De Brasil de Fato (Lula Sampaio)
Según la organización Global Forest Watch la deforestación del país destruyó 1,7 millones de hectáreas en 2020. Eso equivale a tres veces más que la República Democrática del Congo, segundo en la clasificación. La investigación también muestra que la devastación está aumentando. En 2020, segundo año del gobierno de Jair Bolsonaro, con Ricardo Salles al frente del Ministerio de Medio Ambiente, se dio un incremento del 25% respecto al año anterior, cuando inició una política medioambiental desastrosa.
La mayor parte de la pérdida de la selva tropical brasileña proviene del Amazonas. El bioma tuvo un incremento del 15% en su área devastada con relación al año anterior, totalizando 1.500 hectáreas. La mayor deforestación se da hacia el este y hacia al sur de la Amazonía, zona conocida como el «arco de la deforestación», y a los lados de las carreteras que atraviesan la selva. Muchos de ellos se encuentran en proceso de ampliación, con pavimentación planificada.
También en la Amazonía hay varias cicatrices dejadas por los incendios. La porción de la selva brasileña está más atacada por el fuego, de forma más intensa que el año pasado. Según los investigadores, los grandes incendios rara vez ocurren en bosques tropicales húmedas, como la Amazonía.
También según el informe, en 2019, gran parte de los incendios ocurrieron en áreas ya deforestadas, debido a la acción de los agricultores que prepararon la tierra para la agricultura y la formación de pastos. Sin embargo, en 2020, las selvas concentraron la mayor cantidad de incendios provocados por humanos, que se extendieron más allá de la extensión calculada, debido al clima seco.
Pantanal
Los científicos temen que los incendios y las emisiones relacionadas puedan aumentar en el futuro. Con el cambio climático y el aumento de la deforestación, secando los bosques y haciéndolos más vulnerables a los incendios, podemos transformar la Amazonía en una sabana.
A pesar del prejuicio, la Amazonía no fue el único bioma brasileño que sufrió la creciente pérdida de bosque intacto en 2020. El Pantanal, la llanura continua más grande del mundo, también vio un aumento en la destrucción de bosques. En 2020, fue 16 veces mayor que el año pasado. Expertos estiman que alrededor del 30% del Pantanal ardió en llamas en 2020. El incendio no perdonó áreas protegidas y territorios indígenas. Tribus como la guató se quedaron sin comida ni agua potable.
Tampoco la biodiversidad: miles de animales perecieron, entre ellos, jaguares pintados y otras especies vulnerables. Independientemente, según el informa, incluso si el impacto no es claro a largo plazo, las proporciones de incendios anteriores sugieren que algunas áreas del Pantanal pueden no recuperarse durante décadas.
“Nova Transamazônica” (por Murilo Pajolla – Brasil de Fato)
La reconstrucción de la BR-319 puede revivir la tragedia socioambiental. En la carretera que conecta Manaos con Porto Velho, los líderes ya reclaman el acaparamiento de tierras y los indígenas temen el genocidio
Símbolo del fracaso del proyecto de integración llevado a cabo por la dictadura militar, la BR-319 es la única conexión terrestre de Manaus (AM) al resto de Brasil, vía Porto Velho (RO). De los 885 km que se abrieron en 1976 y atravesaron uno de los bloques más conservados de la selva amazónica, unos 450 no están pavimentados. La dificultad de locomoción frena la llegada del “arco de deforestación” a la región, pero el proyecto de reconstrucción de carreteras ha actuado como catalizador de actividades ilícitas.
En la búsqueda de una Carretera Trans-Amazónica para considerarla suya, el gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido) coloca a las comunidades indígenas y tradicionales en la mira de los invasores, bajo la vieja promesa del desarrollo económico. Sin una inspección efectiva por parte de las agencias federales, el asfaltado puede permitir que la frontera agrícola avance y causar daños socioambientales irreparables.
5.4% de la Amazonía Legal
El área de influencia de la BR-319 se extiende sobre 270 mil km² entre los ríos Purús y Madeira. El área corresponde al 5,4% del territorio de la Amazonía Legal y alberga 25 Unidades de Conservación (UC) federales y estatales en Amazonas y Rondônia, según el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). En el censo de 2010, el IBGE informó que casi 10.000 personas vivían dentro de las UC y 80.000 habitaban la franja de 10 km en sus alrededores. Juntas, las unidades forman un extenso corredor de biodiversidad, preservando especies en peligro de extinción y otras que existen solo en la región. Si bien la porción sur de la porción de tierra entre los dos ríos es una de las más degradadas del país, la porción norte todavía tiene poca presencia humana. Este es el caso del curso del Río Purús Medio, donde viven los indígenas del pueblo Apurinã, quienes denuncian el presagio de un genocidio.
Los trabajos preliminares ya tienen impacto Siguiendo la licitación para la pavimentación de la vía, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (Dnit), vinculado al Ministerio de Infraestructura, viene impulsando desde 2017 el mantenimiento periódico del tramo conocido como el “tramo medio”, entre los kilómetros 250 y 655. , con servicios de limpieza, remoción de atolladeros y reparación de puentes de madera. “Solo el mantenimiento de la carretera ya ha provocado una gran deforestación, acaparamiento de tierras y ramificaciones ilegales, que han invadido tierras indígenas”, denunció el jefe y presidente de la Federación de Organizaciones y Comunidades Indígenas del Purus Medio (Focimp), Valdimiro Apurinã Faria, en carta firmada en agosto de 2020.
El documento alega que DNit incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Decreto Presidencial No. 5.051 de 2004, que establecen la consulta previa a los pueblos indígenas afectados por empresas, otorgando a los pueblos la prerrogativa de participar en la elaboración o incluso de vetar proyectos. La Red Brasileña de Ecología y Transporte (REET) presentó una solicitud de audiencia pública, suspendida por el gobierno federal debido a la pandemia de coronavirus. «El intento de acelerar las obras durante la pandemia sin consultar al pueblo Apurinã y otros pueblos indígenas [es] una gran violación de los derechos humanos y un genocidio», denuncia la carta firmada por el presidente de Focimp.
El informe Brasil de Fato cuestionó al DNIT sobre los cargos hechos por el jefe, pero no recibió respuesta. Incluso viviendo a más de 50 km de la BR-319, los Apurinã ya sienten las primeras consecuencias de la pavimentación. La expectativa de la llegada del asfalto estimula la acción de colonos de otras ciudades. Una extensión de 18 km bordea los límites de la Tierra Indígena Apurinã (TI) de Igarapé São João, demarcada y aprobada. El camino se abrió con el objetivo de conectar el municipio de Tapauá, a orillas del río Purús, con la carretera. El emprendimiento abrió un camino ilegal dentro del bosque e incluso fue prohibido por una operación de la Fundación Nacional Indígena (Funai), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Policía Ambiental en 2014, pero ganó fuerza en dos años después con el apoyo de líderes políticos locales. Sin la instalación de alcantarillas, la construcción desembarca en un arroyo que abastece y alimenta a unos 80 habitantes de los pueblos de São João y Taquarizinho. “Hoy no hay más caza cerca del pueblo. Ya está afectando a la cultura Apurinã. Hay muchas invasiones de cazadores en el pueblo de São João, que está cerca de la ciudad».
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