Las restricciones por emergencia sanitaria han beneficiado sobre todo al sector extractivista

(English)

Por PBI México

Durante la pandemia, la construcción de megaproyectos energéticos y de infraestructura continuaron, al considerarse actividad esencial. Paralelamente, los procesos judiciales y amparos interpuestos por las comunidades afectadas y opositoras se paralizaron y la articulación de la protesta social quedó debilitada por las restricciones de confinamiento y distanciamiento social.

En el caso del Proyecto Integral Morelos (PIM), la pandemia afectó negativamente a diversas estrategias de resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA). Este proyecto energético consta de dos centrales térmicas de ciclo combinado de gas; un gasoducto de 160 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; dos acueductos de 12 km para transportar el agua de consumo y descarga en la termoeléctrica, y una red de alta tensión de 20 km.

Por un lado, se paralizó el proceso de consulta indígena, iniciado en 2019, en 4 comunidades de Puebla. La consulta iba a determinar si había o no consentimiento sobre el gasoducto ya construido.

Por otro lado, el acueducto que planea transportar el agua a la termoeléctricade Huexca, logró finalizarse tras desalojar durante la pandemia el plantón de campesinos en Ayala,el cual llevaba 4 años paralizando su construcción.

Respecto a la estrategia legal en México, liderada por el abogado Juan Carlos Solís, acompañado por PBI, llama la atención la falta de cumplimiento de los amparos resueltos a favor del Frente de Pueblos. Se han interpuesto 20 amparos agrarios e indígenas de los cuales se han conseguido 11 suspensiones definitivas. De estas, una ordena la suspensión del funcionamiento del gasoducto, otra prohíbe la contaminación del Río Cuautla y 9 más relativas al uso del agua, para evitar que afecte al riego de ejidos.

Pese al desacuerdo de las comunidades afectadas, el proyecto está concluido, a excepción de una de las centrales termoeléctricas y del segundo acueducto planificado. Todavía el PIM tiene que iniciar su operación, lo que implicaría la afectación inmediata al caudal de riego de los ejidos, afectando a las siembras y cosechas, a la salud de la comunidad de Huexca (Morelos) y la generación de un riesgo mayor en la zona de peligro del volcán Popocatépetl, agravando la magnitud de desastres en caso de contingencia volcánica y/o rompimiento de la tubería del gasoducto.

Las y los defensores del FPDTA han enfrentado múltiples ataques. El más grave, el asesinato de Samir Flores cuando salía de su casa en la comunidad de Amilcingo. Sucedió un día después de mantener una reunión con autoridades federales donde cuestionó el Proyecto Integral Morelos y 3 días antes de celebrarse la consulta pública impulsada por el gobierno mexicano en 2019. Han pasado dos años de este crimen, y todavía no se han identificado a los agresores, al tiempo que continúan los hostigamientos y la criminalización contra suscompañeros, defensores del agua.

En el segundo año de su asesinato, tanto el FPDTA como voces nacionales e internacionales expresaron su oposición al Proyecto Integral Morelos y exigieron #JusticiaParaSamir, incluido el Eurodiputados Miguel Urbán[i] .Durante el Diálogo Interactivo con el Relator de Derechos Humanos y Medioambiente David Boyd, PBI llamó la atención sobre el caso de Samir Flores[ii], haciendo una comparativa de la lentitud de la justicia y la falta de avances en la investigación con la rapidez con la que se concluyen las obras de mega estructuras, aún sin tener el consentimiento de las comunidades indígenas.

El martes 9 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre la propuesta de Directiva Europea sobre Debida Diligencia Obligatoria. Sin duda es un avance en la de rendición de cuentas de empresas transnacionales aunque según señala la Campaña Global Desmontando el Poder Corporativo, se observan en el texto limitaciones en lo que atañe la necesidad de establecer normas vinculantes[iii]. Esta Ley, que será preparada por la Comisión Europea a mitad de 2021, es especialmente relevante para comunidades que se hayan visto afectadas por las actividades económicas de empresas europeas como es el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que se vieron afectados por las instalaciones construidas por empresas españolas e italiana.


[i]https://twitter.com/MiguelUrban/status/1363216858652897280

[ii]http://webtv.un.org/meetings-events/watch/item3-general-debate-contd-28th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council-/6238520374001/?term=

[iii]https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2021/03/GC_comunicado_UE-DD_ESP.pdf


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