Cuenca del Río Doce: 6 años después siguen luchando por justicia

por el Movimiento de Afectad@s por las Presas (MAB)

Seis años después de la rotura de la presa de Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, en Mariana (MG), las personas afectadas exigen la construcción de viviendas destruidas, la retirada de los residuos de los ríos y la responsabilidad penal de los implicados.

En el reasentamiento de Bento Rodrigues, sólo 10 casas de las 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No hay un plazo de finalización. Los residuos no se han retirado de las zonas afectadas y las comunidades conviven con ellos sin ningún tipo de orientación ni cuidado. De las 21 personas denunciadas penalmente por el Ministerio Público Federal (MPF), sólo cinco siguen en el proceso que investiga las muertes, las inundaciones y los delitos ambientales.

Este 5 de noviembre de 2021 se cumplen seis años del colapso de la presa de relaves de Fundão, propiedad de Samarco Mineração S.A, controlada a su vez por Vale y BHP Billiton, las dos mayores empresas mineras del mundo en la producción de mineral de hierro.

Esta ruptura derramó 48,3 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en la naturaleza, que recorrió unos 650 km entre Mariana (Minas Gerais), hasta la desembocadura del Río Doce, en la aldea de Regência, municipio de Linhares (Espírito Santo), extendiéndose por varias comunidades al norte y al sur de la desembocadura, contaminando gran parte de la costa de Espírito Santo. Alcanzó, en secuencia, el arroyo de Santarém, el río Gualaxo do Norte, el río Carmo y el 100% del río Doce.

El Movimiento de Afectad@s por las Represas (MAB), en esta fecha, denuncia que Vale continúa con todo el proceso en sus manos, siendo incluso beneficiada por la acción del Poder Judicial brasileño. A pesar de la gravedad de la situación, han pasado más de 2.000 días sin que se haya reparado a las personas afectadas. La impunidad es evidente. Las instituciones permitieron que las reparaciones dependieran de una nueva empresa creada entre el gobierno y las propias empresas causantes del crimen, la Fundación Renova. En la región, el beneficio se sitúa por encima de la vida. El crimen se «renueva» a diario en los lugares por donde pasa el lodo de la injusticia.

Las empresas cierran la puerta a la reparación

A pesar del pago en efectivo a miles de personas afectadas a través del Sistema de Compensación Simplificado (NOVEL), después de casi seis años, las cláusulas del Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC) de 2016, no se han ejecutado en su totalidad. De los 42 programas diseñados para la reparación, sólo cuatro están en ejecución más avanzada, en la que hay un mayor gasto de recursos. Se trata de: a) el registro de las personas afectadas; b) el programa de indemnizaciones; c) el programa de pago de ayudas económicas de emergencia; d) el programa de reconstrucción de pueblos.

Aun así, todavía hay, al menos, 60 mil registros sin terminar, lo que puede significar, aproximadamente, 200 mil personas esperando tener acceso a la puerta de la reparación. Para «resolver» el asunto, la Justicia Federal desfiguró el papel de la oficina de asesoramiento técnico, que tendría la tarea de acompañar este proceso, incluyendo su revisión completa para actualizar correctamente los registros de daños. En su lugar, se ha designado a un experto legal relacionado con el mercado financiero y sin ningún conocimiento de la realidad social de la cuenca para revisar los registros. ¿Cómo hacer una reparación integral y justa si la puerta de entrada está cerrada para la mayoría de las personas afectadas?

Agua y salud: derechos que el dinero no paga

A día de hoy, hay varias comunidades con dificultades para acceder al agua. Muchos hogares reciben agua de mala calidad, procedente de pozos artesianos perforados por la Fundación Renova que tienen olor y coloración. El Tribunal Federal ha reconocido recientemente los llamados «daños por agua». Se trata de casi 312 € por día debido al no abastecimiento que resulta de los relaves en el río, pero esto no resuelve el problema profundo que tiene que ver con la calidad y la confianza en lo que llega a los grifos de miles de personas.

