Por un 2021 sin presxs políticxs – una actualización internacional

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Ver también:

• 2020: no sólo pandemia, sino también un año de revuelta!! 
• Rebelión y represión tras el asesinato de George Floyd en EEUU

GuateMaya: Felicidades a Bernardo Caal – Justicia para él y Delia Adelina

El 13 de enero, fue el cumpleaños… en prisión… del defensor guatemalteco Bernardo Caal Xol. Cumplió 49 años. Bernardo es padre de familia, un maestro respetado y un defensor comprometido con la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Pero por atreverse a cuestionar el impacto ambiental de una mega represa hidroeléctrica de propiedad extranjera en el Río Cahabón – y el efecto negativo en las comunidades agrícolas indígenas que viven a lo largo de ese río, Bernardo fue condenado en un juicio viciado a 7 años y 4 meses de prisión.

Amnistía Internacional declaró, en junio de 2020, que «es un preso de conciencia que ha sido encarcelado injustamente durante más de dos años». Su tiempo en la cárcel ha empezando a afectarle mental, emocional y físicamente. Con la llegada del coronavirus a Guatemala, su situación se ha vuelto más grave. Encerrado, Bernardo se ve obligado a vivir en condiciones inhumanas, hacinado en la misma habitación con otros 180 prisioneros. Debido a las restricciones de COVID, las visitas de la familia están severamente limitadas (no se permite la visita de su madre e hijas). Su salud ha sufrido y su proceso de apelación se ha estancado.

Bernardo acaba de escribir en una carta desde la prisión, » Recibiendo mi título de maestro me regresé a mi comunidad, he aquí donde nace la conciencia de las injusticias, las comunidades seguían en el abandono, sin escuelas, sin maestros, sin ningún tipo de servicio elemental que el Estado está obligado a proporcionar.” Añade que, por tercer año consecutivo, “celebraré mi cumpleaños en esta tortura carcelaria.»

Envíale deseos de cumpleaños y mensajes de apoyo y aliento: rob@defendersproject.org

Delia Adelina Leal Mollinedo

El 11 de enero de 2021 el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán resolvió vincular a proceso a la defensora de derechos humanos Delia Adelina Leal Mollinedo por una serie de delitos y dictó como medida sustitutiva la libertad de movimiento con la que Delia podrá defenderse fuera de la cárcel. Así mismo resolvió no vincular a proceso los delitos imputados de trata de personas, lavado de dinero y falsificación de medios por los que fue detenida el 29 de diciembre de 2020 en Cobán (Alta Verapaz). La audiencia intermedia está programada para el 27 de mayo de 2021.

Front Line Defenders celebra la decisión del Juzgado de no vincular a Delia Adelina Leal Mollinedo por los cargos mayores fabricados en su contra. La organización Front Line Defenders ha condenado y reiterado su preocupación a que la detención y el procesamiento de Delia parecen estar directamente relacionadas a su trabajo de defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de la niñez y las mujeres. Por ello ha denunciado la consecuente estigmatización social a la que ha sido sujeta. Igualmente, se ha mostrado preocupada por la seguridad e integridad de esta defensora y su familia. Delia es actualmente pastora de la Iglesia Bautista Luz y fue impulsora de una iniciativa para que se implementara un centro estudiantil que otorga becas a niñas y niños de familias sin recursos y en situación de riesgo. También promueve la salud sexual y reproductiva con mujeres en comunidades indígenas de la Región Q’eqchi’ y Poqomchi’.

El 29 de diciembre de 2020 por la mañana, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC subestación 51) dirigidos por la Fiscalía de la Mujer Cobán entraron violentamente en su domicilio con una orden de allanamiento donde no figuraba su nombre. Se la llevaron detenida por los delitos antes mencionados. En los días posteriores a su detención, la defensora ha sido víctima de campañas de desprestigio y estigmatización pública en medios de comunicación y redes sociales. Las interpretaciones misóginas y tergiversaciones de algunos medios han contribuido aún más a esa estigmatización.

India: las protestas agrarias reclaman la libertad de los presos políticos

En India los agricultores llevan 2 meses de protesta desde finales de noviembre 2019, sitiando la capital Delhi. Sus demandas iniciales eran la retirada de leyes que les afectará y favorecerá a los grandes agricultures y empresas. Pero ahora han añadido también la amniSTÍA DE los presos políticos, entre ellos los correspondientes a las protestas contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA) y el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) de diciembre de 2019. También exigen la liberación de aquellos intelectuales encarcelados contra los que el gobierno de Modi ha usado la acusación de “antinacionalistas” para perserguirlos. “Han sido acusados en los casos falsos, no importa si son agricultores o revolucionarios, han sido implicados erróneamente y enviados a la cárcel. Por lo tanto, esos casos deben ser retirados y deben ser liberados», explica en una entrevista Sukhdarshan Natt, 61 años, manifestante de Sindicato Kisan del Punjab.

