U-1: HITZALDIA / J-1: Charla de activista embera Gabriel Marrugo en Donostia

EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS GABRIEL ENRIQUE MARRUGO AVILA
Es defensor de Derechos Humanos, dirigente indígena de las comunidades del Bajo Atrato Chocoano, hace parte de los líderes sociales y autoridad indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Atrato, CAMISBA desde hace más de 12 años. Es fundador y tesorero de la organización de ARTESANOS POR LA VIDA, iniciativa organizativa en el área Urbana de Rio Sucio Choco. Desde 2005 al 2019 ha asumido el proceso social y comunitario en la región del Bajo Atrato, en la exigencia y respeto por los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario de las comunidades indígenas de la región, en conjunto con otras organizaciones, quienes han asumido la defensa de territorios colectvos de las comunidades indígenas de las etnias, Emberas, Wuaunan, pueblos milenarios de América.

Desde el año 2016 es coordinador de Comunidades Étnicas del Departamento del Chocó por la Asociación de Mujeres de la Victoria de San Isidro (ASOMAVIC). También es afiliado al partido político MAIS – Movimiento Alternatvo Indígena y Social- naciente en el seno de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), para congregar el proceso histórico de la resistencia indígena.

El Sr. Marrugo Ávila hace parte de la “Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas” COPIC, experiencia a partir de la cual partcipó en la formulación del capítulo Étnico en el marco de los Acuerdos de Paz, firmado en el 2016 entre las FARC-EP y el entonces Gobierno Colombiano de Juan Manuel Santos; a partir de este proceso el defensor participó en la pedagogía del Acuerdo de Paz en todas las comunidades del Bajo Atrato. Trabajó con el PNUD y REDEPAZ con el proyecto “Soy joven, soy paz” en el municipio de Rio Sucio. Realizó Talleres de memoria Historia “El antes y el después” en el territorio y charlas de empoderamiento a mujeres. Participó activamente en reuniones con el ICODER (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación) para la delimitación del territorio de las comunidades Afrocolombianas y de linderos en el territorio. Hizo parte de la convocatoria “Caravana Humanitaria al Choco”, realizada en agosto de 2019.

De igual manera trabajó activamente en el Programa “Refugio Humanitario del 28 de abril al 02 mayo 2019”, para la visibilización de la grave situación de Derechos humanos que viven las y los líderes sociales en Colombia. Ha realizado las respectivas denuncias de los hechos acontecidos y violaciones de DDHH en la región del bajo Atrato, a través de la ONIC y las propias comunidades en contra de los grupos paramilitares y los terratenientes que han despojado a los territorios colectivos. Con la idea de conformar una única Mesa de Diálogo con el Gobierno Colombiano, los/as campesinos/as expulsadas de sus tierras por la violencia decidieron unirse en la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos (Andescol).

Su bandera es el retorno con dignidad y garantías: “La Construcción de la Paz con Justicia social”. Andescol ha respaldado y está comprometida con la implementación y materialización del proceso de Paz entablado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional Colombiano con sede en la Habana (Cuba), el cual avizora la construcción de una solución política dialogada que demanda la apertura de una Mesa de diálogo con el ELN. Desarrolla pedagogía de paz con las organizaciones de víctimas para que tengan una participación activa y que se empoderen de las instancias, mecanismos e instrumentos que se derivan de lo acordado en el punto 5 de víctimas, para garantizar la implementación, monitoreo y la verificación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición-SIVJRNR, así como los demás puntos del acuerdo.
Trabaja con las instituciones del Gobierno exigiendo que se desmonte el paramilitarismo como paso a la construcción de un escenario democrático, plural e incluyente, que garantice el reconocimiento de la oposición política y de su participación en la reconstrucción de un nuevo país. El Sr. Marrugo Ávila trabaja y está comprometido con el cumplimiento de los objetivos de Andescol, los cuales son dar apoyo y defender los derechos fundamentales y específicos de los pueblos indígenas; para ello, se han implementado equipos de capacitación, apoyo jurídico, el impulso a proyectos productivos, de educación y salud, teniendo como principios rectores la unidad, la tierra y la cultura, pilares fundamentales en la búsqueda de la autonomía; labor que viene realizando el defensor como dirigente indígena de las comunidades del bajo Atrato y el Darién chocoano.

