El Comité de Desarrollo Campesino CODECA se posicionó en rueda de prensa (20 de julio) contra el estado de sitio declarado por el gobierno, tildando la decisión de racista, por aplicarse sobre todo en comunidades de alto composición indígena, maya q’eqchi. y de presión extractivista. CODECA ya inició las movilizaciones contra esta medida. Para los campesinos además del estado de sitio se debe derogar la Ley de Orden Público, de 1965 .
Este etado de sitio hay que enmarcarlo también en la situación de los últimos meses bajo el Covid-19 en el que ha tenido lugar un despliegue militar en muchas comunidades campesinas e indígenas, para presuntamente implementar las medidas de confinamiento, pero que como ha sido denunciado ha tenido como objetivo el neutralizar la vigilancia y protesta comunitaria. Como dice CODECA, «afianzado el miedo generalizado que intenta instalar en el pueblo de Guatemala para desmovilizarlo y continuar saqueando nuestros bienes naturales. y salvaguardar la actividad extractiva».
CODECA se ha posicionado al respecto diciendo que «El Estado de Prevención sirvió para endeudar el país y el Estado de Sitio es para saquear el país». Así CODECA denunció que mientras se obliga a la población a permanecer sin salir, las transnacionales mineras como CGN-PRONICO continúan su actividad pese a que una sentencia constitucional ordenó el cese de ésta en el Estor Izabal. Esta mina está contaminando el lago de Izabal.
Desde su cuenta de Facebook, el propio activista maya q’eqchi preso por su oposición a los proyectos de represas en el río Cahabón de la española ACS (RENACE), Bernardo Caal Xol , Premio Quetzal por los Derechos Humanos y la Democracia en Guatemala, también se ha posicionando al respecto coincidiendo en el aspecto racista y favorecedor de las transnacionales del estado de sitio: «la violencia y saqueo continúa».
El presidente Alejandro Giammattei presentó en Consejo de ministros el decreto 13-2020 por el que declaraba el estado de Sitio en los municipios de El Estor, Morales y Lívingston, Izabal; y en Panzós y Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, casi todas ellas poblaciones con alto componente indígena. La decisión responde a la presunta presencia de actividad armada en la región, sin que el gobierno guatemalteco haya especificado casos de actos violentos. La orden tendrá duración de 30 días y restringirá derechos constitucionales guatemaltecas, entre otros, la libertad de movimientos, porte de armas y el manifestarse. De igual forma otorga más poderes a los cuerpos de seguridad como el detener e interrogar a personas sin justificación. La decisión debe ser ratificada por el Congreso para su entrada en vigor.
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