Un año del crimen de Zaldibar

Martintxo Mantxo   (El Salto) (Argazkia; Dani Blanco / ARGIA)

Un año después del desastre de Zaldibar, mejor haríamos en llamarlo “el crimen de Zaldibar”, porque su origen se encuentra en el desprecio por la población, los trabajadores y el medio ambiente.

Se cumple un año del desastre de Zaldibar. Aunque tomando la proposición del MAB basileño (Movimiento de Afectadas por Represas) al referirse a Brumadinho y Mariana, mejor haríamos en llamarlo “el crimen de Zaldibar”. Algo que tiene su origen en tal negligencia, que en lugar de invertir lo acumula en ganancias, en el desprecio por la población, trabajadores y el medio ambiente, que a pesar de estar prevenido lo ignora, que no obedece a inspecciones ni alertas, que es permitido por la administración hasta que ocurre lo que ocurre sólo se puede calificar como crimen. Un “desastre” denota algo ocurrido sin mediar acción humana, por causas naturales, o así se entiende al menos. Pero las causas fueron como decimos humanas, de sobrepasar la capacidad de ese vertedero con unas condiciones geológicas muy concretas. Porque no sólo nos han engañado con el supuesto tratamiento de residuos (de esa y otras formas) mientras recibían dinero público, sino que además ahora hemos tenido que invertir sumas ingentes en intentar reparar parte del daño, unos 27 millones de euros.

Rebobinemos. El crimen de Zaldibar ocurrió el 6 de febrero de 2020 cuando el basurero colmatado de ese lugar se desplomó sobre la autopista A8. El alud no coincidió con el paso de coches por lo que no supuso ninguna víctima fatal, pero sí arriba en la zona alta del basurero, ya que pilló a los trabajadores del mismo: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Pese a conocer su desaparición, sus cuerpos no fueron encontrados, en el caso del primero hasta agosto de 2020, a 23 metros de profundidad. En el caso del segundo un año después permanece sin ser encontrado. Eso supuso que en los primeros días se albergaron esperanzas de encontrarlos, lo que se disipó con los días. Para las familias ha sido y es muy duro imaginar a sus seres queridos en aquel revuelto de basura, tierra y escombro.

Algo a tener en cuenta es que este vertedero se encuentra en términos de Zaldibar pero es un barrio de éste, Eitzaga, que en realidad se encuentra a unos 5 Km del núcleo. Mientras, Eitzaga se encuentra más cerca de la localidad de Ermua (a poco más de un Km) y de Eibar (2’5 Km). A su vez, esta zona es una zona de alta densidad poblacional, con 50.000 habitantes en ese perímetro. Y Eitzaga en sí es un núcleo rural de pocas casas, que durante la actividad del vertedero era atravesado por 200 camiones diarios portando toda esa basura: 500.000 toneladas anuales.

Una vez ocurrió el colapso, se repitió el tráfico de volquetes a través del barrio, añadiendo a la situación trafico pesado continuado, derramando barro, residuos y lixiviados, y contaminando también con sus humos. El Gobierno vasco calculó en 23.000 camiones los necesarios para sacar los residuos de Zaldibar. Su destino es desconocido, aunque se ha filtrado que podría ser Huelva, lo que dentro de todo este despropósito todavía le añade más, pues no se podía haber buscado un sitio más alejado, a 954 Km. Solo sabemos que el resto de ayuntamientos vascos rechazó aceptar los residuos de Zaldibar, lo que también dice mucho del grado de toxicidad y también de como queremos asumir nuestros propios problemas. Para el 6 de mayo se habían revisado 7.000 camiones.

El vertedero fue impuesto al ayuntamiento de Zaldibar. La primera vez que se planteó en 1993 se desestimó debido a las protestas y el rechazo local, para ser revocada su prohibición en 1997 por el mínimo voto. El PNV siempre fue la mayor fuerza en el consistorio y el principal promotor, hasta 2011 en que gana EH Bildu. En 1998 el ayuntamiento de Zaldibar aprobó el realizar consultas en los barrios que se iban a ver afectados por proyectos de vertederos, sin embargo nunca se llevó a cabo. El cambio normativo de 2002 facilitó su permiso en 2003. Pero no se le concedió la autorización ambiental integrada hasta 2007. Entonces ya existían ilegalidades en otro vertedero de la localidad. Por tanto, Verter Recycling, su gestora, llenó y rebasó el vertedero en 13 años.

