Semanas de acción por la libertad de los 5 defensores del agua de Santa Marta y ADES

International Allies Against Mining in El Salvador

(English)

Convocan las semanas de acción internacional durante las semanas del 22 de septiembre al 4 de octubre de 2024, para exigir la liberación de los cinco defensores del agua de Santa Marta y ADES. Llaman individuos y grupos de los movimientos sociales de todo el mundo se unan a las organizaciones salvadoreñas para organizar acciones de solidaridad en diferentes ciudades del mundo. El objetivo es crear conciencia internacional sobre la crisis de derechos humanos en El Salvador, en especial en la comunidad de Santa Marta, y exigir la liberación de los 5 defensores del agua que permanecen encarcelados desde enero de 2023.

Del 8 al 10 de octubre de 2024 se realizará en El Salvador la vista pública contra cinco líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y ADES, detenidos y acusados ​​el 11 de enero de 2023 de haber cometido un delito que presuntamente tuvo lugar hace más de 33 años en el contexto de la guerra civil salvadoreña.

Los líderes comunitarios, conocidos internacionalmente como defensores del agua, fueron rápidamente privados de libertad por ocho meses, pero ante la indignación nacional e internacional, los cinco defensores fueron puestos bajo arresto domiciliario, aunque las graves violaciones a sus derechos siguen vigentes. En febrero de 2024 la jueza de primera instancia envió el caso a vista pública a pesar de la falta de pruebas y una serie de irregularidades con el testimonio del único testigo protegido presentado por la Fiscalía. Aunque el fallo de la jueza fue apelado por el equipo de defensa legal que señaló irregularidades procesales, este fue confirmado por la cámara de apelaciones.

Organizaciones sociales de El Salvador han denunciado que en lugar de buscar justicia para las víctimas de la guerra, el Gobierno de El Salvador está manipulando el sistema judicial para criminalizar a reconocidos líderes ambientales que durante más de una década desempeñaron un papel clave en la lucha que llevó a la prohibición de la minería metálica en el país en 2017. Los mismos líderes habían denunciado la presencia de empresas mineras en el departamento de Cabañas, a pesar de su prohibición, mientras que los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería habían denunciado medidas adoptadas por el régimen de Bukele para crear condiciones para derogar la Ley Especial de Prohibición de la Minería.

El pobre desempeño económico de El Salvador en comparación con el resto de Centroamérica ha llevado al gobierno de Bukele a buscar acceso a una rápida inversión extranjera. En 2023, el país siguió siendo la economía de más lento crecimiento de la región, con la menor inversión extranjera, la deuda pública más alta y tasas de pobreza que superan el 30% de la población. En respuesta, el gobierno de Bukele ha intensificado una agenda económica extractivista que incluye un programa turístico intenso que ya ha generado desplazamiento forzado y gentrificación en áreas de interés turístico, y la implementación de una política fallida sobre la minería y el uso de bitcoin como moneda oficial. El gobierno también ha anunciado que iniciará un programa de exploración petrolera, así como un programa de energía nuclear basado en Torio, pero no ha convocado ninguna consulta pública, ni está brindando acceso a la información. Estas políticas han llevado a organizaciones ambientalistas a afirmar que hay pruebas sólidas de que Bukele tiene la intención de revocar la prohibición de la minería.

La popularidad del régimen de Bukele se basa en sus polémicas políticas de seguridad pública arraigadas en la suspensión permanente de derechos constitucionales que han resultado en el encarcelamiento masivo de decenas de miles de personas. Según organizaciones de derechos humanos, más de 80.000 personas han sido encarceladas por el régimen sin un juicio adecuado, de las cuales más de 3.000 son menores de edad y al menos 5.000 son personas inocentes. Al menos 351 presos han muerto en circunstancias sospechosas mientras estaban detenidos. Entre los detenidos hay cientos de presos políticos, defensores de derechos humanos y líderes sindicales que languidecen en condiciones carcelarias inhumanas que incluyen hacinamiento, hambre, falta de atención médica y tortura.

Tal es el caso de los cinco defensores del agua. Dado que el sistema judicial ha sido cooptado por el régimen de Bukele y carece de la independencia judicial para garantizar el derecho al debido proceso, simpatizantes de los 5 defensores del agua de Santa Marta están preocupados de que, a pesar de una fuerte defensa legal y una campaña internacional de alto perfil para exigir su liberación, aún podrían ser condenados en un intento de desmovilizar la oposición a la minería. Sin embargo, una sentencia de cárcel podría fácilmente convertirse en una sentencia de muerte considerando las condiciones inhumanas de la prisión y que todos los acusados ​​son adultos mayores con enfermedades crónicas diagnosticada

• se fund for the Santa Marta 5. (CLIK HERE DONATIONS IN THE US)

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