BORRADOR – no difundir

Resolución chilena de nuevo año: LIBERACIÓN de PERSONAS PRESAS YA!

Comenzó el nuevo año 2021 reafirmándose la campaña para liberar a todas las personas presas por motivo de la revuelta o estallido social que vivió Chile de octubre del 2019 a marzo del 2020. Ésta fue la revuelta social mayor desde el final de la dictadura, en 11 marzo 1990. Más en concreto, se inició el 18 octubre, aunque se vio precedido por las protestas contra la subida de la tarifa del transporte público en Santiago (6 de octubre) que sufrió también una gran represión. Se considera que finalizó el 18 de marzo, cuando se inician las medidas de confinamiento por la pandemia de la Covid 19. Debido a su magnitud, la revuelta sufrió también una gran represión policial con un saldo estimado de 32 muertos y 2400 civiles hospitalizados. Todos estos datos son los oficiales, aunque es sabido que son muchos más por no estar todos registrados. De entre las personas consideradas como heridas, destacar por su falta de precedente, las 400 personas que perdieron su vista a causa del uso indiscriminado de perdigones y que se recoge en la web Los Ojos de Chile¹. El Colegio Oftalmológico de Chile lo calificó como el mayor desastre de la historia.

Dentro de los datos incompletos por limitarse a los oficiales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH²) hace referencia a 8.812 detenidos que visitaron. 27.432 manifestantes fueron detenidos, de los que según la Fiscalía Nacional, 2.500 personas fueron encarceladas. De ellos, varios de los encarcelados son menores de edad.

Ante tal volumen, como en tiempos del golpe de estado de 1973 previo a la dictadura, se dispusieron de edificios públicos para recluir a las personas detenidas. Esto supuso una restricción de condiciones básicas, empeorada por el deseo de infligir castigo extraordinario a los detenidos que trascendiera en castigo ejemplarizante, tanto para las propias personas detenidas como para el resto de la sociedad. En ese sentido, decir que la detenida Isabella Baeza nos contó que en su localidad, en Punta Arenas, el lugar elegido fue el mismo gimnasio que fue usado para detener a represaliadas en el golpe de estado de 1973³.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH⁴) recoge más de 4.000 casos de violaciones de derechos humanos, pero existen 8.827 denuncias por torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y del Orden. Entre los casos recogidos por el INDH destacan las palizas (más de 1.600) y por su gravedad, los disparos con arma de fuego (1.334), así como 51 heridos por impacto de chorro de agua y 42 atropellados por vehículos policiales, que nos recuerdan la fórmula usada en las protestas raciales en EE.UU. tras el asesinato de George Floyd tanto por la policía como por fascistas⁵. Así mismo abundan los abusos en el lugar de detención, en muchos casos abusos que se pueden considerar como tortura (asfixia, electrodos, palizas, amenazas de muerte), con ensañamiento y humillación, y con el agravante en el caso de las mujeres. Destacan más de 300 desnudamientos recogidos, y sobre todo en el caso de las mujeres un extra de abuso vejatorio que se refleja en tocamientos (91), violaciones (7) y amenaza de violaciones (32).

Pero además de la naturaleza de las detenciones y la falta en la mayoría de ellos de sustento jurídico, en este caso también hay que añadir las arbitrariedades en las detenciones y lo desproporcionado de las penas.

La prisión preventiva fue utilizada para encarcelar a las personas que participaron en la protesta indiscriminadamente. Como en otros lugares, ésta es una medida cautelar que debiera usarse en ocasiones excepcionales pero que se usa de forma sistémica violando de esta forma uno de los pilares básicos en los que se debería sostentar la Democracia, el principio de presunción de inocencia. En el caso chileno, la aplicación de esta ley además no respeta los principios básicos que la fundamentan, como son el que existan antecedentes que permitan presumir la participación de la persona acusada en el delito y otras. Otra ley utilizada también con parecido fin fue la de Control de Armas (Ley 18.216, artículo 1°). En un comunicado la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos (OFAPP) se alarmaba sobre el uso pues supone una restricción de los beneficios carcelarios a las personas acusadas bajo este epígrafe⁶.

En ese sentido tenemos que la represión no fue solo ejercida por la policía (cuerpo de carabineros) sino también por el sistema judicial, e igualmente aparado por el propio gobierno y su presidente.

