Organizaciones indígenas mexicanas proponen modificar la Constitución en materia energética

De tierrayterritorio.wordpress.com

Organizaciones indígenas de varios Estados presentaron hoy una propuesta de modificaciones a la iniciativa de Reforma Constitucional en materia de energía eléctrica presentada por Presidencia el pasado 30 de septiembre.

Mario Castillo Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), señaló que “con esta iniciativa colectiva hecha entre pueblos y organizaciones indígenas exigimos se respeten nuestros derechos como lo es la Libre Determinación. En ese sentido de respeto, exigimos ser participes en el sector energético que desde hace décadas nos ha violentado con los despojos de nuestros bienes naturales y territorios.

Las consecuencias de este despojo se han acumulado en impactos ecológicos, sociales y económicos que sufrimos como pueblos y comunidades. Vemos cómo en nuestros territorios se utilizan intensivamente nuestros bienes naturales (agua, viento y tierra) para generar, almacenar y transmitir energía eléctrica por empresas privadas y de CFE, sin ningún beneficio real para nosotr@s.

Aunado a esta contradicción, existen pueblos y comunidades sin acceso a la energía eléctrica, ni un buen servicio de electricidad, o simplemente no pueden pagarla porque las tarifas son excesivas. Por eso nuestra demanda histórica es el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano, que está reconocido por instrumentos internacionales y por sentencias de tribunales mexicanos, por lo que debe ser general y amparar a comunidades equiparables, urbanas empobrecidas y otros sectores sociales marginados.

Ante este panorama decimos Basta de Despojo y Saqueo, creemos que para frenar esta crisis climática no basta con decir cuántos millones se invierte en reforestación, o si el litio será un bien utilizado por la nación. Necesitamos frenar la industria que nos contamina y obliga a intensificar los procesos de despojo, así como es urgente construir una transición social, popular y ecológica en diversos sectores como el energético, y esto no será posible sin nuestra participación, y sin respetarnos como pueblos indígenas, quienes hemos defendido y resguardado, en ocasiones con nuestra vida, los bienes naturales que dan vida a este planeta.”

Ofelio Julián Hernández, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, agregó que “la iniciativa de Reforma Constitucional, en su redacción actual, parte de un diagnóstico incompleto, según el cual todos los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Desafortunadamente, muchos pueblos como el pueblo maseual de la sierra nororiental de Puebla hemos vivido violencia y criminalización por parte de CFE cuando defendemos nuestros territorios frente a sus proyectos. La experiencia de los pueblos de Cuetzalan, Morelos, Nayarit y muchas otras regiones muestran la importancia de que la

Reforma incluya de forma explícita la protección integral de las tierras indígenas y respeto al derecho colectivo a la propiedad territorial indígena y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y de ejidos y bienes comunales.”
Beatriz Garrido Vallejos, de la comunidad maya de Ixil (Yucatán), subrayó la importancia de combatir el cambio climático que golpea con especial dureza a comunidades indígenas, campesinas y pescadoras. “En Ixil el año pasado tuvimos inundaciones durante dos meses por los huracanes, esto nunca había pasado antes. Se perdieron cosechas, se ahogaron animales y colmenas, se arruinaron casas y vidas.

El Presidente dijo hace unos días que el tema del cambio climático es una moda, y que lo que hay que hacer es luchar contra la desigualdad. Señor Presidente, el cambio climático y la destrucción de la naturaleza son una realidad, una realidad dolorosa que provoca mucha pobreza y desigualdad. Las temporadas de seca son más largas, las lluvias, cuando llegan, son torrenciales y nos causan más daños. Quienes sufrimos esto somos los pobres, no los ricos, ellos están tranquilos en sus casas con clima, no dependen de la tierra como nosotros, y pueden elegir dónde vivir.

Estamos de acuerdo con usted en que la solución no son los megaproyectos privados que impulsaron los gobiernos anteriores. En Ixil logramos parar en los tribunales el despojo de 5300 hectáreas de tierras en las que una empresa británica quería instalar dos megaproyectos eólicos. Pero sabemos que el cambio climático es real, y que tenemos que encontrar alternativas para dejar de quemar petróleo, gas y carbón. Y los pueblos tenemos mucho que aportar a esas alternativas, puedes deseamos dejarle un futuro a nuestros hijos y nietos”.

Leticia Esteban, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet Tajpianij, hizo énfasis en la creatividad y el potencial de los pueblos y comunidades para gestionar diversas fuentes de energía de forma sustentable y equitativa. “La iniciativa de Reforma Constitucional comete un grave error al establecer que CFE ‘estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para esta’. Esto es inaceptable para las fuentes/proyectos de energía alternativas, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos, defendidos por nuestros pueblos y comunidades.

