Ocho años después, las víctimas de Mariana exigen justicia en las calles

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Foto principal: Leonardo Sá

Este noviembre se cumplirán 8 años de uno de los mayores crímenes ambientales y sociales de Brasil y del mundo, el del rompimiento de la represa de desechos mineros o lodos tóxicos (relaves) de la mina Fundão en Mariana (Minas Gerais), perpetrado por el consorcio minero Samarco (participado por la brasileña Vale y la australiana BHP (antes BP Billington) a partes iguales). Ocho años después, más de un millón de habitantes de la cuenca del Río Doce afectados por ese crimen siguen reclamando justicia.

Fue un crimen porque Vale y BHP hicieron caso omiso de las advertencias de que la presa no era segura, priorizando sus beneficios a la seguridad y al medio ambiente que día a día ellas afectan y destruyen y que entonces destruyeron aún más. El Río Doce fue asesinado. O todavía más, porque hasta entonces ya lo contaminaban bastante. Después del crimen, y hasta muy reciente, las empresas y la Fundación Renova insistieron en negar la relación del colapso de Fundão en Mariana con los impactos ambientales que se extendían y multiplicaban por toda la cuenca del río Doce y también por la costa de su desembocadura.

La realidad es que hace ocho años el río Doce fue aniquilado, aniquilada su vida, la pesca, la agricultura que dependía de sus agua, las comunidades que dependían de ella y sus peces, o incluso de su agua para beber, refrescarse o lavarse. A día de hoy, muchas comunidades carecen de agua potable. Los municipios afectados son 46, en los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, y también se afectaron  comunidades indígenas de los pueblos Krenak, Guaraní, Pataxó y Tupiniquin. En ocho años, ha sido imposible restablecer la actividad económica previa a la ruptura de la presa que sostenía a todas esas comunidades, porque no hay posibilidad de utilizar el río para la pesca, la agricultura, el turismo o el ocio.

Este crimen costó la vida de 19 personas, pero también supuso una crisis humanitaria pues provocó el desplazamiento de miles de personas porque sus comunidades y territorios ya no eran adecuados para vivir. Otro de los casos sangrantes de esta falta de reparación es que ocho años después todavía no se han reconstruido dos comunidades destruidas en Mariana. Ésta también fue una crisis sanitaria producida por las distintas enfermedades provocadas por la dispersión de metales pesados de los lodos en el agua, así como por la falta de agua potable y de una alimentación de calidad. A nivel de salud, añadir también el efecto de toda esta desidia, de todo el ninguneo por parte de las empresas y las instituciones y la frustración que causa y se suma a todos los efectos sufridos por las personas afectadas que tiene un efecto directo en su salud mental.

Por ocho largos años, las comunidades y las personas afectadas se enfrentan a las consecuencias permanentes de este crimen impune, porque las empresas criminales eluden sus responsabilidades y se amparan en su poder: Vale es la principal minera brasileña y sudamericana, pero también una de las mayores del mundo, mientras que BHP es la mayor empresa de Australia y la mayor empresa minera del mundo (2022) (en cuanto a su capitalización bursátil).

Debido a ese poder, los gobiernos de turno les han apoyado, en especial el recientemente finalizado de Bolsonaro. Pero también se han valido de lentitud de la justicia y de triquiñuelas como fue la creación de una intermediaria para gestionar este desastre, la Fundación Renova, que utilizó para distraer, dilatar y en suma, eludir responsabilidades. Como expresan las propias personas afectadas «Estamos indignadas por las acciones superficiales e insuficientes de la Fundación Renova, empresa controlada por BHP, Vale y Samarco, para silenciarnos y derrotarnos». La Fundación Renova ha sido incluso deslegitimada por el propio Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) que ha llegado a solicitar judicialmente su extinción, alegando que no tiene la autonomía necesaria frente a las empresas mineras.

Porque ellas siguen activas. En frente han tenido a una población afectada, pero también organizada, en plataformas como «Revida, Mariana», valiéndose de redes ya configuradas como la del MAB (Movimiento de Personas Afectadas por las Represas) y otras, que siguen exigiendo reparación y justicia.

Como denuncian: «La renegociación del caso Mariana que está en marcha no ha valorado la voz de las víctimas ni de la sociedad civil. Tal y como está, no aborda todas nuestras pérdidas y favorece únicamente los intereses comerciales y políticos. Con el fin de confundir y ocultar, la cantidad propuesta para la indemnización mezcla fondos ya pagados hace años. Para colmo, representa sólo un tercio de lo que la petrolera BP pagó hace más de diez años por el vertido de petróleo en el Golfo de México, que fue, hasta el hundimiento de Fundão, el mayor desastre medioambiental del mundo. ¿Por qué deberíamos aceptar menos por un crimen de tal envergadura?»

