Nuevas derivas del extractivismo ante las turbulencias latinoamericanas y globales: siete tendencias relevantes

Por Emiliano Teran Mantovani.

(Publicado en Huella del Sur)

Introducción

América Latina y el Caribe siguen marcadas por el devenir histórico del extractivismo, que no es apenas un tipo de actividad basada en la extracción masiva de los llamados ‘recursos naturales’, sino todo un régimen que ha configurado y moldeado nuestras sociedades, nuestra política, nuestros territorios, cuerpos, imaginarios y ecosistemas. Después de más de cinco siglos, la condición (neo)colonial de ser fundamentalmente ‘exportadores de naturaleza’ para el mercado mundial persiste, mientras seguimos siendo los receptores de terribles pasivos ambientales.

La primera década del siglo XXI latinoamericano estuvo determinada por una notable expansión del extractivismo, que cabalgó sobre el extraordinario boom de las materias primas. Fue en este contexto que se produjo una oleada de gobiernos progresistas, que en su momento despertaron gran entusiasmo social y político y que se presentaron como proyectos de cambio social y de los modelos de desarrollo. Este artículo no se propone profundizar en los aportes y limitaciones que se expresaron en el ‘ciclo progresista’ en la región, pero sí es necesario destacar 5 de sus principales secuelas que hoy, constituyen parte de los antecedentes de los nuevos escenarios políticos y del extractivismo que enfrentamos en esta tercera década del siglo.

Primero, a pesar de manifestar sus diferencias con los gobiernos conservadores y neoliberales del pasado y del presente, los gobiernos progresistas mantuvieron sin excepciones el estilo e imperativo extractivista, asociados además al fortalecimiento de sectores del capital nacional y transnacional. Hay en este sentido, varios patrones de continuidad y semejanza estructural entre progresistas y conservadores/neoliberales que deben ser subrayados. Segundo, los primeros incluso profundizaron el modelo, en algunos casos a niveles que sus antecesores no habían alcanzado –como vimos con el auge del agronegocio en el gobierno de Evo Morales[1] en Bolivia y la apertura minera sin precedentes con Rafael Correa en el Ecuador[2]. Tercero, las cifras macroeconómicas de inicios de la segunda década de este siglo son claras y contundentes: se intensificó la dependencia de nuestras economías a las llamadas materias primas[3], consolidándose un proceso de reprimarización, lo que iba en contravía a una idea de ‘independencia’ que fue muy utilizada en la narrativa de estos gobiernos. Cuarto, este extractivismo progresista generó tremendos impactos socioambientales en sus países, con la expansión de la deforestación y contaminación, el avance hacia nuevas fronteras de extracción y la re-colonización de territorios, así como la afectación de miles de personas, campesinos, indígenas, afrodescendientes o habitantes de barrios populares. Quinto, y en consecuencia, esto provocó grandes conflictos con estos pueblos, comunidades y organizaciones sociales, muchos de los cuales llegaron a desarrollar importantes movilizaciones y resistencias, algunos tuvieron impacto nacional y generaron descontentos incluso en parte de los seguidores de estos gobiernos.

Hacia finales de la segunda década del siglo XXI se estaban haciendo claros los síntomas de agotamiento y declive de este período progresista. Junto a estas secuelas reciente mencionadas, se evidenciaron retrocesos respecto a anteriores políticas de inclusión y asistencia sociales; el achicamiento del espacio político de participación popular y procesos de desmovilización social; y paulatinos giros conservadores en sus alianzas, orientaciones y respecto a sus promesas de transformación. La progresiva degradación del MAS en Bolivia –que terminaría con graves divisiones internas, hasta llegar al fin de casi 20 años en el poder con su derrota electoral en las presidenciales de octubre 2025−, o la inclinación del peronismo más hacia el centro con el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que reivindicaba un “liberalismo progresista”, fueron ejemplos de esto; aunque también se deben destacar las expresiones más regresivas y decadentes en los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. Todo este largo proceso de declive fue al mismo tiempo generando grandes desilusiones en buena parte de la sociedad, lo que en parte ayuda a comprender el crecimiento y fortalecimiento de sectores y líderes políticos de derechas y extremas derechas (destacando las presidencias de Jair Bolsonaro en Brasil; en Argentina, primero Mauricio Macri y años posteriores Javier Milei; Nayib Bukele en El Salvador; o en Ecuador, los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa), que le van a dar parte de su tonalidad a un nuevo período político en América Latina.

Estos factores se han combinado con la fragilidad económico-estructural propia de los países de la región que, antes que evidenciar economías en expansión, ha mostrado una evolución volátil y de bajo dinamismo, marcada por factores de shock globales como la pronunciada caída de los precios de los commodities a partir de 2014 o la pandemia de COVID19[4].

El nuevo período latinoamericano, que podríamos examinar en el lapso 2015-2025, antes que solo un ‘oleada de tendencias de derecha’, o en cambio, lo que algunos llegaron a catalogar como el surgimiento de un ‘segundo ciclo progresista’ del siglo XXI[5] –debido a la llegada de Pedro Castillo (Perú), Andrés Manuel López Obrador (México), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), el retorno de Lula da Silva (Brasil), o las continuidades del MAS con Luis Arce (Bolivia)−; en realidad no queda marcado por una sola línea o tendencia política particular, ni una correlación de fuerzas consolidada. Lo que en cambio parece determinar este tiempo es una gran inestabilidad, de flujos y reflujos veloces, con severas crisis económicas como en la Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia o Haití; crisis políticas como en Perú; o de ‘seguridad’, como ocurre en el Ecuador; y con variados estallidos y ciclos de protestas populares muy relevantes, como vimos en los años 2018-2019 en varios países latinoamericanos (como Nicaragua, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros), que han venido atenuándose después de la pandemia.

Dicha inestabilidad está también determinada por las dinámicas de la crisis global, con el agravamiento de la crisis ambiental, la sucesión de eventos climáticos extremos –que también han golpeado a la región− y una escalada de confrontaciones bélicas no vista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial[6], entre otros factores.

