Por Jennifer K. Falcon, Red Ambiental Indígena (IEN)
El 20 de enero de 2021 el nuevo presidente de EEUU Biden anunció que revocaba el permiso del oleoducto Keystone XL, al que se oponían indígenas y ecologistas. Este proyecto de arenas bituminosas, propiedad de TC Energy, ha sido impugnado por la Red Ambiental Indígena desde las primeras audiencias cuando obtuvo el permiso en 2010. Es por tanto una década de lucha. Y tampoco es el único proyecto fósil al que se enfrentan los pueblos indígenas sino que a él debemos sumar la Línea 3, el oleoducto de Acceso Dakota (DAPL), el TransMountain y otros proyectos de combustibles fósiles que envenenan sus comunidades y el mundo, e inciden en la emergencia climática.
El oleoducto Keystone XL fue rechazado por los pueblos Cree, Dene y Metis, como parte de su campaña continuada contra la extracción de arenas bituminosas en el norte de Alberta que ha contaminado su territorio con graves resultados tóxicos. Esos pueblos han sido la punta de lanza contra este proyecto, por lo que es en parte su victoria. El movimiento por la justicia medioambiental de Isla Tortuga (EEUU y Canadá) ha adoptado los impactos en los Derechos Indígenas en su agenda.
Como bien razona la Directora de Acción Climática Indígena de Transición Justa, Melina Laboucan-Massimo, «el oleoducto KXL no habría hecho más que agravar nuestra adicción mutua al petróleo sucio y permitir la continua expansión de las arenas bituminosas a expensas de nuestras comunidades, así como a expensas del avance de las energías limpias».
«Esta es una victoria y esperamos que sea el final. Hemos estado luchando contra el KXL desde que nos enteramos de su existencia. No se trataba sólo de las violaciones de los derechos de los tratados, sino también del petróleo sucio. Se trataba de ser solidarios con los pueblos dene y cree de Canadá. El Departamento de Estado no nos consultó, nunca nos prestó atención. Tal vez, ahora lo hagan. Los pueblos indígenas siempre han defendido a la Madre Tierra y nunca abandonaremos esa lucha», dijo Rodney Bordeaux, presidente de la tribu Rosebud Sioux.
La campaña de Keystone XL proporcionó ejemplos tangibles de cómo los pueblos indígenas no sólo mantienen la autoridad moral para proteger sus territorios, sino el derecho legal a negar el consentimiento a proyectos tóxicos.
«Durante más de una década, los pueblos indígenas y nuestros aliados han rezado, llorado y se han manifestado para detener este malvado oleoducto zombi. Esperamos escuchar al presidente Biden tomar más medidas deteniendo el DAPL y la línea 3. Nada menos que detener estos ataques garantizando el consentimiento libre, previo e informado y estableciendo una prueba climática consideraremos para llamar a esto una victoria completa. Sin embargo, hoy es un gran día. Y doy las gracias a todos los que nos han ayudado a llegar hasta aquí», dijo Joye Braun, Cheyenne River Lakota, organizadora comunitaria de la Red Ambiental Indígena.
«Una vez más nuestras oraciones fueron respondidas por nuestros ancestros. Es una buena victoria, pero no podemos olvidar las veces que el gobierno intentó revivir el oleoducto KXL. Somos Oceti Sakowin y tenemos el poder de mejorar las cosas para la gente», dijo Angeline Cheek, Tate Ska Washte Win, organizadora de justicia indígena, ACLU/Kokipasni Grassroots Group. «A través de la oración hay unidad y fuerza. Gracias a nuestros líderes espirituales, ancianos, jóvenes, comunidades, organizadores de base, simpatizantes y aliados. Mitakuye Oyasin».
El pueblo Apache contra la minera Río Tinto
Un grupo de apaches que han tratado durante años de revertir un intercambio de tierras en Arizona que dará paso a una de las mayores minas de cobre de EE.UU. demandaron al gobierno federal el martes. Apache Stronghold argumenta en la demanda presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Arizona que el Servicio Forestal de los Estados Unidos no puede legalmente transferir tierras a la compañía minera internacional Río Tinto a cambio de varias parcelas que la compañía posee alrededor de Arizona. El grupo afirma que la tierra alrededor de Oak Flat estaba reservada para los apaches occidentales en un tratado de 1852 con los Estados Unidos. «Todo va a llegar a un punto crítico, creo, recurriendo a cosas que deberían haberse hecho», dijo Wendsler Nosie, un ex presidente apache de San Carlos que lidera el grupo.
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