La pandemia que nos ha golpeado muestra lo que es una amenaza masiva para la vida y nos obliga a convertir nuestra vulnerabilidad evidente en fuerza de acción colectiva y de responsabilidad democrática.
A la situación de emergencia climática y ecológica se ha unido el confinamiento, el parón del sistema productivo y la crisis sanitaria provocados por el SARS-CoV-2. Estos acontecimientos van a traer nuevas y aumentadas vulnerabilidades sociales, económicas y políticas de las que no podemos apartar la mirada en la visión de cambio conjunto que compartimos. Con esta emergencia sanitaria mundial, el derecho a la vida de las generaciones futuras, cobra una nueva relevancia y permite de repente entender a gran escala la magnitud de los impactos de las crisis climáticas.
Una barrera natural de protección
El mundo académico y científico nos viene advirtiendo desde hace tiempo, a través de infinidad de estudios, de los gravísimos riesgos a los que nos enfrentamos de no cambiar de forma inmediata la forma en que nos relacionamos con los ecosistemas.
A estos riesgos se une hoy, tal como numerosos científicos han puesto de manifiesto y reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), la amenaza creciente de pandemias tanto o más letales que la de la COVID-19, provocadas por zoonosis de la que solo la biodiversidad, como si de una barrera natural se tratara, nos puede proteger (Nuestras vidas dependen de la salud del planeta).
Los virus siempre han estado presentes en el ambiente, es nuestra relación con la naturaleza lo que está cambiando. La ciencia nos alerta desde hace años sobre el papel fundamental de la biodiversidad y de unos ecosistemas funcionales en la prevención de enfermedades. En los ecosistemas en buen estado se generan gran cantidad de interacciones entre individuos y especies, lo que facilita el control natural de especies que pueden afectar a nuestra salud. Asimismo, existe una fuerte relación entre la destrucción de los ecosistemas y la aparición de especies que actúan como vectores de enfermedades.
A pesar de estos notables efectos beneficiosos, la biodiversidad a nivel global se sitúa en un punto crítico, cerca de lo que muchos consideran la “sexta extinción masiva” y de la que la comunidad científica lleva alertando desde hace tiempo. La pérdida de hábitats, los cambios de uso del suelo, el cambio climático o la contaminación, están detrás de un proceso que desde hace años ha superado los límites de seguridad para la especie humana (1). De hecho, las propias enfermedades infecciosas transmitidas por animales están altamente relacionadas con los cambios en el medio ambiente.
Además de los efectos sobre la salud que tiene el cambio climático por sí solo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advierte del potencial peligro del cambio climático en la generación de nuevas pandemias, resultando alarmante la situación al cruzar escenarios de aumento de temperatura con los del cambio de uso de suelo y pérdida de biodiversidad (2). Entre estos peligros, destacan los cambios de hábitats de muchas especies que actúan como vectores de enfermedades, así como la posibilidad de liberar patógenos confinados bajo el hielo del permafrost.
Asambleas ciudadanas, responsabilidad democrática
Por esto, las demandas del movimiento Extinction Rebellion, que nació para preservar la vida y salud de las generaciones actuales y futuras, se encuentran más vigentes que nunca.
La ciudadanía es consciente de que estas amenazas son consecuencia de la criminal inacción de los gobiernos del mundo. Así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, pidiendo a través de diferentes ONGs, asociaciones y movimientos sociales que se lleven a cabo los cambios drásticos necesarios para revertir la situación.
Atendiendo a esta realidad, el Gobierno de España, en su Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental, se comprometió en enero de 2020 a reforzar los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático estableciendo para ello una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.
Sin embargo, los escenarios de trabajo se han visto drásticamente modificados a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Y así, mientras se decide crear en el Congreso de los Diputados la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, poco o nada se ha avanzado en lo referente al compromiso anterior.
Las políticas de reconstrucción social y económica no deben centrar su atención en recuperar los niveles de crecimiento económico previos a la declaración de alarma, lo que conllevaría que nuevamente el clima, la biodiversidad y la justicia social paguen el costo de la recuperación. Frente a cualquiera otro, el objetivo prioritario de la comunidad debe ser mantener las condiciones que garantizan la continuidad de la vida y su sustento.
Es imprescindible cambiar los paradigmas de desarrollo y revertir las políticas públicas que no mitigan el impacto negativo de la actividad humana en la biodiversidad y el clima, sustituyéndolas por aquellas que, con criterios de justicia social, supongan una reducción drástica en la emisión de gases de efecto invernadero y sitúen la huella ecológica por debajo de la biocapacidad del territorio.
Para acometer con éxito esta tarea es imprescindible contar con la voz experta de la comunidad científica. No obstante, no es suficiente con esto. El bloqueo político responsable de la inacción en materia climática y ecológica, nos obliga a exigir que para garantizar un enfoque sintético, sistémico y social es necesario contar también con la concurrencia de todas las partes afectadas y se necesita darle a la ciudadanía el protagonismo, facilitando para ello los instrumentos necesarios para participar de forma directa en el debate, proponer los objetivos concretos que han de alcanzarse y ejercer el control que le corresponde como receptor de las políticas que hayan de desplegarse para alcanzar tales objetivos. En resumen, implementar sistemas más robustos de democracia directa y participativa.
Las Asambleas Ciudadanas, en la medida en que sus miembros elegidos por sorteo estratificado reproducen la estructura de la sociedad, y en tanto que son capaces de adoptar decisiones basadas en los trabajos de información previos, han demostrado ser un medio adecuado para los fines propuestos mientras que, al mismo tiempo, permiten reforzar el respaldo social a las decisiones finalmente adoptadas.
Por todo lo anterior, reclamamos al gobierno la urgente constitución de una Asamblea Ciudadana para la Emergencia, a la que se asigne como cometido no sólo las políticas que sobre el cambio climático vayan a desarrollarse en el futuro, tal como se propone en la Declaración de Emergencia aprobada el pasado 21 de enero, sino para informar del plan de recuperación justo y respetuoso con los límites físicos del planeta, con el que se lleve a cabo una transformación real de la sociedad y los territorios.
aplaneta.org 
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