El pueblo congoleño lucha por su propia riqueza

Las miserias del presente tienen su origen en el colonialismo

En septiembre de 1876, el rey Leopoldo II de Bélgica celebró la Conferencia Geográfica de Bruselas, aparentemente para debatir sobre el despreciable comercio transatlántico de seres humanos procedentes del continente africano. Sin embargo, el verdadero motivo de la conferencia era trazar el plan para lo que se convertiría en el sindicato financiero Comité d’études du Haut-Congo [Comité de Estudios del Alto Congo] en 1878 y luego en la Association internationale du Congo [Asociación Internacional del Congo – AIC] en 1879. La AIC contrató al periodista estadounidense Henry Morton Stanley para ir al Congo y conseguir “una porción de este magnífico pastel africano“ para Leopoldo II, como dijo el rey (Nzongola-Ntalaja, 2007: 15-16). Posteriormente, en la Conferencia de Berlín para repartir África entre las potencias coloniales (1884-1885), Leopoldo II estableció el État indépendant du Congo (Estado Libre del Congo – ELC). Siglos de la prehistoria del Congo desaparecieron cuando el ELC transformó la vasta tierra cultivable, 80 veces el tamaño de la Bélgica de Leopoldo, en terra nullius (territorio sin dueño) y desarrolló una descarnada economía de plantación.

Bajo el ataque a su anterior modo de vida, millones de habitantes del Congo de un amplio espectro de grupos étnicos soportaron un estado de violencia sostenido provocado por las demandas del ELC de caucho y otras materias primas necesarias para alimentar la Revolución Industrial. A muchxs les cortaron las manos y los pies (en un solo día le entregaron al comisario colonial 1.308 manos cortadas). Fueron asesinadxs con armamento más avanzado (como la pistola Maxim) y sufrieron incursiones sistemáticas y la quema de aldeas (Hochschild, 1998). Bajo el reinado de Leopoldo, de 1865 a 1909, la Force Publique [Fuerza Pública] mercenaria del rey creó un torbellino de dinero, asesinatos y caos que se desplazó desde la región del Gran Bakongo o Boko, en el oeste, hasta Katanga, en el sureste. Las cuatro principales comunidades a su paso fueron las de los pueblos campesinos kongo y kuba del Bajo Congo y las de los pueblos pastores y campesinos de subsistencia luba y lunda del este del Congo (Vansina, 1966 y 2010). De 1876 a 1889, los belgas intentaron crear una colonia en el Bajo Congo basada en la extracción de maní y aceite de palma. De 1891 a 1895, el marfil y el caucho compitieron por el primer puesto. De 1896 a 1908, la extracción de caucho convirtió al Bajo Congo y partes de la colonia al norte y al este de Stanley Pool (actual Malebo Pool) en un osario (Nzongola-Ntalaja, 2007: 26-41). De 1906 a la década de 1930, se impuso una colonia minera en las regiones de Kasai, Katanga e Ituri. En octubre de 1903, en el apogeo del violento gobierno de Leopoldo, Bellamy Storer (embajador estadounidense en el Imperio Austrohúngaro y admirador del rey belga) preguntó al presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt: ¿Cuándo ha “difundido la humanidad el influjo civilizador de una raza superior” sin crueldad? (Sternstein, 1969: 191).

Aunque el pueblo congoleño fue finalmente aplastado, enfrentó las incursiones coloniales con una resistencia colectiva generalizada. De 1900 a 1905, grupos locales atacaron estaciones y plantaciones coloniales y recuperaron Luebo, la capital de la región de Kasai, rica en caucho (Kolar, 2015: 15-19). En 1915, un movimiento espiritual de masas dirigido por Maria N’koi combinó la medicina tradicional y la insurrección armada para oponerse a los impuestos coloniales y rechazar el trabajo forzado en el sur del Congo (Lauro, 2020). Las autoridades belgas capturaron y exiliaron a N’koi por su rebelión. Los africanos del este del Congo se vieron obligados a refugiarse en las montañas y en la densa selva, o a cruzar los lagos Alberto y Eduardo (hoy conocidos localmente como Mwitanzige y Rutanzige) hacia Uganda y Ruanda (Martin de Ryck; Ngbwapkwa, 1993: 291-306).

El enorme esfuerzo por crear empresas mineras y obligar a lxs trabajadorxs africanxs a extraer codiciados recursos subterráneos como carbón, cobalto, diamantes, oro, hierro, ópalos, manganeso, platino, estaño y uranio se convirtió en el eje central de la explotación en el Congo. De tales esfuerzos, los de la Union Minière du Haut-Katanga (Unión Minera del Alto Katanga, conocida hoy como Umicore) fueron los mayores y más lucrativos (Higginson, 1989; Nzongola-Ntalaja, 1983: 57-94). La empresa minera formaba su mano de obra a partir de una gran reserva de potenciales reclutas africanos, pero temía enormemente a la posibilidad que estos reclutas se convirtieran en una clase trabajadora con exigencias de salarios decentes y poder de decisión en el lugar de trabajo. A pesar de este temor y del uso de niveles de violencia casi genocidas para evitar que los reclutas se convirtieran en una fuerza política, la empresa no consiguió frenar el crecimiento de una clase trabajadora africana (Pavlakis, 2023: 585-608).

