Desde el Pacto Ecosocial del Sur, un proceso respaldado por 800 organizaciones y alrededor de 3.300 personas de toda América Latina y otros continentes, expresamos nuestra profunda preocupación frente a la amenaza que vive la Nación Sapara del Ecuador respecto de la integridad e integralidad de su territorio ancestral. La Nación Sapara es una de las 14 nacionalidades reconocidas por el Estado ecuatoriano, ubicada en la región amazónica, en la provincia de Pastaza; una nación cuyo modo de vida fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001.
A fines de mayo de 2021, la NASE (Nación Sápara del Ecuador), única organización legítima de representación y autogobierno de dicho pueblo indígena, denunció que la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales del Estado ecuatoriano entregó 250.000 ha de su territorio ancestral a una asociación que, usurpando la representación de comunidades situadas en este territorio, había solicitado el cambio de nombre en el título de propiedad colectiva correspondiente. Esta asociación ‘Naruka’ está conformada por personas de otros pueblos, que hace años migraron hacia el territorio sapara y se asentaron allí. La asociación no es reconocida ni por la NASE, ni por las autoridades de las comunidades que según sus propios estatutos la conforman. Con esta adjudicación a terceros de buena parte del territorio ancestral Sapara, la Subsecretaría de Tierras Rurales viola tanto el principio constitucional según el cual la propiedad de las tierras comunitarias es imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible, como también el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. En este proceso, el ente estatal nunca consultó ni a los legítimos dirigentes y representantes Sapara, que sin embargo están registrados con el Estado ecuatoriano, ni a las comunidades de base.
El trasfondo de esta división territorial radica en intereses económicos, según el comunicado de la NASE del 22 de mayo: “Esta grave situación se genera por el interés económico que provoca ser titular de los convenios con el programa Socio-Bosque, y recibir a título personal los incentivos económicos. […] Por lo cual, reconocemos que estamos viviendo las consecuencias de la interferencia externa que monetiza el cuidado y la preservación de la naturaleza generando graves conflictos internos.”
Esto evidencia una vez más que los programas que ofrecen pagos contra la conservación de bosques, como Socio Bosque o REDD+, tienen impactos negativos en los territorios. Ya en 2012, se había generado una situación similar en el mismo territorio por la firma de unos convenios de inversión social con la empresa petrolera Andes Petroleum, relacionados a la licitación de los bloques 79 y 83. Según la asociación Acción Ecológica, quien lidera la asociación ‘Naruka’ son quienes durante el gobierno de Rafael Correa aprobaron la licitación petrolera, cuando la posición histórica del pueblo Sapara siempre fue en favor de la vida y contra la extracción del petróleo. En 2018, la Relatora Especial de NNUU para los pueblos indígenas manifestó que, ”debido a todas las vulneraciones sufridas, existe una seria amenaza para la supervivencia de la nación Sapara”.
Desde el Pacto Ecosocial del Sur, exhortamos a la Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y demás instituciones del Estado ecuatoriano vinculadas a este proceso revocar de manera urgente esta adjudicación de tierras ilegítima para garantizar la integridad e integralidad del territorio de la Nación Sápara, que es la base de su existencia en armonía con la selva.
aplaneta.org 
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