Coletivo Nacional de Comunicação do MAB Fotos: Patrícia Sousa / Foto principal: Ceremonia en Córrego do Feijão en memoria de las 272 joyas. Amélia Gomes/MAB
En total, 26 municipios siguen sufriendo diversos tipos de daños, como la pérdida de tierras cultivables y la falta de pleno acceso al agua potable.
Hace exactamente cinco años, el derrumbe de la presa Córrego do Feijão de Vale desencadenó una avalancha de residuos que sepultó 272 vidas y causó una gran devastación medioambiental, alterando todo un sistema ecológico, económico y social en la zona circundante. En total, el derrumbe liberó al medio ambiente el equivalente de aproximadamente 180.000 contenedores de metales en forma de lodo tóxico que llegó a 26 municipios de la cuenca del Paraopeba, repercutiendo hasta hoy en las condiciones de salud de los residentes. Para conmemorar la fecha, víctimas de toda la Cuenca participaron en un acto tras la 5ª Peregrinación por la Ecología Integral en la ciudad de Brumadinho.
Durante sus discursos, los y las familiares de las víctimas lamentaron las decisiones tomadas recientemente en el proceso penal del caso. Las principales frustraciones se refieren a la federalización del caso, que hace caso omiso de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por el Ministerio
Público de Minas Gerais, y el reciente voto a favor del habeas corpus presentado por el ex presidente de Vale, Fábio Schvartsman.
En la causa penal, 16 personas están acusadas de asesinato con agravantes y diversos delitos contra el medio ambiente. Hay 11 nombres vinculados a Vale y cinco a la empresa alemana Tüv Süd, que firmó el informe de estabilidad de la presa que se derrumbó. Schvartsman es uno de los acusados, pero su defensa ya ha presentado varias solicitudes de habeas corpus.
Al acto asistieron representantes de la Asociación de Familiares de Víctimas y Afectados por el Derrumbe de la Presa en Brumadinho, Minas Gerais – AVABRUM, parlamentarios como los diputados federales Rogério Correia (PT/MG) y Célia Xakriabá (PSOL/MG), miembros del MAB y otras organizaciones de afectados.
Jefferson Macena, miembro del equipo de coordinación del MAB en el territorio, también afirma que castigar a los responsables es esencial para regular la actividad minera en el estado y crear un marco en el país. «Ahora tenemos que utilizar la recién aprobada Política Nacional de Derechos de los Afectados por Represas (PNAB) como instrumento para exigir nuestros derechos y proteger la vida de todos los afectados».
Además de una indemnización justa, los afectados exigen una reparación medioambiental
Según Jefferson, una de las consecuencias más graves de la falta de reparaciones es la inseguridad hídrica de los afectados, que antes dependían del río para todas sus actividades, como la pesca y la agricultura, porque el río sigue corriendo contaminado. Délia da Costa, vecina del municipio de Pompéu, vivía a 100 metros del Paraopeba, en el asentamiento Chácara Chório. «Solía obtener agua del propio río, para beber, para plantar mis cultivos y para alimentar a mi ganado. Hoy dependemos de que nos lleven agua a casa para todo. En la zona que solía plantar, no puedo plantar nada más. Yo obtengo agua de Vale para beber, muchos no», afirma.
Jefferson subraya que, además de esta cuestión inmediata por resolver, el tema del acceso al agua es preocupante debido a otras presas. «La región metropolitana de Belo Horizonte tiene tres embalses de agua para abastecer a la población y para la agricultura que están debajo de presas con riesgo de colapso. Es importante intensificar las inspecciones de estas estructuras, que pueden romperse en cualquier momento», subraya.
Sin embargo, la coordinadora afirma que, a pesar de los grandes desafíos, la movilización de las personas afectadas es responsable de avances significativos en la lucha por la justicia en el territorio.
«Queda mucho por avanzar, ya sea en materia de salud, medio ambiente o indemnizaciones, pero a través de mucha lucha, hemos conquistado la permanencia del Programa de Transferencia de Renta (PTR), hemos impulsado las reparaciones y hemos garantizado la asistencia técnica independiente.»
En general, las asistencias técnicas independientes (ATI) trabajan para que los afectados tengan información sobre sus derechos, entiendan los detalles del proceso judicial y se apoyen en estudios técnicos independientes (y no en informes de empresas criminales) para comprender, medir y valorar mejor los daños sufridos.
Flávia Gondim es la directora general institucional de Aedas Paraopeba (una de las consultorías técnicas que trabajan en el territorio). Explica que este derecho a la asesoría garantiza a los afectados una mínima igualdad de condiciones frente a grandes empresas como Vale. «Porque Vale tiene mucho poder económico para contratar técnicos que digan en varios informes lo que considera que son los daños causados y las reparaciones que hay que hacer», explica. Según el gestor, al contar con un servicio de asesoramiento, la población tiene derecho a estudios elaborados por organizaciones imparciales que contrarresten lo dicho por Vale y las empresas mineras.
«La asesoría también es un instrumento que consigue garantizar la participación de los afectados en el proceso de reparación, porque nos reunimos con ellos todas las semanas para discutir las sentencias judiciales y escuchar sus demandas. Además, aquí en Paraopeba, la asesoría ha contribuido significativamente a cambiar los criterios de reconocimiento de los afectados, luchando para que todas las personas cuyas vidas fueron impactadas por el crimen sean indemnizadas y compensadas.»
En Córrego do Feijão
En Córrego do Feijão, distrito que aún convive con un enorme volumen de estériles, también hubo homenajes a las víctimas. En la capilla de Nossa Senhora das Dores, donde el equipo de rescate dio cobijo a los cuerpos encontrados, se rezaron 272 avemarías en memoria de las joyas.
Geraldo Oliveira Silva, más conocido como Geraldo São José, es trabajador de Vale desde hace 31 años y conocía la mina de Córrego do Feijão «como la palma de su mano». Hoy recuerda a su hermano, Luiz Oliveira Silva, que también era trabajador de la presa. «Parece que los que cometen errores ya no son castigados, nos cuesta entender esta situación. Llevamos cinco años pidiendo justicia y no la tenemos», afirma. El día del derrumbe de la presa, Geraldo estaba de baja por recomendación médica y por eso, según él, se libró de la tragedia.
Geraldo cuenta que hace poco se enteró de una denuncia que hizo su hermano sobre la dinámica de trabajo en la presa: «Mi hermana me dijo que Luiz le había comentado que unos días antes de que se rompiera la presa, les habían llamado [a los trabajadores que estaban de servicio ese día] para tapar una grieta de la presa con sacos de arena», dice. «¿Es posible que el otro día a ninguno de los responsables de la presa se le ocurriera celebrar una reunión para evaluar la seguridad en el lugar?», se pregunta.
El clamor por la justicia y el fin de la impunidad también marcó el sermón de la misa celebrada en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Además de fotos de las víctimas, los familiares llevaron al altar pancartas en las que se leía «¡No a la injusticia!» «¡No a la impunidad!». A la ceremonia también fueron invitados los afectados por Bento Rodrigues, que durante la misa recordaron que desde 2015 piden justicia para intentar evitar que se produzcan nuevos crímenes. Fernanda Portes, de la coordinación estatal del MAB, afirma que hay que acabar con esta impunidad: «El MAB se solidariza con las familias de las víctimas y refuerza la lucha para que no se acepte el habeas corpus del expresidente de Vale, que responda por el asesinato de las 272 joyas», afirma.
En la ceremonia, a las 12:28, hora exacta del derrumbe, sonaron 272 campanadas, frente al silencio de la sirena de Vale el 25 de enero de 2019.
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