• IDENTIDAD DEL PUEBLO EMBERA (ONIC)

• El 20 % de la población Emberá ha sido desplazada

En el marco del conflicto armado, el pueblo Emberá ha sido víctima de desplazamiento forzado, amenazas, señalamientos, desaparición forzada, asesinato de líderes, violación de niñas y mujeres, entre otras vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos.

Una crisis humanitaria vive el pueblo Emberá en distintas regiones de Colombia”, así lo determinó un informe realizado y presentado esta semana por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, el cual fue desarrollado en el marco del proyecto Reparación integral a pueblos indígenas y afrocolombianos, énfasis en consulta previa como derecho fundamental, que se adelantó en el periodo 2011 – 2013.

El informe muestra cómo el conflicto armado y otros elementos como la minería ilegal han contribuido en distintas violaciones a los derechos de los indígenas emberá, especialmente a los chamí, que se encuentran tradicionalmente en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Antioquia.

“El objetivo es visibilizar el seguimiento que se le ha hecho a la problemática de la población emberá desplazada, que equivale a casi el 20 % del total de este pueblo en Colombia”, explica Sonia Londoño Niño, analista de Codhes.

La problemática aún continúa. Durante la presentación de los informes, Arbey Gañán, vocero emberá, expresó que “los distintos grupos armados, guerrillas, autodefensas, narcotráfico y Ejército Nacional conviven en la comunidad Embera Chami”.

Tipos de desplazamiento

El Codhes y la Onic presentaron sus resultados ante la Corte Constitucional, en octubre del 2011, mayo del 2012 y mayo del 2013, en un proceso que pretendía hacer seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que le ordena al Gobierno adoptar medidas estructurales que prevengan y atiendan el desplazamiento.

Y es que esta problemática ha afectado con fuerza a las comunidades emberá asentadas en varias regiones del país, en tanto que arriesga su pervivencia, sus tradiciones y cultura, sus derechos y el arraigo que tienen en sus territorios, que para ellos son sagrados y tienen toda una serie de significados de gran trascendencia. El caso más reciente ocurrió en mayo de este año, cuando hubo un desplazamiento masivo en el Alto y Medio Baudó, Chocó, de más de 2.700 personas emberá, debido a enfrentamientos entre grupos armados.

Buena parte de los emberá se desplaza dentro de sus propios territorios o quedan en una situación de confinamiento, muchos se quedan resistiendo en sus resguardos, pese a la presencia del conflicto armado en la zona. Esta condición trae consigo una serie de impactos negativos para las comunidades, en tanto que, como explica Londoño Niño, “hay ausencia del Estado, no hay suficientes vías de acceso, por lo cual hay que caminar hasta dos días, para trasladar a las personas enfermas y las mujeres embarazadas”.

Asimismo, hay otros aspectos que obstaculizan el acceso a los derechos, cuando hay desplazamiento dentro de los mismos territorios, tales como la distancia de las instituciones educativas, la poca dotación de los centros médicos para brindar el derecho a la salud, los obstáculos para realizar actividades cotidianas de caza, pesca o agricultura, la imposibilidad que tienen algunas instituciones y la ayuda humanitaria de emergencia para ingresar a los territorios, debido a las condiciones de seguridad, entre otros.

Sin embargo, desplazarse a otras ciudades no es una solución positiva. Según el informe, las ciudades más receptoras de población emberá desplazada son Bogotá, Pereira, Medellín, Cali y Armenia. Aun así, otras familias “se ubicaron en asentamientos en diferentes departamentos del país, como Antioquia, Quindío, Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare, Valle del Cauca y Tolima”.

El informe anota que no se tienen datos precisos de “la ubicación de los desplazamientos emberá en las cabeceras municipales del país, en las grandes ciudades, ni del número de desplazados intraurbanos”. En las cabeceras municipales y en las principales ciudades receptoras, los emberá encuentran grandes riesgos. En primer lugar, salir de sus territorios, implica “estar en espacios ajenos a su cultura, los niños pasan mucho tiempo fuera de sus territorios y no quieren volver y cuando vuelven ya no se adaptan con facilidad a estos”, afirma Londoño Niño.

