El Reloj en Cuenta Regresiva. FM Las Chacras 104.9
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El Reloj en Cuenta Regresiva: Estamos en comunicación con Jonatan Valdivezo, el es abogado fundador de Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Estamos viendo muy activos lo que es la audiencia por la modificación de la Ley de Glaciares. Le querés contar un poco a la audiencia, qué trabajo venís llevando adelante?
JV: Sí, por supuesto. Bueno, como sabrán, el gobierno está impulsando una reforma a la Ley de Glaciares, es que en los hechos prácticamente una derogación, quiere avanzar con sacrificar grandes reservas de agua dulce de la Argentina para avanzar con explotaciones en mega-mineras. Envió el proyecto de ley de la legislatura, ese proyecto de ley fue aprobado en Senado, entre enero del año para este año, y ahora está en la cámara de diputados. Si en la cara de diputados se convocó a una audiencia pública porque tiene que cumplir con el acuerdo de Escazú que establece la participación ciudadano obligatoria de forma previa a la toma de decisiones ambientales.
Y sucedió algo extraordinario. Se inscribieron en esa audiencia pública más de 100.000 personas de todo el país, que es la convocatoria, y la inscripción a audiencia pública más grande en la historia de la Argentina sin lugar a dudas, y quizás casi seguramente a nivel mundial: nunca hubo una convocatoria de esa pública tan numerosa como la que se realizó por el tema de discutir a la legislatura.
¿Qué sucedió? Justamente, con la presenta de esta situación, los presidentes de la Comisión de Asuntos Contitucionales, los diputados Peluc y Mayoraz, decidieron cambiar las reglas de juego. Se había convocado una audiencia pública y dijeron «no, no, audiencia pública no va a ser. Solamente van a hablar, o vamos a permitir que hablen 400 personas de la 100.000», es decir, menos del 0,2% de los inscritos que hasta el día de hoy nos sabemos que criterios tomaron para elegir esas personas, porque dijeron que iba a ser un criterio cronológico pero no fue un criterio cronológico, tampoco fue un criterio cuantitativo, exacto por cada jurisdicción, o jurisdicciones que tuvieron más depositores que otros, no así que no sabemos al día del cuál fue el criterio que por el cual se seleccionara de estas 400 personas.
Fue un cambio de reglas de juego. ¿Por qué es importante plantearlo? Oficialmente se convocó una audiencia pública. Una vez que se convocó una audiencia pública, no puede haber un cambio de modalidad de participación de la ciudadanía. Eso implica una violación de numerosas leyes: de la Ley del Medio Ambiente, de la cliente, del Acuerdo de Escazú que es un tratado internacional, que regula la democracia participativa ambiental y que la Argentina tiene deber de respetar, que establece que justamente esto: que cuando te convocan a una modalidad de participación ciudadana no se puede cambiar esa regla del juego a discrecionalidad de los funcionarios convocantes, porque es un principio de inmutabilidad de esa convocatoria. Y en la convocatoria no dijeron que iba a hablar los primeros inscritos o que iban a hablar algunos y no otros. Y convocaron a que todas las personas que se anotaran hasta el 20 de mazo tenían el mismo derecho a hablar. Todas estas modificaciones, estas arbitrariedades, se fueron consolidando a medida que avanzó la audiencia pública: no hablaron con 400 personas y dejaron hablar solamente a 200, hablaron personas que no estaban en un primer listado, lo cual demuestra también otro tipo de discrecionalidad. Los que se termina aclarando y quitando el velo es que el Congreso, la Cámara de diputados lo que querían era cumplir primeramente con las formalidades de que hay asistencia de participación previa y luego avanzar con esta reforma de glaciares que repito, es prácticamente la derogación de la Ley de glaciares, ya que hasta el día de hoy estaban protegidos todos los glaciares y todos los ambientes de glaciares.
Si ingresan en el inventario de glaciares, quedaban protegidos de forma absoluta y no se puede realizar ningún tipo de actividad humana que vaya en contra de la existencia de estos ecosistemas. Ahora, esta doble flexibilización, va a depender de cada provincia, si otorga valor de protección a estos glaciares. El proyecto de ley y utiliza unas palabras técnicas muy ambiguas como la importancia de reserva hídrica o como proveedora de agua para alimentar a las cuencas hídricas. Si cumple o no cumple esas funciones, de acuerdo a eso, siempre queda en manos de los funcionarios: son los funcionarios que de forma arbitraria van a determinar si no cumple esas funciones, un glaciar va a estar protegido o no va a estar protegido.
Y de los que queden protegidos, solamente se van a prohibir las actividades que se consideren altamente contaminante, las que generen una alteración relevante. Lo relevante va a seguir, obviamente, siendo determinado por los funcionarios de las provincias, que sabemos que en un contexto de corrupción estructural de la Argentina, las provincias terminan decidiendo a favor de las corporaciones económicas. Eso es algo que hace décadas sucede en Argentina.