La violencia también fue empleada por diferentes brazos del Estado —como la agencia de contratación paraestatal Bourse du Travail du Katanga [Bolsa de Trabajo de Katanga o BTK] y el ejército colonial Force Publique— así como por agencias de contratación privadas. Estas instituciones coloniales colaboraban con los jefes locales para ejercer su poder, y si estos se resistían, eran destituidos, aunque no siempre era tarea fácil (Higginson, 1989: 8-10, 20-24). Esta maquinaria coercitiva se vio reforzada por una ideología de superioridad racial, que los belgas utilizaron para justificar el uso de la fuerza e impedir que lxs africanxs accedieran a las instituciones estatales o al poder real del Estado. Al principio de la dominación belga, casi todos lxs europexs creían realmente en el mito del salvajismo africano e impusieron sin piedad su versión del orden político a la población indígena. El racismo colonial fue la génesis de una ilusión que, sin embargo, influyó poderosamente en el ritmo de la ocupación colonial.

La lucha del pueblo congoleño por la soberanía y la dignidad

La ocupación alemana de Bélgica (1940-1945) echó por tierra la idea de que el Estado colonial belga (conocido popularmente como Bula Matadi, o “Rompepiedras”) era invencible. En 1941, los trabajadores africanos de las minas de estaño de Kikole (provincia de Kantanga) se declararon en huelga y plantearon requisar jeeps y unirse a africanos de otras partes del continente en su lucha. “Los blancos han sido derrotados en Europa por negros de Kenia y América. ¿Por qué no podemos derrotarlos aquí también?”, dijo un líder de la huelga. “Tenemos derecho a comer huevos y a adquirir automóviles como los blancos. Tomemos la tienda y repartamos las mercancías. Nos pertenece de todos modos, la Union Minière ha comprado estos productos con nuestro trabajo” (Higginson, 1989: 175-176). Gracias al pleno apoyo de las familias campesinas y la proximidad de los trabajadores, la huelga se extendió por toda Katanga (hoy Haut-Katanga), donde la minería estaba más concentrada. Esta oleada huelguística alcanzó a los soldados, quienes se sublevaron contra la Force Publique en 1944, inspirados por sus raíces de lucha obrera y campesina en las fábricas de Elisabethville y Jadotville (hoy Lubumbashi y Likasi), en el sur, y en las minas de estaño en el norte (Higginson, 1988a: 199-223; 1988b: 97-118; 1989).

El gobierno colonial intensificó esta oleada de resistencia al imponer al campesinado objetivos de mayor productividad para satisfacer las demandas de tiempos de guerra, objetivos que resultaban sencillamente inalcanzables dadas las circunstancias. Los informes gubernamentales mencionaban brotes de arroz pudriéndose en tierras inundadas y campos abandonados, con la tierra ya preparada para la siembra.¹

Las carencias en la producción de cultivos comerciales se agravaron aún más debido a la reducción de al menos un 20% de la mano de obra en las zonas rurales, ya que la generación de los años 30 y 40 emigraba en busca de trabajo, impulsada más por la necesidad económica y la pura supervivencia que por el deseo de convertirse en agricultorxs autosuficientes (Higginson, 1988b; Dupriez, 1973). Todo ello puso fin a la agricultura campesina independiente, cuya desaparición fue celebrada por las grandes empresas industriales que confiaban en poder asumir por fin el costo de la reproducción de la mano de obra industrial.

Con la destrucción de las comunidades campesinas luba, lunda y chokwe, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus territorios y dirigirse hacia las explotaciones mineras del oeste. Aristócratas codiciosos lunda y campesinos acomodados luba y chokwe, a quienes el gobierno había conferido títulos de jefes, se apropiaron de las tierras abandonadas alegando vínculos con los lundaneses, chokuneses u otras etnias de lxs jornalerxs que trabajaban para ellos (Bustin, 1975: 134; Vellut, 1977: 306-309). Los futuros políticos congoleños que colaboraron con los imperialistas, como Moïse Tshombe (líder del secesionista Estado de Katanga) y Godefroid Munongo (quien participó en el complot para asesinar y suplantar a Lumumba), eran descendientes de aquellos que empujaron al campesinado a cultivar cosechas comerciales, como el algodón y el sésamo, convirtiéndose en el presagio de la desposesión y el hambre.

Incluso enfrentados a esta cruda realidad, el proletariado agrícola e industrial no se dejó amedrentar por la represión a la oleada huelguística y al levantamiento. Por el contrario, la frustración por sus reivindicaciones incumplidas alimentó una corriente de descontento que se extendió por toda la población congoleña durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Para 1957, el Estado colonial belga había perdido el control del campo, y las revueltas urbanas del 4 de enero de 1959 pusieron de manifiesto la pérdida de poder de Bélgica sobre la clase trabajadora urbana (Sohier, 1973: 485-486; Husaini, 2020).