Como los residuos no se han retirado de las zonas afectadas, las comunidades conviven con ellos sin ningún tipo de orientación ni cuidado. A lo largo de los años, sin ninguna respuesta ni orientación por parte de la Fundación Renova, la gente ha vuelto a utilizar la mayoría de las zonas afectadas alrededor de los ríos con plantaciones y pastos. La recuperación del río es una importante demanda de las personas afectadas a lo largo de la cuenca para que puedan volver a hacer uso de él como fuente de ingresos, alimentación y ocio. Sin embargo, no existe un plan claro para hacerlo realidad, con plazos establecidos y seguridad para las familias afectadas.

Como resultado, la población sigue denunciando varios problemas de salud, principalmente alergias respiratorias y cutáneas. Para estas personas, la Fundación Renova no actúa para resolver el problema. Los municipios afectados de la cuenca del Doce han elaborado planes de acción sanitaria desde 2019, pero sólo 2 (Mariana y Barra Longa) han sido aprobados por la Fundación Renova, para que pueda asumir sus costes. Asimismo, no hay continuidad de los estudios de impacto en la salud por parte de Renova, que ya ha sido objeto de multas por incumplimiento del acuerdo.

Vivienda y asistencia técnica: negación de lo básico

En cuanto a la reconstrucción de las comunidades afectadas, hay una serie de incumplimientos de plazos, varios de ellos fijados por la propia empresa o por orden judicial. El último de ellos era que para febrero de 2021 debían haberse construido los tres reasentamientos propuestos en el plan de reparación. Los reasentamientos de Gesteira y Paracatu de Baixo no cuentan con ninguna de las 100 viviendas prometidas. Después de casi 6 años, en el reasentamiento de Bento Rodrigues sólo se completaron 10 casas de las 244. No hay plazo para la finalización de las obras.

En este contexto, las indemnizaciones llegaron a casi 50.000 personas con NOVEL (Sistema de Compensación Simplificado), pero el coste fue obligar a los afectados a dar «seguridad jurídica» a las empresas mineras que tuvieron que renunciar a sus derechos, como ayudas económicas de emergencia, y firmar una baja general de daños. Al mismo tiempo, la forma en que se implementó el NOVEL prácticamente acabó con todo el sistema de participación colectiva organizada y de remisión centralizada al individuo, que ahora transfiere el protagonismo a los abogados privados, algunos de los cuales se están haciendo multimillonarios. De este modo, se creó un entorno para desmovilizar, tanto jurídica como políticamente, el derecho al asesoramiento técnico independiente. Y eso es lo que han conseguido los tribunales.

Sólo Mariana, Barra Longa, Rio Doce y Santa Cruz do Escalvado tenían garantizado el derecho al asesoramiento técnico. El resto de las personas afectadas de los más de 40 municipios afectados fueron desatendidas. El 4 de octubre, la Justicia Federal, atendiendo a casi todas las peticiones de las empresas, acabó con el concepto y el objetivo inicial de la asesoría técnica, prohibiendo casi todas las tareas técnicas inicialmente previstas, que eran derechos ya ganados. La decisión contiene al menos 12 prohibiciones e impedimentos para el trabajo de los equipos. Y cualquier estudio solicitado por la comunidad sólo se hará si el juez lo autoriza tras consultar a las empresas mineras en el proceso.

Para colmo, la Justicia quiere dificultar que las entidades elegidas trabajen cara a cara con las comunidades. Según la decisión «los Asesores Técnicos deben PRIORIZAR el uso de medios de comunicación virtuales (plataformas digitales, revistas virtuales, lives, Youtube, píldoras de whatsapp), REDUCIENDO Y/O EXCLUYENDO, el uso de instrumentos de comunicación físicos.»