Sabemos que, para ejecutar la Transición Energética, CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales. En la sierra nororiental de Puebla, nuestras experiencias en defensa del territorio frente a proyectos energéticos nos han hecho pensar en profundidad sobre la energía. Estamos construyendo una reflexión colectiva sobre las distintas fuentes de energía que usamos, que van mucho más allá de la electricidad. Estamos discutiendo cómo, para qué y quiénes usamos la energía, y cómo podemos construir un modelo alternativo de gestión energética propio, construido desde el modo de vida comunitario y campesino de los pueblos para el Yeknemilis (Buen Vivir), a partir de la integración de jóvenes y la igualdad de género, teniendo como base el Plan de Vida para nuestro territorio.

Desde esta reflexión, nos parece que la Reforma Constitucional no entiende a los pueblos y tampoco el problema de fondo, para nosotras el problema se centra en la Imposición de un modelo energético dominante que es hegemónico, excluyente, patriarcal, insostenible, dependiente de combustibles fósiles y que está basado principalmente en una rentabilidad económica bajo principios de eficiencia/eficacia. Al establecer que ‘El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación’. Nosotros respondemos que no podemos admitir esta visión centralizada y excluyente, que justifica y enaltece un sistema de producción y consumo de energía, incongruente con las necesidades. Dejamos claro nuestro pronunciamiento y posición: el Estado debe respetar y respaldar la participación de los pueblos en la construcción de un nuevo modelo energético”.

Juan Rodríguez Cabrera, comunero de Ciudad Ixtepec (Istmo de Tehuantepec, Oaxaca), agregó que “estamos de acuerdo en quitarles privilegios a las empresas privadas, y en que se modifique en profundidad, con un sentido social, la regulación de un sector tan importante en este contexto de crisis climática. Pero las nuevas leyes deben integrar a las comunidades y organizaciones como actores centrales, junto con CFE. Deben fomentar y reconocer nuestra participación como proveedores del sistema eléctrico nacional, para garantizar que la generación eléctrica construya bienestar y justicia social, desde los pueblos y para los pueblos.

En Ixtepec, la Asamblea de Comuneros decidió en 2008 aprovechar la fuerza del viento en nuestro territorio para beneficio colectivo de la comunidad. Cuando hicimos el ordenamiento territorial de nuestros bienes comunales, decidimos incluir un proyecto eólico comunitario con el fin de generar ingresos para fines sociales colectivos, tales como la educación de los jóvenes, las pensiones de los campesinos, la inversión en sistemas de riego y proyectos productivos sustentables. Conseguimos apoyos técnicos y acceso a financiamiento en términos muy favorables para el proyecto, pero nos tropezamos con la negativa de CFE y de la Secretaría de Energía, que en los dos últimos sexenios han estado totalmente controladas por intereses empresariales. Nos cerraron el paso con requisitos diseñados para que solamente las grandes empresas y CFE puedan aprovechar las fuentes de energía de nuestros territorios.

El racismo está tan presente en las instituciones que ni siquiera se dan cuenta, les parece lo más normal que los pueblos estemos excluidos y que nuestros recursos sean usados por otros. Esta Reforma Constitucional es una gran oportunidad para poner la generación de energía renovable en manos de los pueblos.”

Rogel del Rosal Valladares, de la Coordinación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), agregó que “la Reforma es también una oportunidad para prohibir la fracturación hidráulica, conocida como fracking. El fracking consiste en inyectar en el subsuelo químicos muy tóxicos disueltos en agua, para fracturar la tierra y extraer petróleo y gas. Esto contamina grandes volúmenes de agua y envenena la tierra, además de acelerar el cambio climático. El discurso del gobierno es que el fracking está prohibido, pero esto no está recogido en la ley, y sigue habiendo fracking en México. Las comunidades y organizaciones de la Huasteca Potosina y de otras regiones afectadas o codiciadas por la industria del fracking demandamos que esta Reforma Constitucional nos libre de esta amenaza.

