Incendio del Ayuntamiento de Limoges: los primeros datos de la investigación no respaldan la tesis de una acción coordinada

Noé Sotto | Mediapart.fr

(Euskara)

JUSTICIA – INVESTIGACIÓN

En un contexto de escalada política en torno al espantajo de la «ultraizquierda», la Fiscalía de Limoges desplegó rápidamente unos medios de investigación extraordinarios tras el incendio del Ayuntamiento. Dos hombres fueron imputados el 23 de octubre, pero un vídeo parece exculpar a uno de ellos. Mediapart ha tenido acceso a los primeros elementos de la investigación.

¿Qué ocurrió en Limoges el 17 de octubre?

¿Cómo pudieron los manifestantes provocar un incendio en el Ayuntamiento que acabó causando el derrumbe de su campanario, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo? ¿Se trató de una acción improvisada u organizada?

Estas son las preguntas a las que la justicia intenta responder, sometida a una intensa presión política. Mediapart ha tenido acceso a los primeros elementos de la investigación judicial y se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para intentar reconstruir lo sucedido y conocer la trayectoria de las personas investigadas.

El 17 de octubre, a las 16:00 horas, una marcha de manifestantes ocupa la autopista A20, en las afueras de la ciudad. Tras una jornada de manifestaciones dispersas y fuertes enfrentamientos, la policía se queda sin munición, a pesar de haber recibido una dotación completa al comienzo del día y varios suministros adicionales.

Los agentes retroceden. La manifestación avanza por la A20 y después se desvía hacia el centro de la ciudad.

A las 17:45 horas, varios centenares de manifestantes llegan a la explanada del Ayuntamiento. Se escucha La Marsellesa, así como consignas contra Guillaume Guérin, el nuevo alcalde de la ciudad, perteneciente al partido conservador Los Republicanos (LR).

En el interior del Ayuntamiento se encuentran trece policías municipales, un concejal y el conserje.

Algunos manifestantes rompen los cristales del edificio lanzando proyectiles o utilizando elementos del mobiliario urbano. En un extremo de la plaza, otros incendian vehículos de la policía municipal que estaban aparcados allí.

Otros golpean la puerta principal del edificio con un poste de parada de autobús, sin conseguir abrirla.

En el ala izquierda del Ayuntamiento, un vídeo grabado por un dron policial, al que Mediapart ha tenido acceso, muestra a un hombre que coge un contenedor de basura cuyo contenido ya está ardiendo y lo lanza a través de una ventana de la oficina del Registro Civil.

Son las 17:56 horas.

Durante los quince minutos siguientes, el mismo hombre arroja otros objetos al fuego. Una docena de manifestantes hacen lo mismo, de manera desordenada y sin que se aprecie ninguna coordinación previa.

Las llamas se extienden por la estancia.

Los policías, el concejal y el conserje abandonan el Ayuntamiento por la parte trasera entre las 18:06 y las 18:08 horas.

Poco después, un hombre abre una puerta del Ayuntamiento y varias decenas de manifestantes entran en el vestíbulo, del que vuelven a salir en apenas tres minutos.

A lo largo de la tarde-noche, el fuego se propaga hasta el tejado debido a «un viento que resultaba bastante desfavorable», según explica Franck Machingorena, director del Servicio Departamental de Incendios y Salvamento (SDIS) de Haute-Vienne, en declaraciones a la emisora Ici Limousin.

Hacia las 20:30 horas, el campanario se derrumba.

Sin embargo, los bomberos consiguieron salvar «cuatro quintas partes del edificio».

Esa misma noche, la fiscal de Limoges, Émilie Abrantès, encarga la investigación a la División de Criminalidad Organizada y Especializada (DCOS) de la ciudad.

Presiones políticas

Al día siguiente, el alcalde Guillaume Guérin afirma, sin aportar prueba alguna, que «la intención de provocar el incendio había sido premeditada» y que «se habían realizado labores de reconocimiento previas».

Acusa a «individuos pertenecientes a la ultraizquierda», que supuestamente estarían «extraordinariamente equipados y entrenados» y vivirían «aislados en las localidades de la meseta de Millevaches».

Se trata de un territorio rural conocido desde los años setenta por acoger a personas que se trasladan de las ciudades al campo, así como numerosas experiencias colectivas y militantes.

