Entrevista del colectivo Alerta Amazónica a Marc Gavaldà, director de Sangre Derramada
“La esperanza de las víctimas es que sus denuncias se escuchen al exterior”
Marc Gavaldà es un investigador especializado en conflictos ambientales de las industrias extractivas en América Latina. Autor de libros como «La Recolonización» (2003) o «Gas Amazónico» (2014), ha dirigido con el colectivo Alerta Amazónica varios documentales en la Amazonía de Perú y Bolivia, como «Los Nahua, 20 años después» (2012), «Alerta Amazónica» (2013), «Asfaltar Bolivia» (2015), «Lágrimas de Aceite» (2017) y «Punta de Lanza» (2020). «Yawar Hich’ay / Sangre Derramada» es su último proyecto donde aborda las recientes masacres ocurridas en Perú desde de que Dina Boluarte tomó el poder desencadenando una ola de protestas violentamente reprimidas.
Primero que todo, ¿Por qué este documental?
En diciembre de 2022 llegaron noticias espantosas de la represión mortal a las protestas de sectores rurales del Perú tras el encarcelamiento y destitución del presidente elegido Pedro Castillo. Este proyecto nació para visibilizar a las víctimas en un escenario de censura y manipulación informativa por parte de los medios de comunicación masiva en Perú.
¿Qué pasó en diciembre de 2022?
En 2021, Pedro Castillo ganó las elecciones del Perú, pero el Congreso, dominado por las fuerzas de derecha y extrema derecha estaban tramando una vacancia para destituirlo. Fue entonces que tras un discurso en que anulaba el Congreso para convocar un proceso de reforma constituyente, el presidente fue apresado y Dina Boluarte se erigió como presidenta interina. Los Departamentos del Sur Andino peruano, donde Pedro Castillo había conseguido más del 80% de apoyo, salió a las calles a defender sus derechos políticos. En Andahuaylas y Ayacucho, estas protestas fueron reprimidas a balazos.
¿Cómo se desencadenan las masacres?
Tanto Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que son las ciudades donde la violencia se cobró más vidas, la represión siguió un mismo patrón. Desde los aeropuertos desembarcan militares y fuerzas especiales que disparan dentro y fuera de las dependencias aeroportuarias, para luego tomar las calles de la ciudad y profundizar el terror. Se disparó con armas letales con el objetivo de matar, no discriminando si son mujeres, niños o incluso médicos o vecinos que atendían a los heridos.
¿Qué buscaba el gobierno de Dina Boluarte con esta táctica?
Sin duda escarmentar y aterrorizar a la población para apagar las protestas. Era un momento en que el sur del país estaba al borde de una insurrección, por la cantidad y contundencia de las movilizaciones, donde las comunidades rurales bajaron a las capitales de provincia masificando las protestas.
¿Por qué los aeropuertos han sido los escenarios centrales de las masacres?
En un Estado tan centralista y racista que desprecia a las provincias rurales y con unos medios de comunicación tan concentrados y posicionados en los intereses de las élites, la población rural puede estar meses manifestándose pacíficamente en las calles que no encontrará un eco en los medios de comunicación. Su forma de llamar la atención fue intervenir las infraestructuras de comunicación del país, en este caso los aeropuertos. Justamente estos espacios, servían también de infraestructura de desembarco de las fuerzas especiales que aplicaron la represión, así como el armamento y suministros para ejercerla. La población vio claramente que debían ocupar las pistas de aterrizaje para evitar el desembarco de las fuerzas represivas. El ejército se ensañó primero con la gente que ocupaba las pistas para continuar la represión en las calles aledañas.
El hilo narrativo del documental se inicia en Barcelona, ¿Por qué motivo?
Para visibilizar también la cantidad de actos de protestas y concentraciones que se están realizando periódicamente por parte de residentes peruanos y personas solidarias que se movilizan para denunciar la situación de dictadura fáctica en Perú, sobre la cual ha habido una tibia reacción internacional de repulsa.