 

¿Qué Justicia es esta que da con una mano y quita con la otra? Una Justicia que facilita el pago individual en metálico, al tiempo que desmantela todo un proceso colectivo, dificulta los estudios independientes, criminaliza a los movimientos sociales, extiende la sospecha infundada en entidades sin ánimo de lucro reconocidas por su trabajo con las personas afectadas por las represas y refuerza la posición de las empresas mineras en la Cuenca.

Seis años después, seguimos luchando por la justicia.

MAB exige que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) demuestre que quiere poner la justicia al servicio de los intereses de las víctimas y no de los delincuentes. La mesa de renegociación de un nuevo acuerdo «definitivo» entre el gobierno y las empresas, que está en curso con la participación de varias instituciones, debe acoger realmente a los afectados o será un espacio más de mediatización de una iniciativa que no tendrá ningún resultado objetivo en la reparación del daño colectivo en la Cuenca, sólo fortalecerá los intereses de las empresas mineras. La audiencia pública en línea no es una participación. Queremos participar en la decisión de conceptos y políticas y tener derecho a herramientas de control, estudios y recopilación de datos independientes.

Partiendo de esta premisa, proponemos las siguientes acciones:

• Derecho al asesoramiento técnico independiente, según acuerdo firmado en 2017.
• Modificaciones en NOVEL, con el fin del alta definitiva y el cierre del registro.
• Fondo para proyectos colectivos de las personas afectadas.
• Fondo social para los afectados por las presas en Minas Gerais y Espírito Santo.
• Programa de Transferencia de Ingresos para luchar contra la pobreza agravada por la propia rotura de la represa a lo largo de los años.
• Nueva gobernanza, menos burocrática y más cercana a los territorios.
• Acciones prioritarias para las mujeres y la población negra afectada.
• Continuidad de los estudios medioambientales y no finalización de la agenda medioambiental en este acuerdo.
• El valor del acuerdo debe basarse en el valor de 24.164,5 millones € de la demanda inicial presentada por el Ministerio Público Federal (MPF).
• Logros y avances en el acuerdo de Brumadinho como punto de partida para las negociaciones.

3 años de Brumadinho

Este año, caminamos en solidaridad y organización con la cuenca del Paraopeba y con los afectados por el crimen de Brumadinho, que, el 25 de enero de 2022, cumplirá tres años. Nuestras luchas son las mismas. Nuestras agendas persiguen el mismo objetivo y los violadores de nuestros derechos actúan de la misma manera. Compartimos el drama de ver cómo la justicia deja impunes a los responsables de más de 290 muertes en los dos crímenes.

En el río Doce, de la acción de las 21 personas denunciadas penalmente por el Ministerio Público Federal (MPF) sólo cinco siguen en el proceso que investiga las muertes, las inundaciones y los delitos ambientales. La Justicia Federal entendió que las 19 muertes de 2015 no fueron homicidios.

Mientras tanto, en Paraopeba, el Tribunal Superior de Justicia (STJ), aceptó el argumento burocrático de la defensa de que la tragedia afectó a sitios arqueológicos, que son responsabilidad de la Unión. Por lo tanto, la jurisdicción legal cambia y la acusación vuelve al punto de partida.

Somos víctimas de crímenes bárbaros que están lejos de una solución correcta y también de una Justicia que está al servicio de los que pagan el crimen. Hoy, más que víctimas, somos también un pueblo en lucha dispuesto a poner la vida por encima del beneficio. Con la cabeza bien alta, seguiremos movilizadas un año más para denunciar la violencia de las grandes empresas, la impunidad, la complicidad de los gobiernos y el poder judicial.

Anunciamos aquí, como personas afectados de las cuencas del litoral de Paraopeba, Río Doce y Espírito Santo, que seguiremos marchando y luchando hasta que nuestra región deje de sufrir la «maldición de la abundancia» de agua, minerales, tierra y petróleo. Hasta que nuestras riquezas se repartan entre nosotros, el pueblo brasileño, para que ningún niño nuestro se despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos un país soberano, independiente y controlado popularmente, capaz de garantizar todos los derechos y la plena reparación a todas las personas.