Entre otros exigen la libertad del sindicalista y abogado Sudha Bhardwaj, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, del poeta-activista Varavara Rao, las activistas del grupo de mujeres Pinjra Tod (Romper la Jaula) Natasha Narwal y Devangana Kalita y los académicos Sharjeel Imam and former scholar Umar Khalid. Rao, Gonsalves y otros tienen vínculos con el movimiento naxalita de fuerte raigambre comunista y que recibe su nombre de las revueltas campesinas de Bengala occidental de 1967.

Dos docenas de activistas han sido encarcelados aplicándoseles la UAPA (Ley de Prevención de Actividades ilícitas). Esta ley fue modificada por última vez hace año y medio, en julio de 2019, para permitir al gobierno designar a un individuo como terrorista sin juicio.

Las protestas agrarias en India también han sido más desarrolladas en este artículo.

aplaneta.org/2021/01/19/las-protestas-agrarias-en-la-india-contra-la-nueva-legislacion-neoliberal/

Honduras: libertad para los 8 de Guapinol y Rommel

En Honduras ocurrió un fraude electoral el 27 de enero de 2018, que encumbró al actual presidente Juan Orlando Hernández. Las protestas que provocó sufrieron fuerte represión con un saldo de 33 muertos y176 personas encarceladas. De ellas, actualmente, todas han sido liberadas menos Edwin Espinal y Raul Alvarez, quienes tras 18 meses en prisión se encuentran bajo arresto domiciliaria y a espera de juicio, que se celebrará el próximo marzo¹. Los demás presos políticos son los 8 de Guapinol y Rommel Herrrera Portillo. También añaden a la lista a Eduardo Urbina, exiliado ante la judicialización y persecución estatal.

El pasado diciembre se celebró un nuevo plantón (concentración) por los 8 defensores del agua y de la vida de Guapinol². Llevan encarcelados desde hace 15 meses, por defender los ríos Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa (Colón) frente a la amenaza de la extracción minera. Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán están recluidos en la cárcel de Olanchito. Y en la cárcel de La Ceiba lleva dos años recluido Jeremías Martínez. La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)³ exige su puesta en libertad.

Defensores en Línea⁴ también informa sobre el preso Rommel Herrrera Portillo, de 24 años, cuyo juicio oral y público se inició el pasado 3 diciembre, 2020. El 14 de enero 2021 se realizó un acto cultural y el 15 se iba a celebrar su audiencia, pero ésta fue suspendida por incapacidad médica de la jueza. Está acusado por supuestos daños e incendio de la Embajada Americana de Tegucigalpa, el 31 de mayo de 2019, cuando quemaron una yanta en una manifestación de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación. Rommel Baldemar fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva. Después, en octubre, debido a su deterioro mental, con indicios suicidas, fue trasladado al hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, a solicitud de COFADEH. En este tiempo Rommel no pudo despedirse de su abuelo quien falleció en agosto pasado. Sus visitas han sido restringidas considerablemente, lo que tampoco es positivo para su estado psicológico.

Argentina: 5 años del encarcelamiento de Milagro Sala

El 16 de enero 2020 se cumplieron cinco años de que fuera encarcelada la dirigente política, social e indígena Milagro Sala prisión, en Jujuy, al norte de la república de Argentina. Ese día se movilizaron desde diferentes puntos de esa provincia en San Salvador de Jujuy y también en Buenos Aires, Humahuaca, Libertador, San Pedro, Calilegua y otras, convocadas por la organización a la que ha militado Milagro, la Organización Barrial Tupac Amaru.

El sábado 16 de enero de 2016 Sala fue detenida por participar de un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, en protesta contra medidas tomadas por el gobernador radical de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, quien llevaba poco más de un mes al frente del Ejecutivo provincial. Si bien Sala fue sobreseída por esa causa, hoy continúa en prisión domiciliaria y acumula un total de seis juicios y dos condenas por delitos vinculados a la administración de fondos para construir viviendas sociales, ninguna de las cuales se encuentra firme.

Pese a no existir motivo para su encarcelamiento, Sala se ha enfrentado a 16 procesos penales que en su mayoría han resultado sobreseídos o anulados. La única que persiste es la causa “Pibes Villeros”. En ese proceso, se ha demostrado fehacientemente que no se dejó presentar testigos, documentación, peritos de partes, ni tampoco se permitió el acceso de la prensa. En su causa se mezcla revanchismo político, con represalias por ser mujer, indígena, trabajadora y de izquierdas.