La OFAPP comunicaba su preocupación por lo que denominaban “intromisión grotesca por parte del Ejecutivo en los asuntos del Poder Judicial, mediante querellas, reuniones, pronunciamientos públicos, llamados telefónicos, etc”. Igualmente, la organización de familiares denunciaba dos varas de hacer justicia, por un lado una drástica aplicada a las personas participantes en las protestas y por otra una liviana aplicada a aquellas responsables de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.

La Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP) se creó ahora hace un año, en enero del 2020 en paralelo a la Coordinadora 18 de Octubre, para dar respuesta a las detenciones masivas y su efecto en sus familias. “Ahí nos empezamos a conocer entre las familias y vimos que teníamos las mismas dudas, penas, miedos, consultas” explica Muriel Torres, activista y pareja y cuñada de presos. “Nos empezamos a agrupar y compartir ideas y el interés mayor que es la libertad de lxs presxs”. Su actividad es también política, en la calle con manifestaciones, marchas, cacerolazos, etc y actualmente cada miércoles con concentraciones para demandar la libertad de las personas presas en distintos puntos de Santiago.

Propuesta de una Ley de Amnistía en diciembre 2020

Durante este año sí que el gobierno concedió indultos a presos con motivo de la pandemia de la Covid 19. Pero esta no incluyó ni a presos del estallido ni a presos mapuches. Por ello, los 26 mapuches presos iniciaron una huelga de hambre que duró más de 120 días huelga de hambre (8 de Angol 140). El 18 de agosto de 2020, el machi Celestino Córdova puso fin a su huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el gobierno.

A un año del Estallido, el 22 de diciembre se comenzó en el Senado chileno el debate de un proyecto de ley para la amnistía de las personas detenidas. Este debate y la comisión creada fueron, obviamente, resultantes de las reivindicaciones y constancia de las organizaciones sociales. Con ello se abrió también una discusión siempre polémica en Chile, como en toda nueva democracia, como la española, que es la de la existencia o no de presos políticos, porque en cierta forma, la demanda de amnistía cuestiona la existencia o no de democracia. Por ello, desde el propio gobierno la negativa fue tajante, llegando incluso Piñera a anunciar que vetaría el proyecto de indulto. Obviamente, la mayoría de personas encarceladas (porque de muchas las evidencias y casos no cumplen ningún rigor) lo fueron a partir de protestas contra él, con lo cual es evidente la falta de deseos por liberarlos ni por reconocer las causas, máxime tras la forma en la que escaló dicha protesta.

En esa polémica destacan las posiciones de organizaciones como Human Rights Watch, por la responsabilidad que tiene en la materia que dice defender, los derechos humanos, y por la legitimación que pueden ofrecer al gobierno para continuar con políticas anti-sociales. HRW en boca de su director para Latinoamérica negó que existieran presos políticos en Chile. José Miguel Vivanco argumentó que los supuestas personas presas “han sido procesadas por los desórdenes que se produjeron y también por vandalismo por atentar contra la propiedad por delitos de incendio”. Esa afirmación incluía también a los presos mapuches.

Sin embargo esa lógica pasa por alto la realidad de muchas de las personas encarceladas: muchas lo fueron sin evidencia, con fabricación de casos o lo están de forma preventiva sin haberse probado su culpa. También, claro está, ignora que las verdaderas razones de haber protestado fueron políticas, y que gracias a sus protesta y participación se consiguieron cosas en esa sociedad como una consulta, el derogamiento de la la constitución de la dictadura de Pinochet o una asamblea constituyente, todas ellas medidas de clara índole política.

En lo que respecta se posicionaba la Asamblea 18 de Octubre, estableciendo que “al igual que hace 40 años cuando la dictadura negaba la existencia de detenidos desaparecidos, el actual gobierno rechaza que haya presos políticos, intentado brindar una imagen de falsa normalidad” (26 de noviembre de 2020).

Así, una de las diputadas que impulsó la propuesta de proyecto de ley para la amnistía de las personas detenidas. Camila Vallejo Dowling⁷, alegó que “estamos en deuda con las personas que iniciaron este proceso y que se vieron marcados para siempre”. Pero hay quien va más allá porque incluso no aceptan ese indulto por considerarlo insuficiente, como demanda Estallido Tuitero que demanda justicia: “Justicia que no se está aplicando. Si creemos que los delincuentes deberían estar presos, pero todos, los que están en el gobierno serían los primeros: no aportan nada bueno al país”.

