Luis Flores en El Salto
La fuerte respuesta social y comunitaria al proyecto fue apoyada por el propio presidente en el pasado, recalcando en la campaña de las elecciones de 2018 que nunca consentiría la terminación y puesta en marcha de la central.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador AMLO anunció el pasado 10 de septiembre la reanudación inmediata del Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto energético paralizado por las movilizaciones de los pueblos indígenas y comunidades campesinas afectadas y los contenciosos legales presentados desde hace años por las organizaciones defensoras del territorio.
El Proyecto Integral Morelos se sitúa entre los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Se trata de una megainfraestructura que incluye dos centrales termoeléctricas, un gaseoducto de más de 160 kilómetros y un acueducto para transportar el agua necesaria para el enfriamiento de las centrales.
Desde su inicio, hace nueve años, la instalación fue ampliamente rechazada por las comunidades afectadas. Reiteradamente, y pese a las acciones del Estado para desincentivar la protesta, la demanda de la población ha sido simple y llanamente el cumplimiento del derecho reconocido internacionalmente a una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas. La propia Comisión de Derechos Humanos de México ha reconocido en 2018 formalmente la violación de ese derecho.
Como se recoge en este reportaje, los riesgos son múltiples, desde sísmicos al pasar el gasoducto por las laderas de uno de los cinco volcanes más activos del mundo y a escasos metros de numerosos núcleos de población, hasta de agotamiento de los recursos acuíferos de la zona.
La central térmica del proyecto no estaba en funcionamiento porque las comunidades frenaron las obras para evitar la explotación del río Cuautla, de cuyas aguas se abastecen los campesinos de la zona. Se estableció un campamento hace tres años en el que grupos de defensores realizan guardias ininterrumpidamente, noche y día, para evitar la reanudación de las obras y la terminación de las instalaciones de captación de agua. En su temporada baja, el río tiene un caudal de 1.200 litros por segundo y el proyecto extraería 500 litros por segundo para la central. Se da la circunstancia de que uno de los líderes defensores del río es un nieto de Emiliano Zapata, que era originario de ese territorio.
La fuerte respuesta social y comunitaria al proyecto se vio apoyada desde 2014 por el propio López Obrador y el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, de quien depende el proyecto, Manuel Bartlett. Ambos recalcaron a su paso por la zona en las últimas elecciones celebradas en México en 2018, que nunca consentirían la terminación y puesta en marcha de la central. Ahora anuncian la puesta en explotación del proyecto para el mes de diciembre. Su justificación para este giro radical es que la inversión ya realizada hay que rentabilizarla a cualquier coste, pese a los riesgos evidentes del proyecto y a la oposición de las comunidades implicadas.
La justificación esgrimida para la reanudación de las obras es que ya han sido resueltos en contra de las comunidades indígenas y a favor de la CFE los dos recursos planteados. Sin embargo, desde el Frente De Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala se destaca que de los 17 procedimientos y demandas de amparo en curso solo dos han sido resueltas, es decir solo un 8,5%. Quedan, por tanto 15 demandas restantes por resolver y existen, además, suspensiones dictadas por los tribunales, tanto provisionales como definitivas. Nada más conocer el anuncio del gobierno, el Frente De Pueblos, ha solicitado una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de rebatir sus argumentos.
La construcción de las termoeléctricas tiene como objetivo, según fuentes gubernamentales, satisfacer la necesidad energética del Estado de Puebla. Pero Puebla es un Estado eminentemente agrícola, el “granero de México”, y no necesita incrementar su abastecimiento eléctrico. Según argumentan los defensores del territorio, la ONU establece un margen de seguridad de capacidad de abastecimiento de energía eléctrica para cada país del 18%. Este margen o sobrecapacidad se situaba a inicios de la construcción del proyecto en un 40%, sobrepasando actualmente el 50%.
Dos son las razones que se sospecha impulsan realmente el Proyecto Integral Morelos: la primera de ellas es la necesidad de EEUU de dar salida a sus excedentes de gas creados por la desbocada expansión del fracking en ese país. En pocos años pasó de ser deficitario a ser excedentario de gas, y la sobredimensionada red de gasoductos en marcha en México conectados con EEUU son fruto de ello.
La segunda razón de ser hay que buscarla en los planes para crear una gran zona industrial, al estilo de otras existentes en otros Estados de México. Algunas de ellas incluso exentas de aranceles, en la que instalarían megafactorias de multinacionales del automóvil, textil, etc. Nissan y Volkswagen son algunos de los primeros candidatos. Y para ello sí se necesita un fuerte abastecimiento eléctrico. Se repetiría así el modelo de númerosos megaproyectos energéticos en los que los habitantes del territorio sufren todas las externalidades e impactos negativos del proyecto, no recogiendo en cambio ninguno de los beneficios prometidos.
Todo lo anterior añade un capítulo más de impactos negativos y es en el plano climático. Aunque sea en otro territorio, el impacto ecológico de las técnicas de fracking para obtener el gas es enorme. Y por otra parte, las centrales del proyecto son de tecnologías ya obsoletas en Europa, pues no incorporan las últimas mejoras disponibles en cuanto a reducción de emisiones.