No hemos conocido ningún estudio de impacto ambiental, ningún evaluación de impacto ambiental que termine diciendo que aquellos que son impulsados por las corporaciones o por el Estado generan una contaminación tan relevante que no se puede avanzar. No conocemos ningún caso de que eso haya sucedido. Cuando hay estos tipos de proyectos, tanto las corporaciones pueden ser consultoras y el gobierno avala, y también haciendo estudios impactamentales que terminan aprobando o autorizando cualquier tipo de explotación en cualquier lugar.
Así que en ese contexto, fue donde se dio esta masiva participación y con estas vulneraciones al procedimiento de participación que ha generado que haya instancias judiciales en todo el país que presentaban amparos colectivos, en algunas instancias no se les dieron las cautelares colectivas que fueron chazadas, pero por ejemplo, un juzgado federal de la Pampa declaró que esta audiencia tenía irregularidades y solo autorizó a la persona que había presentado ese amparo en la Pampa a hablar de la audiencia pública y así lo hizo.
Así que ya hubo juez que terminó, o que por lo menos para un caso individual, la audiencia pública estaba violando derechos, no solamente ambientales de participación, también derechos políticos. Recordemos que la participación en la audiencia pública es un derecho político. Un derecho político quizás más importantes que el derecho al voto, porque la posibilidad que tenemos la ciudadanía de hablar directamente con los funcionarios, de participar en la deliberación y la toma de decisiones, en este caso ambientales, es una manifestación muy importante del derecho a ser oídos y expresarnos libremente. Así que estamos viendo la vulneración de más de 100.000 personas cuyos derechos políticos fueron totalmente aniquilados por dos diputados que decidieron no escucharlos y elegir a dedo quienes son los que podían hablar en la Cámara de Diputados.
Esto va a continuar. Las judicializaciones van a seguir implementándose. En esta semana se van a comenzar a presentar denuncias penales contra estos diputados y contra cualquier otro diputado que convalide esta violencia pública. O sea, que no podemos aceptar que los funcionarios, los diputados, por más importantes que se crean, puedan anular los derechos a participar de la ciudadanía como lo han hecho de esta forma en la semana pasada.
El Reloj: Jonatan, ahí te escuchábamos atentamente, ahí el otro día salió un número que me pareció tan engañoso, que había un 61% de las personas que participaron, exponiendo que estaban en contra de la modificación del proyecto, eso dejaba un margen de 39%, y yo pensaba que si hubiese participado la gente que realmente se anotó para participar, ese número sería 0,001% a favor de la modificación y todo lo demás contra.
JV: No, totalmente, esto es todo muy digitado, porque por ejemplo el día 25 queda la audiencia presencial, hubo tanta cantidad de participantes y personas que hablaron de San Juan como de la ciudad de Buenos Aires. Hubo como 20 participantes de cada jurisdicción, y en el resto de las jurisdicciones hubo dos o tres. ¿Qué pasó en San Juan? Hablaron muchos que son empleados de las mineras, abogados de las mineras, ex funcionarios de los sectores mineros del gobierno, y ahí vemos claramente que no se respetó ni un criterio cuantitativo, pues somos 24 jurisdicciones. Tenían que haber hablado solamente 10 por provincia. No, había todos sabía San Juan que tuvo 20 intervenciones, y Tierra de Fuego y otras provincias que tuvieron dos participantes en la lista de convocados. Si tomamos este criterio poblacional: la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones, San Juan no tiene 3 millones de habitantes, e igual tuvieron las mismas cantidades de personas habilitadas para hablar. Así que vimos que todo estuvo totalmente digitado para que suceda este porcentaje que ya puedan decir, que de 60 % estaba en cuenta y de 40 % a favor, lo quedaría prácticamente que no hay un apoyo mayoritario en el país contra la mega-minería que puede afectar a glaciares.
Justamente hicieron toda esta situación que se fue de la mano, tenían pensado hacerlo desde el principio, lograr algún tipo de legitimación de la audiencia pública, pero al ver que hay 100.000 personas inscritas decidieron, a esas 100.000 personas que se iban a expresar en contra, anularles la palabra.
El Reloj: Jonatan como si esto se espera la votación de diputados y si avanzan, cuáles son las medidas que se van a tomar, porque bueno, una cosa que planteábamos al principio del programa con respecto al tema este es que es un daño irreversible el que se está causando. O sea que no hay forma que tenemos de tratar de hacer todo lo posible y lo imposible para que esta ley y esta modificación del ley no prosperen.
