A un año de Milei los derechos se reducen. El caso contra las opositoras a la Autovía de Punilla.

  • (EUSKARA)
    (Foto principal: Juan Yacobs)

A un año de la toma del gobierno por Javier Milei, se observan ya el cambio legal y la represión que predijo con su elección. Uno de los cambios legales importantes ha sido el ocurrido este diciembre de la ley 26160 emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras para comunidades indigena,1 dictada como bien señala en noviembre de 2006. Esta ley declaraba “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscrita en el registro nacional de comunidades indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”. Ahora, obviamente, la ley no ampara esos territorios, dejándolos den manos de empresarios y empresas que quieran impulsar en ellos proyectos extractivos (minería, plantaciones, ganadería, energía, etc.).

Pero ayer (21 de diciembre 2024) también dejaba sin efecto otros 11 decretos relativos a derechos indígenas. (Ver la lista más abajo)

Foto: https://argentina.indymedia.org

El caso contra las opositoras a la Autovía de Punilla.

Estos días, tenemos que unir a los casos ya publicados de Aroztegia en Euskla Herria y de Santa Marta en El Salvador, el de los seis defensores y defensoras ambientales de Córdoba (Argentina) contra la autovía de Punilla. En su caso también las acusaciones son desproporcionadas, pues se les imputan amenazas y resistencia a la autoridad, en el contexto de un escrache espontáneo al intendente de Cosquín Gabriel Musso. Los y las defensoras argumentaron que las acciones de los imputados deben ser entendidas en el marco de una protesta legítima contra un proyecto de infraestructura que afecta el ambiente y el territorio de comunidades indígenas. Pero además, esta autovía será parte del corredor bi-oceánico cuyo objetivo es facilitar la salida de recursos naturales en el saqueo que tiene lugar hoy en día en Argentina como en otras partes, en esta fase capitalista de extractivismo.

La Autovía de Punilla, actualmente en construcción, es un proyecto de carretera rápida de dos carriles. Es una variante de la Ruta Nacional 38 que uniría la ciudad de Córdoba con el valle de Punilla2. Un proyecto inicial (2018) fue desestimado tras las denuncias de organizaciones ambientalistas, ya que atravesaba en el 70% de su recorrido por bosque nativo categoría rojo, según la ley de bosques (ley 26.331). Como es sabido, éstas son zonas consideradas oficialmente prioritarias en materia de conservación. Así se eliminó la Variante Costa Azul que transcurría junto al Puente Gobernador José Manuel de la Sota

Sin embargo, el segundo y actual proyecto, no mejoró mucho la propuesta inicial, ya que en su trazado de 21,8 kilómetros de extensión arrasa con miles de hectáreas de bosque nativo, el 30% declarado de protección (zona roja). Pero además supone el desplazamiento de pobladores locales, muchos campesinos sin títulos de propiedad (aquí podemos ver una de las aplicaciones de la derogación de la ley 26160), muchos de los cuales ya han sido desalojados por la fuerza3​. Este nuevo trazado también implica impactos contra sitios arqueológicos y paleontológicos.

Ante esta escalada de represión y pérdida de derechos, el activista Juan Manuel Izzo declaró a A Planeta que este gobierno «ha generado determinadas leyes donde ya en un marco legal la protesta es un delito. Atentar contra los intereses de estos sectores económicos y esta extensión política que está haciendo negocios, que saquean al país, son tomados como actos delictivos. Entonces, en ese sentido, ese marco legal les da impunidad para avanzar sobre la expresión de derechos, de comunidades que se sienten atacadas o se sienten, digamos, amenazadas por las actividades extranjeras».

Decretos relativos a derechos indígenas eliminados el 21 de diciembre 2024:

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