El 2 de septiembre el Tribunal Superior de Makhanda dictaminó que Shell debe dejar de realizar exlosiones sísmicas en busca de petróleo en la Costa Salvaje de Sudáfrica. Esto ocurre después de que más de 85.000 simpatizantes de Greenpeace África y las comunidades locales se levantaran para bloquear los planes destructivos de Shell.
He aquí algunos puntos clave que han dado lugar a esta victoria:
- El derecho de exploración se concedió ilegalmente, ya que no se consultó a las comunidades afectadas.
- Permitir la exploración significó que el Departamento de Recursos Minerales y Energía no tuviera en cuenta el daño potencial a los medios de vida de los pescadores, ni el impacto en sus derechos culturales y espirituales.
- La consulta de las empresas a los reyes, monarcas y otros líderes tradicionales no fue suficiente y «no encuentra espacio en una democracia constitucional».
- No se tuvo en cuenta la contribución de la exploración de petróleo y gas al cambio climático.
Nada de esto habría sido posible sin la actuación de miles de personas de base y sobre el terreno. Esto demuestra lo poderosas que podemos ser cuando nos unimos.
Esta sentencia es una gran victoria para la gente de África que lucha por un Planeta mejor, y no nos detendremos en ella, pero los costes de este tipo de casos judiciales se acumulan. ¿Contribuirás a nuestros gastos legales para que podamos seguir luchando contra las industrias contaminantes y destructivas? Tenemos que recaudar 3.000.000 de rupias para cubrir los costes del caso. Sé que son tiempos difíciles para muchos de nosotras pero, si puedes, haz clic en el botón de abajo para hacer una donación: nos ayudará a seguir luchando por una África más justa y más verde.
La audiencia en Makhanda
El caso en el Tribunal Superior de Makhanda analizó la actividad e intenciones de Shell de explorar petróleo y gas en la Costa Salvaje, desde Morgan Bay hasta Port St Johns, mediante estudios sísmicos que se basan en explosiones de la corteza terrestre. Estas tienen graves impactos ambientales tanto en tierra como en mar, y aún más si como persiguen, consiguen dar con yacimientos de petróleo o gas.
Si las exploración tiene éxito y se inicia la extracción, la posibilidad de vertidos y fugas son latentes, includo alguna que pueda extenderse cientos de kilómetros. Shell cuenta con un largo historial de impactos y negligencia, cobre todo en otro país africano, en Nigeria. En enero de 2021 un tribunal holandés declaró a Shell Nigeria responsable de los daños medioambientales en el Delta del Níger, que amenazaban la seguridad y los derechos alimentarios de la comunidad local, y le penalizó con indemnización y rehabilitación.
Los vertidos de petróleo suponen un riesgo de contaminación de los sistemas hídricos, como los ríos, que comprometen inadvertidamente la salud de las comunidades circundantes, comprometiendo aún más sus derechos humanos de acceso al agua potable. Los problemas de derechos humanos que están en juego son evidentes y la reputación de Shell le precede.
El juez Gerald Bloem concluyó que el análisis de la parte interesada, Shell, «era sustancialmente defectuoso porque no tuvo en cuenta a los pescadores de subsistencia y a los pescadores a pequeña escala del litoral donde se realizarían las voladuras, aunque evidentemente tenía la obligación de hacerlo».
Al conceder el interdicto, el tribunal superior de Makhanda dictaminó que el estudio sísmico y las voladuras podían causar daños significativos y duraderos a la vida marina y a los medios de subsistencia de las comunidades pesqueras, así como infringir los derechos consuetudinarios y constitucionales de las comunidades circundantes.
Muchos de los demandantes en el caso son afectadas (o potencialmente afectadas) como las comunidades pesqueras representadas por organizaciones como la Asociación de Propiedad Comunal Dwesa Cwebe y Sustaining the Wild Coast NPC, representantes de la comunidad de Kei Mouth y de las comunidades pesqueras de Port St Johns. Además, hay agricultores sostenibles, veraneantes y aventureros que están vinculados a la Costa Salvaje y que ayudan a sostener ecológicamente la economía de la zona, presentando una alternativa de desarrollo con bajas emisiones de carbono. Natural Justice y Greenpeace África también participaron en la acusación.
