Represión contra el movimiento anti-minería y acería en Odisha (India)

Prashant Paikray, Portavoz, Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO, Odisha, India

El gobierno estatal dirigido por el Sr. Nabin Pattnaik está llevando a cabo una brutal acción policial contra nuestro pueblo con el fin de entregar los 2900 acres de tierra agrícola fértil a la despiadada empresa siderúrgica india Jindal Steel dirigida por el industrial Sajjan Jindal. Después del fiasco de POSCO India, que terminó en 2015-2016, JSW Utkal Steel Ltd vino con su propuesta de construir 13,2  millones Tm/año de acero crudo, 900MW de energía cautiva y 10 millones Tm/año de cemento junto con 52 millones Tm de embarcadero cautivo en el mismo lugar.

Todo esto está ocurriendo sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestro pueblo y de los Gram Sabhas, y sin seguir los procedimientos legales reglamentarios. Las fuerzas corporativas tienen su influencia sobre el gobierno de la India, así como el gobierno estatal, por lo que el permiso para cualquier proyecto no es un problema para ellos.

Alrededor de las 2 de la tarde del 20 de diciembre de 2021, los habitantes de Dhinkia hicieron una manifestación masiva contra la represión estatal y policial en la frontera del pueblo de Mahala. De repente, la policía llegó en siete furgonetas Bolero y entró en el pueblo de Dhinkia por la parte de atrás y empezó a golpear a la gente. La policía vino a detener a nuestro líder, el Sr. Debendra Swain. Detuvieron a su tío paterno, Ayodhya Swain, de 71 años, enfermo de parálisis, y a su hija Mili Swain, de 22 años. La policía les acusó de falsos cargos en virtud de las Secciones del Código Penal de la India: 147 (disturbios), 149 (reunión ilegal), 294 (uso de lenguaje obsceno), 427 (daños) y 506 (intimidación). Ni siquiera perdonaron a los transeúntes que les preguntaron el motivo por el que habían sacado a padre e hija de su casa. La policía agredió a mujeres y niños después de entrar en el pueblo en la búsqueda de acusados.

Los habitantes de nuestro pueblo están sufriendo las consecuencias de la acción policial. La situación ha llegado a tal punto que se pide a los vecinos que muestren sus tarjetas Aadhaar (identificación) para salir y entrar en su pueblo. La policía ha hecho incursiones en el pueblo, ha irrumpido en las casas, ha atacado a vecinas causándoles heridas, ha implicado a la gente en casos falsos y los ha confinado en sus casas.

Hemos sido testigos de tensiones desde el 1 de diciembre de 2021, cuando los funcionarios de la administración local que habían ido a la aldea de «Mahala» para demarcar por la fuerza una aldea de ingresos. Nuestros vecinos protestaron con convicción contra esta medida ilegal. Nuestra comunidad se ha opuesto a la bifurcación del pueblo. El gobierno estatal está aplicando una política de «divide y vencerás» para allanar el camino a la JSWL (Jindal Steel Works). Además del despliegue policial existente, se han estacionado cuatro pelotones adicionales en nuestra zona para aterrorizar a nuestra gente. El ambiente en la zona sigue siendo tenso.

Mientras tanto, el nuevo Superintendente de Policía (SP) Shri Akhilesvar Singh, IPS que ya está en la controversia por la muerte de custodia en su régimen en el distrito de Puri, ha tomado la obligación de establecer el proyecto propuesto de JSW con su supremacía. Ha convertido el pueblo de Dhinkia en una situación parecida a la de Cachemira, en la que todo el mundo que entra o sale debe explicar la razón y mostrar su identidad para eludir la rabieta de las fuertes fuerzas policiales desplegadas alrededor de Dhinkia. Incluso la policía ha cortado el suministro de productos de emergencia para crear presión entre la gente que protesta contra el proyecto propuesto por JSW.

Nuestra comunidad levantó barricadas de bambú el 6 de diciembre de 2021 para restringir la entrada a la aldea de Dhinkia, e intensificaron su resistencia desafiando las incesantes lluvias y el intenso frío, incluyendo a las mujeres que están vigilando las puertas impidiendo la entrada de la policía, los funcionarios del gobierno y cualquier persona ajena a la aldea. Los aldeanos están de guardia las 24 horas del día para impedir la entrada de la policía y los funcionarios del gobierno, incluidos los simpatizantes del proyecto JSW de la localidad.

No hay autorización ambiental

JSW Utkal Steel Ltd solicitó una autorización ambiental en 2018 en el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEF&CC), del Gobierno de la India. De acuerdo con la Notificación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 2006, la audiencia pública / consulta pública estaba programada para llevarse a cabo en diciembre de 2019 en Gadakujanga de Erasama Tahasil por la administración del distrito de Jagatsinghpur en la solicitud de la Junta de Control de la Contaminación del Estado de Odisha (OSPCB) que se suponía que era un evento neutral donde la gente debería estar presente desde el Grampanchayat afectado, los pueblos y las áreas cercanas afectadas. Sin embargo, la audiencia pública fue secuestrada por la administración del distrito, dirigida por el entonces recaudador Sangram Mohapatra, que era el responsable de la tierra.