JV: Bueno, uno de los principales problemas legales que tiene esta reforma, además de laaviolación de la audiencia pública, es que es justamente una ley ambiental regresiva, que va a crear un daño que, como bien planteas, va a ser irreversible cuando el Estado ya había reconocido ciertos derechos ambientales, y ciertas protecciones de ecosistemas. Esa protección no puede retroceder de acuerdo a las normas internacionales. Existe un principio en protección de los ambientes que es el principio de progresividad y de doble dirección. Una vez que el Estado te garantiza la protección de un derecho ambiental no puede dar más atrás. Mucho menos sin fundamentos como lo está haciendo ahora. No existe razones para que se habilite la explotación de los glaciares: ni razones de empleo, ni razones económicas, todos son números totalmente inventados por el gobierno para lograr que unas cuantas corporaciones tengan libertad para exterminar ciertos ecosistemas en aras de mayor rentabilidad y riqueza y con esta idea de que lleguen inversiones. Toda una farsa que en las décadas de extractivismo de la Argentina no se han cumplido ninguna de esas promesas y sueños, solamente a beneficio, ha hecho rico a algunas corporaciones. ¿Cómo sigue esto en la cámara de diputados? Tienen que tratarlo en las comisiones, nuevamente – las comisiones todavía no despacharon el proyecto, es decir, no dictamimaron para que pueda ser tratado en el recinto. Luego de la audiencia pública deberían hacer una evaluación de las intervenciones y el acuerdo de Escazú obliga a las personas convocantes que tienen que analizar cada una de las propuestas críticas o consideraciones realizadas por la ciudadanía y hacer un informe de qué propuestas o críticas van a tomar y cuáles rechazan y dar un fundamento. Porque las audiencias públicas no son un simple monólogo donde personas hablan cuatro, cinco minutos y listo. Sino que tiene que haber la deliberación por lo menos, y acá los funcionarios tienen que explicar, qué es lo que van a tomar y qué es lo que rechazan y cuáles son los fundamentos de los que participaron en la audiencia pública. Así que eso debería suceder en los próximos días. Estamos viendo, escuchamos que van a convocar a gobernadores, a las comisiones para que pongan, que van a convocar a constitucionalistas. Y luego de eso estarán despachando y votando esta reforma en el recinto. Ese es el programa que el oficialismo se ha planteado. Nosotros seguiremos insistiendo de que esta audiencia pública no se puede convalidar y que obviamente no se puede votar esta reforma de Ley de de Glaciares, que pone en peligro las reservas de agua dulce de la Argentina, que alimentan a 36 cuencas hídricas, y que allí está involucrada la vida y la calidad de vida de más de 7 millones de personas.
El Reloj: Jonatan, digamos que todas las herramientas legales de amparo y denuncias ya están hechas o hay donde poder seguir desde la parte legal denunciando el fraude en esta audiencia?
JV: No, por ejemplo, todavía sigue un amparo que no se rechazó ni se aprobó la media cautelar, que es un amparo en la provincia de Buenos Aires. Es un amparo correctivo para proteger el derecho a participar en la audiencia de las personas que residen el provincia de Buenos Aires, que está en el jugado del juez federal de Tramos-Palilla. Así que allí estamos esperando una decisión. Estas semanas se van a empezar a presentar las denuncias penales, también pidiendo medidas cautelares que no se haga tratamiento hasta que no se respete el derecho político de las personas que no pudieron hablar. Está abierta las posibilidades de ir al Comité de Derechos Humanos, también con medidas cautelares, ya que se violaron los derechos políticos, y esos derechos están protegidos a nivel internacional y se puede acudir con la masividad de las violaciones. Estamos hablando de 100.000 personas que se le violaron su derecho político, no es un dato menor. Si esto se llega a convalidar, cualquier audiencia pública a futuro puede ser directamente soslayada. Si se animaron a que 100.000 personas no puedan hablar, cualquier audiencia a futuro va a ser más que una mera formalidad para estos gobiernos tanto provinciales como nacionales. Y también está la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, una vez que pase todas las instancias en la Argentina.
El Reloj: Bueno, Jonatan, agradecerte por toda la información. Y ahí los micrófonos de la radio a disposición para seguir tratando de darle información veraz sobre lo que implica esta modificación de ley. Creo que en ese sentido es, digamos, fundamental que la gente entienda a lo que está en riesgo. Me parece que esto va a ser fundamental para tratar de lograr que esa masividad del pueblo argentino, de una u otra manera, le pongo un freno a este avance.
JV: La audiencia pública ha demostrado que el pueblo Argentina tiene una increíble vitalidad democrática, no es menor que es la participación ciudadana más numerosa institucionalizada de audiencia pública en la historia de la humanidad. Digamos, es una audiencia pública increíblemente numerosa. La mayor que habíamos tenido hasta ahora en Argentina fueron 7.000 personas inscritas, cuando se discutió la ley que querían vender parte de la costa en Costa Salguero en la ciudad de Buenos Aires. Aqué estamos hablando de 100.000 personas. Un número extraordinario. Y eso también demuestra que hay una gran mayoría que sigue defendiendo lo colectivo, que sigue defendiendo lo común y que considera que nada es más valioso que el agua, que el agua vale más que todo, porque el agua es vida. Y eso es importante recalcarlo. No solamente quedarnos con la participación en la audiencia pública, sino que esta participación fue alimentada y se orquestó alrededor de la protección de los bienes comunes de la Argentina y el agua dulce, en un contexto geopolítico donde los bienes comunes de recursos naturales están siendo el objeto de extracción masiva de las grandes corporaciones.
El Reloj: Bien, Jonatan, nos vamos a seguir manteniendo contacto como para ver cómo se va desarrollando todo este tema. A seguir haciendo fuerza. Desde ya agradecerte por tu participación en este tema, que de alguna manera nos estás cuidando también a todo el conjunto de la sociedad desde tu lugar.
JV: Gracias por el espacio, a su disposición, y a seguir resistiendo.