De modo panorámico, es posible señalar que la actual fase regional es de notables regresiones políticas, de debilitamiento de lo público y de un aumento de formas de desregulación económica, que está teniendo importantes y múltiples impactos. A continuación, voy a examinar con más detalle las continuidades y nuevas derivas del extractivismo, a la luz de estas más recientes tendencias, que suponen extraordinarios desafíos para el campo popular, los territorios y la naturaleza. Destaco 7 tendencias relevantes: consensos pragmatistas, auge de autoritarismos y estados de excepción, nuevas expresiones de la geopolítica de los recursos, foco minero y minerales críticos, nuevos escenarios del petróleo, el crimen organizado en el extractivismo, y la expansión de proyectos de ‘economía verde’. Aunque es crucial, no se aborda el ámbito del agronegocio. Veamos

II. Nuevas derivas del extractivismo: siete tendencias relevantes

II.I Consenso pragmatista, extractivismo incuestionable

En el nuevo período que vivimos ha cambiado el clima político, y en general, las narrativas y propuestas más críticas de los gobiernos de la región se han venido disipando y desdibujando. Pasamos de los discursos grandilocuentes del cambio sistémico vinculado al Socialismo del Siglo XXI, de la efervescencia del poder popular y los experimentos de transformación, de la retórica del antiimperialismo y el proyecto de regionalismo alternativo, y de la promoción de los derechos de la Pachamama; a un entorno de reflujo y de progresismos moderados y conciliatorios. No se anuncian ya antagonismos con el sistema ni con las clases económicas poderosas; se abraza explícita o implícitamente al capitalismo; se apunta básicamente a la aplicación de reformas. Lo que prevalece es un notorio pragmatismo en el que, en diversos grados y formas, se terminan de engavetar las críticas más profundas al status quo y se aplanan los programas políticos, despachando los propósitos de transformación.

Esto se ha visto con claridad en gobiernos como el de Boric, quien en lo concreto desarrolló cada vez más alianzas con grupos de la Concertación y medidas que estuvieron cada vez más distantes de las demandas del estallido de 2019, lo que se fue intensificando desde la derrota en el plebiscito por una nueva Constitución. Similar cuestión se evidenció en el gobierno de López Obrador (AMLO), también con alianzas amplias con el capital para favorecer aspectos comerciales a pesar de las controversias que esto causó con sectores de las bases de Morena; en el retorno de Lula da Silva, que también amplió sus coaliciones −y sus negociaciones con el Congreso−, incluyendo con fuerzas conservadoras y antiguos aliados de Bolsonaro, e impulsó medidas económicas elogiadas por los mercados; o en el gobierno mucho más técnico de Luis Arce (en comparación con el de Evo Morales), enfocado a la eficiencia estatal y la estabilización macroeconómica.

Esta ola de pragmatismo es también un efecto de los malos resultados económicos que produjeron las estrategias de estatización masiva y el uso clientelar masivo de las rentas; de los procesos progresivos de desmovilización y de debilitamiento de las capacidades de acción de las bases sociales; y de la búsqueda prioritaria de gobernabilidad y reducción de las turbulencias, en pro de alcanzar la mayor estabilidad económica posible.

Todo esto iba coincidiendo con los tradicionales y comunes enfoques pragmáticos en los sectores de derecha[7], orientados más a los resultados económicos, políticos y de seguridad, antes que a las reivindicaciones sociales. Esto se ha intensificado especialmente en este período analizado, de la mano del crecimiento de las extremas derechas y los neoconservadurismos en la región y el mundo, las cuales han irrumpido abiertamente y sin rubor alguno contra todas las nociones de derechos sociales y ambientales y los protocolos democráticos, mientras enarbolan la resolución de los problemas de seguridad y políticos a través de la ‘mano dura’, despachando el abordaje de las causas sistémicas de los problemas y adjudicándoselos a la existencia de particulares enemigos que deben ser combatidos o eliminados[8].

En este marco general, el extractivismo ha quedado aún menos en cuestión. Para extremas derechas como la de Javier Milei, la política se ha orientado a desarticular la institucionalidad y las reivindicaciones de lo ambiental, vulnerar aún más la defensa de los pueblos indígenas, posicionar el negacionismo climático como verdad, y dar rienda suelta a los proyectos extractivos programados, en forma desinhibida y sin regulaciones ambientales[9]. Esto fue muy similar en el caso de Bolsonaro, quien le declaraba la guerra a lo ambiental y lo indígena, desmontaba políticas de protección de la naturaleza e incentivaba el agresivo avance de los grupos ‘ruralistas’, la minería y los sectores madereros[10]. Este avance negacionista y abolicionista de lo ambiental ha tenido un impacto en el conjunto de los sentidos comunes de la política, donde se va normalizando esta forma disruptiva de hacer política, y se desplazan los mecanismos de contención del extractivismo. Esto, por un lado, se va viendo en otros gobiernos, como el de Noboa que fusionó el ministerio del ambiente con el de energía y minas –subordinando en lo fáctico el primero al segundo−, lo que está en consonancia con su política de achicamiento del Estado. O de Rodrigo Cháves en Costa Rica, que rompe con la considerada tradición ambientalista del país, reduciendo fondos al sistema de áreas protegidas, planteando la protección ambiental como un ‘obstáculo al desarrollo del país’, y promoviendo en sus discursos la posibilidad de abandonar la emblemática moratoria para la exploración y explotación petrolera[11].

Por otro lado, el fenómeno tiene también un impacto en los sectores de la sociedad que apoyan a estos gobiernos, que pueden ser o son influidos por estas concepciones, promoviendo cambios de perspectiva y cultura política favorables a la inobservancia de los derechos, lo que plantea enormes desafíos para la reivindicación ambiental y la transformación post-extractivista en la región.

Para los progresismos pragmatistas, el cuestionamiento al extractivismo no tiene cabida y el asunto ambiental va en franco retroceso respecto a años anteriores. Además, ante el avance de derechas extremas, estos refuerzan el argumento de que hay ‘resistir con lo que hay’ y ‘atrincherarse’ para evitar que aquellas lleguen al poder, haciendo que críticas al extractivismo sean aún menos tomadas en cuenta, mucho más si este es la fuente de sustento económico de sus estructuras de poder y gobernabilidad. Por citar ejemplos de estas expresiones, en el gobierno de López Obrador se generó una degradación de la importancia del tema ambiental y se disminuyeron los presupuestos a instituciones de este ámbito[12], mientras se impuso a las comunidades locales el megaproyecto estrella de la “4T”, el llamado “Tren Maya”. Por su parte, a pesar de la oposición de ambientalistas, el gobierno de Lula a través del IBAMA (Instituto de Medio Ambiente) llegó a autorizar en mayo de 2025 la concesión de licencias petroleras para el Bloque 59 en el Foz do Amazonas, una zona ecológicamente muy delicada en la desembocadura de este importante río. Para octubre se dio luz verde a la perforación de un pozo en dicho bloque. La medida puede abrir a la expansión petrolera en la Amazonía: otros 34 bloques ya han sido adjudicados a empresas, y para junio se planteaba la subasta de 47 bloques en la misma cuenca (y más de 330 en todo el país). Esto se hizo saltándose un dictamen de técnicos de la agencia ambiental que contrariaba esta iniciativa, y bajo grandes presiones de ministros, integrantes del PT y congresistas[13]. Además, la propuesta se concretó en los preámbulos de la celebración de la COP 30 (en Belém), mientras Lula lo justificaba afirmando que sería para “financiar la transición energética”[14].