El alcalde de Cannes y presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, David Lisnard, que visita Limoges —su ciudad natal—, llega incluso a hablar de «campos de entrenamiento de terroristas en la meseta de Millevaches», donde, según él, algunos militantes «se entrenan para la guerrilla urbana» y «adquieren material pesado para atacar a los policías».

El primer ministro, Sébastien Lecornu, también responsabiliza a «la ultraizquierda» de los acontecimientos ocurridos durante la jornada del 17 de octubre en el conjunto del país.

Dos días después de los hechos, la fiscal de Limoges decide recurrir también a los servicios de investigación de la Subdirección Antiterrorista (SDAT).

Sus investigadores son enviados a Limoges.

Durante el informativo de las ocho de la tarde de TF1, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirma que «la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha situado en posición de observadora» con vistas a dirigir la investigación, aunque finalmente este organismo no asume el caso.

En la cadena CNews, el mismo ministro considera que «existe la posibilidad de que se trate de un acto organizado y terrorista».

El 20 de octubre, a primera hora de la mañana, agentes de la DCOS y de la SDAT, apoyados por la unidad especial RAID de Burdeos, detienen a H., de 34 años, en Val-d’Issoire (Haute-Vienne).

H. vive allí en una cabaña construida en lo alto de un árbol, junto a la vivienda de sus padres.

En cuestión de horas, su nombre y su perfil personal se filtran a la prensa.

Durante su detención policial, H. considera «terrible lo que ha ocurrido», pero decide no responder a las preguntas concretas sobre los hechos.

«Unos guantes de trabajo rojos y negros»

Los investigadores de la DCOS creen haberlo «identificado formalmente» como el hombre que lanzó el contenedor de basura en llamas al interior del Ayuntamiento.

Para ello, han comparado las imágenes del dron con fotografías tomadas por la policía en momentos anteriores de la manifestación, en las que aparece un hombre vestido de manera similar y con el rostro descubierto.

También incautan unas zapatillas que consideran «idénticas en todos los aspectos» a las que lleva el hombre de las fotografías.

Además, una fuente anónima proporciona a los investigadores otras «posibles direcciones» de H.

Entre ellas figura una yurta situada en Faux-la-Montagne, en la meseta de Millevaches, donde encuentran unos «guantes de trabajo de color rojo y negro», uno de los cuales «parece estar parcialmente derretido».

Los colores son similares a los de los guantes que lleva la persona que aparece en las imágenes del dron.

La policía ya conocía a H., puesto que estaba acusado de haber golpeado en la cara a un agente durante una manifestación contra un proyecto de fábrica de pellets, celebrada en Guéret en 2024, en el transcurso de una intervención conflictiva de la brigada anticriminalidad entre la multitud.

Absuelto en primera instancia por el Tribunal Correccional de Guéret, posteriormente fue condenado por el Tribunal de Apelación de Limoges.

Ha presentado un recurso de casación, lo que suspende los efectos de su condena: sus antecedentes penales siguen estando limpios.

H. posee un certificado de aptitud profesional (CAP) de carpintero. Declara trabajar por cuenta propia y percibir la renta de solidaridad activa (RSA), una prestación social francesa destinada a personas con escasos recursos.

En la aldea donde vive su familia, varios hogares se han instalado en viviendas ligeras o alternativas.

«Es allí donde crecí», explica durante su detención policial.

En un comunicado, los allegados de H. lo describen como «un chico sensible, cercano a la naturaleza y no violento».

Denuncian la «avalancha mediática desencadenada tras su detención», que ha provocado «una campaña de acoso en internet».

En su página pública de Facebook se multiplican las amenazas.

Sus allegados recuerdan que H. «goza de la presunción de inocencia» y tiene derecho «al respeto de su vida privada».

Unos días después, sus abogados rechazan de entrada todas las acusaciones.

«El expediente es muy endeble», considera Guillaume Laverdure, que ve en el procedimiento una «búsqueda de chivos expiatorios».

Su segundo abogado, Henri Braun, denuncia «el mito de la ultraizquierda que está operando en este caso».