¿Hay dictadura en Perú?
Si entendemos por dictadura a un gobierno ilegítimo, no elegido en urnas que desmantela sistemáticamente la arquitectura legal para garantizar la impunidad de quienes cometen delitos (de robo, corrupción o sangre) y facilitar el saqueo de sus recursos sin el amparo constitucional… sí, hay dictadura en Perú.
Refrescar el dolor de las víctimas a través de sus testimonios no debía ser fácil ¿Cómo fue la grabación de Sangre Derramada?
El documental fue grabado con un equipo móvil de apenas 2 personas que asumimos las tareas de dirección, fotografía y sonido. Este formato ayudaba a tomar un contacto más cercano con las familias, que nos abrieron las puertas de sus casas. El hecho de formar parte de un canal de comunicación alternativa internacional, también ayudó, por la desconfianza y frustración de la población en general con el enfoque que lamentablemente han dado los medios masivos de comunicación en Perú. Desde el primer momento entendimos las esperanzas que vertieron los testimonios en que su voz salga del país para propagar las graves denuncias de vulneración de Derechos Humanos en Perú.
El documental reconstruye cronológicamente los episodios de represión desde el encarcelamiento del presidente electo Pedro Castillo y la toma del poder de Dina Boluarte. ¿Coincidió con la secuencia de grabación?
Las primeras entrevistas se realizaron en la capital del Puno. Este departamento de mayoría Aymara y Quechua protagonizó un paro regional de más de 4 meses, cortando la comunicación terrestre entre Perú y Bolivia. Tristemente también es el departamento que fue escenario de muchas muertes, como las que ocurrieron en Juliaca, Puno, Ilave o Sicuani. Estuvimos en Juliaca acompañando a las víctimas en los seis meses de la Masacre del 17 de enero. Luego empedimos viaje a los departamentos de Apurímac y Ayacucho, para terminar en la convocatoria nacional de lucha, la Toma de Lima donde pudimos respirar la magnitud del despliegue militar y policial que tienen que enfrentar las organizaciones sociales en Perú cuando salen a la calle.
Cuál es el recorrido de difusión del documental?
El documental se estrenó en Puno y Barcelona en abril de 2024. Paralelamente a seguir organizando presentaciones públicas e insertar la obra en los circuitos de festivales de cine de derechos humanos en diferentes países, el colectivo productor ha decidido abrir el acceso para ampliar su visualización. Pueden verlo aquí: http://alertamazonica.wordpress.com
Yawar Hich’ay / Sangre Derramada from Greg on Vimeo.
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La justicia no llega a Juliaca
Por Marc Gavaldà (Publicado en La Directa)
Fotos: Colectivo Alerta Amazónica
Crónica de la jornada de homenaje a las víctimas de la revuelta contra el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. El acto es una previa de la movilización masiva que tendrá lugar el 19 de julio bajo el nombre «Tercera Toma de Lima»
Juliaca es una población comercial de 260.000 quechuas y aymaras situada en el altiplano peruano. El pasado 9 de enero, después de una tregua navideña, se reactivaron las movilizaciones tras la destitución del presidente Pedro Castillo y contra el gobierno que consideran ilegítimo de Dina Boluarte, la cual, con el apoyo de las élites y partidos de la oligarquía usurpaba el poder e iniciaba una espiral represiva sin precedentes. Aquel día, en Juliaca, las protestas que rodeaban el aeropuerto Manco Kapac, fueron reprimidas por una actuación policial y militar indiscriminada, con armamento de fuego real, que provocó la muerte de diecisiete personas y centenares de heridos. Seis meses después, los familiares organizan una vigília por los mártires y se manifiestan con cajas mortuorias por la ciudad.
A cincuenta kilómetros de Juliaca, se encuentra Puno, la capital aymara del Perú. Situada sobre la costa del lago Titicaca, después de la masacre, la ciudad lideró una paro de actividades inédito que duró más de tres meses. Las comunidades campesinas se organizaron en turnos por edades y por género para para mantener cortes de carreteras y el bloqueo comercial. Más allá de la masacre a sus hermanos de Juliaca, se combatía el racismo del gobierno que llegó a manifestar que “Puno no es Perú” y su desprecio hacia la wiphala, símbolo andino del Qollasuyu.