Quizás una expresión diferente a estas tendencias ha sido la del gobierno de Gustavo Petro, quien puso en el debate regional la necesidad de salir del extractivismo y los combustibles fósiles en América Latina, la centralidad de la lucha contra el cambio climático y del impulso de una ‘descarbonización’ de la economía, para construir una “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En lo concreto, Petro ha impulsado con fuerza la Ley contra el Fracking, la cual hasta julio de 2025 se ha presentado seis veces como proyecto ante el Congreso, dado que siempre se estancó por dilaciones ejercidas por congresistas opuestos a la medida[15]. Se trata de una medida que podría ser paradigmática incluso a nivel global. A su vez, se propuso una Reforma Tributaria (aprobada en diciembre 2022) que colocaba mayores impuestos al petróleo y carbón, a alimentos poco saludables y algunos productos plásticos, así como a las personas de mayores ingresos y empresas financieras, con el objetivo de desestimular los combustibles fósiles y recaudar fondos para una transición energética. Pero la Corte Constitucional tumbó varios artículos de dicha reforma, entre ellos la prohibición de deducir las regalías petroleras y mineras, con el que se esperaba recaudar hasta 3,2 billones de pesos[16]. En todo caso, debe también señalarse que Petro ha sido cuestionado por considerar recurrir a la implementación de bonos de carbono[17] y por la reivindicación de una minería para la ‘transición energética’[18], con los impactos socioambientales que esta igualmente tendrá.

II.II El extractivismo ante el auge de autoritarismos, estados de excepción y militarización

En este nuevo período se evidencia también un auge de autoritarismos, lo que se ha traducido en el deterioro de las democracias latinoamericanas y el avasallamiento de los protocolos y normas que las constituyen[19], la reducción de libertades y una mayor verticalización del poder, generalmente concentrada en líderes que se caracterizan por estos rasgos autoritarios. En línea con lo analizado anteriormente, vemos que este fenómeno no es una exclusividad de gobiernos de derecha. Ciertamente Bukele atacó a todo aquel que se le opusiera: por ejemplo, irrumpió con 40 soldados y policías fuertemente armados en la Asamblea que controlaba la oposición para obligar a los legisladores a aprobar un préstamo internacional (febrero 2020); y en 2021, junto a nuevos legisladores aliados, destituyeron al fiscal general independiente y a los magistrados de la Cámara de lo Constitucional[20]. En el gobierno de Dina Boluarte se produjeron pactos con el fujimorismo y otras fuerzas de derecha que facilitaron un incremento de prácticas autoritarias, cierre del espacio cívico, mayor represión e impunidad ante la violación de derechos humanos[21]. Pero del mismo modo hemos visto la configuración de regímenes de perfil dictatorial en Venezuela o Nicaragua, siendo que en la primera se fue configurando una progresiva eliminación de las oposiciones (sean de derechas e izquierdas), una represión de no ha dejado de incrementarse e incluso la concreción de un escandaloso fraude electoral en las presidenciales de julio de 2024, que hubiesen significado el fin del gobierno de Nicolás Maduro y el inicio de la derechista María Corina Machado[22].

Es importante destacar que no necesariamente hablamos de autoritarismos tradicionales, que se imponen fundamentalmente por la fuerza absoluta. Esto, en efecto, aplica para el caso de Maduro y Boluarte, con una popularidad mínima en sus países. Pero en el caso de Bukele o Noboa, estaríamos ante autoritarismos “millenial”[23], que combinan estrategias populistas y de comunicación en redes sociales para acumular un número importante de seguidores, que además se identifican (y legitiman) con estas formas autoritarias de gobernar.

La percepción de la incapacidad y dificultades de las democracias para ofrecer resultados positivos y soluciones para una parte significativa de la población, el auge del crimen organizado, o el hartazgo popular, han reforzado estas tendencias sociales al autoritarismo. La existencia del segundo gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, también le han dado fuerza y respaldo.

Todos estos elementos han consolidado un extractivismo mucho más agresivo y avasallante, de la mano de un proceso de intensificación de la violencia estatal, la militarización, así como la proliferación de estados de excepción y de securitización de las sociedades latinoamericanas. Ejemplos emblemáticos de esto último es el estado de excepción permanente que estableció de manera formal el gobierno de Maduro entre 2016 y 2021; mientras que Bukele en 2025 cumplía también 3 años continuos de este tipo de régimen en El Salvador.

Las expresiones específicas de estos fenómenos en el extractivismo son numerosas. El mandato generado a partir de la consulta popular nacional que en agosto de 2023 determinó el cese de la explotación petrolera del bloque 43 del Parque Nacional Yasuní (58,95% por el SÍ) −un logro crucial en la lucha contra el avance de los combustibles fósiles−, ha sido irrespetado e incumplido tanto en el gobierno de Guillermo Lasso como en el de Daniel Noboa. A fines de diciembre de 2024, luego de discursos y presiones de Bukele, se lograba suprimir la histórica prohibición a la minería metálica en El Salvador, a través de una nueva Ley de Minería Metálica aprobada por la Asamblea Legislativa, algo que por su parte ha intentado el presidente Chaves en Costa Rica, específicamente para legalizar la explotación aurífera en Las Crucitas.

Formas de mayor militarización se evidenciaron con la incorporación del Ejército en la gestión y seguridad de los principales proyectos del gobierno de AMLO; con el anuncio en marzo de 2023 del Estado Mayor Conjunto argentino de desplegar fuerzas militares en áreas de recursos naturales como Vaca Muerta y zonas de extracción de litio[24]; el proyecto Arco Minero del Orinoco en la Amazonía venezolana, que en muy buena medida está administrado por militares; o con el envío de unos 500 policías y militares ante el conflicto minero en Palo Quemado (Cotopaxi), y la criminalización de la protesta por parte de mandos militares[25], en el marco de la declaratoria de ‘conflicto armado interno’ en el Ecuador (enero 2024). En Argentina, hemos visto la continuación, desde el gobierno de Fernández hasta el de Milei, de una avanzada represiva que incluye ambientalistas e indígenas, con desalojos, persecuciones, detenciones arbitrarias y judicialización. Formas de criminalización de las resistencias ambientales se vieron también en Bolivia con la política del MAS –catalogándolas de ‘derechas’− y en el gobierno de AMLO. A todo esto hay que añadirle la persistencia e intensificación del asesinato de defensores del ambiente en América Latina, que tiene a la región como la más peligrosa del mundo para este tipo de luchadores sociales, y el año 2020 como el más letal (con 227 personas)[26].