En diciembre de 1958, el Primer Ministro de Ghana, Kwame Nkrumah, organizó en Acra la Primera Conferencia Panafricana de los Pueblos, que reunió a líderes y activistas clave de los movimientos nacionalistas anticoloniales de todo el continente con el objetivo de debatir estrategias para expulsar a las potencias coloniales y unificar África. Entre ellos, se encontraban Amílcar Cabral, Frantz Fanon, Gamal Nasser, Sékou Touré y, en representación del Congo, Gaston Diomi, Patrice Lumumba y Joseph Ngalula. Los representantes congoleños eran dirigentes del Movimiento Nacional Congoleño (MNC), fundado ese mismo año para luchar por la independencia del dominio belga y por un sistema de desarrollo económico dirigido por el Estado y basado en el compromiso con todos los pueblos del Congo (no con un solo grupo étnico). Para el Congo, esta conferencia marcó el inicio de la internacionalización de la lucha que se venía desarrollando en aldeas, fábricas y ciudades mineras. Como dijo Lumumba en la asamblea de la Conferencia:

“El objetivo fundamental de nuestro movimiento es liberar al pueblo congoleño del régimen colonialista y conquistar su independencia. […] tenemos la misma conciencia, la misma alma invadida día y noche por la angustia, los mismos deseos de convertir a este continente africano en un continente libre, feliz, liberado de la inquietud, del temor y de cualquier dominación colonialista” ( citado en Lumumba y Chinh, 2017).

Estas redes panafricanas se convirtieron en una fuente crucial de solidaridad y colaboración. Por ejemplo, fue gracias a estas conexiones que, en 1960, Antoine Gizenga, líder del Partido de Solidaridad Africana (PSA) y primer viceprimer ministro de Lumumba, tuvo un encuentro casual con Andrée Blouin. Nacida en la República Centroafricana, Blouin era una destacada líder panafricana que, junto con Sékou Touré, trabajaba con el Partido Democrático de Guinea y jugó un papel clave en la organización de las mujeres en Guinea. Gizenga y Lumumba enviaron a Blouin a movilizar a las mujeres, y en un mes, había inscrito a 45.000 adherentes en el Movimiento Femenino de Solidaridad Africana en las regiones occidental y central del Congo. Gracias a estos esfuerzos, las mujeres congoleñas, que ya habían comenzado a autoorganizarse en asociaciones sociales y económicas urbanas durante la década de 1930, asumieron un papel aún más destacado en el movimiento de descolonización de la región y en el MNC (Bouwer, 2010: 91).

Lumumba y el MNC articulaban las aspiraciones del campesinado de Pende, que se rebelaron en 1931, de los mineros de Katanga y de los estibadores, que se declararon en huelga en 1941 y en 1945, respectivamente, así como la frustración de la pequeña burguesía frente al Estado colonial. La dirección évolué [avanzada] del MNC radicalizó su propia política al hablar de émancipation [libertad] e independance inmédiate [independencia inmediata], reflejando así otros movimientos de descolonización en África, Asia y América Latina.

La reconquista del Congo

El 30 de junio de 1960, el gobierno belga se vio obligado a conceder la independencia al Congo. La provincia de Katanga, rica en minerales, fue la excepción a la regla, ya que el poder belga se manifestó a través del secesionista Moïse Tshombe y su siniestro ministro del Interior, Godefroid Munongo. En Katanga, el verdadero poder económico y civil seguía en manos de la Union Minière y sus fuerzas de seguridad, que actuaban como el cuerpo de oficiales de las fuerzas militares del Estado independiente de Katanga (Tshombe, 1967; O’Brien, 1967).

Lumumba intentó poner fin a esta farsa durante su primer discurso como primer ministro, en el que enumeró los 80 años de abusos que el pueblo congoleño había soportado bajo el dominio colonial belga. La parte final del discurso de Lumumba, pronunciado en presencia del rey belga Balduino I, provocó escalofríos entre la multitud y entre los muchos congoleños que lo escuchaban por radio. “Hemos visto cómo se apoderaban de nuestras tierras en nombre de leyes aparentemente justas, que solo reconocían el derecho de la fuerza… Juntos, nosotros [el pueblo congoleño] estableceremos la justicia social y garantizaremos a cada hombre una remuneración justa por su trabajo”, declaró Lumumba. “Ya no somos sus monos” (1961: 45-46; Bueno, 2007: 122; Meredith, 2021: 102).

Los gobiernos de Gaston Eyskens (Bélgica) y Dwight D. Eisenhower (Estados Unidos) se unieron en su determinación de eliminar a Lumumba antes de que pudiera consolidar un proceso viable en pos de la dignidad y la soberanía del Congo (Kinzer, 2013: 247-283). Ambos países dependían de las materias primas del Congo, como el uranio de las minas congoleñas de Shinkolobwe, que Estados Unidos utilizó en las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 y consideraba un activo estratégico (Padmore, 1945: 5; Williams, 2021: 375).

El 17 de enero de 1961, menos de seis meses después de convertirse en primer ministro de la RDC, Lumumba fue asesinado en Katanga, y el proceso político que él lideraba se desmovilizó. Las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, consideraron que los cerca de 100.000 congoleños muertos en los conflictos que siguieron de 1961 a 1967 y la sangrienta dictadura del gobierno títere de Mobutu Sese Seko de 1965 a 1997, eran un pequeño precio a pagar en la Guerra Fría, en la que las materias primas estratégicas del Congo daban a las potencias de la OTAN una ventaja decisiva sobre la Unión Soviética (New York Times, 1964, 1977).