Sin embargo, la audiencia pública fue secuestrada por la administración del distrito, dirigida por el entonces recaudador Sangram Mohapatra, que fue el funcionario de adquisición de tierras de IDCO durante el proyecto POSCO en 2005 y estuvo involucrado en golpear a niños y ancianos de Dhinkia durante la adquisición de tierras. Se desplegaron más de 15-20 pelotones de personal policial días antes de la audiencia pública para aterrorizar a la población local y crear una situación de tensión en la zona. El partido gobernante, los líderes sindicales y la administración trajeron a la gente en autobuses contratados desde otras localidades no afectadas por el proyecto. La entrada de la población local fue selectiva, regulada por la policía, la administración, los matones locales y los miembros del partido gobernante para llenar el lugar de gente que apoyara el proyecto. Miles de personas asistieron a la audiencia pública, de las cuales más del 80% eran de fuera de la zona afectada por el proyecto, incluso de fuera del distrito. El proponente del proyecto (JSW) utilizó grandes carpas y proyectores, y organizó comidas de lujo para 5.000 personas, gastando más de 1000 euros en la organización de la audiencia pública, lo que constituyó una violación de la notificación de la EIA de 2006 y planteó la cuestión de la neutralidad y la parcialidad. Una solicitud de Derecho a la Información (RTI) a la administración del distrito reveló que la administración sólo gastó 175 euros en la audiencia pública. Se impidió a la población local asistir a la audiencia pública; los habitantes de Dhinkia, donde la mayoría de las objeciones contra el proyecto, boicotearon el acto porque el lugar de celebración se había elegido a sabiendas de que estaba lejos del lugar del proyecto propuesto. El miedo a la policía y a la administración por parte de los habitantes de Dhinkia fue otra de las razones para boicotear la audiencia pública, citando sus sufrimientos anteriores durante el proyecto POSCO. El mismo día de la audiencia pública en Dhinkia se organizó una palli sabha (asamblea de comunidad) en la que miles de personas aprobaron por unanimidad una resolución contra el proyecto propuesto por JSW Utkal Steel Ltd. Se enviaron varias representaciones al Comité de Evaluación de Expertos, MoEF&CC, GoI en contra de esta audiencia pública ilegal e inconstitucional por parte de los habitantes y los organismos cívicos. Una información de la RTI reveló que se enviaron aproximadamente 1.000 representaciones escritas firmadas por los pueblos afectados a favor del proyecto propuesto, sin embargo, casi el 90% de ellas eran falsas, falsificadas y nunca firmadas por los aldeanos con el mismo nombre. Sorprendentemente, la mayoría de las personas no existen, otros que han firmado son analfabetos (no pueden firmar) y algunos son niños menores de 13 años. Todas las representaciones escritas tienen el mismo formato, hechas por los funcionarios de JSW antes de la audiencia pública con la ayuda de la administración del distrito y los miembros del partido gobernante local. Con respecto a lo anterior, se han enviado muchas representaciones al Comité de Evaluación de Expertos, MoEF&CC, GoI sobre el cual EAC ha planteado preguntas y aclaraciones, pero en vano.

La autorización ambiental de JSW no se ha podido conceder desde 2019 hasta ahora debido a las numerosas deficiencias y la información falsa en su informe de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Gestión Ambiental (PGA). Varios organismos cívicos, individuos y aldeanos han identificado e informado de varias deficiencias e información engañosa a la EAC, al MoEF&CC y al Gobierno de India, y han solicitado la cancelación de la CE por haber proporcionado información falsa y engañosa de acuerdo con las normas y reglamentos, pero a pesar de todo ello no se ha tomado ninguna medida contra el proponente del proyecto, sino que se han proporcionado amplias oportunidades para modificar los formularios y el informe de EIA/EMP, lo cual es contrario a la ley.

Violación de LARR 2013 y de la Ley de Derechos Forestales de 2006.

Según la Ley sobre el derecho a una Compensación Justa y a la Transparencia en la Adquisición de Tierras, la Rehabilitación y el Reasentamiento (LARR) de 2013, «las tierras adquiridas y la posesión tomada pero no utilizada en un período de cinco años a partir de la fecha de la posesión revertirán en todos los casos al propietario original de la tierra». Pero el gobierno de Odisha hizo exactamente lo contrario. Según la política revisada del gobierno de Odisha para la adquisición de tierras, notificada el 7 de febrero de 2015, «las tierras adquiridas y la posesión tomada pero no utilizada en un periodo de cinco años desde la fecha de posesión revertirán en todos los casos al Estado y se depositarán automáticamente en el Banco de Tierras».