Un vertedero industrial sin medidas
Tras el accidente quedó en evidencia lo que escondía aquella enorme escombrera. Algo que los vecinos cercanos se imaginaban, por la asiduidad del transporte de residuos y los olores, pero que al resto de población ignorábamos, sumidos en las presuntas soluciones de la incineración y reduciendo a ellas la gestión de residuos, primero con Zabalgarbi en Bizkaia y ahora con Zubieta en Gipuzkoa. Entonces se supo que a esta escombrera de Zaldibar se transportaba muchos de los desechos de la industria y la construcción, los mayores productores de residuos, por encima de los hogares y otros. El 60% de lo que recibía era de la industria y el 20% de la construcción.

Así Zaldibar acogía todo lo que se rechazaba en otros vertederos, todo tipo de residuos industriales tóxicos que se enterraban mezclados con tierra, desde lodos de la papelera Papresa de Errenteria, de siderurgia, pinturas y químicos e incluso amianto, todos ellos sin contemplar ninguna de las medidas que exige la normativa, ningún tipo de tratamiento, ni de almacenamiento especial en depósitos estancos. Sin embargo, Verter Recycling poseía permiso para recibir amianto concedido por el Gobierno Vasco en 2016, aunque no estaba homologado para recibir residuos tóxicos. Así se desecharon allí 16.148 toneladas de amianto, parte sin licencia, pero en cualquier caso sin ninguna forma de gestión y almacenamiento que garantizara su seguridad y que impidiera la propagación y contaminación.

En 2011, por ejemplo, fue sancionada con 33.000 euros por haber almacenado 175 toneladas sin autorización y sin medidas, residuos que contenían PCB (policlorobifenilos). Los PCB son compuestos químicos que se utilizaron para multitud de fines (aceites lubricantes, resinas aislantes, pinturas, ceras, selladores, refrigerante en equipos eléctricos, etc.) pero que al descubrirse sus riesgos para la salud y el medio ambiente se retiraron del mercado, con plazo de 2010. Por lo que consta, pese a tener conocimiento de ello, no hubo otras inspecciones ni medidas tomadas para eliminar o almacenar residuos de esta toxicidad de manera adecuada.

También trascendió a la opinión pública que el vertedero y su gestora, Verter Recycling, al tiempo que recibía cuantiosos pagos de la administración por hacerse cargo de esos residuos, no realizaba inspecciones suficientes y, las que se hacían, no tenían mayor consecuencia ni eran objeto de seguimiento.

Poco antes del ocurrir el crimen, en noviembre de 2019, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, entonces dirigido por Iñaki Arriola, otorgó la calificación más baja de cumplimiento de la normativa medioambiental al vertedero de Zaldibar. La razón era la existencia de “algún incumplimiento clasificado como significativo o severo o un cúmulo de incumplimientos”, pero sin establecer cuáles eran y sin proceder a sancionarlo. Solo fue cuando ocurrió el accidente que ese departamento informó que procedían a “abrir un expediente a la empresa”.

También trascendió lo que ya era patente con el negocio de la incineración y otros, que pese a ser “basura” mueve muchos millones, y que Verter Recycling había priorizado los millones a todo lo demás. Los vertederos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba reciben 47 millones de euros al año por los residuos recibidos. Otra de las irregularidades en el caso de Verter Recycling es que faltan las cuentas de los últimos años, siendo las de 2017 las últimas de las que hay constancia. Siendo una empresa de dos accionistas y solo seis trabajadores, ese año registró un beneficio neto de 1.744.876 euros.

Debido a la alta industrialización de la Comunicad Autonómica Vasca los residuos correspondientes son muy altos: 3,78 millones de toneladas son de origen industrial (el 60% de todos los residuos) de los que el 5% son peligrosos, mientras 1,32 millones de toneladas provienen de la construcción (el 21%), lo que contrasta con los son residuos urbanos, que a pesar de centrar el debate del conflicto de los residuos, sólo contabilizan 1,2 millones de toneladas (el 19% del total). Gorka Egia, en su libro “Ekologista naiz baina…” habla también de esta parte de la ecuación que muchas veces obviamos: una persona vasca produce 390 kilos de residuos al año, si le sumamos lo correspondiente al comercio alcanza los 520 Kg, y si le añadimos la industria los 1000 Kg. Correspondiendo estos residuos a nuestra economía, de la que dependemos, también nos atañen y nos comprometen. Por ello el debate social debería incluir más niveles y aspectos.