El padre de H., de 72 años, fue condenado en abril de 2026 a tres años de prisión con suspensión de la pena por su implicación en los incendios de antenas 5G y vehículos de Enedis, motivados por razones ecologistas.

De nacionalidad española, los servicios de inteligencia lo describen como una persona que habría estado próxima a los movimientos autonomistas vascos durante la década de 1980.

Historial de llamadas y geolocalización

Paralelamente, desde el 19 de octubre, la Subdirección Antiterrorista (SDAT) despliega todo un arsenal de medios de investigación para intentar fundamentar la hipótesis de que una red organizada habría actuado de manera coordinada.

Según las informaciones de Mediapart, el servicio especializado en la lucha contra el terrorismo analiza los dispositivos informáticos incautados durante los registros realizados en los domicilios de H., de sus familiares y de sus amigos.

Los investigadores obtienen de las compañías telefónicas los historiales de llamadas, mensajes SMS y datos de geolocalización de los teléfonos.

También se interesan por los integrantes de los grupos de conversación en los que participa H. a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal.

La línea telefónica de H. es intervenida y su ubicación comienza a ser rastreada en tiempo real.

La SDAT solicita además a las operadoras la lista de todos los teléfonos móviles que se conectaron a las antenas de telefonía situadas en las inmediaciones del Ayuntamiento en el momento del incendio.

Los investigadores se fijan especialmente en una llamada recibida en el buzón de voz de H. a las 17:44 horas del 17 de octubre, doce minutos antes de que comenzara el fuego.

Comprueban que ambos números habían intercambiado tres llamadas durante el mes de octubre.

También observan que, entre las 17:35 y las 17:46 horas, el teléfono de la persona que realizó la llamada se conectó una vez a una antena de la plaza Jourdan, en Limoges, y otras tres veces a antenas del municipio de Panazol, colindante con Limoges.

Según los investigadores, estas últimas antenas se encontraban «dentro de una posible zona de cobertura de red del Ayuntamiento de Limoges».

A partir de estos indicios, el 22 de octubre, la SDAT, «con una columna de agentes del RAID a la cabeza», detiene al titular de esa línea telefónica, Y., de 66 años, en una aldea de Gentioux-Pigerolles (Creuse), situada en la meseta de Millevaches.

Y. queda bajo custodia policial.

Su teléfono y sus comunicaciones también son sometidos a un examen exhaustivo.

Interrogado por la SDAT, Y. niega haber estado delante del Ayuntamiento en el momento del incendio.

Explica que había «inhalado gases lacrimógenos» antes de que la manifestación llegara a la autopista.

«No me encontraba muy bien, así que regresé a mi coche, que estaba aparcado en el aparcamiento del McDonald’s [de Les Casseaux, alejado del centro de la ciudad —nota de la redacción—]», relata.

«Me quedé allí hasta aproximadamente las siete de la tarde.

— Benjamin Simons, alcalde de Gentioux-Pigerolles.

Y. vive desde hace aproximadamente diez años en la meseta de Millevaches.

Es originario de Provenza, donde se habían establecido sus padres, de nacionalidad argelina. Nunca ha obtenido la nacionalidad francesa.

Posee el título de estudios secundarios BEPC y vive de una prestación mínima de jubilación, después de haber trabajado en la construcción.

Sin embargo, durante su detención policial se define como «escritor» y «pintor», ambos oficios aprendidos de manera «autodidacta».

De hecho, expone y vende cuadros a sus amigos y ha publicado un libro de poemas.

También declara que la ideología política con la que más se identifica es «el ecologismo» y que su forma de acción es «la escritura».

Al día siguiente de su detención, el alcalde de Gentioux-Pigerolles, Benjamin Simons, confirma que Y. «no goza de buena salud».

«Lamentamos el enorme despliegue de efectivos y medios, completamente desproporcionado», añade el alcalde.

«Me da un poco la risa cuando veo de quién se trata. Es como si movilizaran una unidad de asalto para ir a casa de tu abuela».

A su juicio, «este tipo de demostración de fuerza responde o bien a una fantasía sobre cuál es la realidad de la meseta, o bien a una iniciativa deliberada de carácter político».

Y pronostica:

«Va a ser una pérdida de tiempo para todo el mundo, tanto para los investigadores como para [Y.]».