Encarceladas sin fundamento

De los miles de casos existentes, el nombrar a unos tiene el riesgo de que parezcan los únicos, pero es importante el citar alguno ejemplos que sirven para ilustrar tamaña injusticia. La OFAPP se hacía eco, entre otros, de los procesos irregulares de los presos Carlos Peyrin (Concepción), Héctor Cortes (Antofagasta) y Francisco Hernández (Santiago). Peste último fue condenado el 2 de septiembre 2020 a 5 años de cárcel bajo la Ley de Control de Armas. En su detención fue bestialmente torturado y obligado a firmar una declaración autoinculpatoria.

Uno de los casos más polémicos y también más utilizados por la prensa oficialista y las instituciones para deslegetimar a las protestas fue la quema de iglesias, que en realidad corresponde tan solo a dos⁸. Los hermanos Christian y Rodrigo Sanhueza fueron detenidos con relación a la del 3 de enero del 2020. Pero ellos, como nos explica la compañera del primero, Muriel Torres⁹, ni se encontraban ahí, pues los tres volvían juntos de la manifestación en homenaje al mapuche asesinado 12 años atrás, Matias Catrileo¹⁰. Como nis cuenta Muriel, “ese día la represión fue muy fuerte, había mucha policía, drones y represión. Ese día se quemó la iglesia de la policía chilena. Nosotros no estábamos ahí cuando eso pasó, incluso lo miramos de lejos. Nos alejamos del lugar y seguimos manifestándonos hasta que a eso de las 21:30 nos volvíamos a casa en nuestro auto. Ya lejos del lugar, esperando un semáforo, se bajaron de los 4 autos que nos rodeaban hombres de civil, armados y con chalecos antibalas, amenazándonos muy violentamente que nos bajáramos, que levantáramos las manos”. Ella, en un un principio, por la violencia que desplegaron pensó que era un asalto. No fue hasta que vio a su pareja y cuñado siendo esposados que entendió de que se trataba, pese a desconocer la razón. No la supo hasta que llegaron los padres de ambos a la comisaría. La acusación era de “atentar contra carabineros, que ellos querían matar polis – con esas palabras”, prosigue Muriel. “Ese día empezó nuestro sufrimiento como familia”. Permanecieron encarcelados en Santiago 1 con los cargos de fabricación, porte y lanzamiento de artefacto incendiario. Pero 4 meses y medio después pasaron a arrsto domiciliario por falta de pruebas.

En este caso, como en otros en los que la policía se ve sometida a la presión mediática o institucional, máxime en un momento como ese en el que el estallido entraba en su tercer mes, con pocos visos de poder sofocarlo por las días represivas, la policía y otras instituciones pueden optar incluso a un montaje, utilizando inocentes que pueden ser detenidos para así mostrar su eficiencia y contundencia.

En otro casos, las medidas desproporcionadas no conllevan prisión sino otros tipos de arresto. Camila Vera (32) e Isabella Baeza (23) fueron detenidas el 4 de noviembre del 2019 en Punta Arenas tras una manifestación en el contexto de la Revuelta. Fueron acusadas de una pintada a un monumento nacional. Por dicho supuesto delito que nunca pudieron probar, ambas sufrieron un año y 1 mes de arresto domiciliario. Este les fue revocado el 14 de diciembre del 2020, modificado a “arraigo regional” y firma mensual. Ellas definen su caso de “tortura”, porque a la larga duración de su pena, todavía se le suma ahora su audiencia que no se celebrará hasta el 30 de marzo de 2021.

Pero sobre todo, como denuncian, su castigo ha tenido forma de hostigamiento y persecución constante en forma de vigilancia y seguimiento. Además, las condiciones de la pandemia añadieron más a la misma. Como nos explicaba Isabella “lo de la detención fue difícil con la pandemia – hubo un desgaste emocional en general yo creo de todas las personas y sumándole el arresto domiciliario era doble, triple. Entonces, sí, yo creo que la situación del Covid género un aumento en el estrés”. En esa situación perdieron trabajo, alquiler, les fue difícil cambiar de casa, conseguir otro trabajo, etc. Todo ello tuvo un efecto psicológico pernicioso, sobre todo en el caso de Camila que además se extendió a su familia¹¹