En relación con el cambio climático, así como con las cuestiones del derecho a la alimentación, el juez consideró que, si el Ministro de Minas hubiera tenido en cuenta estas cuestiones, podría haber considerado que el proyecto «no era necesario ni deseable» (párrafo 125).
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas (UNGP), cuyo objetivo es influir en el sistema de toma de decisiones de las empresas y establecer determinados deberes y obligaciones de los Estados para proteger los derechos humanos, cuentan con el respaldo de Shell. A nivel mundial, con sede en Londres y La Haya, la empresa exige que los principales proyectos e instalaciones desarrollen un plan de desempeño social que defina las acciones para gestionar los impactos tanto negativos como positivos en las comunidades.
El enfoque de Shell en su proyecto fue defectuoso en materia de derechos humanos, especialmente en la forma en que excluyó la participación y la retroalimentación de la comunidad: informar, involucrar, consultar, colaborar y empoderar a los grupos potencialmente afectados, como los pescadores. Desde el principio, no se promovió el acceso público ni la transparencia para que la comunidad participara efectivamente en los impactos del estudio sísmico sobre los medios de vida, la identidad cultural y los impactos ambientales.
Además de este proyecto extractivista, la Costa Salvaje sufre la imposición deotros proyectos de gran impacto como el minero. Estos son objeto de gran oposición por parte de las comunidades circundantes, como es el caso de la mina de titanio de la australiana Mineral Commodities (MRC) a la que se opone el Amadiba Crisis Committee. Por ello, el impacto y la participación social debería haberse tratado delicadamente.
El estudio sísmico fue notificado sólo a través de un anuncio en un periódico en inglés y afrikáans, cuando las lenguas dominantes en la región son el isiXhosa y el isimPondo. Por ello la convocatoria de la consulta fue mínima. Además, Shell consultó a los líderes tradicionales e ignoró a todos los demás grupos potencialmente afectados, como las comunidades pesqueras. De esto se concluye que a pesar de la promulgación de políticas de derechos humanos en las empresas y su adhesión a los Principios Rectores de las Naciones Unidas, su voluntarismo tiene limitaciones.
Además, normas sociales transnacionales como la «diligencia debida en materia de derechos humanos» no se corresponden con normas jurídicas internacionales. Esto es especialmente problemático en zonas de gobernanza débil, sobre todo en el Sur Global, donde las instituciones tienden a favorecer a los políticos, los líderes tradicionales, los militares y los compinches.
Como normas sociales, los Principios Rectores de las Naciones Unidas crean incoherencias normativas y esto también tiene implicaciones para la igualdad de condiciones. Los accionistas de Royal Dutch Shell Plc han aprobado el traslado de la sede de la empresa a Londres para evitar las normas de derechos humanos más estrictas impuestas por los Países Bajos.
Esto sugiere que es necesario no sólo una legislación sobre derechos humanos a nivel nacional y de empresa, sino también normas internacionales obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos para evitar lagunas en la gobernanza a todos los niveles.
Es necesario ir más allá del voluntarismo en los marcos de diligencia debida en materia de derechos humanos y en los marcos reguladores de los derechos humanos en relación con las empresas en general, y el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos puede complementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas introduciendo, como mínimo, disposiciones obligatorias de diligencia debida en materia de derechos humanos.
El hecho de que Shell haya optado voluntariamente por publicar una política global de derechos humanos y comprometerse con la diligencia debida en materia de derechos humanos, pero que no la haya llevado a cabo de forma significativa en la búsqueda del programa sísmico, pone aún más de relieve que, especialmente cuando persisten las lagunas de gobernanza, las lagunas en el marco normativo internacional de los derechos humanos conducen al incumplimiento.
Citas de los participantes en la acusación
- Sinegugu Zukulu, Sustaining the Wild Coast:
«Ganar esto significa que todas estamos avanzando hacia la comprensión de que tenemos que encontrar medios de vida sostenibles; tenemos que alejarnos de los combustibles fósiles. Esto es por el bien de todos. Permitir que Shell y el gobierno sigan explorando en busca de petróleo y gas y otros combustibles fósiles sería perjudicial para la vida de todos y para la vida del Planeta. Ganar significa una vida sostenible en este planeta. Una victoria para el Planeta. Una victoria para las generaciones futuras. No se trata de nosotros. Estamos en esta lucha por el bien del Planeta y por el bien de las generaciones futuras.