Sin embargo, el pueblo congoleño, que pagaba este “precio”, opuso una resistencia generalizada, a la cual las autoridades respondieron con más derramamiento de sangre. Por ejemplo, durante los levantamientos contra la dictadura de Mobutu en la década de 1960, liderados por Pierre Mulele, los rebeldes tomaron ciudades industriales como Kolwezi e invitaron a lxs trabajadorxs a formar tribunales y a identificar a los gerentes y capataces que les habían maltratado. En ocasiones, los juicios eran seguidos de ejecuciones sumarias (Verhaegen, 1966: 104-116, 415-481). Cuando las fuerzas de Mobutu retomaron las ciudades industriales, a menudo con la ayuda de mercenarios blancos de Europa y Estados Unidos, la población local y lxs trabajadorxs industriales que se habían aliado con los rebeldes fueron masacrados en masa, junto con sus familias (New York Times, 1977; Verhaegen, 1971: 499-589). Solo aquellos que huyeron antes de la llegada de las tropas de Mobutu escaparon de la carnicería.

Durante la última década del reinado de Mobutu, un periodo en el que la clase trabajadora industrial mundial iba en aumento, la intervención militar y la expansión política de los vecinos Ruanda y Uganda sumieron a la región de los Grandes Lagos en la guerra. Este clima incrementó el saqueo de los recursos por parte de las empresas transnacionales, agravado aún más por la decadencia del Estado bajo Mobutu y la migración provocada por el genocidio ruandés de 1994 y, a su vez, el saqueo desenfrenado de las riquezas del Congo alimentó los conflictos violentos (Nzongola-Ntalaja, 2007; French, 1997; van Reybrouck, 2015: 426-462).

El intento de las y los congoleños de establecer la soberanía de su nuevo Estado y luchar por su dignidad transformando la sociedad colonial que moldeaba sus vidas, fue frustrado por la reconquista de Occidente. Esta estructura neocolonial se mantuvo durante la dictadura de Mobutu Sese Seko (1965-1997) y luego con los gobiernos posdictadura —a pesar de sus diferentes orientaciones políticas— de Laurent-Désiré Kabila (1997-2001), Joseph Kabila (2001-2019) y Félix Tshisekedi (2018- al presente). A pesar de los nombres de los partidos políticos de los tres últimos presidentes congoleños – Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo/Zaire, Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia, y Unión para la Democracia y el Progreso Social – la RDC ha visto poca democracia, reconstrucción o progreso social genuino.

Un verdadero infierno

En 2018, la República Democrática del Congo (RDC) fue responsable del 71% de la producción mundial de cobalto utilizado en teléfonos celulares, computadoras y vehículos eléctricos (Bokamba y Bokamba, 2022). Cada teléfono celular contiene aproximadamente 6,5 gramos de cobalto, las computadoras tienen 3 libras y cada batería de automóvil eléctrico contiene 30 libras de este mineral. A medida que más dispositivos mecánicos adoptan baterías eléctricas, desde batidoras de cocina hasta sopladores de nieve, la dependencia mundial del cobalto y la mano de obra congoleña aumenta. Dado que las baterías eléctricas que contienen más cobalto que litio son menos propensas a explotar o incendiarse, y dado que los vehículos eléctricos a batería se comercializan como una alternativa “verde”, las multinacionales del sector se fijan cada vez más en el cobalto como recurso estratégico para aumentar sus ganancias futuras.

Sin embargo, este mineral —y la supuesta alternativa verde que representa— está manchado con el sudor y la sangre de casi medio millón de hombres, mujeres y niños congoleños que lo extraen. Ya sea como empleados directos de empresas o como mineros “artesanales”, trabajan en minas a cielo abierto y en pozos peligrosos de al menos 19,7 metros de profundidad, expuestos a derrumbes, deslizamientos de tierra y la repentina pérdida de oxígeno debido al fuego utilizado para calentar el mineral. La mayoría de los empleados directos están equipados con algún equipo de seguridad y maquinaria, aunque insuficiente, mientras que a la mayoría de los mineros artesanales solo les queda la fuerza de sus manos para extraer este valioso metal (Sanderson, 2019).

Aunque el trabajo de las y los mineros artesanales es crucial para la producción de las multinacionales, estas empresas apenas compensan a los mineros por su contribución a sus ganancias. Por ejemplo, durante la última década, Glencore los ha alentado a trabajar en sus concesiones arrendadas para aumentar la producción de cobalto. Sin embargo, durante este período, el precio que les pagan se ha desplomado de 40 dólares la libra a 13,50 dólares la libra.²

El salario real de todas las personas que trabajan como mineros de cobalto, ya sea que trabajen de manera independiente o estén en la nómina de una empresa, apenas supera el salario de los mil millones de personas más pobres de 1 o 2 dólares al día.

Según estimaciones de UNICEF de 2014, 40.000 de estos mineros artesanales son niñas y niños de apenas ocho años, aunque las cifras del Gobierno congoleño y de las empresas mineras sugieren que esta cantidad subestima drásticamente la verdadera magnitud de la situación (Amnistía Internacional, 2016: 28; Reuters, 2015; Sweeney, 2012; Doherty, 2017). Estos niños se ven obligados a trabajar debido a que sus padres no tienen empleo formal y a menudo no pueden costear alimentos o gastos escolares (Amnistía Internacional, 2016). Junto con las mujeres mineras, constituyen el segmento más vulnerable de la fuerza laboral y tienen más probabilidades de sufrir mutilaciones o perder la vida. Además, muchos de los niños que laboran en las minas consumen alcohol y tabaco en exceso y reciben como única remuneración comida y un lugar para dormir. Como relata Yanick Kalumbu Tshiwengu, quien comenzó a trabajar en las minas a los once años: “Fue un verdadero infierno. Presenciamos cosas que ningún niño debería ver. Había una cultura de violación y violencia. Las niñas eran con frecuencia víctimas de abusos que, como niños, no podíamos evitar. A veces, se perdían vidas por unos pocos francos” (Gordon, 2019).

