Como recordarán los y las lectoras de A Planeta, el sexto aniversario de la histórica prohibición minera de El Salvador, aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa en 2017. Ahora la campaña internacional en su favor y que históricamente se ha opuesto a la minería metálica en El Salvador (en un principio conformada por 250 organizaciones, ahora por muchas más) y organizaciones locales, han lanzado una semana de acción y solidaridad internacional para demandar la inmediata liberación de los Cinco de Santa Marta que tendrá lugar del 22 de abril (Día de la Tierra) hasta el 30 de abril.
Además de las acciones locales de solidaridad que puedes organizar, hay otras muchas a las que te puedes adherir de forma digital. El 18 de abril tendrá lugar lanzamiento de la campaña en un webinar al que te puedes regístrar aquí. Puedes sumarte a la lista de organizaciones, mandar twits, cartas a su gobierno, a los medios de comunicació, etc. Por su parte en El Salvador las comunidades siguen realizanco concentraciones y fogatas comunitarias. El 21 de abril realizarán la Marcha del Agua en el Lago Güija en la frontera con Guatemala y El Salvador para exigir el cierre de la Mina Cerro Blanco (Liderada por el Movimiento Ecofeminista de El Salvador). Ver actividades propuestas AQUÍ.
Como ya denunciamos, las detenciones de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco “Chico Montes” y Saúl Agustín Rivas Ortega corresponde con el deseo del gobierno de Nayib Bukele de derogar la ley de minería.
Esta detención fue arbitraria , no asociada a ningún delito actual sino a un presunto delito cometido hace 30 años en el periodo de la guerra civil (1980-1992). Y antes de probarse nada, los 5 estarán sometidos a seis meses de prisión preventiva, que pueden ser fatales en las condiciones infrahumanas de las cárceles salvadoreñas. Además, en la primera audiencia a que fueron sometidos se comprobó que el caso no tiene sentido y que se basa en evidencias y testimonios débiles que no son suficientes para sostener una acusación. Para añadir más atropellos, los 5 se encuentran incomunicados desde que fue dictada la sentencia y no han podido ver a sus familias .
La verdadera y única razón de su detención fue su relevancia política, vinculados a diversas luchas por la defensa de la naturaleza, especialmente en contra la Minería Metálica y a la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta-ADES. La acusación además añade más cinismo a la situación que sufre esta comunidad, pues desde hace más de 30 años denuncian y exigen justicia por masacres cometidas por el Estado Salvadoreño en su comunidad en aquella guerra y que nunca fueron esclarecidos ni concluidos.
Luego las comunidades siguieron siendo ignoradas y ninguneadas, y tras la guerra se tuvieron que enfrentar a la minería que comenzó a arrebatarles territorio y envenenarles. Como resultado de la minería el 90% de las aguas superficiales salvadoreñas estaban contaminadas. Su lucha dejó tres mártires en los doce años previos a la victoria de la prohibición de la minería metálica en 2017. En esa lucha surgió en la comunidad Santa Marta la organización a la que pertenecen los detenidos, ADES. La detención en enero de su director suscitó las sospechas de que la razón era anular uno de los principales artífices.Así en 2017 El Salvador se convirtió el único país del mundo con una Ley contra la Minería Metálica.
Desde aquí no sumamos al pedido internacional y de organizaciones de El Salvador, que exige al estado de El Salvador que libere a los cinco líderes comunitarios y defensores ambientales; que desista de criminalizarlos y que garantice que en El Salvador se respetan no solo los Derechos Humanos, sino los derechos de las personas que defienden derechos.
¡Súmate a esta petición para que el Estado de El Salvador deje de criminalizar a los 5 de Santa Marta! ¡Demuestra a la comunidad Santa Marta que no está sola! ¡Exijamos al Estado de El Salvador que respete y cumpla en todas sus formas la Ley de prohibición contra la minería metálica!
Este atropello además se corresponde co una oleada de represión que tuvo su momento álgido a finales de marzo de 2022 cuando el gobierno dictó el estado de excepción, en teoría como respuesta a una ola de violencia cometida por las pandillas, pero que después supuso un escalamiento represivo a todos los niveles y obviamente, también en el político. Así lo recogía el informe ‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, que documentaba detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos ocurridos hasta el mes de diciembre. En ese periodo el gobierno realizó cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos, con la detención de más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 niños y niñas. Se realizaron audiencias colectivas de hasta 500 detenidos, y más de 51.000 personas fueron enviadas a detención provisional aplicando leyes aprobadas recientemente. La población carcelaria salvadoreña se triplicó: de 39.000 personas en marzo de 2022 paso a casi 95.000 detenidos en noviembre.
- FIRMA Y DIFUNDE ESTA PETICIÓN
aplaneta.org 
Deja una respuesta