La sociedad harta

Dos días después de ocurrir el desastre, el 8 de febrero 2020, otro nuevo tuvo lugar por el movimiento de los residuos. Obviamente, al ser muchos de ellos de carácter inflamable y por otros factores se iniciaron fuegos que se sofocaron en distintos momentos, pero que continuaron hasta el 21 de febrero. En todos esos días, se minimizó también el posible riesgo de los humos.

Pero el 15 de febrero, con la suspensión del partido de liga entra Eibar y Real Sociedad, los habitantes de la zona confirmaron sus miedos de la alta toxicidad de aquellos humos. Al no encontrarse recluidos los residuos altamente tóxicos antes mencionados, los humos tenían niveles altos de dioxinas y furanos. Estos son contaminantes ambientales persistentes (COP), acumulativos, considerados por la OMS como altamente tóxicos y causantes de cáncer. Además, el humo contenía flúor, cloro, bromo, nitrógeno y azufre. Una vez que se tuvo conocimiento de la alta toxicidad, se desató el descontento social, porque a todas las demás irregularidades ahora se sumaba la falta de actuación institucional, ya que no fue hasta el 14 de febrero, cinco días más tarde, que no aconsejaron a la población a que no abrieran ventanas y limitaran el estar fuera.2

Otro de los problemas con la gestión de este desastre ha sido la información. Según el investigador Ahoztar Zelaieta, autor del libro “Zaldibar Zona cero” (Txalaparta, 2020) “el Gobierno vasco no ha facilitado información solicitada por la oposición y por la sociedad, en muchos casos no haciéndola pública hasta que los medios de comunicación lo hacían. En realidad ha obstaculizado el proceso informativo”. Zelaieta alude a otro caso de corrupción en el que estuvo implicado el PNV, el caso De Miguel, para explicar que también entonces “PNV y PSE impidieron incluso que se tratara en el parlamento”, igual que ha sucedido ahora con Zaldibar.

A la mala gestión y poca voluntad, se le une la falta de personal para llevar el control de todas las instalaciones, pues solo existen 8 inspectores para vigilar los 13 vertederos de la CAV, revisión que se realiza cada uno y tres años, lo que es insuficiente. Esos 13 vertederos se sitúan uno en Araba, dos en Gipuzkoa y 10 en Bizkaia, y recogen el 36% de los 6,3 millones de toneladas de residuos que se generan cada año. De ellos 9 son privados y 4 públicos. En Bizkaia existen otros tres vertederos como el de Zaldibar, para residuos no peligrosos de origen industrial, los tres privados.

La sociedad, en especial la comunidad afectada situada cerca del vertedero, demanda justicia, algo que conlleva un lento proceso. Se ha iniciado la instrucción y tardará otro año, mientras que el juicio se alargará otros 5 años. En octubre de 2020 se anunció la configuración de una acusación popular en la que figuran Zaldibar Argitu y la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria.

Zaldibar Argitu es la plataforma local creada tras el crimen y que, como su nombre indica, busca dar luz a lo sucedido. Zaldibar Argitu ha organizado numerosos actos de protesta nada más ocurrir el accidente y después, por lo menos una manifestación al mes y teniendo en cuenta que en marzo se introdujeron las medidas restrictivas para paliar la pandemia, lo que le ha restado el espacio informativo que merece.

También en la UE se sigue el caso a través del comisario de Medio Ambiente Virginijus Sinkevicius, que planteó la necesidad de establecer si las autoridades vascas habían cumplido con su obligación de «vigilar, detectar y, en última instancia, sancionar» los posibles incumplimientos ocurridos en el vertedero.