«Están unidos por una ideología»

Al término de su detención policial, el 23 de octubre, los dos hombres comparecen ante un juez de instrucción a altas horas de la noche.

La comparecencia tiene lugar en unas circunstancias excepcionales: el edificio judicial ha sido evacuado y cerrado al público.

Esa misma noche, Sébastien Lecornu visita Limoges para expresar su apoyo a la ciudad tras el incendio del Ayuntamiento.

Los dos hombres son imputados por incendio provocado en banda organizada y asociación de malhechores, y enviados a prisión provisional.

En el caso de H., también se le imputa un delito de tentativa de asesinato contra agentes de la autoridad, por haber lanzado «proyectiles incendiarios en dirección a los policías» municipales que se encontraban en el interior del Ayuntamiento durante los primeros minutos del incendio y que han presentado denuncia.

Interrogados por los investigadores, los policías declaran haber sufrido contusiones, provocadas especialmente por los proyectiles que aseguran haber recibido.

Estas lesiones les han supuesto entre tres y diez días de incapacidad temporal para el trabajo (ITT).

«Estas calificaciones jurídicas son completamente desproporcionadas», protesta Henri Braun, uno de los abogados de H., a la salida de la vista judicial.

«Han encontrado a un segundo sospechoso para poder hablar de asociación de malhechores», considera, refiriéndose a Y.

Los dos hombres son encarcelados en régimen de aislamiento, lejos de Limoges.

H. es trasladado al centro penitenciario de Poitiers-Vivonne, mientras que Y. es enviado a la prisión de Bordeaux-Gradignan.

La «banda organizada», en el centro del procedimiento

La calificación de «banda organizada» constituye una circunstancia agravante que exige la existencia de un acuerdo previo a la comisión del delito, así como hechos materiales que demuestren su preparación.

La jurisprudencia añade además la exigencia de una organización estructurada.

Por tanto, la simple participación conjunta de varias personas en unos mismos hechos no es suficiente para acreditar la existencia de una banda organizada.

Lo que está en juego es considerable.

En Francia, un incendio provocado sin circunstancias agravantes constituye un delito castigado con hasta diez años de prisión.

Si se comete en banda organizada, pasa a considerarse un crimen castigado con veinte años de reclusión.

Esta calificación también permite aplicar el régimen especial de investigación previsto para la delincuencia organizada.

Dicho régimen autoriza técnicas de investigación más intrusivas y amplía la duración máxima de la detención policial hasta las 96 horas, frente a las 48 horas del régimen ordinario.

Así fue posible que H. permaneciera bajo custodia policial durante 81 horas.

¿Se trató de una acción espontánea o, por el contrario, preparada de antemano?

Esta cuestión será, por tanto, decisiva para el desarrollo posterior del procedimiento judicial.

La Fiscalía insiste en los vínculos ideológicos

Los abogados recurren la prisión provisional de sus clientes.

El recurso es examinado el 3 de noviembre por la Sala de Instrucción de Limoges, ante unas sesenta personas que se han desplazado hasta allí para mostrar su apoyo a los detenidos.

Durante la vista, la fiscal general se apoya en los elementos de la investigación para solicitar que ambos permanezcan encarcelados.

Presenta a H. como uno de los «cabecillas» de la acción desarrollada frente al Ayuntamiento, aunque no aporta elementos concretos que fundamenten esa afirmación.

Sobre todo, intenta demostrar los vínculos existentes entre los dos sospechosos, haciendo suya la acusación de que ambos comparten una misma ideología.

«Mantienen relaciones de amistad y están unidos por una ideología», afirma.

Unas convicciones que, según la fiscal, «se corresponden con lo ocurrido aquel día en Limoges».

También habla de «elementos de militancia encontrados en sus domicilios, como libros».

En relación con Y., menciona un «radicalismo llevado hasta sus últimas consecuencias» y una voluntad de «destrucción asumida de los símbolos del Estado».

También plantea la posible influencia que el hombre de mayor edad habría ejercido sobre el más joven:

«Por lo general, es el mayor quien ejerce ascendencia sobre el más joven».

Sin embargo, en los diferentes registros realizados en los lugares vinculados a H. no se menciona ningún libro.

