El derecho a practicar el aborto (libre y seguro) es una reivindicación histórica y fundamental para el movimiento feminista, cuya restricción es percibida como el summum de la interferencia machista en las mujeres y en la sociedad, en sus decisiones y en sus cuerpos; el summum de la desigualdad y la hegemonía masculina. Además debemos entender la restricción al aborto como unido o atenuado por otras formas de machismo como son la feminización de los cuidados, o la violencia contra las mujeres (física y sexual: sobre todo cuando va unido a abusos y violación), la cosificación, la exclusión o menor consideración de la mujer en el mercado laboral, etc.
Y no nos encontramos tan sólo ante una restricción de derechos sino que las consecuencias van mucho más allá. Por una lado fuerzan a mujeres a dar a luz niños y niñas no deseados, o en su defecto, para evitarlo, a buscar otras posibilidades que no garantizan condiciones mínimas y que incluso pueden poner a la mujer embarazada en serio peligro. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 45% de todos los abortos son inseguros, que contabilizan cada año por 25 millones y según Amnistía Internacional hasta 40.000 mujeres mueren cada año por esa causa.
Por otro lado, nacimientos no deseados tienen como resultado traumas tanto en esas mujeres como en las personas nacidas que se traducen después en otros problemas personales y sociales. Y por último, tienen como resultado la represión de mujeres por buscar soluciones y de aquellas personas que osen asistirlas. Esto incluye desde multas, a cierres de clínicas y pérdidas de puesto de trabajo hasta el encarcelamiento, en muchas situaciones con pésimas condiciones y en procesos cuestionables que no hacen más que reafirman la injusticia del patriarcado.
O como plantea la doctora en Historia brasileña Flávia Biroli en una entrevista en Brasil de Fato, «La lucha por la despenalización y la regulación del aborto no debe disociarse de agendas más generales, como la renta, el trabajo y la educación». Biroli lo explica muy bien «Si no tenemos educación sexual en las escuelas, si no tenemos programas adecuados de políticas públicas para ofrecer anticonceptivos para prevenir el embarazo en la adolescencia y las ITS [Infecciones de Transmisión Sexual], nuestras niñas, y especialmente las que están en condiciones más vulnerables, seguirán teniendo una situación extremadamente difícil desde el punto de vista del empleo y de la posibilidad de criar a sus hijos y mantener cierta independencia económica para sí mismas». En suma: la injusticia reproductiva está estrechamente ligada al resto de injusticias con que se enfrentan las mujeres.
Este derecho a decidir es objeto de restricciones y ataques desde organizaciones, partidos e instituciones, y afortunadamente, a veces también de conquistas gracias al activismo constante de miles de mujeres. Según el Centro de Derechos Reproductivos el aborto está completamente prohibido en 24 países, entre otros: Andorra, Malta, El Salvador, Honduras, Senegal, Egipto, Filipinas, Laos. Está prohibición afecta a 90 millones mujeres en edad reproductiva. Por otro lado, el aborto es restringido (sólo cuando la salud de la mujer está en peligro) en más de 50 países y regiones.
La prohibición afecta sobre todo a países del Sur: de los abortos inseguros practicados a nivel mundial el 97% corresponde con países en el Sur global. Está claro que debemos añadir por tanto otros aspectos a esta restricción, como es el de las desigualdades entre Norte y Sur, porque las desigualdades económicas y la falta de recursos tanto económicos como médicos inciden en los embarazos no deseados, y en los nacimientos consecuentes, así como en las mujeres afectadas. Son por tanto agravantes relativos a la desigualdad Norte-Sur resultante del colonialismo y de un capitalismo que con el paso del tiempo aumenta la brecha entre personas pobres y ricas.
Retrocesos a nivel mundial
Sin duda, podemos considerar como el mayor retroceso el ocurrido en Estados Unidos en 2022 por lo que significa internacionalmente: porque a la vez que potencia económica y política, se proclama garante de la democracia y los derechos humanos, que en muchas ocasiones osa replicar e imponer en otros países, y por tanto, es considerado modelo a seguir a nivel mundial (con excepciones). Porque se auto-define como «Land of the Free» («Tierra de la Libertad»)… y entendíamos que ello incluía a la mujer también. Ese año, tras casi medio siglo de protección constitucional del aborto, el 24 de junio el Tribunal Supremo eliminaba ese derecho dejando a cada estado la libertad de determinar la legalidad del procedimiento. Muchos de esos estados iniciaron medidas para prohibirlo y reprimir a las clínicas donde se practicaban abortos. Actualmente son 11, con otros 10 de ellos en los que el posicionamiento no es claro, otros dos con restricciones, y 28 que sí lo permiten.
La activista Caitlin Schroering informa sobre otros aspectos del aborto que también están restringidos: «Técnicamente, la ligadura de trompas es legal a partir de los 18 años, pero muchos estados lo han cambiado a los 21, y aunque no es necesario el consentimiento del cónyuge, algunos médicos lo exigen». Por otro lado, cree que en Estados Unidos la justicia reproductiva tiende a centrarse sólo en el derecho al aborto, pero ignora otras cuestiones como «las disparidades en el acceso a la atención sanitaria por motivos de raza, clase y género (los hombres trans suelen quedar fuera de los debates)».
