Todo un sistema al servicio del oligopolio minero.

Como ya ha quedado claro, la Vale y sus subsidarias (Samarco, etc) son todo en Minas Gerais y también en Brasil. Lo controlan todo, y todas las instituciones les rinden pleitesía. Dado su tamaño, son las primeras empleadoras de la región, y con las condiciones laborales existentes (paro, terciarización, etc) también consiguen localmente acallar las críticas.

Sólo así se explica tanto despropósito, que a día de hoy estemos llorando tantos muertos, que continúe tanto riesgo y tantas personas vivan día tras día con tanta incertidumbre, que se cometan tantos desastres medioambientales a tantos niveles, y que mientras no haya soluciones reales exceptuando unas indemnizaciones temporales, reducidas y excluyentes, ni nadie haya sido castigado, y lo que es más escandaloso, que sigan lucrándose de semejante manera.

Un dato significativo: para octubre de 2019, nueve meses después del crimen de Brumadinho, la Vale ya se situaba en saldo más que positivo, pues sus ganancias alcanzaban los 1.370 millones de euros, que incluso superaban en un 13,7% a las del mismo período del año año anterior, antes del crimen.¹ Este dato, el que sus beneficios sean superiores pese a haber sufrido/cometido daños tan severos resulta insultante para las personas afectadas, sobre todo cuando se experiencia a diario la mezquindad de Vale para pagar indemnizaciones, para escaquearse de sus responsabilidades y para eludir otras obligadas como es la restitución de viviendas destruidas por su crimen.

Con respecto a los beneficios de la minería hay que recordar que estas compañías se valen de todo un sistema que les favorece, empazando a nivel legal que no existe una ley internacional que las haga responsable ante crímenes como estos. Esa es una lucha que el MAB también junto a muchas otras organzaciones internacionales viene llevando a cabo desde la Campaña Global, para conseguir un Tratado Vinculante para las empresas transnacionales en las Naciones Unidas.²

Pero muchas otras ventajas son las concedidadas por el propio estado brasileño. Por ejemplo, las empresas mineras están exentas de pagar por apropiarse de los recursos minerales. Las zonas concesionadas para minería (extensible a sus sistemas ferroviarios) se entienden como zonas francas donde éstas están liberadas del sistema impositivo que rige en el resto del país.

Otra de las ventajas que el MAB, por su naturaleza de afectados por grandes represas e hidroeléctricas, siempre denuncia, es el beneficio que de estas obtienen las grandes empresas, pues a ellas casi se les regala la electricidad generada en esas plantas. Según el MAB (a partir de datos ofrecidos por CEMIG), la Vale en Minas Gerais paga 0,05 reales por kw/h (0,010 céntimos de euro), mientras que el precio por el Kw/h para uso doméstico es de 0,60 (0,12 céntimos), lo que muestra el trato favorable y la disparidad aplicada al acceso de recursos básicos. Además, Vale también opera en el sector de la energía eléctrica en consorcio con otras empresas y cuenta con nueve plantas hidroeléctricas.

Igualmente este mismo tipo de almacenamiento de residuos que ocasionó los crímenes de Brumadinho y antes de Mariana, son en sí una forma de abaratar costes y garantizar beneficios. Es lo que se conoce como “aumento de amontonamiento” en el que una barrera de contención sostiene capas de los desechos del lavado de la roca de hierro (relave). Pero como ambos casos confirman, tanto Brumadinho como Mariana, los gastos ahorrados en esta fórmula se transfieren a terceros: comunidades, individuos, instituciones, etc, y, obviamente, al medio ambiente. Este sistema está prohibido en Chile y Perú, y se prohibirá en Sudáfrica. Se usa en una de las potencias mineras, Australia, pero que es mucho más seco y llano, y, que como Leonardo Boff nos recordaba en estas jornadas, allá las explotaciones mineras tiene lugar fuera de territorios poblados sin suponer el riesgo que en Brasil suponen.

En el caso del accidente de Brumadinho, quedó también en evidencia otra fórmula de la que compañías como Vale se sirven para aumentar sus beneficios: la terciarización laboral. Sí, es una práctica muy habitual hoy en día en este sistema neoliberalista, pero en este caso es escandaloso, pues la mayoría de los muertos en el crimen eran trabajadores de la empresa pero la mayoría eran subcontratados, como ya sabemos, para evitar responsabilidades para con ellos y negarles derechos, entre ellos un sueldo digno. Por ello también, ahora, después de su muerte, después de un año negando justicia a ellos y a sus familias, se ahonda en el daño y desprecio cometido contra ellos como trabajadores durante tanto tiempo.

No sin razón la BBC tildaba el crimen de Brumadinho como “el mayor accidente laboral jamás registrado en Brasil.³⁴ En el caso de Mariana, la Vale (Samarco) fue incluso denunciada por el INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de terciarización ilegal y de fallas en el sistema de seguriadd laboral.⁵

En 2009 menos de 40% de los trabajadores de Vale eran funcionarios de la compañía, siendo el resto (60%) tercerizados. De forma general estos realizan actividades que suponen mayor riesgo, de forma que en 2007, de los 14 accidentes fatales ocurridos en la compañía 11 correspondían a trabajadores subcontratados⁶. Igualmente en 2006 una inspección de la Oficina Regional del Trabajo de Minas Gerais, realizada en la misma Mariana identificó más de 40 infracciones laborales en las dependencias de Vale (Samarco) . Estas incluía excesos en el horario de trabajo, falta de instalaciones sanitarias, iluminación inadecuada durante el turno nocturno, etc. Por esta y otras muchas sentencias, la Vale es condenada a pagar multas continuamente.

La minería a cielo abierto como la que realiza la Vale en estas explotaciones precisa de gran uso de maquinaria y también de tecnología, químicos, etc. Cuando se inició esta nueva fórmula de minería alternativa a la subterránea de galerías hace más de tres décadas, el gobierno y las mineras planteaban que con ella llegaban mejores condiciones de vida para los trabajadores. Sin embargo, esas mejoras no se reflejan a muchos niveles (horarios, salud, etc) pero sobre todo en los salarios: ninguno de los municipios donde opera Vale la renta per cápita de los trabajadores alcanza el salario mínimo nacional. A ello se une también peores condiciones de vida en las comunidades, producto de los impactos de la minería: a la sobre-población se une la desforestación y contaminación, que impiden que se utilice la tierra y que se multipliquen los índices de enfermedades. También existe más violencia y represión.

En el documento político del V Encontro Internacional de las Afectadas y Afectados por la Vale celebrado en Minas Gerais (13-15 de agosto de 2015) los participantes acordaron y denunciaron también “la degradación de las condiciones de trabajo y el empeoramiento permanente del nivel de vida de los trabajadores de Vale. Esta realidad, que mata, mutila y enloquece a miles de trabajadores anualmente, representa un ataque de Vale sobre la única forma en que muchos de estos trabajadores tienen que vivir: la venta, cada vez más depreciada, de su fuerza laboral”.⁷