Otro de los resultados de esta concluida Cumbre de las Partes de Glasgow ha sido el avance en la regulación de los mercados de carbono establecidos en la COP21 de París. Se recogen en el artículo 6 del «libro de reglas de París». Se jactan de que estas medidas garantizarán integridad medioambiental, evitar la doble contabilidad y posibilitar que el capital privado fluya hacia los países en desarrollo. Pero eso es siempre según la óptica de aquellos que las entienden como una forma de reducción de emisiones sin perjudicar el negocio, que es una autentica falacia capitalista para seguir contaminando igual.
¿Qué significa esto? Que la natural captura de dióxido de carbono que genera las selvas, como en este caso la de Misiones se vendería como un bono, un crédito, que compensa la contaminación que generan las empresas que más compren (para que siga contaminando).
La COP26 también ha servido para que se propongan y se firmen nuevos contratos de estos créditos. Así, el Gobierno de la provincia argentina de Misiones firmó un Plan de Créditos de Carbono con la empresa Phoenix Global Resources, creada por la empresa exploradora de petróleo Mercuria Energy Group Limited (Mercuria EG) y Andes Energia PLC (Andes) en 2020. Mercuria es una empresa de commodities con sede en Chipre pero también con brazos en unos 20 paraisos fiscales. Mientras Andes está vinculada con el político, ex-ministro de interior con Carlos Ménem, José Luis Manzano y a Daniel Vila, que juntos controlan muchos de los medios de comunicación argentinos. Además de otros aspectos oscuros de sus negocios, ambos aparecen en los Pandora Papers.
Pero la mayor paradoja es que la misma compañía que comercializa esos bonos de carbono, Phoenix Global Resources, es una compañía petrolera que se dedica al upstream (exploración, descubrimiento y producción de petróleo y el gas, o sea… FRACKING). Trabajan en Vaca Muerta, la zona de Argentina en la que se desarrolla esta adtividad. Allá, al igual que PGR también actuan Chevron, ExxonMobil, Qatar, Shell, Petronas y otras empresas que han llevado la zona a un debacle ambiental. Este desastre que ha afectado al medio ambiente así como a las comunidades locales, especialmente las mapuche, está bien documentado por la organización OPSur.
Misiones es la única provincia de la Argentina negativa en carbono. Misiones, al noreste de Argentina, en la frontera con Brasil y Paraguay, ha sido declarada Capital Nacional de la Biodiversidad, pues posee 52% de la biodiversidad del país. Su hábitat se conoce como mata atlántica, único en toda argentina. La mitad del territorio de Misiones se encuentra bajo algún régimen de conservación.
Distintas organizaciones locales ambientales presentaron este 19 de noviembre un demanda contra este convenio, en el gobierno regional . La inicitiva la liederaron las organizaciones Extinction Rebellion (Rebelión o Extinción), Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, RAOM (Red de Agricultura Orgánica de Misiones) Laicrimpo y la Mesa Provincial No a las Represas.
En el convenio, el Gobierno de Misiones hace mención especial del acuerdo de París que pide a los gobiernos del mundo evitar llegar al 1.5º de calentamiento global, pero ignora por completo que en la Ley de Presupuestos Mínimos conocida como Ley General de Medio Ambiente, en la Constitución Nacional y de la Provincia de Misiones se establece como un nervio central al derecho a la participación ciudadana. Un claro ejemplo de ello es el artículo 19 de la ley mencionada que establece que “Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general”. Por ello, expresan que «los Misioneros somos guardianes de la selva misionera y solo el pueblo puede decidir sus destinos».
Estos dréditos de carbono se engloban en el esquema REDD+ (Reducción de las Emisiones de Deforestación y Degradación de los Bosques) perteneciente a la ONU (ver AQUÍ otros casos), propuestos en 2005 e implementados desde 2013. Por ello, en estos años ya se atesora suficiente experiencia para hacer una valoración. REDD+ ha supuesto un nuevo paso en el control y apropiación de ecosistemas forestales, en la mayoría de los casos, ignorando quienes viven y dependen de ellos, y después excluyéndoles de ese territorio y sus recursos. Por ello, REDD+ ha sido rechazado por muchas organizaciones sociales, ecologistas e indígenas, siendo la red Alianza Global contra REDD
la plataforma internacional. Ésta denuncia que REDD+ ha supuesto incluso la «militarización de nuestras comunidades, arrestos, criminalización e incluso asesinatos». Comunidades afectadas indígenas denuncian que mientras ellas son las garantes de esos ecosistemas son excluidas, una vez más, por los mismos que crean el problema, las empresas que provocan la emergencia climática. Así, la presunta solución climática se añade a otras amenazas ambientales y contra estos pueblos, como «tala legal e ilegal, agroindustrias e industrias a gran escala, monocultivos, explotación de petróleo y gas y otros megaproyectos no deseados».
Igualmente, ahora se puede deducir que REDD+ tampoco ha cumplido el objetivo de detener o reducir la deforestación y la pérdida mundial de bosques continúa a niveles alarmantes. Sin embargo REDD+ ha contado con inversiones millonarias. Las agencias multilaterales como el Banco Mundial han invertido 1.000 millones de dólares en los últimos 15 años.
En resumen, como las organizaciones impulsoras de esta oposición al mercado de carbono expresan «el plan de créditos de carbono significa seguir avanzando con el extractivismo en vez de frenarlo y finalizar con la era terricida». Y concluyen que «aferradxs a sus propias convicciones y perteneciente a la provincia de Misiones, buscan frenar este convenio» que sólo impulsa falsas soluciones y exigir, entonces, una real participación ciudadana vinculante.
aplaneta.org 
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