Cuando llegan a las ciudades, los emberá se ven abocados a situaciones como consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, mendicidad, pobreza extrema, entre otros factores, de los cuales uno de los más graves es la propensión a su exterminio cultural. Y es que según Gañán, el conflicto sigue afectando sus territorios. “Aunque el Gobierno y las Farc estén hablando de paz, se recluta a menores, existen dinámicas de guerra y se siguen violando los derechos humanos”.

Algunas recomendaciones

La Onic y el Codhes hacen una serie de recomendaciones al Estado, para que resuelva la situación de las familias emberá desplazadas y que están dentro o fuera de sus territorios, todo con el fin de mantener su integridad física y cultural y evitar que desaparezcan. Según las entidades, “ello supone que los procesos de reparación colectiva con vocación transformadora, se orienten a la garantía de derechos territoriales, recomposición y fortalecimiento del tejido social, y procesos culturales, organizativos, económicos del pueblo Emberá”.

La reparación colectiva es importante, porque las comunidades indígenas tienen un fuerte arraigo, no sólo en sus territorios sino también con su tejido social. Para Londoño Nieto, esto se puede lograr de una forma más eficiente, si las instituciones trabajan en conjunto y “los recursos son suficientes, con un enfoque preferencial por estas comunidades”.

También es importante que se tomen medidas para aquellas familias emberá que están en territorios rurales ajenos o en zonas urbanas, donde experimentan gran vulnerabilidad. “Se recomienda la construcción y adecuación de centros de protección para ellos, se sugiere que la Unidad de Atención Integral a Víctimas y las entidades competentes financien y concierten con las organizaciones representativas del pueblo Emberá la construcción de alberges/centros de protección en sitios seguros que ellos identifiquen en los territorios, para la recepción de familias en situación de desplazamiento”, anotan la Onic y el Codhes.

Del mismo modo, recomiendan a las ciudades fortalecer los albergues para la población indígena víctima de desplazamiento que llega. Aun así, lo más importante, consideran, es la aplicación de mecanismos integrales y transformadores de reparación, que permitan tener todas las garantías para que las comunidades puedan retornar a sus territorios.

En riesgo de exterminio

El Auto 004 de 2009 fue emitido por la Corte Constitucional y declaró el riesgo que tienen los pueblos indígenas de Colombia de ser exterminados física y culturalmente, por causa del conflicto armado. Al hacer un diagnóstico de la población indígena desplazada, ordenó la “creación de un programa de garantías o política pública dirigida a todos los pueblos y de planes de salvaguarda étnica dirigida a pueblos específicos”. Asimismo, dio órdenes para mitigar el desplazamiento forzado. En primer lugar, se debe “diseñar e implementar un programa de garantía de derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento”, en segundo lugar, “diseñar e implementar distintos planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el desplazamiento forzado” para los pueblos en peligro de extinción.

La ley, en el papel

Aunque Colombia se perfila como uno de los países con mayor legislación a favor de los derechos de los grupos étnicos y la Constitución Política de 1991 reconoció el componente multicultural del país, en la realidad no son muchos los avances que se han hecho en materia de una protección de las comunidades indígenas. “Muchas veces las leyes y los mecanismos de protección especial se quedan en el papel, porque del reconocimiento oficial al goce efectivo de derechos hay una gran brecha”, expresa Londoño Nieto.

Asimismo, agrega que en muchos resguardos indígenas no hay presencia de la institucionalidad, lo que extiende las amenazas en el caso del conflicto armado. “Hay necesidad de que haya políticas y medidas específicas para las mujeres, muchas no hablan español y no tienen un nivel de escolaridad alto y cuando se van desplazadas para las ciudades, se dedican a ejercer la mendicidad en las calles y eso las revictimiza más”. Pero, en sus territorios, según el informe, “son sometidas a presiones constantes por parte de los grupos armados; muchas son víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual, y diversas formas de violencia de género, entre otras violaciones a derechos humanos”.