Una vez que los mineros artesanales extraen el cobalto a la superficie, el mineral debe ser lavado, triturado, clasificado y embolsado en sacos de 25 o 50 kilos, en un proceso conocido como droumage, el cual suele ser realizado por mujeres, niñas y niños. En la mayoría de los casos, trabajan de pie en las aguas contaminadas del lago Malo, cerca de Kolwezi, que les llegan hasta la cintura. Las mujeres embarazadas que realizan droumage suelen absorber toxinas que provocan que sus hijxs nazcan con discapacidades o deformidades (WILPF, 2016). Además, la exposición prolongada al polvo de cobalto puede ocasionar enfermedades pulmonares por metales pesados, potencialmente mortales, y la inhalación de partículas de cobalto durante varias horas al día puede causar dificultad respiratoria, disminución de la función pulmonar, asma y dermatitis crónica.

Entre el saqueo multinacional y las inversiones chinas

Menos de una década después que el gobierno congoleño nacionalizara todos los derechos mineros y minerales (en 1966) y luego la Union Minière (en 1967), los países del Sur Global se vieron presionados por las instituciones financieras internacionales a privatizar sus sectores mineros nacionalizados a medida que el neoliberalismo se extendía por todo el planeta durante la década de 1970. En la RDC, aunque la presión del FMI y el Banco Mundial condujo a los inicios de la privatización en la década de 1980, no fue hasta más tarde, con el código minero de 2002, cuando esta tendencia comenzó a devastar la economía, en gran parte debido a la agitación política y el periodo de guerra que definieron el país de 1996 a 2003. La debilidad del Estado debido a esta guerra, la insensibilidad de los nuevos dirigentes políticos de Kinshasa y los consejos del Banco Mundial empujaron a la RDC a ofrecer acuerdos ventajosos para las multinacionales mineras a costa de su población.

En 2002, el nuevo código minero en la RDC proporcionó a las empresas extranjeras —todas ellas estadounidenses y europeas— un régimen tributario favorable, incentivos para la exploración, una puerta abierta a los beneficios de los expatriados y el derecho a eludir la normativa laboral y medioambiental. El código prohibía las enmiendas durante diez años y contenía una cláusula según la cual cualquier cambio en el régimen tributario no podría entrar en vigor hasta 2022. La Comisión Lutundula de 2005 reveló posteriormente que el entonces presidente Joseph Kabila y otros funcionarios actuaron en secreto en connivencia con las empresas para recibir pequeñas ganancias personales, que palidecían en comparación con las enormes ventajas concedidas a las compañías extranjeras.³

En una reunión del Banco Africano de Desarrollo celebrada en diciembre de 2008, el entonces presidente de Botsuana Festus Mogae afirmó que las exenciones tributarias y de cánones concedidas a las multinacionales mineras impedían a los Estados africanos retener una parte justa de las ganancias derivadas de la extracción de recursos, por lo que, continuó, “es necesario renegociar algunas de ellas” (2019). En 2011, la RDC intentó revisar el código minero, pero ese intento solo proporcionó más beneficios a las empresas extranjeras.

La entrada del Estado chino y de empresas privadas chinas en África durante las dos últimas décadas ha supuesto una competencia contra los países del Norte Global y sus empresas mineras. Esta fue la primera vez que estas corporaciones multinacionales se enfrentaron a una competencia directa, un cambio que proporcionó el espacio para que el gobierno congoleño modificara el código minero en 2018 en términos más beneficiosos. Este nuevo código eliminó la “cláusula de estabilidad” que garantizaba a las empresas mineras una protección de diez años, aumentó las tasas de regalías del Estado congoleño para los metales no ferrosos y básicos (como el cobalto y el cobre) del 2% al 3,5%, y permitió que las tasas de regalías se elevaran al 10% para sustancias estratégicas como el coltán y el litio (2018; UNCTAD, 2018). Además, el Estado chino entró en el mercado africano con un programa de desarrollo muy diferente de las campañas de presión emprendidas por los gobiernos del Norte Global, como veremos.

Las empresas chinas, respaldadas por líneas de crédito de bancos chinos, comenzaron a adquirir importantes yacimientos de cobalto, llegando a controlar 15 de los 17 complejos mineros de la RDC. En el debate sobre el extractivismo, el Norte Global, centrado en sus propios intereses, ha dirigido la atención hacia el papel de China en la región, como el mayor consumidor mundial de cobalto, utilizando casi el 80% de este recurso en su industria de baterías recargables (Cheng, Zhang, Xu, 2020). Sin embargo, lo que a menudo se omite en esta discusión es que, como principal país fabricante del mundo, China emplea minerales y metales congoleños para la producción de bienes que se consumen en todo el planeta, incluida la RDC y el Norte Global.