La responsabilidad de la administración ha sido poco asumida, desviando la responsabilidad en la empresa Verter Recycling, cosa que también ha causado gran malestar en la sociedad y sobre todo en la zona afectada. Porque actuales miembros de las instituciones parecen estar bastante implicados. Uno de los focos se centra en Iñaki Arriola del PSOE, ex-alcalde de Eibar entre 1993 y 2008, Consejero del gobierno de Patxi López de 2009 a 2012, siendo entre 2016 y 2020 Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la coalición de los socialistas con el PNV. Tras las elecciones de julio de 2020 ambos partidos repitieron la coalición, siendo Arriola nombrado Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Por tanto, se eliminaba Medio Ambiente de su cartera, pero se mantiene impune en el cargo.

Como apunta Ahoztar Zelaieta, llama poderosamente la atención el que no haya existido ninguna depuración ni ninguna autocrítica. Zelaieta ha investigado la trama, apuntando a la responsabilidad directa de Arriola como Consejero de Medio Ambiente cuando el accidente ocurrió, pero también por sus estrechos lazos con José Ignacio Barinaga. El secretario de Arriola cuando ejerció de alcalde de Eibar, Javier Sánchez, ejercía de representante de Verter Recycling y era accionista de la misma junto a Barinaga. Igualmente llama la atención sobre “la relación societaria de la directora general de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa, Mónica Pedreira Lanchas, que fue consejera de una empresa creada por una accionista de Verter Recycling, y su hermano, Iván Pedreira, fue aupado a director de Administración Ambiental del Gobierno vasco1 por Iñaki Arriola. ¡Y estos no han dado ninguna entrevista!”. Arriola es también el presidente del PSE y el hijo de Barinaga, Iñaki Barinaga, fue candidato a la alcaldía de Zizurkil por el mismo partido.

Pero además, prosigue Zelaieta, el PNV durante todos estos años en el Gobierno vasco2 se deshizo de las responsabilidades administrativas que le correspondían ante la gestión de residuos peligrosos. “Cuando Josu Jon Imaz, actual consejero delegado de Repsol, estuvo como Consejero de Industria, redujo las responsabilidades institucionales a la mínima intervención”, completa. Así el PNV relegó el control de los vertederos en sus propios gestores, justificando el cambio normativo con el objetivo de facilitar el desarrollo industrial. Pronto Imaz pasaría del gobierno y la presidencia del partido (fue el EBB) a la empresa privada Petronor, subsidiaria de Repsol. Igualmente , su predecesor en el cargo de consejero José Antonio Maturana llegó a un acuerdo con los fabricantes de lindano3 para eximirles de culpa por sus vertidos a cambio de un pago irrisorio (4 millones de pesetas), “no a favor de la ciudadanía o del medio ambiente, sino a favor de la industria peligrosa”, concluye Zelaieta.

Después de un año y lo que les ha tocado soportar, además de indiferencia y falta de información ofrecida por las instituciones, Leire Alberdi de Zaldibar Argitu expresa que “los ciudadanos estamos preocupados y enfadados por la gravedad de las irregularidades que el suceso ha visualizado. Desde las instituciones se vuelve a responsabilizar a la empresa privada, pero la falta de control de la actividad hace culpable al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, pero nadie ha dimitido”. Según Alberdi, esto lleva a Zaldibar Argitu a oponerse “rotundamente a este modelo de gestión, la gestión de las basuras debe ser pública y transparente, ya que es inaceptable seguir alimentando la red clientelar que existe entre vertederos, incineradora de Zubieta, Agencia del Agua, políticos e inmobiliarias”. Alberdi espeta que “son una mafia temible”.

Pese a las responsabilidades claras de la empresa y administración, este caso también pone en evidencia que el consumo genera toneladas de residuos y que no sabemos del todo qué hacer y  se nos acumulan, sobrepasando la capacidad con consecuencias terribles. Llo tenemos que tener en cuenta y cambiar hábitos individuales, proponer otro modelo y contribuir desde el consumo hasta una postura política.

U30 Aldaketaldia, a un año de Zaldibar

Larreko Mahia es la plataforma contra la emergencia climática creada en Gipuzkoa por distintas organizaciones y sindicatos locales en octubre de 2019. Obviamente, la pandemia afectó el poder desarrollar actividades. Para este 2021 Larreko Mahia se planteó una movilización masiva en todas las ciudades y pueblos de la provincia y recordando el año del crimen de Zaldibar, bajo el nombre de U30 Aldaketaldia (30 de Enero Tiempo de Cambio), desde manifestaciones a marchas en bici, charlas o plantaciones de árboles.