II.III Estados Unidos, China y la geopolítica de los llamados ‘recursos naturales’

En los últimos lustros a nivel geopolítico se han venido sucediendo numerosos y acelerados acontecimientos, en el marco de una probable reestructuración sistémica global. Apenas podemos destacar, de manera general, algunos asuntos cruciales sobre los roles de EEUU y China en la región.

El intercambio comercial entre EEUU y América Latina continúa siendo el más voluminoso: 1,3 billones de US$ para 2024, aunque de estos, 829 mil millones fueron con México[27]. EEUU permanece como el principal socio comercial de este último, de la gran mayoría de los países de Centroamérica, de varios del Caribe, de Colombia y Ecuador –aunque algunas cifras ya han situado a China como su primer socio. Si exceptuamos el comercio con México, que tiene un muy importante componente de productos manufacturados, podemos ver que el grueso de los productos que EEUU obtiene de Latinoamérica son commodities: productos agrícolas (frutas como aguacates, bananos y mangos; café, flores, soja, entre otros); petróleo y gas; minerales (cobre, hierro, aluminio)[28], y productos pesqueros.

Sin embargo, en los últimos lustros se ha venido generando un desplazamiento de la supremacía estadounidense en la región por parte del continuo crecimiento de la presencia de China. Para 2024, el intercambio comercial entre Latinoamérica y el gigante asiático alcanzo los 518 mil millones US$, siendo en general el principal socio en Suramérica –especialmente con Brasil, Perú y Chile−, el primer comprador de productos ecuatorianos no petroleros, y uno de los sostenes económicos del gobierno de Maduro. Es la mayor fuerza de presión al extractivismo en esta sub-región, siendo receptora de un tercio de las exportaciones mineras latinoamericanas (2023), e importando desde nuestra región el 75% de total de su consumo de soja y 98% del carbonato de litio[29].

La política exterior norteamericana ha venido en vaivenes a raíz de los cambios de gobiernos desde Trump I, Joe Biden, hasta Trump II. Biden tuvo una política más conciliadora enfocada a la recuperación de la hegemonía y el ‘liderazgo’ estadounidense, y sus nexos con el desarrollo de cadenas de suministro en sectores como semiconductores, minerales críticos (en el marco de su Green New Deal) y farmacéuticos, así como la promoción de políticas de financiamiento, todo con el objetivo de cambiar los balances regionales favorables a China. Ante el surgimiento de la guerra en Ucrania y los nuevos escenarios energéticos que suponían el boicot a Rusia, Biden incluso estableció puentes de diálogo y negociación con el régimen de Maduro, llevó adelante el levantamiento de varias sanciones y a fines de 2022 retornó los permisos a Chevron para la explotación petrolera en Venezuela. Esto no solo evidenció lo secundario que es lo ideológico en el comercio de commodities, sino también acentuó los imperativos hidrocarburíferos en la región, a pesar de la narrativa que había puesto su gobierno sobre cambio climático y transición energética.

El segundo gobierno de Trump no solo rompe con esta política conciliatoria sino también se vuelve mucho más agresivo que su primer mandato, en buena medida para dar un freno más contundente al ascenso chino. Esto ha implicado: a) una atropellada política arancelaria que ha enturbiado muchas de las relaciones económicas bilaterales, lo que afecta su posicionamiento regional; b) un formato más volcado a los problemas migratorios, y de seguridad y narcotráfico, que al desarrollo de inversiones en el extractivismo; c) una geopolítica militar belicosa, como se ha visto en el Caribe, que evidencia el énfasis en la política del garrote, o como mínimo de intimidación a quienes la cuestionen; d) un Trump además más proclive a los combustibles fósiles (‘drill baby drill’) y no así al volcamiento en inversiones en los ‘minerales críticos para la transición energética’; y e) el ofrecimiento de apoyo financiero a aliados –como Milei−, seguramente a cambio de apuntalar las reservas en dólares y facilitar aún más el acceso a recursos naturales −petróleo, gas, litio, y tierras raras, para el caso argentino.

La contracara de este proceso es una China que está en pleno reimpulso de su posición en América Latina. Sobre esto hay un par de cuestiones que se deben destacar. Primero, el patrón de relacionamiento chino ya no es el de grandes proyectos y alta concentración en sectores específicos del extractivismo. Si veníamos de un reflujo en las inversiones y préstamos chinos, desde 2022 se experimenta un nuevo relanzamiento, y la predominancia de inversiones más pequeñas y diversificadas. China se orienta con más fuerza en tecnologías de alta gama[30] y las TICs, al tiempo que fortalece el llamado ‘extractivismo verde’: un impulso de la minería para la transición energética, con inversiones de varios miles de millones en el Triángulo de Litio –tomando en cuenta su extraordinaria hegemonía en la cadena de suministros de los minerales críticos−; parques eólicos y solares, producción de etanol, grandes proyectos hidroeléctricos vendidos como ‘energía limpia’, baterías, autos eléctricos. Tecnología de punta, 5G, Inteligencia artificial, biotecnología, data centers. En cuanto a proyectos de infraestructura, explora junto con Brasil y Perú la viabilidad del proyecto Ferrocarril de los Dos Océanos.

Segundo, con los agresivos aranceles de Trump, el rol de China se realza, vista como un socio más confiable y de mayores provechos. En mayo de 2025 Xi Jinping ofreció 9.200 millones US$ en créditos para los países de la región, con el fin de contrarrestar la ‘confrontación geopolítica’[31].

En este contexto, en general los gobiernos latinoamericanos, atravesados por el pragmatismo, lo que buscan es diversificar sus dependencias por lo que prefieren mantener esa cercanía con China, y en realidad debaten sobre cómo venderle más productos. Bajo estos intereses económicos, se mantienen los silencios ante los desmanes ambientales, territoriales y las violaciones de derechos humanos que han generado los proyectos chinos; y mucho menos se discuten las sofisticadas estrategias de un nuevo colonialismo del siglo XXI.

Los resultados positivos para China en su avance en la región mostrarían, por su parte, los límites que puede tener la política del garrote estadounidense. En todo caso, finalizando el 2025, aún hay muchas cosas por definirse, en un contexto muy volátil.