Según las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente que luchan por frenar el despojo de los territorios, el Proyecto Integral Morelos se desarrolla con la misma lógica que el llamado Tren Maya o el Corredor Transistmico. Los tres proyectos comparten numerosas irregularidades, sospechas de corrupción, informes técnicos desfavorables, sentencias judiciales en su contra y en todos ellos proliferan la criminalización y los ataques a las defensoras, empezando por las propias descalificaciones realizadas por López Obrador.
Las empresas españolas que participan en el Proyecto Integral Morelos son Abengoa, Elecnor y Enagás. Abengoa intervino en la construcción de la central termoeléctrica y actualmente está a punto de ser rescatada mediante la inyección de fondos públicos de varios organismos oficiales que podría alcanzar los 450 millones de euros. Pese a que el Estado ha perdido ya entre un 70% y un 97% del dinero aportado en sus anteriores rescates.
Por su parte, Elecnor y Enagás son las adjudicatarias de la concesión para la explotación del proyecto durante 25 años. Para Elecnor, México es un país estratégico y cuenta allí con otros 16 proyectos, con lo que cualquier conflicto podría afectar a sus intereses.
En cuanto a Enagás, junto a diversos fondos de inversión internacionales se encuentra como uno de sus principales accionistas el Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En su Consejo de Administración, además de los dos representantes del Estado, se sientan también numerosos exministros, que por razones diferentes deberían tener también interés y una especial sensibilidad ante posibles violaciones de los derechos humanos y del medioambiente y la criminalización de sus defensoras.
Junto a las empresas del consorcio, el Estado español participa en el proyecto a través de FIEM, un fondo del Ministerio de Industria y Comercio especializado en conceder financiación a empresas para su actividad en el exterior. En concreto, el FIEM proporcionó 50 millones de dólares de financiación para la puesta en marcha del gaseoducto.
Lo que resulta incomprensible es que durante el análisis de la operación, imprescindible para la concesión de los fondos para cualquier institución, pública o privada, no se realizase un extenso due diligence, o si se realizó, que no detectase ni los impactos, ni los riesgos ni la oposición de las comunidades. O, peor aún, que se detectase y se hiciese caso omiso.
Las personas
En los nueve años que dura la lucha de las comunidades han surgido numerosos líderes y movimientos para organizar las luchas, agrupados principalmente en torno al Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).De entre todos ellos, destacar a Samir Flores, líder comunitario del municipio de Amilcingo, que fue asesinado el 20 de febrero de 2019 en el marco del conflicto por el proyecto. Además de liderar la oposición, ayudando a las comunidades a informarse y reclamar sus legítimos derechos, Samir fue un carismático impulsor de proyectos sociales en defensa siempre de lo común. Ejemplo de ello son la Escuela Popular o la Radio Comunitaria de Amilcingo, que permitieron crear fuertes redes de apoyo mutuo en y entre las comunidades.
En sus entrevistas, Samir era capaz de transmitir con asombrosa sencillez cómo crear alternativas de transformación social. Como declaraba en este video: “aplicar lo común a la defensa del territorio” o “cuando empieza el trabajo común empieza la magia.” Hace unos meses, en el primer aniversario de su asesinato, se sucedieron los homenajes a lo largo de todo México. Coincidiendo con ese primer aniversario tres representantes de las comunidades afectadas, Teresa Castellanos, Samantha César y Juan Carlos Flores iniciaron una gira europea que les llevó a Madrid, Barcelona, Bilbao, Donosti y Zaragoza, y que la aparición del coronavirus impidió continuar como estaba previsto por otras ciudades europeas. Entre los múltiples actos programados estaba prevista una reunión en Bruselas en el Parlamento Europeo con europarlamentarios que hubo que realizar finalmente por videoconferencia.
Juan Carlos Flores es el letrado que ha presentado gran parte de las demandas contra el proyecto ante los tribunales. Es un claro referente del riesgo al que se exponen los defensores del territorio y los derechos humanos, habiendo sido detenido, maltratado y encarcelado por su labor como abogado.
En el marco de la gira, más de 60 organizaciones sociales, coordinadoras y redes del Estado español denunciaron la situación y presentaron conjuntamente a los consejos de administración de Elecnor y Enagás, al Gobierno español y Gobiernos autonómicos del Estado español y al Estado mexicano una extensa relación de demandas en relación a múltiples aspectos del proyecto, sus intervinientes y sus afectados.
Tras el anuncio de López Obrador para acelerar la puesta en marcha de este megaproyecto, las organizaciones de la campaña están en coordinación con el FPDATMPT para llevar a cabo respuestas de solidaridad y alerta ante posibles ataques contra la población campesina e indígena y sus defensores. Seguirán de cerca lo que ocurre en torno al proyecto para apoyar la defensa de los derechos humanos y el territorio.
aplaneta.org 
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