Rompimiento de embalse en en Florianópolis, el día que el crimen de Brumadinho cumple 2 años

Informa MAB  (Foto: Comunicación MAB-SC)

El 25 de enero se rompió un embalse que acoge los efluentes de la estación de tratamiento de aguas residuales de Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) y llegó a Lagoa da Conceição (Florianópolis, Santa Catarina).  El agua que se desbordó, según la empresa, ya estaba tratada, y la ruptura se produjo por el exceso de lluvia, lo que provocó el movimiento de la arena en las dunas que bordeaban y contenían el lago. CASAN dijo que la brecha se contuvo alrededor del mediodía del lunes. Desde aquí, al igual que el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), nos solidarizamos con las familias afectadas por la ruptura.

CASAN estima que se han visto afectadas 40 casas, además de automóviles y tiendas. Además, toda la región desde Servidão Manoel Luiz Duarte hasta la Avenida das Rendeiras se vio afectada. Según información del Departamento de Bomberos, los residentes estaban aislados y necesitaban ser rescatados. Dos personas recibieron atención médica en el lugar y otras dos sufrieron heridas leves.

El mismo día 25 de enero, la rotura de la presa Córrego de Feijão en Brumadinho, que provocó la muerte de 272 personas, cumplió dos años. Han pasado dos años y todavía no ha habido una reparación justa de los derechos de la población afectada por el crimen de Vale. Esto se debe a que no existe una política adecuada para reparar los derechos de las poblaciones afectadas por las represas. En Brasil, según datos del MAB (2000), hay más de un millón de afectados. De estos, alrededor del 70% no recibió ningún tipo de compensación.

En el Estado de Santa Catarina se repite el escenario, ya que existen más de 300 represas con antecedentes de vulneración de derechos. En la práctica, el proceso de reparación solo se logra con mucha lucha y organización por parte de las familias afectadas. Además, no existen políticas de seguridad efectivas, y mucho menos planes de contingencia que protejan a la población en caso de perturbaciones como esta.

Es relevante decir que, a diferencia de Vale, una empresa que era brasileña pero que fue privatizada en la década de 1990, CASAN sigue siendo una empresa pública que debe estar al servicio de la calidad de vida de la población. Es importante el fortalecimiento de esta empresa, como pública y de calidad, con los trabajadores, que ya enfrentan constantes enfrentamientos con el directorio por la mejora de las condiciones laborales y aumento salarial.

Esto ocurre en un escenario alineado con una agenda privatista en Brasil, como la reciente ley 14.026/20 (nuevo marco regulatorio para el saneamiento) y la PL 495/2017 (mercado del agua), que son las formas concretas en que el capital se apropiará del saneamiento sector y reservas naturales de agua en nuestro país. Por tanto, es función del Estado, la justa reparación de las familias afectadas. Para ello, se necesitan mecanismos que aseguren la participación de las familias durante todo el proceso, además de una amplia difusión de información y respeto a la organización. El descuido de los afectados es institucional y solo la organización garantiza justicia y reparación de derechos.

Según Casan, la empresa se moviliza para solucionar el problema con profesionales de la asistencia social. En entrevista con CBN Diário, el presidente de Casan también afirmó que la empresa indemnizará a los residentes que sufrieron daños materiales por el incidente. Sin embargo, la participación de toda la comunidad es necesaria para evaluar los daños en la región afectada por la alteración.

También es importante señalar que este tipo de situación es consecuencia de la falta de una planificación urbana eficiente en la ciudad de Florianópolis. La ciudad no está diseñada con el objetivo de ofrecer calidad de vida a la población, pero el buque insignia de las élites gobernantes va de la mano de la especulación inmobiliaria.

Afirmamos que la organización y el papel de las personas afectadas son fundamentales para la reparación de derechos. Por tanto, es necesario:

1. Asegurar mecanismos de participación y organización de las familias afectadas
2. Creación de un marco legal estatal para los afectados por represas que reconozca, garantice derechos y brinde seguridad jurídica a las personas
3. Fortalecimiento de Casan como empresa pública, para mejorar su servicio y los derechos de sus trabajadores, garantizando la calidad de vida de los habitantes de Santa Catarina;
4. Por una política de seguridad que incluya todo tipo de represas, vinculada a la inspección y planes de contingencia eficientes para proteger a la población amenazada por la rotura de represas.

Nos ponemos en diálogo con las familias en la lucha por una reparación justa. ¡Porque la justicia solo se logra con lucha y organización!

¡Agua y energía, con soberanía!