen de los tribunales públicos existentes, en un proceso opaco por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.
De este modo, El TCE está siendo utilizado ─y lo será cada vez más─ para cuestionar aquellas medidas legislativas dirigidas a eliminar progresivamente las fuentes de energía fósil y nuclear. Será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y en eficiencia energética, para poner la producción de energía bajo el control público y para adoptar medidas que pongan fin a la pobreza energética.
En el actual contexto de emergencia climática, ecológica y social, podemos enumerar al menos cinco razones por las cuales el TCE supone un grave peligro:
- El TCE pone en riesgo los presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes.
Ningún acuerdo de comercio e inversiones del mundo ha dado lugar a tantas demandas inversor-Estado como el TCE. En marzo de 2020, el número total de demandas ISDS conocidas interpuestas bajo este tratado había alcanzado la alarmante cifra de 129. A finales de 2019, los diferentes gobiernos ya habían sido condenados a pagar más de 52 mil millones de dólares, cantidad equivalente a la inversión anual necesaria para proporcionar acceso a la electricidad a personas que carecen de ella a escala mundial. El Reino de España es, a día de hoy, el más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias, de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto supone 1.046 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático
2. El TCE protege las inversiones de combustibles fósiles, y se utiliza para cuestionar y socavar las imprescindibles medidas de acción climática y medioambiental.
Mientras que la descarbonización de los sistemas productivos y económicos es crucial para enfrentar la emergencia climática que amenaza la vida en el planeta tal y como la conocemos, las inversiones en el sector de la energía fósil (petróleo, gas, nuclear y carbón) se encuentran altamente protegidas bajo el TCE. Son numerosos los casos de demandas de inversores extranjeros a Estados signatarios del TCE por la adopción de medidas encaminadas a la acción climática y la protección ambiental. Desde la reciente amenaza de demanda millonaria de Uniper y RWE contra Holanda tras la aprobación de una ley para el cierre de las centrales de carbón para generación eléctrica en 2030, hasta la demanda de la multinacional sueca Vattenfall contra Alemania en 2009 por regular la protección de la calidad del agua y de la biodiversidad en una planta eléctrica de carbón por valor de 1.400 millones de euros. O la demanda de Rockhopper contra Italia en 2016 por la prohibición de nuevos proyectos de perforación de petróleo en sus costas por valor de 40-50 millones de dólares.
3. El TCE amenaza el impulso a las energías renovables.
Lograr un planeta libre de combustibles fósiles en el que la producción de energía esté basada en fuentes renovables es un gran desafío que requiere grandes cambios de regulaciones y leyes. Considerando el precedente de los casos anteriormente descritos, es previsible imaginar un escenario en el que la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dé lugar a demandas millonarias contra Estados que legislan por la consecución de la neutralidad climática. En el caso de España, esto supondría un grave obstáculo en la transición energética de un país altamente vulnerable al cambio climático. Casi la mitad (22 de 47) de las demandas conocidas contra el Reino de España ─si bien basan sus casos en los recortes de las subvenciones a las energías renovables─ son de inversores con vínculos en la industria del gas, carbón, petróleo o energía nuclear. El TCE apenas está actuando como adalid de las pequeñas empresas y las renovables.
4. El TCE puede ser utilizado para combatir las medidas destinadas a hacer la energía asequible y a ponerla bajo control público.
Varios países de Europa del Este han sido demandados en virtud del TCE por haber aprobado medidas encaminadas a limitar los elevados beneficios de las compañías energéticas y a reducir los precios de la electricidad para los consumidores. Las disposiciones del TCE también pueden utilizarse contra las iniciativas dirigidas a poner la producción y los servicios energéticos bajo propiedad y control público y democrático, así como a revertir los efectos negativos de las fracasadas privatizaciones del sector energético. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de pobreza energética que sufren muchas familias en España. En 2018, el 15% de los hogares de nuestro país sufría temperaturas inadecuadas, se retrasaba en el pago de las facturas de energía o ambas cosas. Alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron pobreza energética o estaban en riesgo de sufrirla. Según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado y, sin embargo, el salario medio de los hogares españoles está por debajo de la media de la UE.
5. El arbitraje entre inversores y Estados en el marco del TCE es contrario al Estado de Derecho y socava los sistemas jurídicos nacionales.
Contrariamente al principio de igualdad de acceso a la justicia, el TCE crea un sistema judicial paralelo a disposición exclusiva de algunos de los agentes sociales con mayor poder económico: los inversores extranjeros. Es sobradamente conocido que los árbitros privados que resuelven los conflictos inversor-Estado ganan sumas millonarias con estos casos, contando así con un importante incentivo para apoyar, independientemente de cuál sea el interés público, el fuerte auge de los litigios amparados por el TCE. Bajo este tratado, los árbitros gozan de un amplio poder a la hora de determinar la forma en que se interpretan las cláusulas contractuales en beneficio de los inversores, con enormes consecuencias sobre los presupuestos públicos. Asimismo, en contra de los principios básicos de independencia y publicidad que rigen en cualquier modelo de justicia propio de un sistema democrático, los arbitrajes del TCE son altamente secretos y esconden a menudo conflictos de intereses que atañen a los árbitros, vinculados frecuentemente a intereses empresariales.
Por otra parte, hasta la fecha solo cinco grandes bufetes han participado en el 46% de todas las demandas conocidas en virtud del TCE. Resulta inadmisible que despachos de abogados, árbitros de naturaleza privada e inversores obtengan ingresos astronómicos a costa de litigios contra Estados que afectan a intereses generales y dinero de los y las contribuyentes. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 2018 sobre el caso Achmea (Caso C-284/16), rechazó con claridad la cláusula de arbitraje de un acuerdo de inversión celebrado entre Estados miembros de la UE por resultar contrario al Derecho de la Unión.
Demandas de las organizaciones firmantes
En base a lo aquí explicado, y a la vista del inicio de la segunda ronda de negociación para la modernización del TCE durante el próximo mes de junio, las organizaciones firmantes de esta carta consideramos que, en su estado actual, es muy improbable que el proceso de modernización del TCE solucione los fallos descritos. Entre otras razones, el mandato de la UE para las negociaciones del TCE no prevé el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los arbitrajes de inversión ISDS u otras formas de solución de conflictos entre inversores y Estados ni la incorporación de objetivos coercitivos para hacer frente a la emergencia climática o la degradación medioambiental .
Mientras que la UE y España ya han declarado la emergencia climática y pretenden estar a la vanguardia de la acción por el clima, resulta incongruente permanecer en un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles.
En consecuencia, las organizaciones y sindicatos firmantes hacemos un llamamiento al Gobierno de España a:
- Retirarse del TCE y plantear en el Consejo de la UE su derogación de manera conjunta. El artículo 47 del TCE prevé la retirada del Tratado en cualquier momento. Italia, por ejemplo, ya lo hizo en 2016. Es simplemente una cuestión de voluntad política.
- No seguir con el actual proceso de modernización del TCE, ya que, por su limitado alcance y los conflictos de intereses involucrados, difícilmente podrá dar lugar a un tratado respetuoso con el clima y el medio ambiente.
- Poner freno de inmediato al proceso de expansión geográfica del TCE y no permitir ninguna nueva adhesión al mismo en su estado actual.
- Solicitar la eliminación de los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado, ya sean el ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), tanto en el TCE como en otros acuerdos actuales y futuros.
Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, entra al formulario.
Más información sobre el Tratado sobre la Carta de la Energía:
www.tni.org/es/tratado-sobre-carta-energia
aplaneta.org 