Por lo tanto, los intereses chinos radican en mantener el procesamiento de minerales y metales dentro de la RDC y en construir una base industrial para el país. Esta política difiere de la agenda promovida por el FMI para la RDC. En respuesta al fortalecimiento de los lazos entre la RDC y China, el gobierno de Estados Unidos utilizó su influencia sobre el FMI para socavar el intento de la RDC de renegociar un acuerdo con Sicomines. Ésta es una empresa conjunta entre China Railway Group y Power Construction Corporation of China, conocida como PowerChina, siendo sus principales accionistas, junto con Zhejiang Huayou Cobalt, con una participación del 1%, y la empresa minera estatal de la RDC Gécamines, con una participación del 32% (Kavanagh, 2024).

Poco después que el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, asumiera el cargo en enero de 2019, planteó la necesidad de renegociar un acuerdo entre la RDC y China en 2008 que designaba US$ 6 mil millones de Sicomines para financiar proyectos de infraestructura locales. ¿Por qué Tshisekedi intentaría poner en peligro US$ 6 mil millones en financiamiento para la infraestructura? Porque los donantes occidentales y el gobierno de EE. UU. lo estaban utilizando como motivo para profundizar su sabotaje de la economía de la RDC, con el fin de castigar al país por su creciente proximidad a China. Justo después de que se firmara el acuerdo de 2008, los donantes occidentales, que tenían la mayor parte de la deuda externa de la RDC, retuvieron US$ 11 mil millones en alivio de la deuda para la RDC (Jopson, 2009). El entonces embajador chino en la RDC, Wu Zexian, criticó esta llamada a la renegociación como “chantaje” (Jopson, 2009). Cuando la RDC se negó a aceptar la demanda de los donantes, el FMI—respaldando a los donantes— – dijo que el acuerdo con Sicomines debía ser renegociado antes de que pudiera haber una discusión sobre un mayor alivio de la deuda. La secretaria de Estado de EE. UU. en ese momento, Hillary Clinton, viajó a Kinshasa para discutir la situación con el gobierno del presidente Joseph Kabila, y poco después, el acuerdo fue modificado para aceptar solo la mitad del financiamiento de Sicomines (Voice of America, 2009; Katwala, 2009). El Banco Exim de China, principal financiador del acuerdo se retiró debido a desacuerdos con las condiciones del FMI, lo que dejó a Sicomines sin un convenio de financiamiento estable en una etapa en la que no se habían iniciado operaciones mineras y, por lo tanto, no se generaban ingresos. Esto explica en parte por qué los proyectos se estancaron. Desde la enmienda, se ha desembolsado menos de un tercio de la asignación revisada de US$ 3 mil millones para infraestructura, influenciada por el acuerdo del FMI de 2009.

Consciente de que el acuerdo seguía sobre la mesa, el presidente Tshisekedi reabrió las conversaciones con China en 2019. El 20 de enero de 2024, la RDC finalizó la renegociación de su contrato de minerales por infraestructura con China, que aportaba un financiamiento de US$ 7 mil millones. El acuerdo tiene su origen en una empresa conjunta para la extracción de cobre y cobalto entre Gécamines (la compañía minera estatal de la RDC) y Sicomines. Según Bloomberg, como parte del acuerdo, Gécamines recibirá regalías del 1,2% sobre los ingresos de Sicomines y el derecho a comercializar el 32% de su producción (Kavanagh, 2024). Además, el acuerdo renegociado de 2024 actualizó la financiación para centrarse en la construcción de carreteras nacionales. Esto es clave no solo para el funcionamiento del sector minero, sino también para el bienestar de la población congoleña, ya que la RDC tiene menos carreteras asfaltadas para todo tipo de clima que cualquier otro país de su tamaño en África (a modo de comparación, Arabia Saudí, cuya superficie es aproximadamente igual, pero está habitada por menos de la mitad de la población de la RDC, tiene 20 veces más carreteras asfaltadas). El acuerdo también garantizó a la RDC una participación del 40% en la central hidroeléctrica de Busanga, un proyecto conjunto de ambos países construido por empresas chinas (Kavanagh, 2024).

Amenazado por las renegociaciones, el gobierno de los Estados Unidos intervino para socavarlas. Según Africa Intelligence, Estados Unidos inició un programa que supuestamente tenía como objetivo fortalecer los esfuerzos anticorrupción y reformar la legislación minera en la RDC, desplegando un equipo de expertos en la oficina del presidente de la RDC y los ministerios pertinentes a principios de 2020 (Liffran, 2021).

Además, como parte de un esfuerzo más amplio para garantizar el acceso al alivio de la deuda de los donantes occidentales mediante la “mejora” de la gobernanza, la administración de Tshisekedi contrató al bufete de abogados estadounidense Baker McKenzie a fines de 2019 y planeó contratar expertos legales estadounidenses para llevar a cabo auditorías anticorrupción, que serían respaldadas financieramente por los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos (esto no se declaró de manera transparente, siendo la única declaración pública que estas auditorías serían financiadas por “terceros”) (Liffran, 2021). Los consultores se centraron en Sicomines e ignoraron los problemas más generales de la industria minera.

Al anunciarse la finalización de la renegociación de la RDC en 2024, Estados Unidos —descontento con el resultado— aceleró los debates en torno al proyecto Lobito Port, una iniciativa de infraestructura impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea que abarca la RDC, Angola y Zambia. Se trata de un corredor que pretende facilitar el transporte de minerales desde la región hasta los mercados comerciales mundiales a través del puerto angoleño de Lobito (Livingstone, 2024; Africa Intelligence, 2024). El proyecto tampoco está diseñado para beneficiar a la población de la RDC, sino para contrarrestar el rol del capital chino en la RDC y garantizar la longevidad de las empresas del Norte Global en el sector minero del país. Ninguna de las recientes “preocupaciones” del Norte Global por el bienestar del pueblo congoleño ha abordado su propio papel en el fomento de la violencia por los recursos en la región africana de los Grandes Lagos.