II.IV El foco minero sobre América Latina y el rol de los ‘minerales críticos’

Para inicios de 2024 Industrial Info Resources (IIR) inventariaba unos 593 proyectos mineros activos de capital y mantenimiento en la región. Los países que lideran en cantidad de proyectos y volúmenes de inversión son, primero Chile, segundo Brasil y tercero Argentina; y entre los tres totalizan 61.600 millones de US$ (potenciales y en desarrollo)[32].

Se debe resaltar el rol de 5 commodities en particular: el cobre, que es el más demandado y el que más inversiones concentra (30.400 millones US$ según IIR); el oro (del que hablaré más adelante), la plata, el mineral de hierro y el litio.

La particularidad en este período es que el foco minero internacional está sobre América Latina principalmente por los recientemente nuevos y crecientes requerimientos del metabolismo global de los llamados ‘minerales críticos’ para transición energética corporativa (cobre, cobalto, níquel, vanadio, litio, tierras raras, entre otros), específicamente para los nuevos desarrollos tecnológicos y de almacenamiento de energía. Chile y Perú entran de lleno en el foco de nueva expansión del cobre; mientras que Bolivia, Argentina y Chile concentran alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio (varían las estimaciones). Ya entre 2015 y 2022 la extracción mundial de cobre se incrementó en un 13,2%, aunque destaca en particular la de litio, que en ese mismo lapso creció 342%[33].

Lo que habría que subrayar es que dicha transición está representando y representará notables presiones para la expansión del extractivismo en la región, con nuevas facetas, y la continuación de los impactos socioambientales conocidos, y otros por conocer. Las estrategias de nacionalización del litio en varios de los países mencionados y México, están replicando narrativas de ‘desarrollo nacional’ y ‘para el pueblo’ que consolidan la aceptación social de este nuevo impulso extractivo. Se trata de un nuevo atornillamiento de este modelo de devastación socioecológica, y los intentos de neutralización de la crítica al mismo.

Sin embargo, es importante también decir que el avance minero no es ni sostenido ni irresistible, y enfrenta también grandes obstáculos. Numerosos proyectos están dentro de largos procesos de permisologías que los ralentizan, y en el caso del litio, la creación de una estructura normativa nacional para su explotación también lo ha hecho accidentado. Además, los precios del litio y del níquel han venido cayendo, y esto ha desestabilizado aún más los proyectos.

Pero el factor de entorpecimiento de la expansión minera sobre el que deseo enfatizar es el de las resistencias sociales. Las empresas y ‘developers’ del sector reconocen que las oposiciones de comunidades locales, indígenas y ambientalistas han dejado numerosos proyectos paralizados, como se ve en el caso peruano. En 2023, se observaron grandes movilizaciones en Jujuy, Argentina contra proyectos de litio; y en Panamá, masivas protestas en 2023 tumbaron el Contrato Minero para la explotación de cobre por parte de la empresa canadiense First Quantum Minerals.

Se debe recordar que la expansión del litio va a implicar, a diferencia del cobre, la creación de nuevas minas y, en general, una tendencia al empuje hacia nuevas fronteras mineras, en nuevos territorios de la región. Una de las principales preocupaciones con la minería de litio es la cantidad de agua utilizada, estimada en rangos que van de 300.000 hasta alcanzar los 2 millones de litros[34] para obtener una tonelada del mineral. Ya hay algunas evidencias en Argentina y Chile de desecamiento de fuentes de agua por esta destructiva actividad.

II.V Nuevas facetas de la expansión petrolera

A pesar de la crisis ambiental y climática, lamentablemente la producción petrolera global sigue en crecimiento. Después del bajón que provocó la pandemia, se ha pasado de 93 millones de barriles diarios de petróleo (MM b/d) en 2020 a un aumento progresivo con una proyección de casi 106 MM b/d para el cierre de 2025[35]. Estas dinámicas y presiones energéticas se expresan también en América Latina. Aunque la región venía de un descenso en la producción (estuvo en 11,2 MM b/d en 2006) que la llevó a unos 7 MM en 2020, desde entonces ha venido creciendo para cerrar 2024 con 8,5 MM b/d[36] (menos del 10% mundial), y con proyecciones a continuar aumentando. Este nuevo impulso nos habla de algunos cambios que merecen ser destacados.

Lo primero, es que el ranking de los principales productores petroleros de la región se ha reorganizado, con Brasil que ha pasado a la cabeza con un crecimiento sostenido que ha alcanzado los 3,4 millones de barriles diarios (MM b/d) en 2024. México está en segundo lugar con 1,5 MM b/d, aunque en caída desde hace algunos años. Lo que destaca es el extraordinario crecimiento de Guyana, de 15.000 b/d en 2019 a más de 600.000 en 2024, sobrepasando a Ecuador y acercándose a Colombia. Argentina también viene en franco y sostenido crecimiento desde 2021 hasta llegar a 701.000 b/d en 2024. Venezuela ya no es pues, el ‘gigante petrolero’ aunque se ha recuperado levemente en los últimos años y para el primer semestre de 2025 había alcanzado nuevamente el millón de barriles (1.048.000).

Lo segundo: sacando a Venezuela, que de largo posee las reservas petroleras más grandes del mundo, el resto de países latinoamericanos tienen, en general, reservas que a los niveles de producción actuales les quedan pocos años de duración –la CEPAL ofrece un promedio regional de 9,8 años[37]. Esto es así no sólo por cuestiones que tienen que ver con los depósitos hidrocarburíferos en el suelo, sino también a declives en las inversiones en nuevas exploraciones y a dificultades geológicas para la extracción. En todo caso, esta situación pareciera suficiente razón para iniciar rápidos procesos de transición energética en los países más vulnerables a ello, e ir sustituyendo el lugar del petróleo. Sin embargo, lo que estamos viendo es una lógica desaforada de extraer hasta la última gota de petróleo, pasando por alto las consecuencias incluso económicas, de incrementar la dependencia a un recurso que está en entredicho por el cambio climático. El gobierno de Lula se ha propuesto para los próximos años aumentar la producción a más de 5 MM b/d; Milei quiere convertir a Argentina en una potencia petrolera; y Guyana en medio de su boom se proyecta a los 1,3 millones para 2030. Este enfoque cortoplacista tendrá, probablemente, severas consecuencias en el mediano plazo.

Tercero, casos como los de Brasil, Argentina, e incluso Venezuela, muestran sectores petroleros que dependen mayoritariamente de los crudos no convencionales como los de aguas profundas (Presal), shale y tight oil (Vaca Muerta) o petróleos extrapesados y pesados (Faja Petrolífera del Orinoco), que generan más intensos impactos socioambientales, mayores gastos energéticos para su producción y que tienen costos de producción más elevados. El avance sobre los no convencionales también refleja la expansión hacia nuevas fronteras de commodities, como lo vimos en la mencionada autorización para iniciar perforaciones en el Foz do Amazonas, un caso emblemático.

