La empresa pública de energía de Túnez, STEG, que ha logrado una tasa de electrificación del 99,8 por ciento, está experimentando una privatización progresiva. El Gobierno tunecino, bajo la fuerte influencia de bufetes de abogados internacionales y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), entre otros, ha comenzado un programa de privatización que ofrece una cuota de mercado a actores privados que invierten en energía renovable. Su principal objetivo a largo plazo es exportar energía a Europa, en lugar de generar energía para uso local. Esto refuerza el extractivismo colonial a expensas de una gran porción de tierra agrícola y de la tan necesaria soberanía energética. La Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), el mayor sindicato del país, ha liderado la lucha contra la privatización energética. En apoyo a esta lucha, el Grupo de Trabajo por la Democracia Energética ha elaborado un modelo de transición energética justa y democrática basado en la producción de energía pública y
colectiva, que incluye la generación de energía renovable por parte de cooperativas.
