Planeta Guapinol
El activista ambiental Juan López fue asesinado a tiros por sicarios la noche del 14 de septiembre en Honduras. López pertenecía al Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, una organización ecologista de la ciudad de Tocoa, en la costa atlántica de Honduras. CMDBCPT pelea contra proyectos mineros e hidroeléctricas en su zona, que además de afectar a su territorio, afecta a los ríos Guapinol y San Pedro.
Por esta lucha, los activistas de esta región están sufriendo una gran represión que incluye otras muerte, el encarcelamiento y el exilio de otros. CMDBCPT aglutina distintas organizaciones de la región: Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y Sector Abisinia (14 comunidades); Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de Tocoa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó medidas de protección para Juan López que obviamente el gobierno incumplió. Responsabilizan de su muerte al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez y su camarilla, ya que López había pedido su renuncia, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Hoy (19 septiembre) además se ha sabido que la Corte de Apelaciones de La Ceiba revocaba las medidas de sobreseimiento definitivo que habían otorgado a cinco defensores ambientales del sector de Guapinol, entre ellos el fallecido Juan López. El Ministerio Público había interpuesto un recurso de apelación en contra de esta medida para estos activistas imputados con delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Además del recién fallecido estos incluían a Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió una investigación independiente y exhaustiva sobre el asesinato de Juan López. Independiente porque rechaza la participación en la investigación. tanto de la Fiscalía de Tocoa como de la Unidad Especializada para la Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) del Ministerio Público, así como cualquier representante político local involucrado en estructuras de poder. Argumentan que todos ellos juegan un papel en la persecución y criminalización de los activistas de Guapinol.
Decir también que la presidencia de Xiomara Castro no está cumpliendo las expectativas, pues se esperaba provocara un giro total a las antiguas políticas, y con ella, no sólo siguen implementándose actividades de gran impacto ambiental y social, sino que también continúa la represión y muerte contra aquellas personas que la cuestionan.
CMDBCPT también exige la implementación inmediata del Decreto 18-2024 que excluye la actividad minera de áreas protegidas (como no podía ser de otra forma – por eso están protegidas). Este decreto fue aprobado este febrero 2024. Pero mientras, como comprobamos ahora, no sólo no se cumple sino que a los que denuncian este atropello se les persigue y hasta se les asesina.
Traemos aquí el homenaje sentido que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) le ofreció: «Juan López fue un hombre excepcional que, tras su asesinato, nos hereda una palabra siempre viva y cargada de lucha permanente por la dignificación de todo ser humano que necesita y cuida responsablemente de los bienes naturales necesarios para vivir con dignidad y sosiego».
Una muerte que se añade a otras en Guapinol
El 15 de junio de 2023 fue asesinado Oquelí Domínguez en la comunidad de Guapinol (departamento de Colón), y cinco meses antes, el 7 de enero 2023, lo fueron su hermano, Aly Domínguez, y Jairo Bonilla Ayala.
El pasado octubre 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 30 miembros de esta organización, incluido López, y su equipo legal. Instó también al gobierno de Honduras a que reforzara los mecanismos de protección para estos activistas. Algo, que el Comité de Tocoa exige constantemente al Estado, que cumpla con su obligación de proteger a estos ciudadanos.
El 24 de febrero de 2022 fueron también puestos en libertad 8 activistas de Guapinol que permanecieron encarcelados por más de 2 años por el mero hecho de defender su territorio, su río y su modo de vida. Pese al fin del proceso judicial, los defensores siguieron sufriendo ataques: campañas de desprestigio, amenazas e incluso asesinatos. Algunos de ellos se vieron obligados a abandonar Guapinol por motivos de seguridad. Fueron desplazados a la fuerza.
Pero la represión no cesó y en febrero de 2023, otros seis defensores del río Guapinol sufrieron un intento de procesamiento penalmente por cuestionar pacíficamente la legalidad del proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
El caso de la comunidad de Guapinol es emblemático por el grave impacto ambiental y a los recursos naturales que ha tenido un megaproyecto minero en el Parque Nacional Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Este impacto ha afectado consecuentemente también a las comunidades que allá habitan. Pero además ha supuesto violaciones de los derechos humanos contra ellas por cuestionar y oponerse a esas actividades. Treinta y dos defensores de los derechos humanos fueron criminalizados por ejercer pacíficamente los derechos a la libertad de expresión y asociación.
Recalcar que todo esto ocurre mientras que este mismo año, el 21 de febrero, se aprobó el Decreto 18-2024 con el fin de crear ese Parque Nacional Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Éste se incorporaba así al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH).
Honduras: el país en que se asesina a defensores y defensoras
El asesinato de Juan López se suma a los otros cientos de defensores de la Vida asesinados en el Planeta día tras día. De todo el Planeta, Honduras resalta como país con un triste legado.
Como expresa el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) «Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del ambiente y los derechos humanos. Desde 2010, más de 160 defensores han sido asesinados, según el informe de Global Witness. Estas cifras muestran una grave crisis de impunidad, donde las instituciones del Estado, en lugar de proteger, muchas veces son cómplices de la represión y la violencia que sufren los líderes comunitarios».
«En los últimos cinco años, más de 1,200 defensores han enfrentado procesos judiciales bajo cargos infundados, diseñados para desgastar las luchas territoriales y ambientales. Estos procesos van desde la criminalización por usurpación de tierras hasta acusaciones de terrorismo, lo que muestra el nivel de hostilidad que enfrenta la defensa del ambiente en el país».
MAPJ parte del reciente asesinato de Juan López, para seguir con el más conocido de todos internacionalmente, el de la activista lenca Berta Cáceres, asesinada en 2016, tras años de lucha contra la represa Agua Zarca.
Pero además de ese y el sangrante caso de Guanipol, otro de los casos más trágicos es el que sufre la comunidad indígena Tolupán San Francisco Locomapa. Este pueblo ha sufrido múltiples ataques por su oposición a la explotación maderera y minera en sus territorios. En 2013, tres miembros de esta comunidad fueron asesinados por sicarios. Estos también gozaban de las mismas medidas de protección otorgadas a Juan López por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ramón Fiallos, defensor del río Jilamito ante el proyecto de una hidroeléctrica, fue el otro caso emblemático, ya que sufrió múltiples amenazas.