Como dijo Amos Hochstein, asesor principal de Biden en materia de energía e inversiones, “un vehículo eléctrico es esencialmente una batería, y lo que hay en la batería es África. No hay tiempo que perder”, añadió Hochstein; “hemos estado ausentes de la escena durante demasiado tiempo” (Hill, 2024). En otras palabras, el corredor, junto con otros proyectos como la Asociación para la Infraestructura e Inversión Globales iniciada por Estados Unidos (un intento de desafiar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta liderada por China), forman parte de la estrategia geopolítica estadounidense para contrarrestar a China. Con el abandono de los combustibles fósiles en favor de la energía eólica, solar y eléctrica, el Congo seguirá estando en el centro del debate.

Curiosamente, cuando las empresas chinas empezaron a sustituir a las empresas mineras del Norte Global y cuando las inversiones chinas comenzaron a construir nuevas infraestructuras, surgió en el Norte Global una oleada de interés por la explotación de lxs trabajadorxs de la RDC. Este interés ignora las graves violaciones cometidas por las empresas del Norte Global y finge preocupación por el bienestar del pueblo congoleño para favorecer intereses geopolíticos. Cuando la empresa privada china CMOC (China Molybdenum Company Limited), que produce minerales clave para la tecnología verde, compró la mina Tenke Fungurume a la empresa minera estadounidense Freeport-McMoRan en 2016, aumentó el temor en el aparato estatal estadounidense de que China controlara todos los elementos clave de la “tecnología verde” (Gulley, McCullough y Shedd, 2019: 317-232).

Ante su impotencia para impugnar la compra por parte de China, EE.UU. se movió en dos direcciones: deslegitimar las intervenciones de China en África mediante quejas sobre la explotación china del trabajo infantil y presionar políticamente a los gobiernos africanos para que rompieran vínculos con China (2023). Esto demuestra el interés de Estados Unidos y sus aliados por asegurar sus intereses económicos y geopolíticos resucitando las tácticas de la Guerra Fría.

La intervención de Estados Unidos en el continente africano para impulsar su propio proyecto y mantener la hegemonía queda aún más ilustrada por el tenor de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África de diciembre de 2022, en ella, los gobiernos de la RDC y Zambia firmaron un acuerdo con Estados Unidos para desarrollar una cadena de valor de vehículos eléctricos en sus países, desde la minería hasta la cadena de montaje (Departamento de Estado de EE. UU., 2023)⁴

. Sin embargo, cabe señalar que los dos países africanos ya habían firmado un acuerdo entre sí en abril de 2022 para establecer una cadena de valor para fabricar baterías eléctricas (Mulenga, 2022).  El nuevo acuerdo, anunciado con bombos y platillos, no tenía tanto que ver con la coordinación entre la RDC y Zambia o las necesidades del pueblo africano, sino con el intento de bloquear a China en el continente africano y garantizar el flujo de recursos bajo el control de las empresas del Norte Global.

El Congo no está en venta

En junio de 2005, la Comisión Lutundula, dirigida por el parlamentario congoleño Christophe Lutundula, presentó un informe sobre su investigación de los contratos mineros y empresariales firmados en la RDC entre 1996 y 2003, un periodo marcado por el intenso conflicto derivado de la Segunda Guerra del Congo (1998-2003) (Gobierno de la RDC, 2006). La comisión descubrió que muchos contratos eran ilegales o desfavorables para el desarrollo del país e instó a rescindir o renegociar 16 contratos, además de investigar a 28 empresas y 17 particulares por infracciones legales. En las conclusiones se implicaba tanto a altos cargos políticos como a ejecutivos de empresas. Pese a que el informe proponía una moratoria inmediata de los nuevos contratos y pedía que se ampliaran las facultades de investigación, el Estado firmó nuevos acuerdos mineros con una supervisión mínima.

En 2017, la RDC creó la Autoridad Reguladora de la Subcontratación en el Sector Privado (ARSP) para cumplir los términos del código minero de 2002. La creación de la ARSP es una señal del intento de la RDC de hacerse con el control de los minerales y metales del país y poner fin al saqueo de sus riquezas que se viene produciendo desde hace tiempo. En 2023, la ARSP —que ahora sigue el código minero de 2018— sancionó a varias empresas, entre ellas Bolloré, Deloitte, G4S, Havas y Huawei, y abrió investigaciones a Eurasian Resources Group, Glencore, Ivanhoe, Kibali (Barrick Gold) y Primera por violar las leyes de subcontratación (Tricontinental, 2019). El 22 de febrero de 2024, la ARSP citó a tres subcontratistas chinos (CRSN, Synohydro y Bangde Construction) por remitir pagos al extranjero, lo que les inhabilita para operar en la RDC (aunque seguirán trabajando hasta que empresas locales puedan hacerse cargo de ellos) (Copperbelt Katanga Mining, 2024; Africa Business Plus, 2023, 2024).

