COALICIÓN FEDERAL EN DEFENSA DE LA TIERRA (Euskara)
Ante el fallo de la Corte Suprema que habilita la extranjerización sin límites del suelo argentino
El 29 de septiembre de 2026, tres jueces —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— hicieron en ocho páginas lo que el Congreso de la Nación se negó a hacer: dejaron sin efecto la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Al revocar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y restituir la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, la Corte barrió con el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, con los límites por nacionalidad, con la protección de los cuerpos de agua y de las zonas de seguridad de frontera, y dejó vacío el Registro Nacional de Tierras Rurales. Desde ese día, cualquier persona, empresa o Estado extranjero puede comprar tierra argentina sin ningún límite nacional.
Un fallo político con ropaje procesal
La Corte no dijo que un Presidente pueda derogar una ley por decreto. Tampoco dijo que proteger el suelo sea inconstitucional. Eligió no mirar: resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no estaba habilitado para reclamar. Pero en política no decidir también es decidir, y el resultado está a la vista.
El Senado de la Nación rechazó el DNU 70/2023. Hace apenas dos meses, el Gobierno tuvo que retirar del Congreso su propuesta para modificar el régimen de tierras rurales porque no tenía los votos y porque el pueblo salió a la calle. En aquella negociación se hablaba de llevar el tope del 15% al 25%. Hoy, gracias a la Corte, no hay tope. El tribunal le entregó al Poder Ejecutivo más de lo que el propio Ejecutivo estaba dispuesto a negociar en el Parlamento. Lo que la política democrática le negó, se lo concedió un tribunal de tres miembros.
Una Corte independiente de todos, menos de los poderes reales
La paradoja es completa: dos de los tres firmantes llegaron al máximo tribunal después de que aceptaran ser designados por decreto, en diciembre de 2015. Una década más tarde, convalidan otro decreto para entregar el territorio. Una Corte reducida a tres miembros, sin representación federal ni de género, decide sobre el destino de la tierra de todos los argentinos y argentinas.
Ni siquiera los héroes de Malvinas
Quienes pusieron el cuerpo por la soberanía en 1982 fueron declarados, en 2026, sin derecho a defenderla ante la justicia.
La interpretación restrictiva que hace la Corte de las acciones colectivas deja a la ciudadanía desnuda. Nadie puede demostrar un perjuicio individual por la falta de una ley que limite la compra de tierras por extranjeros: el daño es de todos. Si los excombatientes no pueden reclamar, ¿quién puede? El fallo convierte a la soberanía territorial en un bien que nadie tiene derecho a defender, y vacía de contenido los derechos de incidencia colectiva que la Constitución Nacional reconoce en su artículo 43.
Un país proveedor de materias primas, sin argentinos
El fallo no está solo. Se inscribe en un programa que reorganiza la Argentina como reserva de recursos para el mundo, sin tener en cuenta a quienes la habitan:
➤ La tierra, liberada. Sin límites a la extranjerización, el suelo, el agua y la producción de alimentos quedan expuestos a la especulación y a la concentración.
➤ El Súper RIGI. Con media sanción de Diputados y en discusión en el Senado, ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros con estabilidad garantizada por unos treinta años a inversiones de más de mil millones de dólares, sobre la base de un RIGI que ya aprobó proyectos concentrados en minería e hidrocarburos.
➤ Sociedades automatizadas. El proyecto de nueva Ley General de Sociedades crea empresas que operan mediante algoritmos o inteligencia artificial sin trabajadores en relación de dependencia, y habilita que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero.
➤ Datos personales. Las iniciativas para reemplazar la Ley 25.326 abren la puerta a usar los datos de los argentinos y argentinas para entrenar sistemas de inteligencia artificial bajo la figura del “interés legítimo” de las empresas.
Tierra, agua, minerales, energía y datos: todo disponible para afuera. Sin empleo, sin valor agregado, sin control público y sin jueces que escuchen. Es el abandono de los principios de soberanía que la Constitución y nuestra historia nos legaron.
La insatisfacción democrática tiene números
Hoy la gente no llega a fin de mes y lo reflejan los datos oficiales:
➤ Según el INDEC, en el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas, unas 15,5 millones de argentinos y argentinas, y subió 4,1 puntos respecto del semestre anterior.
➤ La indigencia trepó al 7,5%: cerca de 3,6 millones de personas que no cubren siquiera la canasta alimentaria.
➤ El 44,5% de los niños y niñas de 0 a 14 años vive en hogares pobres.
➤ Mientras los ingresos crecieron un 11,5%, la canasta básica alimentaria aumentó un 21,4%. En junio, una familia de cuatro integrantes necesitó más de 1,5 millones de pesos para no ser pobre.
Un pueblo empobrecido y sin herramientas judiciales para defender lo común es un pueblo al que se le está quitando, a la vez, el presente y el territorio.
Magnifica humanitas y la Argentina real
Entre el 8 y el 11 de noviembre, el papa León XIV visitará la Argentina por invitación del Gobierno nacional. Lo recibirá un país que contradice, punto por punto, lo que el propio Pontífice escribió en su primera encíclica, Magnifica humanitas (mayo de 2026):
Recuerda que los bienes de la tierra, empezando por “el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales”, fueron dados a toda la familia humana, y que no es justo que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos (n. 65).
Afirma que no es humano un desarrollo que “relega regiones enteras a roles subordinados” (n. 83).
Reclama un orden que “somete a control público el uso de los datos” (n. 80) y advierte contra la concentración de datos, algoritmos y plataformas en manos de pocos (n. 67).
Y sostiene que todo proyecto de someter una nación es “gravemente inmoral” (n. 64).
No se puede recibir al Papa con honores y, al mismo tiempo, rematar la tierra, desproteger los datos de nuestro pueblo y abandonar a un tercio de la población a la pobreza.
A la política
Como Coalición Federal en Defensa de la Tierra nos dirigimos a legisladores y legisladoras, gobernadores, intendentes, partidos y a toda la dirigencia que se reconoce en la tradición nacional y popular, para exigir:
➤ Que la Cámara de Diputados complete el rechazo del DNU 70/2023, ya rechazado por el Senado, y ponga fin a la vigencia del artículo 154.
➤ Que el Congreso restituya por ley los límites a la extranjerización de la tierra rural y el Registro Nacional de Tierras Rurales, con información pública y control ciudadano.
➤ Que las provincias legislen de inmediato para proteger su territorio, su agua y sus zonas de frontera mientras se repara la ley nacional.
➤ Que se garantice el acceso a la justicia de las acciones colectivas, para que ningún argentino ni argentina quede sin herramientas para defender lo que es de todos.
➤ Que se rechacen el Súper RIGI y toda norma que entregue recursos, trabajo y datos sin beneficio para nuestro pueblo.
Convocamos a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, ambientales, de derechos humanos, de excombatientes, universitarias y religiosas, y a cada ciudadano y ciudadana, a adherir a este comunicado y a sostener la defensa del territorio en cada provincia, en cada concejo deliberante y en la calle.
La tierra es el lugar donde vivimos, producimos y soñamos. No es una mercancía: es la Patria.
LA TIERRA NO SE VENDE