Dentro de esa continua actividad reclamando justicia, las víctimas del río Doce realizaron una marcha el 31 de agosto en la ciudad de Governador Valadares (Minas Gerais) bajo el lema «Indemnización Justa ¡Ya!». la manifestación fue secundada por miles de las personas afectadas de la cuenca del río Doce. En ella entregaron a representantes del gobierno una carta y una lista con 14 demandas.

Esta manifestación forma parte de una amplia agenda de acciones para presionar a gobiernos y autoridades a poner fin a la impunidad de las empresas criminales. Exigen sobre todo «participación popular y poder de decisión en el proceso de renegociación de la reparación del crimen» del que, como decimos, les han ido privando las empresas y su intermediaria, Fundaçao Renova, con el beneplácito de las instituciones.

Las personas afectadas por el crimen de Mariana obtuvieron este pasado julio una gran victoria al decidir el Tribunal Supremo británico el incluir a Vale SA como acusada en el juicio del caso, que se desarrolla desde 2018 en Londres y que tenía hasta ahora a BHP como única encausada. De esta forma, Vale también será obligada a la indemnización que decida ese tribunal. Hasta ahora la estrategia de Vale ha sido el responder únicamente a la justicia brasileña, porque es consciente, que ésta está  viciada, como bien explicó el coordinador del MAB Joceli Andreoli, como «tiene influencia en el poder judicial, allí ha estado dando largas a los afectados durante ocho años». La sentencia de este proceso está prevista para octubre de 2024.

Pero esta decisión de Londres es también un precedente que debería poner en evidencia a los tribunales brasileños- Por eso la campaña quiere seguir presionando ahora para que tanto el gobierno brasileño como los estatales y los tribunales brasileños actúen en concordancia.

La elección de  Luiz Inácio Lula da Silva como presidente el pasado enero, supuso el reavivar de las esperanzas para esas miles de personas afectadas de que sus casos sean retomados. Así expresó el propio Lula su compromiso con reanudar las negociaciones y la configuración de una comisión especial del gobierno que incluye 14 ministerios (Salud, Desarrollo Agrícola, Agricultura Familiar y Secretaría de Comunicaciones, etc).

Este pasado julio, del 14 al 24, representantes del gobierno federal y líderes políticos de Minas Gerais participaron en una caravana por la cuenca del río Doce y 15 de sus municipios para conocer la situación actual de la zona y sus habitantes a partir de contacto directo. La asesora presidencial Luiza Dulci destacó la importancia de la participación social en la reparación socioambiental.

La conclusión es que tras ocho años, debido a la negligencia y la falta de reparación y restauración de los niveles de vida previos al crimen, los impactos provocados han dado pie a otros nuevos, con lo que aquella situación trágica no ha hecho más que empeorar. Como bien denunció la participante en esa caravana, la diputada del PT Beatriz Cerqueira, «la Fundación Renova ha renovado el crimen».

Ocho años después pesrsiste la contaminación ambiental

Por otro lado, este 17 y 18 de agosto, se presentó el cuarto informe anual del Programa de Seguimiento de la Biodiversidad Acuática del Área Medioambiental I (Porción Capixaba del Río Doce y Región Marina y Costera Adyacente), revelando 8 años después del crimen de Samarco/Vale-BHP, niveles de contaminación aún preocupantes en la cuenca del Río Doce.

Esta investigación fue realizada por una red de universidades encabezada por la Fundación Tecnológica de la Universidad Federal de Espírito Santo (Fest/Ufes), que ha contado con la participación de 500 investigadores de más de treinta instituciones, principalmente universidades federales de varios estados brasileños.

La Red Río Doce Mar (RRDM) ha conseguido recabar datos durante cuatro años en los que se ha mantenido el mismo equipo y la misma metodología, lo que redunda en los resultados obtenidos. Pero se ha conseguido no sin dificultades, pues Renova también intentó detener la investigación y contratar una empresa que le fuera favorable. El caso tuvo que ser dirimido en los tribunales, que incapacitaron a Renova para anular su vínculo con las universidades. En sí, este Programa vencerá el año que viene.

En una entrevista a Seculo Diario, el miembro del CTBio y analista ambiental del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), Joca Thomé, explicó que «la contaminación de la biota en el río está en niveles preocupantes, con un crecimiento explosivo de especies invasoras. Será necesaria una fuerte intervención para intentar recuperar un poco, en el sentido de capturar exóticas, cerrar algunas zonas, introducir nativas. En el mar, hay que evaluar por tipo de pesquería. El camarón, que tiene un ciclo vital corto, se ha recuperado más rápidamente que otras especies. En el APA [Área de Protección Ambiental] Costa das Algas ha habido una gran transformación en el tipo de algas que ocupan el fondo, y el número de especies ha disminuido. En la desembocadura del río se han producido grandes cambios: la zona fangosa ha aumentado mucho. Los otros manglares, tan importantes socialmente, están muy contaminados».