Sobre todo, hay que añadir siempre el adjetivo «libre» a la reivindicación del aborto, porque de lo contrario será muy restrictivo y no garantizaremos la justicia para todas. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy caro y los seguros nunca lo cubren. Al estar fuera del sistema sanitario también aumenta la estigmatización y la persecución que sufren tanto el personal médico como la propia mujer que necesita esta intervención. Porque el aborto generalmente sólo puede practicarse en «clínicas abortistas» que son objetivo de grupos fundamentalistas y antiabortistas que desprecian y a veces agreden a quienes acuden a ellas. Los médicos que practican abortos suelen recibir amenazas de muerte, por lo que pueden abandonar la actividad debido a esta presión, restringiendo también las posibilidades. Obviamente este acoso antiabortista incide en la restricción del aborto, en la restricción de la justicia reproductiva. Y podemos deducir que la aprobación de leyes como ésta, aunque sea parcial, también fomenta este acoso y esta presión.
Según Schroering, «la justicia reproductiva también debería consistir en proporcionar a las personas los recursos necesarios para tener un hijo si lo desean; para que las opciones de planificación familiar sean gratuitas y universales; para que los hombres asuman más responsabilidades; para vivir libres de la exposición a productos químicos y toxinas, de modo que se pueda tener un embarazo sano; mejores cuidados pre- y pos-natales; y proporcionar tratamiento del dolor para intervenciones como la colocación de un DIU (Dispositivo IntraUterino)».
Uno de los países con fuertes restricciones, pese a ser miembro de la Unión Europea, es Polonia. En 2020 el Tribunal Constitucional de ese país declaró la prohibición del aborto casi en su totalidad. Ello provocó una gran reacción que todavía dura, peleando a nivel político, pero también ofreciendo posibilidades reales a las mujeres necesitadas mediante la acción directa y la ayuda mutua. Hace unos meses tradujimos este gran trabajo de sobre la campaña polaca .
Las activistas han tejido una red internacional, Aborto sin Fronteras (Abortion Without Borders), desde la que apoyan a las mujeres que lo necesiten para garantizar esa justicia reproductiva. Solidaridad internacionalista feminista de verdad. Los grupos que integran AWB incluye los polacos Abortion Dream Team (ADT) y Kobiety W Sieci, Ciocia Basia en Alemania, Abortion Network Amsterdam y Women Help Women (Mujeres Ayudan a Mujeres) en los Países Bajos, y Abortion Support Network en el Reino Unido. (Leer aquí: «Aborto sin fronteras»).
Uno de los países con la legislación más restrictiva y severa contra la práctica del aborto en el mundo es El Salvador. El año pasado causó conmoción internacional la pena de 50 años de cárcel para una salvadoreña que sufrió un aborto natural. Era la pena máxima contemplada por una ley aprobada en 1998 que prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Esta ley ha provocado que muchas mujeres sean encarceladas por ver su embarazo interrumpido – voluntariamente o de forma natural como es el caso.
Igualmente le ocurrió a uno de los casos emblemáticos, a Manuela, que en noviembre de 2020 murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos. Manuela había sido detenida en 2008 y condenada a 30 años de prisión por un un aborto natural. Además de lo injusto y severo del castigo a que la sometieron, no facilitaron atención médica a Manuela y murió esposada en el hospital.
Entre 2000 y 2011, en ese país fueron procesadas 129 mujeres por esa severa ley. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) planteó en 2016 la inclusión en la ley de las excepciones para casos de violación, cuando la víctima sea menor de edad o sea víctima de tráfico humano, o cuando el feto sea inviable o para proteger la vida de la madre. Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto.
En esa situación tan hostil la Agrupación Ciudadana por la Descriminalización del Aborto intenta revertir la situación. El caso es denunciado también por Amnistía Internacional en su informe «Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador».
Dándole la vuelta a la restricción
Dentro de esta situación contraria, en muchos países la lucha de las mujeres ha conseguido legalizar el uso del aborto o de mejorar sus condiciones.
En febrero del 2022 la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto hasta la semana 24, conservando las causales ya establecidas en la sentencia c355 de 2006, que incluyen esta práctica en tres casos: violación, malformaciones del feto y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante. Colombia se sumaba así a otros países latinoamericanos que han legalizado la interrupción del embarazo como Argentina, México, Cuba, Uruguay y Guyana.
La Suprema Corte mexicana declaró inconstitucional castigar el aborto en septiembre, 2021. La decisión fue unánime. El presidente de dicha corte señaló que “No se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal”,
Argentina modificó su ley también al final de 2020 para gestaciones que no supere las 14 semanas. Con la nueva ley es a la vez de legal, gratuito. En los otros casos la interrupción es posible hasta la semana 12 de gestación. El 14 de enero 2021 se promulgó la Ley, con lo que se anulaban las causas judiciales abiertas hasta entonces por prácticas de aborto.
También queremos ofrecer aquí el trabajo de Ana Cecilia Dinerstein, sobre “La creciente marea verde: la lucha por la justicia reproductiva en Argentina” (PDF). Éste fue publicado originalmente por CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) dentro de los “Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano”, y en inglés por Radical Ecological Democracy. Contiene una introducción por la autora y una entrevista con María Alicia Gutiérrez, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ver artículo completo AQUÍ
aplaneta.org 
Deja una respuesta