La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) de Honduras hizo pública ayer la decisión por la que declaraba «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto». Esta práctica es además responsable de graves conflictos sociales y políticos, siendo el de Guapinol el más notable, de la empresa Inversiones Pinares. En este conflicto, además de personas amenazadas y exiliadas, 8 activistas han estado encarcelados por más de 2 años. Pese a que la Corte Suprema de Honduras decidió este pasado 11 de febrero sobreseer su caso, no fueron liberados hasta el 24 de febrero.
Tras el golpe de estado de 2009 en Honduras se impuso la privatización de sus recursos, reprimiendo a quienes protestan contra ella. Con ese fin se eimplementaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y los enclaves mineros. Se aumentaron las concesiones mineras a inversionistas extranjeros con enormes privilegios: aduaneros, tributarios y acceso recursos naturales necesarios como el agua. En el 2018 el 35% del territorio estaba concesionado, y ríos, bosques y montañas pasaron a ser propiedad de empresarios cercanos al gobierno anterior. El gobierno otorgó 59 concesiones mineras a empresas privadas, sin consultar al pueblo. Esta política concesionaria ha mostrado no generar beneficios a su población sitúandose Honduras como el segundo país más empobrecido de todo Centroamérica y el Caribe, después de Haití.
Fue una promesa de la presidenta Xiomara Castro, quien durante su discurso inaugural prometió: «No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados».
El breve documento señaló que se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derecho humano.
Se incluyó que, a causa de la aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones.
Mientras que las áreas naturales de alto valor ecológico serán intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para el pueblo. Todo esto en consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES QUE GENERA EL EXTRACTIVISMO
El extractivismo y la instalación de estos proyectos sin consultar a la población en general, así como la contaminación que generan en el territorio y los ríos, ha generado conflicto socioambiental y la criminalización de los defensores del territorio y de los ríos, como ocurrió con los ambientalistas de Guapinol quienes fueron sometidos a una detención y proceso ilegal por dos años y seis meses.
Los ocho defensores finalmente fueron liberados tras casi 30 meses en detención ilegal en centros penales; sin embargo, la empresa responsable de su criminalización, Grupo EMCO Holding, continuó sus trabajos en el Parque Nacional Carlos Escaleras a través de sus subsidiarias Inversiones Los Pinares, con dos proyectos mineros a cielo abierto en la zona, y Ecotek con la construcción de la «primera planta peletizadora de óxido de hierro de Centroamérica».
Otro caso de conflicto socioambiental, con repercusiones en derechos humanos, es la concesión minera en Azacualpa, municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán, que abarca un cementerio Maya Chortí con más de doscientos años de antigüedad.
Pese a dos sentencias en firme por parte de la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la transnacional Aura Minerals, en contubernio con autoridades locales, continúan exhumando los restos de los ancestros de los habitantes de Azacualpa, pese a su oposición.
Durante la visita de la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, a la comunidad de Azacualpa, uno de los habitantes expresó el dolor que carga por desconocer dónde fueron sepultados su hija, su hijo y padre, luego de que sus restos fueron exhumados del camposanto de San Andrés.
«Mi hija tenía doce años cuando falleció de una deficiencia valvular del corazón y hoy no sé dónde está. ¿Quiénes autorizan estas atrocidades?», preguntó tanto a Roque Sandoval como al resto de funcionarios que le acompañaban en la visita.
El número de concesiones mineras en Honduras asciende a al menos 372. Estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro. Lo que significa que de los 18 departamentos que conforman Honduras, 16 cuentan con concesiones mineras. En 2018 eran un total de 302 concesiones mineras.
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