La Vale, una transnacional brasileña

“Temos o minério de ferro mais barato do mundo. Precisamos ser mais agressivos e ocupar rapidamente esse espaço senão outros o farão”².

(Roger Agnelli, Presidente da Vale, 2006).

Vale es actualmente la 4ª principal empresa latinoamericana (precedida por las también brasileñas AmBev, Itaú Unibanco y Petrobras)¹. A nivel de minería es la segunda mayor del mundo. Está extendida por 30 países del mundo, además de en Brasil, en Argentina, Angola, Chile, Colombia, Ecuador, Indonesia, Mozambique, Perú y otros.³

Como citan en el capítulo “La cara agresiva de la Vale”, su presidente en 2006 se jactaba de ofrecer los mejores precios del hierro del mundo.⁴ A lo largo de este informe ya hemos visto en detrimento de qué consigue abaratar precios. Ahora, esa misma declaración, denota una obsesión por abaratar precios y por sumar beneficios, que inciden en su codicia y en políticas como las citadas, que redundan en violaciones de derechos humanos, sociales, laborales, y ambientales. El aspecto de “agresividad”, añade un sentido de consabida o aceptada falta de principios en pos de esos objetivos. Así lo entienden también los propios autores, quienes coinciden en que “Agressividade na ocupação dos espaços (e territórios) é uma forma bastante adequada de descrever a estratégia de negócio da Vale”.⁵

La empresa Vale se remonta al año 1909 con la creación en Minas Gerais de la empresa británica Brazilian Hematite Syndicate, luego bautizada Itabira Iron Ore Company. En la Segunda Guerra Mundial, Brasil y su hierro se convierten en estratégicos para las fuerzas aliadas, y el Reino Unido transfiere la empresa al gobierno brasileño, mientras que los EEUU conceden la financiación. La resultante fue la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), nombre del valle y río que luego la propia compañía contaminó en 2016. En 1952 CVRD pasó a control estatal. Su explotaciónse centró en el Cuadrilátero Ferrífero de Minas Gerais y a partir de los 1970 en Carajás convirtiéndose

en 1993 en la mayor empresa nacional. A pesar de su importancia en la economía brasileña, la empresa fue incluida en el Programa Nacional de Desestatización de 1995, y privatizada en 1997. Su venta se tasó en 3.400 millones de dólares, además con financiamiento subsidiado a los compradores por el propio banco estatal BNDES.

Para 2007 Vale extiende su actividad eb 30 países, entre los que destacan Brasil, Angola, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Indonesia, Mozambique, Nova Caledonia y Perú. Todavía un 62% de su actividad se centra en Brasil, onde actualmente opera en 11 estados.

Por su histórica asociación con el gobierno brasileño, y su carácter nacional, Vale ha gozado siempre de gran condescendencia del gobierno brasileño, acentuado en las décadas 2000 y 2010. Así, para su expansionismo internacional ha sido indispensable el financiamiento del banco estatl BNDES. Ambas transnacionales también intercambiaron directivos.

Ya en 2009, 7 años antes del desastre de Mariana y 10 del de Brumadinho, las autoras de “La cara agresiva de la Vale”⁶ concluían que “Las prácticas de exploración de Vale confirman y acentúan el modelo de desarrollo brasileño desigual y concentrado por el cual la población local se ve afectada negativamente, mientras que los accionistas se apropian de los beneficios económicos en los grandes centros urbanos del país y del extranjero. Todos los costos sociales y pasivos ambientales resultantes de las actividades de Vale son ignorados y descartados en el discurso de la compañía”. Obviamente, 10 años después no sólo se confirmó ese carácter, sino que éste alcanzó niveles inimaginados.

Igualmente, ya entonces existían distintas poblaciones en conflito con la Vale en diferentes partes de Brasil, como el pueblo Krenak afectado por la hidroelétrica de Aimorés, y que no fue consultado; o los pueblos Tembé y Turé-Mariquita afectados por sus minas de caolín; o los pueblos quilombolas (afrodescendientes) de Moju (Pará); o la comunidad de Açailândia junto a la que instaló 71 hornos industriales de carbón de gran efecto para su salud. Similares impactos se recogieron también en Itabira donde su explotación incidió en enfermedades respiratórias y cardiovasculares. A ellos añadir los impactos de su red de ferrocarril que suma más de 2.500 km atravesando comunidades, con trenes interminables, de alta asiduidad y también propagadores de toxicidad por la carga que transportan.

En la región metropolitana de Belo Horizonte también generó conflicto por el uso abusivo de agua en su mina Capão Xavier, que afectó el acceso a la población.

En el mismo informe, 10 años antes del crimen de Brumadinho, se da cuenta de 14 procesos abiertos contra la Vale por incumplimiento de la legislación ambiental. La propia Vale estimaba los costes de estos procesos en 2.000 millones de dólares. Entre ellos el conflicto de Pico do Itabirito, patrimonio histórico descalificado por la Constitución del Estado de Minas Gerais para permitir su explotación por Vale. En 2006, Vale también fue multada por valor de 3 millones de reales, por diversas infracciones con respecto a la deforestación, uso de madera e incumplimiento de la legislación forestal. En el 2009 las empresas Albrás y Alunorte, subsidiarias de la Vale, también causaron un derrame de miles de litros de lodo rojo que contaminó el rio Murucupi en Pará.

