En diciembre del año pasado coincidieron distintos procesos legales contra defensoras de Amalurra (Madre Tierra) en nuestra geografía y allende los mares. Inmersas en el apoyo a l@s 7 de Aroztegia por lo desproporcionado de su acusación, nos llegaban otros casos con los que nos solidarizábamos, como las y los 21 activistas de Coyul que se oponían a la construcción de un macro-complejo turístico en su territorio (Oaxaca, México), así como con los y las 6 de Punilla (Córdoba, Argentina).
Un año después nos alegramos de conocer la resolución de los tribunales que han declarado la SENTENCIA ABSOLUTORIA para estas 21 personas de la comunidad indígena chontal El Coyul, integrantes a su vez de la APIIDTT (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio).
Por otra parte, l@s 6 de Punilla están llamadas hoy 18 de diciembre a declarar en los Tribunales de Cruz del Eje. Las 6 están imputadas por su participación en una manifestación ambiental realizada en agosto de 2022 en Cosquín, en el marco del conflicto por la Autovía de Punilla, por lo que son 3 años de vivir con esa losa encima. Desde aquí les deseamos lo mejor y que su caso quede sobreseído como el de Coyul cuanto antes.
Desligitimación de líderes y lideresas
Por otro lado hemos sabido de los intentos de deslegitimación de activistas como la histórica fundadora de APIIDTT, Bettina Cruz, y del abogado y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) – Concejo indígena de Gobierno (CIG), Carlos González García. Ambos hechos los entendemos como intentos de desligitimar a eseas personas y a sus movimientos, de descabezarlos y sobre todo de crear inestabilidad dentro del movimiento, pues no pueden desastibilizarlo de otra forma.
En el caso de Bettina Cruz, el montaje contra ella parte de una foto en la que aparece Cruz con otras personas, por la cual se le ha acusado de pactar con agentes del Estado. La fotografía fue tomada en las sede de Naciones Unidas en Nueva York en la 23° sesión del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas del 2024. En ese espacio coinciden representantes de pueblos indígenas con representantes de los correspondientes Estados, como así participaba el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino. Personal de la INPI solicitaron esa fotografía, que ahora, vistos los resultados, se entiende fue hecha con el objetivo premeditado de utilizarla contra la APIIDTT, pues esta asamblea aglutina muchas de las luchas actualmente activas en el Istmo de Tehuantepec.
Desde A Planeta que conocemos la trayectoria y compromiso de esta dirigente así como de la asamblea que representa, la APIIDTT, nos solidarizamos con ella y el colectivo. ¡No PASARÁN!
L@s 21 de Coyul
Por otra parte, como decimos, A Planeta ya se solidarizó con l@s 21 de Coyul, como así lo hizo la sociedad rebelde vasca, pues su proceso coincidió con la judicialización también aquí de l@s 7 de Aroztegia, y l@s 6 de Punilla (Argentina). Por eso, en las movilizaciones que se sucedieron en Euskal Herria se les tuvo presentes.
Ahora, tras un año de persecución e incertidumbre, ya pueden respirar y seguir con la justa causa por la que fueron criminalizados. Recordemos que en su acusación en la que el Ministerio Público llegó a solicitar penas de hasta 15 años de prisión, una multa aproximada de $90,000 pesos, así como una reparación integral del daño por un monto cercano a los 55 millones de pesos, todo ello dentro de acusaciones por el delito de despojo y de secuestro, las cuales fueron denunciadas por la APIIDTT como fabricadas, infundadas y carentes de sustento jurídico.
Se entiende que lo desproporcionado de las penas así como la detención y el alto números de detenidos se corresponde con las presiones políticas y económicas de grupos de poder, como en este caso las empresas que promueven el proyecto residencial Punta Faro en el irreemplazable ecosistema lagunar costeros de manglar. Esas empresas son Puerto Escondido Inversiones – Real Estate, SilMéxico Oaxaca y Piso59, quienes han contado con la complicidad de las instituciones para realizar prácticas ilegales y también estas detenciones.
Por eso, nos alegramos por esta decisión porque no sólo supone la libertad de 21 activistas cuya continuación en la lucha es precisa, sino también, porque demuestra que aún contando con facilidades, estos grupos de poder tienen un límite de actuación. Esperemos que de aquí en adelante esta decisión signifique también que la comunidad indígena Chontal del Coyul obtiene la correspondiente protección, así como ese ecosistema que defienden, y que la Justicia continúe operando dentro de la legalidad, imparcialidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.
Las 6 de Punilla
Las 6 activistas contra la Autovía de Punilla, Córdoba (Argentina) están llamadas hoy 18 de diciembre a declarar en los Tribunales. Las 6 están imputadas por su participación en una manifestación ambiental realizada en agosto de 2022 y fueron también víctimas de acusaciones desproporcionadas, pues se les imputaron amenazas y resistencia a la autoridad, en el contexto de un escrache.
El proyecto de autovía al que se oponían se inició en 2018 y fue finalmente desestimado, pero el alternativo sigue atravesando bosque nativo de categoría prioritarias en materia de conservación, así como territorio de comunidades indígenas. El objetivo de esta mega-infraetructura es servir como corredor bi-oceánico para facilitar la salida de recursos naturales en el saqueo actual en curso.
Esta persecución hay que enmarcarla también en el actual contexto de de creciente represión y judicialización de la protesta socio-ambiental en Argentina, como forma de erradicar la oposición a esta nueva fase del proyecto extractivista que enarbola Milei.
