Resulta altamente preocupante que los integrantes del Movimiento Ríos Vivos estemos siendo blanco de un ataque sistemático por parte de grupos armados ilegales que a la fecha deja un saldo de un líder asesinado, otro en silla de ruedas por un ataque armado y casi una docena de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación en lo que va corrido del año; sin embargo,es desconsolador que ante tal situación, entidades estatales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargadas de brindarnos medidas de protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos y ambientales que integramos el Movimiento, decidan “ajustar” tales medidas retirando completamente esquemas de protección, cambiando vehículos blindados por convencionales, disminuyendo la cantidad de hombres de protección, entre otras, obviando que, durante este gobierno, las amenazas se aumentaron así como los asesinatos y ataques.
Como si lo anterior fuera poco, las mujeres lideresas del Movimiento Rios Vivos y, en especial nuestra presidenta Milena Flórez, ha sufrido ataques de los mismos escoltas, en actos de machismo evidentes que en este contexto aumentan el riesgo y hacen que las mujeres pierdan la confianza en los esquemas de protección.
Exigimos protección, hacemos un llamado urgente a la JEP y la UNP para que se brinden todas las garantías de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad física de los integrantes del Movimiento Ríos Vivos, ya que nos encontramos en una situación de alto nivel de riesgo y eliminar o disminuir las medidas de protección son decisiones que no sólo aumentan el riesgo sino que hacen responsable a estas entidades de lo que pueda ocurrirnos como líderes sociales y ambientales
Intento previo
Esta amenaza ocurrió cuando antes, el 29 de abril, alrededor de seis (6) hombres armados con fusiles y armas cortas, al parecer, pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) arremetieron con disparos en contra YOAN ESTEBAN MAZO POSADA Líder Social y Defensor de Derechos Humanos del Movimiento Ríos Vivos, en el Municipio de Briceño – Antioquia, causándole una grave lesión en su columna. Lastimosamente, fue trasladado a un centro asistencial tres horas después del ataque, pues, los habitantes del sector se negaban a prestarle ayuda por temor a las represalias del grupo armado.
Esteban ya había sido víctima de amenazas y desplazamiento forzado después de las denuncias por vulneración de derechos humanos que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra Hidroituango ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID Invest, razón por la cual, ostentaba medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde noviembre de 2022, las cuales le fueron retiradas en febrero de 2024. Actualmente, Esteban y su familia están desplazados del Municipio de Briceño –Antioquia porque temen regresar a su territorio.
Solicitamos a la comunidad nacional, internacional y en especial a las autoridades del Estado y Gobierno colombiano, adelantar todas las acciones pertinentes tendientes a garantizar la vida, integridad física y todos los derechos de quienes hacemos parte del Movimiento Ríos Vivos Colombia. A la Fiscalía General de la Nación realizar las acciones de investigación y judicialización de quienes atentan contra la vida y desplazan a los líderes sociales en Colombia.
¡Ríos para la vida, no para la muerte!
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