Por Friends of the Earth Africa – Traducción: A Planeta
El Tribunal de los Pueblos Africanos organizado en Lagos por Amigas de la Tierra África (FoEA) finalizó el viernes 27 de noviembre de 2020, con un llamamiento a los gobiernos de 10 países africanos para que garanticen urgentemente que se respeten y protejan los derechos humanos de libertad de expresión y asociación de los ciudadanos y las personas que han presentado casos de abusos ante el tribunal.
En el evento de tres días que comenzó el 25 de noviembre se presentaron testimonios sobre casos de violaciones de derechos humanos y degradación ambiental relacionados con la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles en diez países de toda África, a los que asistieron las comunidades afectadas y la sociedad civil. Entre las empresas acusadas se encuentran Socfin, Green Resources AS, Golden Veroleum Liberia (controlada por Golden Agri-Resources), SIAT SA, OLAM y PZ Wilmar.
El Tribunal recibió y examinó diez casos de diez países. Las empresas que fueron declaradas culpables son SOCAPALM (Camerún), SIAT (Costa de Marfil), GOPDC – SIAT (Ghana), OLAM (Gabón), SOCFIN (Sierra Leona), y Golden Veroleum Limited, GVL (Liberia). Otros son Green Resources (Mozambique), Okomu Oil Palm PLC, PZ Wilmar, Green Resources, y Wilmar, Green Resources
En los diez casos, se ha comprobado que los financiadores internacionales, incluidos los bancos de desarrollo, los bancos privados, los fondos de inversión y los fondos de pensiones de todos los rincones del mundo, controlan y financian las controvertidas empresas de plantaciones de caucho, aceite de palma y madera.
Los jurados que escucharon los casos son Nnimmo Bassey, director de la Fundación Salud de la Madre Tierra (HOMEF) de Nigeria, Ikal Angelei de Kenya, que ganó el Premio Ambiental Goldman para África en 2012 y participa en campañas contra las represas, y el Prof. Alfred Apau Oteng-Yeboah, profesor de botánica de la Universidad de Ghana. Makoma Lekalakala, activista sudafricana y Directora Ejecutiva de Earthlife Africa, que desde hace mucho tiempo participa activamente en movimientos sociales que abordan cuestiones relacionadas con el género y los derechos de la mujer, así como cuestiones sociales, económicas y de justicia ambiental, fue también uno de los jurados.
En cuanto a las apropiaciones de tierras perpetradas por las empresas, los jurados llegaron a la conclusión de que en todos los casos había connivencia entre los gobiernos y las empresas transnacionales para apropiarse de las tierras comunitarias. Citaron al Ministerio de Agricultura y al Organismo de Protección del Medio Ambiente (de Ghana) que, según alegaron, permitieron la destrucción completa y la conversión de 13 aldeas en una plantación de palma aceitera. Junto con las comunidades se destruyeron escuelas, mercados, iglesias y otras instalaciones sociales. 
Observaron que en Costa de Marfil el Gobierno se apoderó de tierras comunitarias, las abandonó después de algunos años y luego volvió a entregarlas a una empresa transnacional sin recurrir a las comunidades que habían reclamado sus tierras. En el caso de Sierra Leona, el gobierno arrendó la tierra de la comunidad y la entregó a la empresa transnacional, SOCFIN, el mismo día.
En cuanto a la violación de derechos, dijeron que hay un reinado general de opresión sistémica y el uso de las fuerzas de seguridad del Estado contra los pueblos afectados, en todos los casos llevados ante la APT. Se escucharon casos de amenazas, negación de los derechos laborales y del derecho a la protesta, arrestos, encarcelamientos y asesinatos.
La APT conoció casos de explotación laboral con un alto nivel de precarización de la mano de obra. En el caso de Wilmar (Nigeria) dijeron que las pruebas demostraban que la empresa pagaba a los trabajadores menos de 2 dólares por 12 horas de trabajo.
En la mayoría de los casos (Camerún, Nigeria) se registraron condiciones de trabajo y vivienda inhumanas y discriminatorias. También se reveló que los trabajadores, incluidas las mujeres embarazadas, son transportados en tractores a los lugares 
de trabajo, y se registran accidentes y muertes. Los trabajadores lesionados son despedidos sin indemnización y otros son despedidos por hablar en audiencias públicas, lo que envía señales escalofriantes a los trabajadores y los organizadores.
Sobre las dislocaciones socioeconómicas dijeron que la apropiación y la conversión de tierras comunitarias en plantaciones privan directamente a las comunidades de tierras fértiles. Insistieron en que las empresas hacen falsas afirmaciones de que utilizan tierras degradadas y no boscosas mientras se apoderan de tierras fértiles y bosques y de valiosas fuentes de agua de las que dependen las comunidades.
«En Gabón, cuando la corporación (OLAM) designa bosques y territorios como de alto valor en carbono (AVC), cortan efectivamente a las comunidades el uso de esos bosques o recursos. De esta manera, los bosques comunitarios, incluidos los sagrados, se valoran ahora como sumideros de carbono para obtener créditos de carbono en la falsa comercialización del clima».
La APT también recibió informes inquietantes sobre plantaciones industriales de árboles que construían zanjas de hasta 16 metros de profundidad y 13 metros de ancho en el caso de Wilmar (Nigeria) alrededor de las plantaciones. Estas zanjas representan un peligro para los seres humanos y la fauna y flora silvestres, pero impiden en gran medida el acceso de las comunidades a sus granjas, bosques, pesca y fuentes de agua, y las obligan a utilizar únicamente carreteras vigiladas por estas empresas. Los miembros de la comunidad deben obtener pases (visados) para entrar en sus comunidades y sólo dentro de ciertos horarios (Gabón).
«Estas zanjas o fosos han dañado las masas de agua de las que dependen las comunidades (como en el caso del Gabón), exponiéndolas así a tensiones evitables. Se imponen a las mujeres pesadas cargas como la lucha por el agua, la pesca y la leña».
El uso de productos químicos nocivos, incluidos los fabricados con glifosato (un agente cancerígeno) en las plantaciones ha causado daños a los suelos, las fuentes de agua y la salud tanto de las comunidades como de los trabajadores, que a menudo no disponen de equipo de protección personal (EPP).
Los casos confirmaron la falta de evaluaciones aceptables del impacto ambiental, así como la falta de evaluaciones del impacto social.
La sustitución de la rica biodiversidad de los bosques por árboles exóticos foráneos ha dañado drásticamente los entornos locales. Aunque la FAO reconoce como bosques las plantaciones industriales de árboles exóticos (incluidas las que tienen árboles manipulados genéticamente), las comunidades rechazan esas clasificaciones.
Recomendaron, entre otras cosas, que los gobiernos de los países pertinentes establecieran inmediatamente un mecanismo para examinar los acuerdos existentes con las empresas de plantación, que se comprometieran abierta y transparentemente con las comunidades y que devolvieran a éstas las tierras y los bosques adquiridos por error. También subrayaron que los gobiernos deberían defender y proteger la dignidad de las comunidades y sancionar adecuadamente a las empresas que violen los derechos humanos o destruyan el medio ambiente en sus territorios.
También quieren que los gobiernos participen activa y constructivamente en las actuales negociaciones para la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas que regule, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, y que garantice que éste se convierta en un instrumento significativo para poner fin a la impunidad de las empresas.
aplaneta.org 
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