Uno de los peores derrames de la historia del Ecuador que contaminó el río Esmeraldas en marzo de 2025 y los continuos derrames en la Amazonía; los 12.000 barriles derramados en las provincias de Callao y Huaral en 2022 y los más de 3.300 sitios de desechos petroleros existentes en Perú; el trastocamiento de la vida en las localidades y zonas agrícolas en los últimos lustros en la Cuenca Neuquina, por la explotación en Vaca Muerta; las amenazas constantes a la vida de los pescadores de la Bahía de Guanabara (Rio de Janeiro), en su lucha contra los impactos petroleros; o los permanentes desastres ambientales provocados por la arruinada industria en Venezuela; corroboran que no solo persiste el carácter estructuralmente devastador de esta forma de extractivismo, sino también la impunidad de sus operaciones.

II.VI El creciente peso del crimen organizado en el extractivismo

El crimen organizado ha experimentado no solo una considerable expansión en América Latina y el mundo en este siglo XXI, sino también transformaciones cualitativas de sus estructuras, con altos niveles de sofisticación, flexibilidad y equipamiento, que lo han convertido en uno de los poderes globales. Lo que se debe destacar es su diversificación económica, lo que ha hecho que se incorpore con mucha fuerza al extractivismo.

Esto tiene impactos especialmente en varios sectores y cadenas de valor del modelo extractivo, y en particulares commodities, generando cambios significativos en los procesos y modalidades de apropiación de la naturaleza. Por ejemplo, el crimen organizado compone estructuras que posibilitan y potencian el contrabando de especies silvestres y protegidas, de todo tipo: aves ‘exóticas’, monos, tiburones, jaguares, tortugas, peces de alto valor económico, serpientes y reptiles, entre muchas otras, que entran a cadenas de apropiación y comercio ilícito internacionalizadas, y que convierten a estas especies en commodities (mascotas, insumos de colección, consumo, o para elaboración de medicinas). Esta forma de contrabando impacta a Centroamérica, la Amazonía y los espacios marítimos, por mencionar ejemplos. Se han estimado enormes volúmenes de ganancias entre 5.000 a 35.000 millones de US$[38], donde América Latina es crucial.

El crimen organizado también juega un importante rol en el acaparamiento de tierras en países como Colombia, Brasil y Perú[39]; participa en el desarrollo de cultivos como el aguacate en México; mientras proliferan mercados ilícitos de agua, también en México, donde participan mafias. Quizás los casos más resaltantes estén en la minería y en el tráfico de madera. Sobre la primera, las economías criminales se han expandido en torno a la minería ilegal de oro, diamantes y coltán (este último entre Venezuela y Colombia). El oro es central en el auge de estas economías ilícitas. El alza continua de los precios internacionales de este commodity, su rol ante la crisis económica global (y su función como refugio de valor), y su muy alta rentabilidad (en algunos casos, más alta que la cocaína), han realzado las apetencias en torno al recurso. Organizaciones criminales de variado tipo (incluyendo las formas degradadas de las insurgencias colombianas) han encontrado en la minería ilegal de oro una fuente de ingresos fundamental, y en ciertos sentidos, menos punible que el tráfico de drogas.

Esto ha implicado enormes presiones sobre la Amazonía, donde existen amplios depósitos auríferos y se están expandiendo dramáticamente estas formas de minería ilícito/criminal[40]. Las dimensiones que ha alcanzado este fenómeno incluso determina el conjunto de los procesos de extracción de oro en algunos países. En Colombia, Ecuador y Venezuela, el porcentaje de oro ilegal supera el 80% del total nacional[41]; en la Amazonia peruana es casi el 100%; y en Brasil se calcula en 36%[42].

En el caso de la madera, se trata de otro negocio mil millonario en el cual el crimen organizado tiene una muy fuerte presencia. Diversas estimaciones han indicado que la extracción maderera ilegal en Perú supera el 80%[43], el 70% en México[44], y algunos cálculos han señalado que representa un 75% en toda Suramérica. De manera que estamos ante fenómenos con mucho peso en el extractivismo.

Hay cuatro importantes implicaciones de esta expansión criminal que hay que resaltar. Primero, además de los grandes volúmenes de commodities y de recursos financieros, estas estructuras criminales están teniendo un extraordinario peso en los procesos de cambio ambiental, participando en la deforestación masiva, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad e intensificando por tanto el cambio climático. Además, cada vez están involucrados en más conflictos ambientales lo que representa tremendos desafíos para las comunidades y organizaciones sociales que se tienen que enfrentar a estas estructuras delictivas.

Segundo, tienen también incidencia en procesos de territorialización, controlando amplias extensiones geográficas y corredores de comercio que son determinantes en los países latinoamericanos, e instalando gobernanzas que determinan la vida en los territorios donde predominan. Esto no solo implica su presencia en las principales ciudades de la región, sino también en áreas naturales protegidas, biorregiones y zonas costeras y fronterizas, entre otras.

Tercero, ante las crisis económicas estructurales que determinan la región, y las debilidades de nuestros Estados, las economías criminales tienen una considerable capacidad de crear economía e integrar a millones de personas en ella, generándole ingresos constantes y procesos de inclusión, que complejizan aún más el problema, pues el crimen se enraíza en el tejido social.

Cuarto y último, en mi trabajo he tratado de enfatizar que estos procesos no representan actores y economías al margen, sino que en cambio son estructurantes sistémicos que le están dando forma a las reconfiguraciones actuales del extractivismo[45]. Las cadenas de commodities del crimen organizado están moldeando nuestras economías en su conjunto, pero también las estructuras de poder, que van asociando cada vez más entramados corruptos del Estado (gobiernos locales, sistemas judiciales, prisiones, policías y militares) con el crimen organizado, conformando poderes híbridos en sí.

II.VII Expansión de grandes proyectos de renovables y mercantilización de la naturaleza

Por último, es importante señalar que, en el marco del auge de la ‘transición energética’ corporativa global, se evidencia una ampliación de proyectos de energía renovable en América Latina. Dichas iniciativas han venido incrementando paulatinamente conflictos socioambientales asociado a ellas[46], como ha ocurrido con las resistencias indígenas ante la imposición de parques eólicos en el municipio Uribia (La Guajira, Colombia) o en el itsmo de Tehuantepec (estados de Oaxaca y Veracruz, México).