Los supuestos «elementos de militancia» se reducen a una «A» anarquista, un cartel con el lema «Migrantes: Bienvenidos», una bandera palestina y una bandera francesa deteriorada con la inscripción «ACAB» —siglas de All Cops Are Bastards, expresión antipolicial—.

En el domicilio de Y. se encuentran un boletín informativo de un colectivo antifascista cuyo objetivo es «desenmascarar a la extrema derecha», varios folletos, especialmente de temática ecologista, y algunos libros.

Entre ellos figuran dos obras de gran difusión en el ámbito universitario, escritas por el filósofo marxista Henri Lefebvre y el antropólogo anarquista David Graeber.

Las cámaras de seguridad del McDonald’s parecen exculpar a Y.

Durante la vista judicial se produce un giro inesperado.

Los abogados de Y. aseguran ante el tribunal que las imágenes de las cámaras de seguridad del McDonald’s de Les Casseaux, situado a unos veinte minutos a pie del Ayuntamiento, corroboran la versión que su cliente ofreció desde el primer momento de su detención.

Estas imágenes le proporcionarían una coartada sólida.

Las grabaciones habían sido incorporadas al procedimiento al día siguiente de su detención, pero los investigadores no las habían analizado antes de que Y. fuera formalmente imputado.

Mediapart ha podido examinarlas.

Las imágenes llevan la fecha del 17 de octubre y están registradas entre las 17:55 y las 17:58 horas, precisamente cuando el incendio comenzó a las 17:56.

A pesar de su escasa calidad, muestran a un hombre muy parecido a Y. realizando tranquilamente un pedido.

En cuanto a la geolocalización de su teléfono, Raphaël Kempf, uno de los abogados de Y., señala que la antena de Panazol, a la que el móvil se conectó tres veces, está en realidad más cerca del McDonald’s que del Ayuntamiento.

La antena de la plaza Jourdan, a la que el teléfono se conectó una vez, se encuentra a medio camino entre el Ayuntamiento y el restaurante de comida rápida.

El abogado denuncia una «investigación chapucera».

«Esta ficción ya ha durado demasiado», declara Y. ante el tribunal con voz temblorosa.

«Yo no tengo nada que ver con esta historia».

«Este procedimiento penal parece haber escapado al control de la justicia para quedar absorbido por la esfera política»

El expediente contra H. contiene más elementos incriminatorios.

Sin embargo, para uno de sus abogados, Henri Braun, «el único elemento que existe contra él es un vago parecido con alguien que aparece en el vídeo».

La persona que aparece en las fotografías tomadas anteriormente durante la manifestación también sería, según el abogado, «completamente imposible de identificar», y «los guantes rojos y negros [encontrados] no demuestran nada».

«En realidad, estamos ante un caso que debería juzgarse en un tribunal correccional. No existe ninguna banda organizada, ninguna asociación de malhechores y mucho menos una tentativa de asesinato», argumenta.

El abogado también se pregunta por la rapidez con la que se propagó el incendio y cuestiona «las normas de seguridad contra incendios» del edificio.

«Ahí es donde encontraremos a los verdaderos responsables», considera.

El segundo abogado de H., Guillaume Laverdure, insiste en recordar que se trata de «daños materiales»:

«Las víctimas son las paredes».

«Tenemos la impresión de que este procedimiento penal ha terminado escapando al control del poder judicial para quedar absorbido por la esfera política», lamenta.

También denuncia que los imputados hayan sido «arrojados como carnaza a la indignación popular».

La defensa solo consigue convencer parcialmente al tribunal.

El jueves 5 de noviembre, la Sala de Instrucción confirma la prisión provisional de H.

Sin embargo, ordena la puesta en libertad de Y., bajo control judicial.

Este último deberá residir en Marsella, lejos de su domicilio habitual, y tendrá prohibido participar en manifestaciones.

No obstante, la Sala considera «verosímil que haya podido participar, como autor o como cómplice», en los hechos investigados.

Los abogados anuncian que también recurrirán las imputaciones de sus clientes y solicitarán que el procedimiento sea trasladado a otra jurisdicción, «debido a las presiones que se ejercen sobre la justicia en Limoges», según explica Henri Braun.

«Una manifestación espontánea»

En la meseta de Millevaches se ha constituido un comité de apoyo a los dos imputados, que adopta una línea de defensa marcadamente política.