Para Juanmi Galatas uno de sus organizadores, la emergencia climática y nuestro compromiso para revertirlo tiene mucho que ver con los residuos, sobre todo en la capital Donostia donde, en uno de sus barrios rurales llamado Zubieta, han construido la incineradora. Para Galatas está claro que una vez construida, ahora hay que alimentarla, y eso supone abandonar cualquier plan de gestión ecológica de residuos  que incluya reutilización y reciclado. Galatas llama la atención de que si en el resto de la provincia “se ha reducido el 14% el rechazo, el de Donostia ha aumentado un 6%”. En 2019 Donostia recogió 53.000 toneladas de rechazo que como plantea “son un combustible perfecto para la incineradora”. En Donostia se producen 288 Kg por persona, mientras que en el resto de la provincia, con los sistemas introducidos sólo son 100 Kg, con lo que “no se puede alimentar la incineradora”.

Kepa Olaiz, activista de Erraustegiaren Aurkako Mugimendua (Movimiento contra la Incineración) también participó en U30 Aldaketaldia. El Movimiento contra la Incineración de Gipuzkoa se remonta al 2002 cuando se aprobaran los planes para dos incineradoras en la provincia. Uno de ellos se desestimó y el otro cambió de ubicación, siendo siempre altamente rechazado. Para Olaiz el desastre de Zaldibar puso de manifiesto la falta de control existente en la gestión de residuos, por lo que rechazan que su gestión esté en manos privadas “porque no ofrece garantías”. Recuerda que, sin oficialmente haber empezado a funcionar, “la incineradora ya ha sufrido tres accidentes, con incendio en sus transformadores, y un derrame que ha contaminado un arroyo, Arkaitzerreka, destruyendo todo su ecosistema, por lo que no augura nada bueno”.

Por su parte, uno de los organizadores de la actividad en la localidad de Tolosa, Jon Irastorza, remarcó que “en esto estamos todas juntas, es todo parte del mismo modelo, del mismo plan, por lo cual tenemos que tenerlo claro, lo que no queremos para nosotras tampoco se lo podemos desear a otras. La naturaleza y el Planeta se resienten en general cuando algo como lo de Zaldibar ocurre, por ello lo debemos tener presente y actuar en consecuencia”.

Para Leire Alberdi, de Zaldibar Argitu, “que las instituciones públicas asuman una hoja de ruta clara para la necesaria transición energética, ecológica y social y se comprometan a contenidos claros es imprescindible para no repetir formas como la de Zaldibar”.

También han mostrado su solidaridad desde otros el Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB) de Brasil de mano de uno de sus coordinadores, Moisés Borges. MAB actuó y actúa tanto en Brumadinho (2019) como en Mariana (2015) en ambos casos ayudando a las personas afectadas y luego ayudándolas legalmente en el proceso de reparación y justicia. Borges trazó el paralelismo entre estos casos y el de Zaldibar, pues los tres eran depósitos de residuos industriales. Sin embargo, para Borges esta “no es una coincidencia”, pues en ambas “por negligencia y por interés del capital, utilizan los residuos poniendo el lucro por encima de la Vida, de la vida de los trabajadores, de la cuenca hidrológica y del medio ambiente, permitendo que se rompa. Esos rompimientos ocurridos son decisiones de esas empresas – no son causadas porque sí, ni ocasionadas por la naturaleza – son crímenes con violencia contra la población, contra las personas y contra la naturaleza”.

Ver :

1 Una de sus funciones es velar por los controles e inspecciones de los vertederos. Pedreira tiene un sueldo de 71.375 euros, 5.098 euros al mes por 14 pagas, mientras que Arriola cobra 92.485 euros, 6.606 euros al mes por 14 pagas.

2 Todos los años desde el final del franquismo y la instauración monárquica, desde 1980 hasta la actualidad, con la salvedad de la legislatura 2009-2012 en que gobernó el PSE-EE (PSOE)

3 Lindano o lindane, hexaclorociclohexano usado como insecticida para lo que también fue prohibido en 1991 por ser dañino para la salud y el medio ambiente, por ser persistente y cancerígeno al contener el isómero ɤ-hexaclorociclohexano.

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