El Director General de la ARSP, Miguel Kashal Katemb, un experimentado hombre de negocios con trayectoria en varios países africanos, argumentó que las empresas sancionadas no cumplían los criterios de elegibilidad y no contribuían adecuadamente a los ingresos fiscales del país (s.f.). Según Katemb, estas empresas deberían ser reemplazadas por otras de propiedad congoleña, que retendrían las ganancias localmente, crearían nuevas oportunidades de empleo e incluso podrían iniciar un proceso de establecimiento de la soberanía nacional sobre los recursos. Aunque estas políticas representarían un avance, las élites de la RDC serían las mayores beneficiarias dadas las jerarquías sociales del país (Copperbelt Katanga Mining, 2023).

Este tipo de política de clases, en la que ciertas acciones parecen beneficiosas para el país, pero enriquecen principalmente a una sofisticada red de parientes y amigos del presidente, está muy extendida en la RDC. Por ejemplo, aunque el país firmó en 2022 un acuerdo con el multimillonario israelí y antiguo magnate minero sancionado, Dan Gertler para recuperar activos mineros y petrolíferos congoleños por valor de más de 2.000 millones de dólares que eran propiedad de su empresa Ventura Group, la falta de transparencia sobre los detalles del acuerdo suscitó preocupación por un posible nuevo ciclo de corrupción (Fabricius, 2022; CNPAV). Las redes familiares de la élite política de la RDC siguen actuando como compradores de las empresas multinacionales, llevando a cabo actividades transaccionales que las favorecen en lugar de mejorar las capacidades productivas del país para su modernización (Liffran, 2024). Un ejemplo notable de esta dinámica se da en Sicomines, donde el hijo del presidente, Anthony Tshisekedi, fue nombrado miembro del consejo de administración de la empresa, a pesar de carecer de experiencia minera (Liffran, 2024).

Lo que quiere el pueblo congoleño

En la actualidad, la lucha del pueblo congoleño se ha centrado en establecer la soberanía sobre su territorio y garantizar la dignidad humana. Esta lucha por la liberación no puede librarse únicamente a escala nacional, dado que las fuerzas que mantienen a lxs congoleñxs en la esclavitud operan a escala mundial. En una época de panafricanismo renovado que está transformando África Occidental, resuena profundamente el recordatorio de Frantz Fanon en Hacia una revolución africana de que “el destino de todos nosotros está en juego en el Congo” (Fanon, 1964: 197). Nuestro dossier se cierra con las propuestas de jóvenes activistas congoleños que han identificado ocho categorías clave para construir su camino hacia la libertad.

La tierra: La tierra congoleña debe protegerse y utilizarse teniendo en cuenta los intereses del pueblo congoleño. Garantizar el sustento de su población, la soberanía alimentaria y la seguridad humana debe ser una prioridad mayor que el extractivismo. La desmilitarización de la tierra es clave para acabar tanto con la violencia generalizada como con los desplazamientos humanos. Para ello, primero hay que deconstruir la visión capitalista de la tierra como mercancía en venta y sustituirla por un énfasis en el valor ancestral de la tierra centrado en el bienestar de todos sus habitantes.

Desarrollar la autonomía económica: Los recursos congoleños deben ser controlados por el pueblo congoleño con el objetivo de fortalecer la sociedad y resistir la presión de las instituciones financieras internacionales. Los beneficios de las riquezas naturales del país deben reinvertirse para desarrollar las industrias manufactureras locales y fomentar la autonomía nacional y la autosuficiencia en ámbitos como la agroindustria y la tecnología. Debemos planificar con audacia proyectos económicos a más largo plazo y de mayor envergadura que puedan impulsar una transformación a gran escala en beneficio del país.

Sociedad: Empecemos a reinventar las relaciones sociales proponiendo soluciones para reconstruir el contrato social que nos une. Debemos reintroducir una cultura de respeto de los derechos humanos defendiendo los principios tradicionales de igualdad, conocidos como ubuntu.

Justicia estatal: Hay que promover una gobernanza justa en las instituciones nacionales, como la presidencia, la asamblea nacional y los tribunales. Lxs dirigentes deben aplicar la ley con imparcialidad, de acuerdo con la Constitución y las expectativas legítimas del pueblo.

Dignidad: Debemos reclamar y sanar nuestros corazones y mentes, organizarnos de forma responsable y abrazar el autosacrificio para promover los objetivos de la comunidad. Nuestro movimiento debe aumentar la confianza en nuestra capacidad, como pueblo congoleño —en particular la juventud congoleña— para cambiar y mejorar la RDC.

Pensamiento crítico: Es importante desarrollar nuestra inteligencia colectiva para responder a los retos que se nos plantean con ideas claras. Nuestro sistema educativo debe enseñar sistemas de conocimiento integrales basados en el pensamiento científico que incluyan aportes valiosos de las sociedades africanas, pasadas y presentes.

La producción y difusión de la cultura patriótica congoleña: Debemos ilustrar la visión del Congo y del mundo en el que queremos vivir a través de las artes, la cultura, los deportes y todas las actividades en las que participamos, las que deben estar disponibles en nuestras lenguas locales. A través del liderazgo colectivo, debemos desarrollar valores comunes basados en la toma de decisiones inclusiva para reformar nuestra cultura.

Organizar colectivos ciudadanos: El código de conducta que creemos debe aplicarse en el Congo y en las comunidades de la diáspora a través de colectivos ciudadanos. Dondequiera que estemos, debemos crear lugares para reunirnos, debatir y colaborar.

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Notas

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Referencias bibliográficas