Los 6 de ADES /Santa Marta encarnan la persecución política contra el movimiento anti-minero en El Salvador. Como ya recordarán, el 18 de octubre de 2024 su caso fue sobreseído definitivamente por los tribunales y fue decretada su libertad. Pero el 22 de noviembre de ese año, otros magistrados anularon esa resolución, en lo que se entiende fue un movimiento político y no jurídico. Nuevamente fueron citados para febrero de 2025, y de nuevo para abril debido la no comparecencia de los acusados.
Ahora, la Cámara Penal de San Vicente ha declarado parcialmente la absolución de los líderes ambientalistas y ha trasladado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia la resolución final sobre la condena civil contra algunos ellos.
Ante ello, la reacción es por una parte de alegría por confirmarse (por fin) la libertad de los activistas comunitarios, pero también de inconformidad por la condena civil contra algunos de ellos. Sobre todo, porque tal y como se ha demostrado durante todo este proceso, porque no existen pruebas ni relación de causalidad entre los supuestos delitos juzgados y la condena civil. Por ello, el grupo de apoyo de los Seis de Santa Marta/ADES exige a la Sala de lo Penal que «resuelva eliminando la responsabilidad civil. Queremos una absolución total, sin condiciones y sin más persecuciones» (ver comunicado completo más abajo).
Como opinó el comentarista político Leonel Herrera «me sigue pareciendo una resolución injusta: si bien absuelve penalmente a los ambientalistas, a la Cámara Penal de San Vicente (…) le faltó (el sentido de justicia) para también anular la responsabilidad civil puesta contra algunos de los detenidos de Santa Marta».
Como decimos, la persecución de estos dirigentes comunitarios tiene el único fin de eliminar a los opositores a la minería metálica que consiguieron detener esta industria extractiva mortal en El Salvador, y que, por tanto, contraría a los intereses capitalistas extranjeros, y para sentar un precedente, disuadir a otras activistas y así desmovilizar ese movimiento.
En el comunicado del grupo de apoyo, hacen extensible esas reivindicaciones de justicia a las demás personas presas en El Salvador de carácter político, cuyo número asciende a 86 personas. De ellas, inciden en los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, Eugenio Chicas y Ruth López, y el caso de los veteranos de esta organización, caso que ha sacudido en la sociedad salvadoreña estos últimos días. Todos ellos se posicionaron en contra de la persecución de los Seis de Santa Marta/ADES. Eugenio Chicas además fue testigo clave en su defensa. Por otra parte, Ruth Lopez lideró, dos meses antes de su detención, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley General de Minería Metálica, respaldado por 150 mil firmas. Ahora ya lleva más de un año presa.
Por otra parte los veteranos de Alianza El Salvador en Paz son veteranos de ambos bandos de la guerra civil que asoló el país en los 1980. Los 7 veteranos fueron detenidos el 31 de mayo de 2024 acusados de terrorismo, en lo que, como en el caso de los 6 dirigentes de Santa MArta/ADES, se considera es un montaje. Llevan por tanto 2 años presos. Este 14 de junio se vence el plazo de instrucción, por lo que se debe realizar una audiencia. Ellos deberían salir libres, pero podrían ser condenados también, y teniendo en cuenta lo excesivo de la acusación (terrorismo) y el estado de la Justicia en El Salvador actual, se enfrentarían hasta a una condena de cadena perpetua.
Con ellos, nos sumamos a sus organizaciones y a las demás de El Salvador para exigir el fin de la persecución de líderes comunitarios y opositores a la maga-minería metálica, y nos sumamos también a sus reclamos para la liberación de todos los presos políticos, el fin del estado de excepción y la restitución de la Ley de la Minería Metálica que impedía esta práctica nociva en territorio salvadoreño
¡Sí a la Vida, No a la minería!
¡Libertad para todos los presos y presas políticas!