Del mismo modo, se han expandido considerablemente métodos y mecanismos de mercantilización de la naturaleza y de ‘economía verde’, en su mayoría proyectos de ‘almacenamiento’ de carbono en bosques −como los REDD++−, aunque también resaltan de geoingeniería, infraestructuras adaptadas al cambio climático, tecnologías ‘verdes’, mercados de carbono, entre otros. En casos como los de Colombia, México y Bolivia, se han denunciado estrategias de estafa a comunidades locales (indígenas, campesinas, afrodescendientes) a través de la comercialización de bonos de carbono que encabezan intermediarios, como ha ocurrido en San José del Guaviare (Departamento del Guaviare) o en el estado de Oaxaca[47].

El grueso de estos proyectos de economía verde es de financiamiento privado, han surgido después del Acuerdo de París en 2015, y generan polémica por los diversos tipos de impactos que producen, y por ser considerados ‘falsas soluciones’ que no abordan la raíz de los problemas; o bien nuevas formas de colonialismo verde[48].

III. A modo de cierre: una discusión sobre estrategias y horizontes para nuevos tiempos

Estas 7 tendencias analizadas nos dan cuenta de enormes desafíos que tienen ante sí pueblos y comunidades latinoamericanas en sus resistencias ante el extractivismo: dependencia y colonialidad, auge de autoritarismos, despolitización y desmovilización, nuevas expresiones de la violencia, nuevas fronteras de la extracción, falsas soluciones, economías criminales. Estas expresiones están en consonancia con las derivas regresivas que se manifiestan en el sistema-mundo actual, en plena crisis civilizatoria.

El análisis de las movilizaciones y resistencias sociales ameritaría un artículo en sí mismo. En todo caso, lo que puede mencionarse es que, por un lado, y a pesar de las condiciones adversas, han persistido movilizaciones históricas, como las luchas de pueblos indígenas en Brasil, las resistencias contra la minería en países como Argentina o Colombia, o la defensa del Yasuní en el Ecuador; mientras que surgen nuevos movimientos como las protestas antimineras de Panamá o las iniciativas por los derechos de la naturaleza en Ecuador. Como contracara de ello, se reconocen procesos de reflujo y retraimiento de luchas ante los efectos de las crisis, del mundo post-pandemia, la represión y la criminalización, el crecimiento de la impunidad, y cambios en la cultura política de nuestras sociedades, que han incrementado apoyo a propuestas conservadoras y regresivas. Este repliegue no solo expresa formas de desmovilización, sino que también puede implicar el desarrollo de procesos hacia adentro para buscar fortalecer las experiencias y el tejido organizativo y comunitario.

Todo esto resalta la importancia de una amplia discusión colectiva que contribuya a actualizar las estrategias y horizontes de lucha, ante nuevas condiciones sistémicas, que insista en una crítica profunda al modelo civilizatorio, que ponga en el centro la defensa y reproducción de la vida, el cuidado de la otredad, y que, desde la imaginación política, construya nuevos referentes sociales, ante las desgastadas narrativas y visiones del grueso de los progresismos, que no logran dar cuenta de las nuevas realidades que enfrentamos.

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[1] Webber, J (2018). Evo Morales, el “transformismo” y la consolidación del capitalismo agrario en Bolivia. La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina. Campesinos, agronegocio y neodesarrollismo, 1, 189-222.

[2] Báez, M. Sacher, W (2014). Los discursos del Buen Vivir y el sumak kawsay, y la minería metálica a gran escala en Ecuador: rupturas y continuidades con el modelo de desarrollo. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

[3] CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2011.

[4] UNDP (2024) Un subibaja: El crecimiento económico en América Latina y el Caribe. https://www.undp.org/es/latin-america/blog/un-subibaja-el-crecimiento-economico-en-america-latina-y-el-caribe

[5] Entrevista Con Luciana Cadahia (2022). El triunfo de Petro anuncia un nuevo ciclo progresista. https://jacobinlat.com/2022/07/el-triunfo-de-petro-anuncia-un-nuevo-ciclo-progresista/; Klachko, P (2024). Segundo turno del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Avances, tensiones y retrocesos: un balance provisional. Yeiyá, Revista de Estudios Críticos, 5(1), 97-127.

[6] Poast, P (2023) Not a World War But a World at War. https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/11/conflicts-around-the-world-peak/676029/

[7] Comini, N. Sanahuja, JA (2018). Las nuevas derechas latinoamericanas frente a una globalización en crisis. Nueva sociedad, (275).

[8] Lupu, N. Oliveros, V. Schiumerini, L (2021). Derecha y democracia en América Latina. Población y sociedad, 28(2), 80-100; Muggenthaler, F. Hoetmer, R. Robayo, A. Aguirre, M (2020) Nuevas derechas autoritarias. Conversaciones sobre el ciclo político actual en América Latina. Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Ediciones Abya-Yala.

[9] Parodi, C (2024). Un año de negacionismo climático y despojo territorial: el desgobierno de Javier Milei. https://latfem.org/un-ano-de-negacionismo-climatico-y-despojo-territorial-el-desgobierno-de-javier-milei/; FARN (2025). Presupuesto 2024: crónica de un ajuste anunciado para el cuidado del ambiente. https://farn.org.ar/documentos/presupuesto-2024-cronica-de-un-ajuste-anunciado-para-el-cuidado-del-ambiente/

[10] Pericás, LB (2020). La destrucción ambiental sin límites de Bolsonaro. https://jacobin.com/2020/09/jair-bolsonaro-brasil-amazonia-salles

[11] Salom, A (2025). Las políticas ambientales de la administración Chaves: Ha incurrido en pecados capitales. https://www.larepublica.net/noticia/las-politicas-ambientales-de-la-administracion-chaves-ha-incurrido-en-pecados-capitales

[12] Oceana (2023). Análisis del presupuesto para el sector ambiental 2018-2024. https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2023/11/Analisis-del-presupuesto-para-el-sector-ambiental-2024.pdf

[13] Sumaúma (). Desembocadura del Amazonas: el gobierno de Lula da Silva autoriza la prospección de petróleo y debilita la COP30. https://sumauma.com/es/foz-do-amazonas-governo-lula-autoriza-a-exploracao-de-petroleo-e-enfraquece-a-cop30/

[14] Telesur (2025). Lula asegura que explotación petrolera en el Margen Ecuatorial puede efectuarse sin dañar el entorno natural. https://www.telesurtv.net/lula-asegura-que-explotacion-petrolera-en-el-margen-ecuatorial-puede-efectuarse-sin-danar-el-entorno-natural/