Esquivel participó en la movilización y expresó que “la justicia es un apéndice del Poder Ejecutivo, como lo es la Legislatura, que también es una escribanía para (Gerardo) Morales” y añadió que “no están garantizados los derechos humanos”. La marcha fue precedida por una campaña de amedrantamiento desde las instituciones y por controles policiales en las carreteras, y se realizó con un gran despliegue policial, vallados de la Casa de Gobierno.

Paraguay: Carmen Villalba, presa política en huelga de hambre

Carmen Villalba es militante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y presa política desde 2004. Desde el 2 de enero 2021 está en huelga de hambre denunciando la desaparición forzada de su hija que atribuye a la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay. La hija de Carmen de 14 años de edad es prima de Lilian Mariana y María Carmen Villalba de 11 años de edad asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta en septiembre del año pasado. Diversos organismos internacionales han denunciado estas muertes y han señalado que el protocolo seguido por el gobierno paraguayo trata de ocultar las circunstancias de sus «muertes».

Chile: libertad para las personas encarceladas en el Estallido Social

El estallido social de Chile tuvo su momento álgido de octubre 2019 a marzo de 2020 cuando se frenó con loas medidas de confinamiento por el coronavirus, pero continuaron de distintas formas e intensidad. El saldo brutal fue de unos 32 muertos y 2400 civiles hospitalizados, y unas 27.432 personas detenidas, de las que según la Fiscalía Nacional, 2.500 fueron encarceladas. La mayoría fue acusados con cargos fabricados o carentes de evidencia, con penas desproporcionados, con el objetivo de ser ejemplarizantes, de asustar primero a las personas encausadas y que sus casos intimidaran en la sociedad para que se detuviera así la protesta o que no se repitiera. El 22 de diciembre 2020 se comenzó en el Senado chileno el debate de un proyecto de indulto de las personas encarceladas, que en un principio se había planteado como de amnistía. El presidente Piñera respondió que la impediría. Con el inicio del año, las organizaciones sociales volvieron a demandar la libertad de las personas encarceladas en ek Estallido. En un artículo más extenso hemos recogido este tema de forma más intensa, ilustrándolo con casos significativos.

EEUU: la rebelión por el asesinato de George Floyd conlleva 14.000 detenciones

En un periodo de dos semanas y media, desde finales de mayo hasta mediados de junio de 2019, la policía detuvo a 14.000 personas que participaban en las protestas, según un análisis del Washington Post.⁵ Según los expertos, los cargos por delitos graves contra los manifestantes de Black Lives Matter (las Vidas Negras Importan) son una «táctica de supresión» para sofocar las protestas anti-racistas.⁶

De todos los casos desproporcionados destacamos el de las personas detenidas en Salt Lake City (Utah) tras echar pintura roja afuera de las oficinas del Fiscal del Distrito el 9 de julio. Se enfrentan a una pena de cadena perpetua. Este caso y más lo recogemos en otro artículo más intenso.

El movimiento de Black Lives Matter sirvió para reanudar, o en muchos casos iniciar la discusión sobre el racismo penitenciario, muy unido al policial y judicial, claro. Porque las prisiones estadounidenses son el mayor reflejo del racismo institucional y arraigado en la sociedad. Las personas negras, al igual que tienen 3 veces más posibilidades de ser asesinadas por la policía, tienen también 6 veces más posibilidades de ser encarceladas que las blancas. Esto significa que 1 de cada 3 personas negras puede esperar ser encarcelado en algún momento de su vida, mientras que sólo 1 de cada 17 personas blancas lo es.

UK: ¡Solidaridad con los Cuatro de Colston en Bristol!

Cuatro personas acusadas por la policía local de «daños criminales a la propiedad» por la acción contra la estatua del racista traficante de esclavos y asesino Edward Colston en Bristol serán juzgadas el 25 de enero. La estatua de Colston fuera derribada y arrojada al río Severn por manifestantes antirracistas el 7 de junio 2020.

Otras seis personas de las miles que participaron en aquel evento ya fueron acusadas antes del mismo delito por valor de 5.000 libras. Sin embargo, ahora acusan de lo mismo a otros cuatro. Esto hace que el caso sea político, pues escogen a 4 personas de las miles que asistieron a la actividad. Está claro que el objetivo es que el caso sea ejemplarizante. Su juicio será el 25 de enero. Por lo que desde aquí les mandamos nuestra solidaridad.

El derribo de estatuas racistas fue una actividad que se replicó en todos aquellos lugares que han tenido un vínculo con la esclavitud y el colonialismo, y por tanto sojuzgando a otras personas meramente que en base al color de su piel, y que por tanto se sigue glorificando. Se contabilizan más de 150 casos en América y Europa. La eliminación de la estatua de Colston así como de su nombre de edificios públicos y calles es una larga reivindicación del pueblo de Bristol.

Ver: https://alternativebristol.com/solidarity-with-the-colston-four