Y Thomé concluía: «El impacto social es tan grande o mayor que el medioambiental».

Ocho años después todavía se está elaborando una propuesta de dragado del río, así como una propuesta de plantación de especies autóctonas, mientras no existe ni propuesta de descontaminación en el mar, manglares y bancos de arena. La opción de dragado en el mar conlleva la dificultad de que es una zona muy extensas y que los impactos podrían ser aún peores.

El informe enumera 295 impactos, que están agrupados por secciones. De estos impactos 96 se produjeron en el medio de agua dulce (ríos), 130 en el medio marino y 69 en el medio costero. En sus conclusiones el texto afirma que «Los resultados indican que tanto la matriz abiótica como la biótica sufrieron impactos, en niveles que van de bajos a críticos. La mayoría de los impactos en los medios fueron clasificados como directa o indirectamente relacionados con el colapso de la presa de Fundão, afectando al medio ambiente en términos de Sedimentología, Química, Ecotoxicología, Ecología, Genética, Salud y Comportamiento».

Los crímenes de Vale se replican

En 2019 otro rompimiento de depósitos de relaves propiedad de Vale ocurría en Brumadinho, con resultados catastróficos: en esta ocasión los muertos sumaron 270. La destrucción que produjo en la cuenca del río Paraopeba, y por extensión a la del río San Francisco, fue similar. Además de la cuenca del río Doce y la del río Paraopeba, la minería en Brasil también han aniquilado otras cuencas como las del río Tromaí (por proyecto minero Aurizona) en el estado de Maranhão, o la del río Pará (por proyecto minero Barcarena).

Estos días se ha sabido también que el Ministerio Público de Minas Gerais, junto al Ministerio Público Federal y la Defensoría Pública de Minas Gerais, decidió las medidas de reparación para la minera Vale por los daños ocasionados en Barão de Cocais, estado de Minas Gerais. La empresa minera fue multada con 8,30 millones de euros en concepto de restitución, compensación anticipada y asistencia de emergencia.

En este municipio, se identificó en 2019 alto riesgo (el nivel 3 por la Agencia Nacional de Minería) de posible rompimiento de depósito de relave, la presa Sul Superior en la mina Gongo Soco. Más de 400 habitantes se vieron obligados a evacuar sus hogares en las comunidades de Socorro, Vila do Gongo, Tabuleiro y Piteiras. Aunque ese deposito construido en 1982, fue clausurado en 2008 (seguramente, como en los otros casos, por total colmatación), sufrió una falla estructural similar a la de Mariana en 2015. Por ello, pese a clausurada, el riesgo continúa, o se incrementa, pues con el tiempo el estado del depósito empeora.

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Las familias afectadas en 2019 tuvieron asignada una contribución mensual que les proporcionará Vale. En 2020, Vale cesó esta ayuda a través de los tribunales, argumentando que correspondía al gobierno esa atención. Pero los tribunales también decidieron en su contra restituyendo la asistencia. Actualmente muchas de las familias  evacuadas entonces todavía permanecen en residencias proporcionadas por Vale, sin planes de regreso inmediato.

Como informó la residente Cleonice Martins Gomes en la audiencia pública la situación sigue siendo tensa: «Vivimos con miedo constante. Cuando escuchamos la sirena de una ambulancia, pensamos que es la alarma de la presa. Ahora tomamos medicamentos recetados que antes no necesitábamos, como medicamentos para la presión arterial. Estos gastos los pagamos nosotras mismas».

En el mismo sentido, la afectada lamentó la falta de apoyo a las personas damnificadas y exigió a Vale una compensación por la devaluación de las propiedades. Señaló que los derechos de las familias habían sido violados por la empresa minera, que no había escuchado sus preocupaciones.

Mina Gongo Soco, en la ciudad de Barão de Cocais es una de las muchas minas de Brasil que corren riesgo de colapso. Cerca de mil personas se vieron obligadas a abandonar sus residencias en el estado de Minas Gerais.

El Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y el Movimento dos Atingidos e das Atingidas por Barragens (MAB) publicaron en 2020 un informe sobre el actúar de Vale después de Marianan y Brumadinho, concluyendo que la empresa mantenía el mismos comportamiento irresponsable que le caracterizó en esos casos.