Si bien hoy no se perciben muchos rastros de la movilización del 9 enero, se respira un ambiente de calma tensa apuntando a la nueva movilización nacional, convocada por el 19 de julio bajo el lema de la “Tercera Toma de Lima”. Las diferentes comunidades, en asambleas extraordinarias deciden estos días sumarse a la protesta.
En esta ciudad conocemos a Max Nina, un joven periodista amateur que se desplazó aquel triste 9 de enero hasta Juliaca. Sus fotos de la masacre, disparadas en medio del fuego cruzado, dieron la vuelta en el mundo. Contrariamente a la versión oficial que criminalizaba los manifestantes, se veían los cuerpos de chicos y chicas agonizantes, transportados en moto hacia plazas y gasolineras de la ciudad, convertidas transitoriamente en centros médicos de campaña, donde algunos acabaron muriendo desangrados ante la impotencia de la población. Muchos sufrieron el impacto de perdigones en sus espaldas y balas perdidas, aunque no estuvieran en las protestas. Max Nina asegura que temió por su vida, sintiendo silbar los proyectiles muy cerca de piel e incluso fue impactado por un perdigón en su brazo. Cuando pudo, fue subiendo fotos en las redes sociales y estas corrieron como la espuma verificando que se estaba perpetrando una masacre contra un pueblo armado unicamente con piedras, bastones y proclamas de justicia.
Transcurrido medio año de la masacre de Juliaca, la Asociación de Familiares de las Víctimas del 9 de Enero, ha convocado una misa y vigilia en la pequeña parroquia Pueblo de Dios, en las proximidades del aeropuerto de Juliaca . Despacio, la iglesia se va llenando de familiares, vestidos de luto con flores blancas. Concurren con retratos de las personas fallecidas y una reproducción en cartón de los ataúdes con el nombre, edad, profesión de las víctimas. La iglesia se llena a rápidamente y empieza un acto litúrgico donde se intercalan emocionantes participaciones de familiares con las de amigos. Se pide reparación para las familias afectadas que han perdido un ser querido y sanación para las personas que se recuperen de las heridas – todavía hoy algunas alojan proyectiles dentro de su cuerpo. Reclaman justicia y también paz en un contexto que consideran una dictadura, ya que en la presidencia del país hay una persona que nadie a elegido democrácticamente. En carteles y mensajes piden al «Señor” que la sangre derramada no sea olvidada.
Raúl es hermano de Marco Antonio Samillán, médico ejecutado durante las protestas mientras atendía a heridos de bala en las calles de Juliaca. Preside la Asociación de Familiares de Víctimas del 9 de Enero. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, pide seguir adelante el proceso judicial, que sostienen con grandes dificultades ya que la Fiscalía ha trasladado los expedientes a Lima, a 1.200 kilómetros de Juliaca. Esto supone grandes dificultades materiales para seguir la causa penal.
La misa termina con gritos de justicia. Los familiares levantan los ataúdes y se alinean, saliendo en procesión, acompañados de bombos y sikuris –que hacen sonar el siku, instrumento de viento andino–. Transitando por las concurridas calles comerciales de juliaquenes llegan hasta la Plaza de Armas, donde se instala una vigilia. Las velas iluminan los retratos de quienes ya no están. Se escuchan testimonios de dolor y rabia.
Mientras en la capital, el poder Dina Boluarte se parapeta con la llegada de nuevas dotaciones de armamento y un destacamento de 1.200 soldados del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, todo apunta que el próximo 19 de julio, el pueblo peruano hará el posible para exigir la destitución de la presidenta ilegítima, el cierre del Congreso, y el inicio de un proceso constituyente con nuevas elecciones, en el marco de la Tercera Toma de Lima.
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