El consocio de la Vale con la alemana Thyssen Krupp, TKCSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico), también ha sido responsable de distintos atentados ambientales como la destrucción de bosques de mangles o el canal que construyó en la bahía de Sepetiba para facilitar la navegación hasta su fábrica. TKCSA ha recibido diversas denuncias por crimenes ambientales, como la «lluvia de plata» que provocó en Río de Janeiro en 2011, lanzando escoria metálica en la atmósfera.  Pero también por crímenes sociales desde la implantación de su planta en el barrio de Santa Cruz que supuso el desplazamiento y la represión de la comunidad de pescadores que allá vivía⁷.

A nivel internacional, Vale opera en Mozambique, en la región central de Tete, donde desde 2007 opera la cuarta mina de carbón más grande del mundo.⁸ En ella Vale extrajo en 2017 aproximadamente 11 millones de toneladas de carbón. Entre 2010 y 2011 comenzó a reasentar a la comunidad, pero fue un fiasco por las malas condiciones del suelo para la agricultura de la zona ofertada, y también un fiasco la consulta comunitaria. En 12 años de explotación ha producido graves impactos ambientales por contaminación de la biodiversidad y las personas.

En Perú, la Vale tiene un proyecto todavía en estado inicial, de exploación, en la provincia de Otuzco, Eposuyay, Este proyecto se sitúa en la cabecera de cuenca del cerro Urpillao, Sogochan, Urmo y Tres Piedras, de los que dependen hídricamente varios municipios y la provincia en general.⁹ La población local entiende incompatible el proyecto minero de Vale con la agricultura que ellos practican. Por ello y unido a que la provincia entera está concesionada a empresas mineras en más del 60%, y al desastre ocurrido en Brumadinho, 7 meses después, miles de habitantes de la región La Libertad se manifestaron exigiendo el retiro de Vale. Una vez más, el lema que se ha hecho universal en Perú se dejó oir: “Agua sí, oro no”. Los manifestantes anunciaron que de no hacer caso omiso a sus demandas organizarían un paro regional en toda la regíón de La Liberad.

En la Argentina Vale compró el 30 de enero de 2009 el proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe (Mendoza) por 1.600 millones de dólares¹⁰. Cuatros años despué cerró este proyecto despidiendo a 6.000 trabajadores. Las reazones para esta decisión estribaron en la caída del precio del potasio y el aumento de los costos locales. El proyecto fue luego (septiembre 2019) recuperado por el gobierno provincial.

En Colombia Vale también se desizo de sus explotaciones de carbón térmico de El Hatillo (Cesar) por 407 millones de dólares a Goldman Sachs en 2013. Estas que incluye ferrocarril y terminal portuario.

Además del hierro, Vale es una de las principales productoras de Niquel que lo extrae en el Pacífico, en Nueva Caledonia y en Indonesra. En Nueva Caledonia también tuvo problemas con la gestión de sus minas. A finales del 2019 se hizo con contratos en Indonesia con los que proyecta aumentar su producción en un 70%, hasta 360 000 toneladas.¹¹

En Chile, como no podía ser de otra forma, se dedica a la extracción de cobre en su mina de Tres Valles (Salamanca, Región de Coquimbo). También extrae cobre en Canadá, Zambia y Brasil. Llama la atención aquí también los plantemientos crecentistas, que por otro lado, son atribuibles a todas las transnacionales, con objetivos de extracción cada vez mayores y nunca suficientes.: para 2015 aspiraba alcanzar el millón de toneladas de cobre en sus distintas minas.¹² La minería de cobre es parecida a la que causó los desastres que nos ocupan ya que incluye también la trituración de la roca y su posterior lavado con grandes cantidades de agua y químicos para separa el mineral de ésta. En este caso, este lavado (lixivación) produce hasta mayores vólumenes de desechos (relaves), pues en este caso son 30 toneladas de residuos por tonelada de roca molida. En Chile existen 740 depósitos de relaves (469 inactivos y 170 abandonados)¹³ por lo que la alarma aquí, después de los desastres que nos ocupan, también es fundada.

En el documento político del V Encontro Internacional de las Afectadas y Afectados por la Vale celebrado en Minas Gerais (13-15 de agosto de 2015) los participantes acordaron y denunciaron también a los “los Estados nacionales de los países donde Vale opera (como) cómplices de estas violaciones cometidas por la empresa, especialmente el Estado brasileño por tener acciones en la empresa y financiar tales operaciones con recursos públicos subsidiados del BNDES. La firma de convenios y acuerdos entre los Estados y Vale a expensas de los derechos de los trabajadores y las comunidades y la promoción de importantes proyectos de desarrollo económico contribuyen a la perpetuación de las desigualdades sociales, como el acceso a la tierra. El resultado es el sacrificio de los derechos conquistados, bajo el pretexto de la crisis económica. También rechazamos las prácticas de evasión fiscal, la falta de respeto por los procesos de licencia ambiental y, sobre todo, la criminalización de los defensores de los derechos humanos y los líderes de la resistencia”.¹⁴