Comunicado de Libertad para los Líderes Comunitarios – Santa Marta/ADES
Demandamos una absolución total, sin condiciones y sin más persecuciones
La Comunidad Santa Marta, al país y al mundo, informa que la Cámara Penal de San Vicente ha declarado parcialmente en firme el fallo absolutorio de los líderes ambientalistas, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentara recurso de casación para revertir la sentencia; y ha trasladado a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia la resolución final sobre la condena civil en abstracto contra algunos de los procesados.
Ante esto, como comunidad, expresamos lo siguiente:
1-Reiteramos nuestra satisfacción por la libertad, ahora sí definitiva, de nuestros compañeros. Esto ratifica lo que afirmamos a lo largo del proceso judicial: son inocentes y nunca hubo pruebas en su contra. La acusación fue una criminalización por defender el medioambiente y advertir sobre la reactivación de la minería metálica. Fue una persecución contra el activismo ambiental antiminero y no una acusación real sobre un supuesto delito de la guerra civil que fue usado como pretexto.
2-Reiteramos nuestra inconformidad por la condena civil en abstracto contra algunos de los procesados, porque no tiene ninguna justificación legal. Nadie debe pagar por un delito que no cometió. En tal sentido, respaldamos el recurso de casación, en el cual se demuestra que no existe relación de causalidad entre los supuestos delitos juzgados y la condena civil. Por tanto, pedimos a la Sala de lo Penal que resuelva eliminando la responsabilidad civil. Queremos una absolución total, sin condiciones y sin más persecuciones.
3-Asimismo exigimos la libertad de los demás presos políticos del país. Por tanto, nos sumamos a la demanda de libertad para los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, Eugenio Chicas y Ruth López, cuyos casos también podrían tener relación con la minería metálica. Los veteranos de la Alianza se pronunciaron varias veces por la libertad de los ambientalistas; Eugenio Chicas fue testigo clave en su defensa; y Ruth Lopez lideró, dos meses antes de su detención, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley General de Minería Metálica, respaldado por 150 mil firmas.
4-Animamos a todas las comunidades y organizaciones sociales a luchar hasta lograr la libertad de todos los presos políticos. La absolución de nuestros líderes comunitarios demuestra que aun en estas condiciones tan adversas es posible triunfar si luchamos sin miedo, con decisión y por convicción en los ideales de justicia y democracia que siempre hemos defendido y promovido. Santa Marta propone un esfuerzo conjunto por la libertad de los presos políticos y por el cese de la persecución judicial por razones políticas.
5-Finalmente, reiteramos nuestro llamado al país a defender el agua, el medio ambiente, la salud y la continuidad de la vida, gravemente amenazada por la reactivación de la minería. Sólo la acción de toda la población consciente puede presionar por la derogación de la tenebrosa Ley General de Minería Metálica y el nefasto acuerdo comercial con Estados Unidos que facilita la llegada de empresas mineras a nuestro país.
¡Libertad para los líderes ambientalistas de Santa Marta!
¡Libertad para todos los presos y presas políticas! ¡Sí a la Vida, No a la minería!
San Salvador, 10 de junio de 2026.
Exigimos libertad para los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y demás presos
Las organizaciones, colectivos, foros, mesas, redes y demás espacios del movimiento popular salvadoreño, abajo firmantes, expresamos lo siguiente:
1. Hace dos años fueron capturados arbitrariamente Atilio Montalvo, José Santos Melara, Alfonso Mira, Roberto Esquivel, Eliseo Segura, Ismael Santos. Wilfredo Paredes y Carlos Mejía, dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, espacio que aglutina a organizaciones de veteranos de la Fuerza Armada y de ex combatientes del FMLN. Junto a ellos también fue detenido el comunicador y líder comunitario Luis Alberto Menjívar.
Las capturas fueron en la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2024, en vísperas de la toma de posesión inconstitucional del segundo mandato presidencial. Los detuvieron con engaños y los acusaron falsamente de planificar «actos terroristas». La investigación periodística titulada «Unos terroristas de cartón para Bukele», publicada en octubre de 2025 por Gato Encerrado, Voz Pública, Focos TV, Factum y otros medios investigativos, confirma que éste es un caso inventado con pruebas falsas y con un testigo «que estaba en dos lugares al mismo tiempo», en El Salvador y en México.