Con respecto a las tierras forestales, la Ley de Derechos Forestales reconoce y confiere derechos legales a las comunidades locales sobre las tierras forestales y los recursos forestales comunitarios. Como se sabe, los residentes de las aldeas de Nuagaon, Dhinkia y Gobindpur han presentado solicitudes a las autoridades locales para reclamar sus derechos sobre las tierras y los bosques, pero estas reclamaciones no se han tramitado desde 2011.

Además, en varias ocasiones en el pasado, los Gram Sabhas de la zona han aprobado resoluciones mayoritarias contra cualquier cesión de sus tierras y recursos forestales comunitarios. El Gobierno debe respetar la resolución unánime aprobada por más de 2.000 personas en una Gram Sabha celebrada en octubre de 2012, según la cual las tierras utilizadas para el cultivo de betel están amparadas por los derechos concedidos a la Gram Sabha en virtud de la Ley de Derechos Forestales (FRA) de 2006. El gobierno estatal está obligado a cumplir con el requisito legal de garantizar el reconocimiento y la concesión de los derechos forestales y el consentimiento sobre estas tierras después de la salida de POSCO, de lo contrario el gobierno estará cometiendo más un delito penal en virtud de la FRA, el Código Penal de la India (IPC) y la Ley de prevención de atrocidades de SC/ST de 1989 y las enmiendas hechas en 2016. Por lo tanto, en virtud de la Ley de Derechos Forestales de 2006, la transferencia de las tierras del pueblo a Jindal es ilegal.

En julio de 2017, nuestros vecinos presentaron una petición ante el tribunal de Calcuta del Tribunal Verde Nacional. Se ha afirmado que el gobierno de Odisha no puede poner estas tierras forestales en el banco de tierras. Según la Ley de Conservación de los Bosques de 1980, el gobierno debe obtener una «autorización» forestal o la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente central para utilizar las tierras forestales para fines no forestales. Sin embargo, la ley no prevé la obtención de una autorización forestal para un «banco de tierras». La petición añade que, en virtud de la Ley de Derechos Forestales de 2006, el gobierno no puede cambiar el uso de las tierras forestales sin reconocer los derechos sobre la tierra y los bosques de las personas que viven o dependen de ellas durante generaciones.

El Gobierno de Odisha, a través de su Departamento de Panchayati Raj, destituyó a Debendra Swain, que es miembro del Panchayat Samiti (un representante elegido), de manera ilegal, sólo para dar a entender a la población que cualquier levantamiento de voz contra el Gobierno será castigado gravemente. Esto dice mucho sobre el estado de la democracia de base en la India, más concretamente sobre el estado de las salvaguardias constitucionales y los actos de habilitación.

Nuestras demandas

  • La administración debe tomar medidas para la retirada inmediata de las fuerzas policiales de Dhinkia y asegurar que la normalidad se restablece pronto.
  • El gobierno debe detener todo tipo de represión contra nuestro pueblo y retirar todos los casos falsos e inventados contra nuestra gente.
  • El gobierno de Odisha debe seguir el fallo del Tribunal Supremo sobre el asunto de Singur en el que se devolvió la tierra de los agricultores comprada para la planta de Tata Nano,
  • El proceso de adquisición de nuevas tierras y de vallado, etc., debe ser suspendido inmediatamente, ya que no hay autorización ambiental para el proyecto propuesto por JSW.
  • Procesar urgentemente las reclamaciones de derechos forestales individuales y comunitarios sobre las tierras que había adquirido para un proyecto de POSCO en lugar de transferir las tierras a un banco de tierras.
  • Declarar que no existe ninguna disposición en la ley ni en ningún acto que contemple la adquisición de tierras para ningún banco de tierras con ningún fin. Por lo tanto, la tierra debe volver a los habitantes originales de acuerdo con la Ley de Derecho a una Compensación Justa y Transparencia en la Adquisición de Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento (LARR) de 2013.
  • Garantizar la aplicación de la sentencia del NGT, Principal Bench, Nueva Delhi de fecha 12- 07-2018 y eliminar cualquier construcción ya realizada en el terreno forestal.
  • El gobierno debe replantar los árboles en nuestras zonas costeras sensibles donde más de dos lakh (100.000) árboles fueron cortados indiscriminadamente por el gobierno para POSCO.
  • Debe formarse un comité compuesto por juristas sensibles, defensores de los derechos humanos, activistas, ecologistas y economistas ecológicos para vigilar lo que el gobierno está haciendo en nuestra zona sólo para promover los intereses corporativos a un costo enorme para nuestros pueblos nativos y sus fuentes permanentes de sustento que son parte de una zona costera ecológicamente sensible.

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