Hace un mes (18 de octubre) celebramos la decisión de liberar a los 5 defensores del agua de Santa Marta (El Salvador) tras casi dos años en prisión (desde enero de 2023). Entonces, como ya se había planteado, pese a lo largo del proceso, la Fiscalía no pudo probar la existencia de delitos, ni la participación de los cinco
en las acusaciones contra ellos, y demostraron la inocencia que reclamaban.
Entonces, la Comunidad Santa Marta que se ha movilizado tan contundentemente por la justicia para sus dirigentes, ante esta decisión, y la organización ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social) a la que pertenecen ya «exigieron a la Fiscalía que se abstenga de apelar el fallo, para que la libertad definitiva de nuestros compañeros se concrete lo más pronto posible».
Pero ahora, nuevamente la Cámara Penal de Cojutepeque ha decidido revertir el sobreseimiento definitivo de la decisión que eximía de responsabilidades penales a los cinco. Ante ello, nos sumamos a la Comunidad Santa Marta y ADES Santa Marta para expresar desde aquí también, Euskal Herria, «nuestro más enérgico rechazo a la decisión de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque de revertir el fallo absolutorio emititido por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque el pasado 18 de octubre, que daba el sobreseimiento definitivo a nuestros líderes comunitarios».
Como ellas y ellos indican es «un hecho insólito», que la referida cámara admita un recurso de apelación cuando todo el juicio y después de casi dos años de injusto encarcelamiento se ha demostrado que este caso no tiene base jurídica alguna. La acusación contra los cinco es de un supuesto crimen de la guerra sobre el cual no existen pruebas reales.
Una vez más, con ello se demuestra que la «Fiscalía General de la República (FGR) está empeñada en criminalizar a nuestros defensores ambientales», con el único fin de desmovilizar a una comunidad que ha sabido plantar cara a la minería en su territorio pero cuya acción ha trascendido también al país en su totalidad.
La noticia además llega justo cuando aquí también se ha iniciado el proceso legal contra los y las siete activistas contra el macroproyecto urbanístico Aroztegia de Lekaroz. Piden multas de 56.000 euros y un total de 20 años de cárcel para ellos. En su caso también, es claro el intento de criminalizarles para que así la pena sea mayor y sea más ejemplarizante. Por lo que podemos constatar, que la represión se generaliza en el Planeta para favorecer a los proyectos capitalistas y extractivos. La campaña en su favor ha anunciado también movilizaciones en su favor para el 1 de febrero 2025 en Iruñea (Pamplona).
Como decimos, nos sumamos nuevamente a la comunidad de Santa Marta y ADES, y a la comunidad internacional que todo este tiempo ha permanecido al lado de los Cinco, para denunciar esta tropelía y afirmarnos en nuestras reclamaciones y en su trabajo por el fin de la minería metálica en El Salvador. Nos solidarizamos nuevamente con Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas y sus familias ante este nuevo alargamiento de sus castigos que no hace más que dilatar una situación de inestabilidad para ellos, por el mero hecho de ser activos por su comunidad, el medio ambiente, el agua y su territorio. Y nuevamente exigimos que se les respete como ciudadanos, y que cese este acoso contra ellos y contra la comunidad de Santa Marta, que ya tiene una dilatada historia de persecución por la guerra civil que sufrieron y después por las empresas mineras.
Así, nos sumamos a sus demandas:
¡Libertad para los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES!
¡Cese la criminalización y persecución del activismo ambiental!
¡Sí a la Vida, No a la minería!
De la rueda de prensa de las 7 de Aroztegia (de Argia):
«Quieren criminalizar el movimiento y poner un precedente con este juicio, eso es muy grave»
La empresa Palacio de Arozteguia S.L ha enviado a los juzgados a siete activistas contrarios al macroproyecto urbanístico Aroztegia de Lekaroz. Piden multas de 56.000 euros y un total de 20 años de cárcel para ellos. El 26 de noviembre se ha celebrado una multitudinaria rueda de prensa en el frontón de Lekaroz en la que se ha anunciado una manifestación de apoyo a los procesados para el 1 de febrero 2025 en Iruñea (Pamplona). «Dicen que somos una banda criminal, pero eso es falso, porque en un momento dado no tienen pruebas de que estuviéramos ahí», ha denunciado Garbiñe Elizegi, una de las siete procesadas.
«Es muy grave la acusación porque quieren criminalizar el movimiento popular y poner un precedente. Si antes era todo terrorismo, ahora, son bandas criminales», ha señalado Elizegi. La baztandarra ha explicado que ha existido la posibilidad de acuerdo en los últimos meses, ya que han estado negociando los abogados de la empresa, los de los encausados y la fiscalía. «Nosotros nos hemos mostrado dispuestos a aceptar lo que hicimos: que nos pusimos delante de las máquinas junto a más ciudadanos. Pero, lo de la banda criminal es una línea roja para nosotras», explicó. De hecho, los y las procesadas consideran que la empresa pretende designarles como «grupo criminal» por dos demandas que tiene interpuestas contra los Gobiernos de Navarra y España. «Acusa a los gobiernos de no haber puesto los medios suficientes para proteger a la empresa en tiempos de acampada, y para ello necesita de nuestra condición de «grupo criminal», dice.
Los y las procesados también han denunciado los destrozos que está causando el Gobierno de Navarra al designar los proyectos como un Plan Sectorial de Impacto Supramunicipal (PGPUD). «El gobierno del cambio afirmó en 2015 que UPN iba a cambiar ese camino de imposición de muchos proyectos, pero hoy es el día en el que siguen utilizando esa fórmula», ha recordado. La baztandarra también ha denunciado que con el proyecto de Aroztegi se haya ido un paso más allá, ya que los proyectos calificados como de «interés foral» tienen más facilidades de tramitación, como las canteras de Erdiz. «Han hecho copia de esa fórmula en la comunidad con la Ley Tapia. Son gobiernos diferentes, cambian los partidos, pero sigue la amenaza de la cárcel y la imposición de proyectos, y a esto le llaman democracia», ha denunciado.
Llamamiento a participar en las movilizaciones
Las activistas acusadas prevén que el juicio se celebre a principios de febrero, fecha que por el momento se les ha dado. Por ello, han anunciado que en las próximas semanas y meses llevarán a cabo diferentes movilizaciones e iniciativas, y han subrayado que será necesario el apoyo de la ciudadanía. «Tenemos claro que esto no es algo concreto contra nosotras, es un ataque a todo un pueblo. Si hasta ahora hemos avanzado con el apoyo de la ciudadanía, también lo haremos así, juntas y de forma colectiva», ha subrayado.
«Detrás de esto está la estrategia general de poner nuestras tierras en manos del capital, por lo que debería ser una estrategia nacional oponer resistencia a esto»
Y es que, a pesar de que este macroproyecto está situado en Baztan, destaca que está directamente relacionado con otras muchas luchas ambientales que se están produciendo a nivel de Euskal Herria. «Detrás de esto está la estrategia general de poner nuestras tierras en manos del capital y, por tanto, debería ser una estrategia nacional hacer resistencia a esto», concluye Elizegi.