De los detenidos, sólo Atilio Montalvo recibió medidas sustitutivas en julio de 2025, tras pasar trece meses en prisión. Los demás siguen encarcelados, a pesar de su delicada situación de salud debido al padecimiento de diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas. Uno de los más graves es «Pepe» Melara, ex diputado de la Asamblea Legislativa y defensor de los derechos humanos, la Constitución y la democracia.
Ante la falta de pruebas, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha dedicado a alargar el proceso judicial, solicitando prórrogas para encontrar las pruebas que no tiene porque no existen. La última de estas prórrogas innecesarias se vence el próximo 14 de junio. Por tanto: demandamos que el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador convoque de inmediato a audiencia y los deje en libertad o al menos- les otorgue medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso en libertad.
Nuestra petición se basa en los principios de legalidad y humanidad: legalidad, en tanto que las capturas fueron arbitrarias y la acusación carece de pruebas reales; y humanidad, porque su salud se deteriora y algunos detenidos incluso podrían morir en la cárcel. Así que instamos al referido tribunal a que actúe en base a la legalidad, la justicia y el sentido humanitario.
Queremos a «Pepe», Alfonso, Eliseo, Roberto, Ismael y demás veteranos y ex combatientes, libres. Lo que ellos hicieron fue denunciar los abusos de poder, las injusticies, las violaciones de derechos humanos y el irrespeto a la Constitución; y eso no es delito, no es un crimen y no puede ser penalizado.
2. También alzamos la voz por Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos, presa durante más de un año. También por legalidad y humanidad, exigimos su libertad inmediata. Demandamos que el tribunal correspondiente conceda las medidas alternativas a la detención, planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las medidas cautelares que otorgó en septiembre de 2025. Según notas periodísticas de La Prensa Gráfica y Diario Co Latino, la acusación contra ella carece de sustento jurídico y su estado de salud es delicado: recientemente fue operada y su situación médica es incierta.
3. Hace un año también fue capturado Enrique Anaya, abogado constitucionalista y crítico del retroceso democrático del país. Su detención y encarcelamiento también responde a motivaciones políticas. Por tanto, exigimos su libertad, como lo han solicitado varias organizaciones internacionales de derechos humanos.
4. Asimismo demandamos libertad para Fidel Zavala, Eugenio Chicas, Giovanni Aguirre y demás presos políticos. Según el informe de CRISTOSAL denominado «El Precio de Disentir», en El Salvador hay actualmente al menos- 86 presos políticos. Para todos ellos, ¡exigimos libertad!. Este mismo informe también registra 245 casos de persecución política. En todos estos casos, pedimos que ¡cese la persecución!.
5. Finalmente, llamamos a la ciudadanía salvadoreña y a la comunidad internacional a impulsar con más fuerza las demandas de libertad y justicia. La reciente absolución de los líderes comunitarios de Santa Marta, perseguidos por denunciar la reactivación de la minería metálica, confirma que la verdad y la justicia pueden prevalecer aun en las adversidades del actual contexto nacional.
¡Libertad para los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz!
¡Libertad para Luis Menjivar!
¡Libertad para Ruth López;
¡Libertad para Enrique Anaya;
¡Libertad para Eugenio Chicas! ¡Libertad para Fidel Zavala!
¡Libertad para Giovanni Aguirre!
¡Libertad para todos los presos políticos de El Salvador!
¡Cese la persecución política en El Salvador!
San Salvador, 10 de junio de 2026.
Asoc. Sindical de Trabajadores Artes y Cultura. ASITAC
Comunidades, Faleminde to Bone 3-5
Movimiento Universitario Pensamiento Crítico
Colectivo de Artistas y Profesionales Consecuentes
Santa Marta, MOVIR
FOP
MUDL-BRP
CAPE-BRP
CCADEM
FOP
COTAPPES
MTD
Puebles Motivos