La lucha de las comunidades costeras contra Shell es una lucha por la justicia medioambiental, por la protección de los medios de vida rurales, por el desarrollo sostenible y por la vida del planeta. Shell y el gobierno están luchando por el beneficio frente al cambio climático que está poniendo en riesgo el futuro de la humanidad».
- Nonhle Mbuthuma, Comité de Crisis de Amadiba:
«Esta victoria no es sólo una victoria para las comunidades de la Costa Salvaje y para hacer oír nuestras voces. Es una victoria contra la extracción capitalista y la destrucción de nuestro futuro. Esta victoria no es sólo para proteger el océano del que dependen las comunidades costeras rurales. Se trata de proteger el Planeta y a toda la humanidad».
- Siyabonga Ndovela, residente de la Costa Salvaje:
«Como pueblos de la Costa Salvaje, vivimos de la tierra y del océano. El gobierno nos dice que el petróleo y el gas traerán oportunidades de trabajo, pero sabemos muy bien que eso destruirá nuestros medios de vida. El océano es nuestro mejor defensor contra el cambio climático, protegiéndonos de sus peores impactos. Ayudando al océano nos ayudamos a nosotras mismas. La acción sobre el océano es la acción sobre el clima».
- Wilmien Wicomb, abogado del Centro de Recursos Legales
«Estos valientes miembros de la comunidad se anotaron una victoria muy significativa en nombre de la población rural de todo el país, que es desposeída a diario de sus tierras y recursos por la práctica persistente del Estado y las empresas, que los ignoran y sólo hablan con sus líderes tradicionales. No hay ninguna ley que autorice a los jefes y monarcas a hacer eso y, en cualquier caso, continuó el Tribunal, no hay espacio en una democracia constitucional para ese enfoque verticalista».
- Melita Steele, directora interina de programas de Greenpeace África
«Greenpeace África celebra esta decisión de proteger la Costa Salvaje de la destrucción de Shell. Es una prueba de que el mundo está entrando en una era de justicia social y medioambiental, en la que las voces de la gente se anteponen a los beneficios de las empresas de combustibles fósiles tóxicos. Todavía queda mucho trabajo por hacer para deshacer el destructivo legado colonial del extractivismo en África, pero esta decisión da al pueblo sudafricano una renovada esperanza de que la vida de las personas y los preciosos ecosistemas son valiosos y merecen ser protegidos de los criminales climáticos. El futuro es renovable».
- Pooven Moodley, director de Natural Justice
«La victoria en el caso de Shell es realmente una victoria para la gente y el Planeta. Establece un importante precedente durante esta emergencia climática. El tribunal ha dejado claro que las comunidades deben ser consultadas adecuadamente y que las evaluaciones de impacto ambiental son fundamentales. La conexión cultural y espiritual con la tierra y el océano tuvo un gran protagonismo en la sentencia. Esta victoria proporciona esperanza e impulso a medida que la gente se levanta en todo el Planeta. Hay 148 proyectos de petróleo y gas en marcha en África. Esta victoria garantizará que la marea cambie».
- Melissa Groenink-Groves, Directora de Programas, Natural Justice
«La decisión del tribunal de hoy es una victoria para todas nosotras. Este caso era un caso para todas las comunidades del país. La proliferación de solicitudes de prospección de petróleo y gas en todo el litoral sudafricano no es un buen augurio para nuestro futuro, ya que la crisis climática exige que detengamos todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles.
Esta victoria judicial demuestra que las empresas de combustibles fósiles están obligadas a cumplir la ley, a incluir a todas las personas afectadas en los procesos de participación pública y a considerar todos los daños al medio ambiente. Estamos especialmente satisfechas con las conclusiones del juez sobre la participación pública significativa, según las cuales un monarca no puede representar a las comunidades en las consultas sobre desarrollos que afectan a sus derechos. Con tantas comunidades vulnerables a que sus tierras y medios de vida se vean afectados por el desarrollo de los combustibles fósiles, es crucial que se les consulte adecuadamente. Esta sentencia refuerza nuestro derecho.
Queremos reconocer y agradecer a los representantes de nuestras comunidades que han viajado todo el día de ayer para llegar hoy al tribunal de Makhanda, ya que saben lo importante que será esta sentencia para sus comunidades, y para todas nosotras.
El éxito de este caso se basa en la colaboración de muchas organizaciones de la sociedad civil de toda Sudáfrica y del mundo»
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