[15] Alianza Colombia libre de Fracking (2024) Rechazamos el sabotaje en Comisión V de Senado al Proyecto de Ley que prohíbe el fracking y la explotación de Yacimientos No Convencionales, y exigimos un debate de cara a la opinión pública. https://colombialibredefracking.wordpress.com/2022/11/28/rechazamos-el-sabotaje-en-comision-v-de-senado-al-proyecto-de-ley-que-prohibe-el-fracking-y-la-explotacion-de-yacimientos-no-convencionales-y-exigimos-un-debate-de-cara-a-la-opinion-publica/

[16] La República (2024). Corte Constitucional podría tumbar nuevos artículos de la reforma tributaria de 2022. https://www.larepublica.co/economia/corte-constitucional-podria-tumbar-articulos-de-la-reforma-tributaria-de-2022-3832079

[17] García, M (2024). Breve balance del gobierno Petro y su apuesta de transición energética. https://www.rosalux.org.ec/breve-balance-del-gobierno-petro-y-su-apuesta-de-transicion-energetica/

[18] Quintero, D (2023). Minerales para la transición en Colombia: un camino incierto. https://climatetrackerlatam.org/historias/minerales-para-la-transicion-en-colombia-un-camino-incierto/

[19] Latinobarómetro (2023). La recesión democrática de América Latina. Informe 2023. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/11/Latinobarometro_Informe_2023.pdf; Muggenthaler et al, op. cit.

[20] Meléndez-Sánchez, M (2021). América Latina estalla: Autoritarismo millennial en El Salvador. https://www.journalofdemocracy.org/articles/latin-america-erupts-millennial-authoritarianism-in-el-salvador/

[21] Amnistía Internacional (2025). Perú: el autoritarismo avanza. https://amnistia.org.pe/publicaciones/peru-el-autoritarismo-avanza-2025/

[22] La Izquierda Diario (2025). [Dossier] A un año del escandaloso fraude electoral del 28 de Julio con el que se impuso Maduro. https://www.laizquierdadiario.com/Dossier-A-un-ano-del-escandaloso-fraude-electoral-del-28-de-Julio-con-el-que-se-impuso-Maduro

[23] Meléndez-Sánchez, op. cit.

[24] Duarte, J (2023).El Ejército anunció la militarización de zonas de sacrificio extractivista, como Vaca Muerta. https://www.laizquierdadiario.com/El-Ejercito-anuncio-la-militarizacion-de-zonas-de-sacrificio-extractivista-como-Vaca-Muerta

[25] Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (2024). Gobierno de Daniel Noboa criminaliza, militariza y reprime a moradores de Palo Quemado… https://alianzaddhh.org/wp-content/uploads/2024/03/Denuncia-publica-Palo-Quemado.pdf

[26] Global Witness (S/F). Land and environmental defenders: annual report archive. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/land-and-environmental-defenders-annual-report-archive/

[27] Latinvex (2025). US Trade With Latin America Grew 4.5% Last Year. https://latinvex.com/us-trade-with-latin-america-grew-4-5-last-year/

[28] Summar (2025). Comercio exterior 2024: retos, sectores clave y perspectivas. https://cdn.summar.com/hubfs/General/Ebook-Comercio-exterior-2024.pdf?hsCtaTracking=6b2629e2-7324-4004-9815-1168bb973de1%7C2d1756bc-976c-4ba2-98cb-4997b26e74fd

[29] Myers, M (2025). La nueva estrategia de China en América Latina. https://www.americasquarterly.org/article/nueva-estrategia-china-america-latina/

[30] Op. cit.

[31] DW (2025). China se acerca a AL y ofrece USD 9.200 millones en créditos. https://www.dw.com/es/china-se-acerca-a-al-y-ofrece-usd-9200-millones-en-cr%C3%A9ditos/a-72524252

[32] en Richani, A. Govreau, J (2024). América Latina Apuesta Fuerte por la Minería en 2024. https://www.equipo-minero.com/contenidos/america-latina-apuesta-fuerte-por-la-mineria-en-2024/

[33] Oré, T (2024). Critical Minerals in Latin America. https://www.bakerinstitute.org/research/critical-minerals-latin-america#_edn4

[34] Gómez-Lende, S (2023). De la fractura metabólica a la acumulación por desposesión: minería del litio, imperialismo ecológico y despojo hídrico en el noroeste argentino. https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/5699/6480

[35] https://www.eia.gov/outlooks/steo/data/browser/#/?v=6&f=A&s=0&start=1997&end=2026&ctype=linechart&maptype=0&linechart=PAPR_WORLD

[36] OPEC (2025). Annual Statistical Bulletin. https://www.opec.org/assets/assetdb/asb-2025.pdf

[37] CEPAL (2024). Panorama de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe, 2023. https://www.cepal.org/es/publicaciones/69138-panorama-recursos-naturales-america-latina-caribe-2023

[38] Keskin, B. et al (2023). Quantitative Investigation of Wildlife Trafficking Supply Chains: A Review. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048322001876#bib0001

[39] Jones, K (2021). Crimen organizado y medio ambiente en Latinoamérica: un encuentro fatal. https://insightcrime.org/es/noticias/crimen-organizado-medioambiente-latinoamerica-encuentro-fatal/

[40] https://mineria.amazoniasocioambiental.org/

[41] Hecht, S. et al. (2021). La Amazonía en movimiento: Políticas cambiantes, estrategias de desarrollo, pueblos, paisajes y medios de subsistencia. https://esp-ar21.sp-amazon.org/211112%20AR21%20Chapter%2014%20(Spanish).pdf

[42] Sampó, C. Alda-Mejías, S (2019). La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el Crimen Organizado. Lima: Real Instituto Elcano/ Centro de Estudios Estratégicos del Ejercito del Perú.

[43] Mujica, J. et al. (2024). Vigilar y performar. La cadena de suministro de la madera ilegal en Perú. URVIO. 38. doi.org/10.17141/urvio.38.2024.6093

[44] Enciso, A. (2024). La tala clandestina está ligada al crimen organizado: Conafor. https://www.jornada.com.mx/2024/01/08/politica/008n1pol

[45] Teran-Mantovani, E. Scarpacci, M (2024). Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos. URVIO, (38), 8-31. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/6146/4693

[46] Ávila, S (2018). Environmental justice and the expanding geography of wind power conflicts. Sustainability Science, 13(3), 599-616.

[47] Villanueva, D (2024). Estafan a productores con bonos de carbono: organismo de la ONU. https://www.jornada.com.mx/2024/01/22/economia/020n1eco

[48] Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (S/F). Mapa de Falsas Solucionesa la Crisis Climática en América Latina y el Caribe. https://www.mapafalsassoluciones.com/

*Este artículo forma parte del Dossier “No hay plan B. Desafíos y alternativas frente al saqueo extractivista y al cambio climático”.