Colombia: el Gobierno Duque, enemigo de la naturaleza

Por Andrés Gómez (Censat Agua Viva) – publicado por Las2Orillas.

Un gobierno que insiste en destruir nuestros ecosistemas no es digno de los desafíos de este momento histórico, donde una pandemia es al embate más violento de la crisis climática.

Hoy debemos tener claro que el covid-19 es una manifestación más de la crisis climática, una muy veloz en términos de letalidad: más de 256.000 muertes a nivel global desde comienzos de enero.  Para el doctor en biología español Fernando Valladares, pandemias como esta serán habituales: una imagen del futuro, como lo fueron los incendios australianos. Enfatiza en que debemos atender a las causas originarias, porque alcanzar algún nivel de control sobre la actual, será solamente parcial: “(…) el éxito ante esta pandemia no es que podamos salir de casa, sino que el riesgo de volver a estar confinados, por esta enfermedad o por otra, sea tan bajo como era hace 30 años. Y no estamos como hace 30 años. Somos el doble de gente y tenemos la mitad de ecosistemas”. La ciencia nos reitera que la manera más eficaz de protegernos ante incendios masivos, inundaciones, aumentos del nivel del mar o virus como este, y los otros por venir, es la preservación de los ecosistemas de los que todos dependemos. Por eso, un gobierno que desprecia este mandato superior en favor de los intereses económicos de una minoría es un gobierno que no protege la vida de sus gobernados.

Durante este período de confinamiento, son varios los hechos que evidencian esta actitud. A principios de abril, en una carta firmada por 25 empresarios, se insiste sobre puntos ya repetidos por los sectores empresariales, que ahora de manera aprovechada tratan de mostrar como nuevas maneras de salvar la economía. La instrucción al gobierno es clara: “(…) considerar la aprobación de procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales, para que, en concordancia con las disposiciones legales respectivas, se aumente y acelere la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”. De acuerdo con El Tiempo, entre los firmantes se encuentran el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), además director de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti; un exministro de Desarrollo de Pastrana y expresidente de Naturgas; el actual presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y el presidente del grupo Argos. Por las mismas fechas, el Ministerio del Interior admite en una circular la realización de procesos de consulta previa de manera virtual en regiones amenazadas por diversos proyectos extractivos, la mayoría con gran cantidad de población indígena, donde si no se cuenta con acceso a servicios básicos, mucho menos pensar en internet; una clara violación a un derecho fundamental.

Luego sería la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la que publicara un edicto para convocar a una audiencia pública virtual el próximo 27 de mayo como parte del trámite para la aspersión aérea con glifosato en diferentes regiones del país, una amenaza más tangible que el coronavirus para la salud de las comunidades y los ecosistemas de los que dependen. Otra vez, el gobierno pasa por encima del derecho a la participación establecido por la Constitución en regiones vulnerables. El mismo día, con el propósito de instaurar el fracking en Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó para comentarios, los elementos contractuales que permitirían la realización de los proyectos piloto en el Magdalena Medio, desconociendo las advertencias científicas sobre la magnitud de la amenaza ambiental y social que esta propuesta implica para la región, y en términos de emisiones liberadas, también para las condiciones de vida en la totalidad del planeta. Con esta publicación, el gobierno además burla las advertencias del Consejo de Estado, otra vez, en favor de intereses económicos particulares.

Comencemos a llamar las cosas por su nombre: no es a una pandemia provocada por un virus a lo que nos enfrentamos, es al embate más violento de la crisis climática que hemos presenciado. La única protección de amplio espectro con la que podemos contar hoy y en el futuro, es una naturaleza saludable, la que tendremos que ayudar a regenerar nosotros mismos, sin contar con la ayuda de gobiernos como el actual, que para “abreviar los temas que hoy frenan el desarrollo” toma ventaja incluso de la cuarentena general para horadar los ya precarios mecanismos de participación. Debemos exigir respeto por el artículo 79 de nuestra Constitución: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. Un gobierno que sistemáticamente insiste en destruir nuestros ecosistemas es un gobierno enemigo de la naturaleza, de las garantías de vida del presente y del futuro; es un gobierno que no es digno de los desafíos que el actual momento histórico

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