Cancelan audiencia de dos miembros de la Resistencia Pacífica La Ciénaga

Por Laura Rojas / Coordinadora de Comunidades afectadas por Trecsa.

Publicado por Prensa Comunitaria

Los hermanos Ernesto y Aníbal Araujo, de la resistencia pacífica La Ciénaga, en San Raymundo, Guatemala, enfrentarían la mañana de este viernes audiencia de fase intermedia, a las 09:00 horas, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mixco, pero fue suspendida, debido a que el juez, Héctor Vides, se encontraba en otra audiencia que se prolongó.

Los hermanos Araujo son señalados sin fundamento por la empresa colombiana Trecsa, de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, instigación a delinquir y atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales y aéreos, delitos que no cometieron, señala un comunicado de la entidad.

En enero de 2020 el Fiscal del distrito metropolitano, Pedro Pablo Siliezar, presentó pruebas falsas contra los hermanos Araujo, quienes son defensores del agua, de los bosques y los derechos humanos. 

Aunque el caso el caso fue cerrado en esa ocasión, por falta de méritos, en junio de 2020 una sala del Juzgado de Mixco dejó sin efecto la resolución de enero de ese año. Fue evidente que el juez estaba totalmente parcializado a favor de la empresa, indicaron los afectados.

A decir de los hermanos Araujo, “ese día no nos acusaron de nada, simplemente se realizó la audiencia en la que nos ligaron a proceso y si no hubiéramos tenido quien nos prestara 20 mil quetzales para pagar la fianza, habríamos quedado detenidos de forma preventiva”.

Desde ese momento la situación para ambos líderes de la Resistencia Pacífica La Ciénaga es crítica, debido a que por la pandemia no pueden seguir trabajando. Ambos cubrían la ruta del Milagro a la Terminal, con buses extraurbanos.

En marzo de 2021 cumplieron un año sin trabajar. La única manera de ganarse la vida que había encontrado Aníbal Araujo para ganarse la vida fue con la comercialización de vehículos usados que trae desde Estados Unidos, sin embargo, debido al arraigo no ha podido volver a viajar y los memoriales y amparos presentados por sus abogados han sido denegados.

A la fecha ambos buscan quién los asesore para enfrentar al que consideran un monstruo de mil cabezas, que sigue talando árboles sin autorización, para la construcción de obras del proyecto PET 1-2009, que nunca ha sido consultado con los pobladores de San Raymundo ni con de Sacatepéquez.

La audiencia de fase intermedia fue reprogramada para el 6 de septiembre próximo, a las 11 horas, con el argumento de “saturación en la agenda de dicho juzgado”.

Los bosques son nuestra principal fuente de vida. Nos proveen agua, frutos, sombra, oxigeno, evitan la erosión de los suelos. No podemos permitir que continúe la destrucción de nuestros bosques solo por la ambición de una empresa. #TrecsaNoPasa

Resistencia pacifica de la aldea La Ciénaga San Raymundo en rechazo a la sub estación Guate – Oeste que la empresa Trecsa quiere construir en nuestro territorio. Defendemos el agua, el ambiente sano y libre de radiación.

Con pruebas falsas se criminalizó a los hermanos Araujo, quienes son integrantes de la resistencia pacífica de la Ciénaga, San Raymundo y defensores de los derechos humanos.En esta misma fiscalía de primera instancia de Mixco, se desestimó por falta de mérito hace varios meses el caso de los hermanos Araujo. En dicha audiencia la juez advirtió sobre las pruebas falsas que habrían entregado los abogados de Trecsa y el fiscal del Ministerio Público, Pedro Pablo Siliezar de la fiscalía del Distrito Metropolitano. Héctor Vides, el nuevo juez que re apertura el proceso legal en contra de los hermanos Araujo no permitió que los acusados dieran declaraciones y aún así impuso una multa de Q.20, 000 a los defensores de derechos humanos.Esto solo suma a la lista de acciones ilegales y corruptas de la empresa Trecsa, en donde el tráfico de influencias ha ampliado la cantidad de delincuentes que acumulan pruebas en su contra. Estaremos vigilantes y denunciando hasta lograr justicia. Estamos observando el actuar de fiscales y jueces ante estos abusos de poder. Sabemos que la ley puede tardar, pero hay pruebas suficientes para procesarles penalmente. Cualquier funcionario públicos puede ser procesado por sus delitos por largos veinte años. Pedimos a la población y las organizaciones de derechos humanos seguir dandonos acompañamiento para que losDerechos Humanos, la Verdad, nuestra seguridad y las leyes nacionales se respeten.

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