En un comunicado publicado el 1 de noviembre, el comité afirma que «el incendio no es el resultado de un complot urdido previamente por una supuesta ultraizquierda, sino la consecuencia de una indignación popular que aquel día desbordó el dispositivo policial».

«El incendio se produjo en el transcurso de una manifestación espontánea», insiste el comunicado, antes de reclamar la puesta en libertad de ambos hombres.

Ya el 22 de octubre, el Sindicato de la Montaña Limusina, que coordina numerosas luchas sociales en la meseta, había difundido un comunicado con el objetivo de corregir el «relato» que se había impuesto tras el incendio del Ayuntamiento.

«Comprendemos la tristeza de muchas personas al ver cómo un monumento del patrimonio común de los habitantes de Limoges es pasto de las llamas», señala el texto.

«Pero no nos equivoquemos: lo que los manifestantes atacaron no fue “la casa de todos”, sino “la casa de Guérin”, encarnación local de ese poder tan detestado».

Según el Sindicato, la meseta de Millevaches ha sido «señalada con el dedo» como «el culpable que se esperaba encontrar», cuando en realidad no sería otra cosa que «una tierra de acogida, de solidaridad y de resistencia».

El miércoles 11 de noviembre, durante la conmemoración del armisticio en Gentioux-Pigerolles, localidad donde fue detenido Y., una pancarta proclama:

«Todas y todos somos los imputad@s del 17 de octubre».

El precedente del caso Tarnac

Estas detenciones no son más que el comienzo de una investigación que se prolongará durante mucho tiempo.

De hecho, según las informaciones de Mediapart, los investigadores acudieron ya el 28 de octubre a la redacción de Le Populaire du Centre, el diario de la región de Lemosín, para requerir las imágenes de la manifestación.

En esta región, los servicios antiterroristas están acostumbrados a intervenir en investigaciones extraordinarias.

El caso más célebre sigue siendo el llamado «caso Tarnac», que permanece muy presente en la memoria colectiva de la meseta de Millevaches.

En 2008, diez personas vinculadas al pueblo de Tarnac, próximo a Gentioux-Pigerolles, fueron detenidas por la policía antiterrorista.

Se sospechaba que habían participado en el sabotaje de la catenaria de una línea ferroviaria de alta velocidad (TGV).

La entonces ministra del Interior, Michèle Alliot-Marie, las presentó como un grupo de «ultraizquierda», y la instrucción del caso fue inicialmente encomendada a un juez antiterrorista.

La acusación se apoyaba, en parte, en las lecturas políticas y militantes de los investigados.

Para leer también — DOSIER: Comprender el fiasco del caso Tarnac.

Tras diez años de procedimiento judicial, el caso concluyó con la absolución de todos los acusados.

«El “grupo de Tarnac” era una ficción», señaló el tribunal en su sentencia de 2018.

Julien Coupat, el principal acusado, había pasado más de seis meses en prisión preventiva y varios años sometido a control judicial.

Una investigación con medios extraordinarios

Más recientemente, la SDAT también participó en la investigación sobre los incendios de vehículos de Enedis y antenas de telecomunicaciones cometidos en 2020 y 2021 como protesta contra el despliegue de la tecnología 5G y de los contadores eléctricos inteligentes Linky.

Por estos hechos fue condenado el padre de H.

Los investigadores desplegaron un arsenal considerable de medios.

Además de intervenir las comunicaciones telefónicas y geolocalizar los móviles, llevaron a cabo seguimientos de personas, instalaron dispositivos de escucha en domicilios y vehículos y colocaron discretamente cámaras de vigilancia.

Tres personas fueron imputadas en aquel procedimiento.

Una de ellas obtuvo el sobreseimiento de su causa en 2025, después de haber permanecido catorce meses bajo control judicial.

Las otras dos fueron condenadas en abril de 2026 a penas de dos y tres años de prisión, respectivamente, con suspensión de su ejecución, por incendio provocado y asociación de malhechores.

La circunstancia agravante de banda organizada había sido finalmente retirada de la acusación.

A dia de hoy, H sigue incomunicado en prisión.

¡Libertad para el acusado, abajo el muro de las prisiones!

Blog de WordPress.com.

Subir ↑