También queremos que ponga las bases para eliminar lo antes posible el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Para las comunidades náhuatl, tenek y xi’oi es muy importante que se cierre la mayor planta de ciclo combinado de América Latina propiedad de Iberdrola ubicada en nuestro territorio. La contaminación atmosférica que provoca afecta nuestros cultivos y la salud de muchas comunidades. Es falso que la energía generada con gas sea limpia. Por su lado, las termoeléctricas de la región que operan con coque (un residuo de las refinerías), propiedad del grupo Peñoles y Del Golfo, contaminan el aire, suelos y el agua de Río Tampaon, además de producir lluvias ácidas, con lo que se afecta los cultivos, la biodiversidad y la salud de las personas. Ninguna de esas empresas deja beneficios a las comunidades indígenas, solo pura contaminación y daños a la salud.”.

Feliciano Cervantes Alváñez, comunero de El Mayor Cucapá y Presidente del Concejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California (CERPI-BC), agregó que “los pueblos indígenas tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza y la hemos utilizado de forma sostenible, pero los intereses privados y las acciones de los gobiernos están destruyendo la base de nuestra vida. El territorio del pueblo Cucapá en el delta del Río Colorado era antiguamente uno de los humedales más importantes del mundo.

Hoy apenas llega agua del río al delta y al mar, debido a las represas y la extracción de agua para las ciudades y la agricultura industrial. Por ese motivo, hace décadas desaparecieron los ecosistemas que nos daban sustento. La mayor parte de nuestro territorio es ahora una plancha de sal, pero antes era una laguna llena de vida, rebosante de peces y aves. Empresarios sin escrúpulos continúan intentando aprovecharse de nuestra vulnerabilidad para hacerse con nuestro territorio ancestral. Esto incluyó empresarios que querían aprovechar las importantes fuentes de energía solar y eólica de nuestro territorio. Ya es hora de terminar con este abuso.

En el nuevo modelo energético, el Estado debe reconocer y resarcir su deuda histórica con pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y campesinas, y con comunidades urbanas marginadas, alimentadas por el éxodo rural que provoca la falta de oportunidades en el campo.”
Flavio Ayuso López, de la Fundación Yansa y representante legal de varias comunidades mayas que defienden sus territorios frente a megaproyectos privados, afirmó: “La propuesta que hoy se presenta establece las bases de un marco regulatorio específico para iniciativas energéticas que no persigan el lucro individual sino el cumplimiento de fines sociales colectivos, y que sean gestadas y lideradas por núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables, o comunidades urbanas en estado de vulnerabilidad.

Si se acepta esta propuesta, estos proyectos contarán con un marco regulatorio y de contraprestación diferente al aplicable al sector privado, y con prioridad de despacho. Con ello, se promoverá una transición energética orientada hacia la justicia climática y socio-ambiental, y que respete plenamente los derechos territoriales y el derecho a la libre determinación de pueblos y comunidades. Esperamos que el gobierno y el poder legislativo entiendan que el Estado debe otorgar un tratamiento distinto a propuestas energéticas comunitarias que a los megaproyectos privados del ‘capitalismo verde’, y respete el derecho de los pueblos originarios a tener una participación plena y efectiva en la construcción de un sistema energético justo y sustentable.”

CONTACTO: correo pueblosyenergia@gmail.com o whatsapp 55 3367 5197.

NOTAS:

La propuesta está suscrita por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (Puebla), el Consejo Maseual Altepet Tajpianij (Puebla y Veracruz), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), el Concejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California (CERPI-BC), Comuneros de Ciudad Ixtepec en Defensa del Territorio, el Consejo Maya del Poniente Chikin’ Já (Yucatán) y ejidatari@s de varias comunidades de Yucatán (Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún, Kinchil). Se siguen recabando apoyos de autoridades tradicionales, asambleas agrarias y comunitarias, y organizaciones indígenas, campesinas y de comunidades urbanas.

Principales puntos de la propuesta:
La protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y de núcleos agrarios (ejidos y bienes comunales), para evitar que continúe el despojo por parte de empresas privadas de energía y de CFE. Derechos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT.

El derecho a la generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios y comunidades urbanas marginadas que así lo decidan. Demandamos un marco legal que respalde y fomente los proyectos de estos sectores que tengan fines sociales, de dos tipos: autoabasto de electricidad, y venta energía a la red pública para dar sustento a planes de vida colectivos.
La inclusión explícita del derecho humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico. Esta es una demanda histórica de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas y otros procesos organizativos.

La prohibición del fracking (tecnologías para extraer petróleo y gas inyectando al subsuelo químicos tóxicos disueltos en agua para fracturar la tierra). El discurso oficial es que el fracking ya está prohibido, pero sigue habiendo fracking en México. Esta demanda proviene de comunidades y organizaciones en regiones afectadas o amenazadas por el fracking.

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