(A partir de artículos publicados por el Coletivo Nacional de Comunicação do MAB)
(English)
Se cumplen ya cuatro años del mayor crimen ambiental y social de Brasil, el colapso de los depósitos de relave de la mina de Córrego do Feijão en Brumadinho en el que murieron 272 personas y se vertieron 12 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos en la cuenca del río Paraopeba. Estos cuatro años el MAB (Movimiento de Afectados por Represas) ha representado y aglutinado a las víctimas de este crimen minero.
Estos cuatro años se caracterizan por coincidir con la pandemia del Covid 18 que especialmente incidió en Brasil y afectó la movilización popular, y con el gobierno de extrema derecha de jair Bolsonaro. En el caso de Brumadinho también tenemos el antecedente del crimen de Mariana de 2014, por la misma empresa, Vale, agrupada en el consorcio Samarco. Este antecedente también demuestra la voluntad de evitar indemnizar y ofrecer justicia tanto de la empresa como por parte del gobierno. Por eso, a cuatro años, las víctimas del crimen de Brumadinho continúan reclamando justicia. O más porque como ellos denuncian, con cada año de impunidad que pasa aumentan los impactos del crimen.
Testimonios de las personas afectadas
Lindaura Prates fue eafectada por este crimen y participa en el MAB (Movimiento de Afectados por Represas) , el principal movimiento organizando y representando a las víctimas frente a la empresa y el gobierno. Lindaura Prates de 56 años, es residente en São Joaquim de Bicas (MG). Fue afectada por los lodos contaminados arrastrados por el río Paraopebas. Se perdió la pesca, el agua potable, la utilización por la comunidad del río para recreo, para refrescarse, para regar las plantaciones.
Ella tiene «3.000 metros de plantación que están bajo los residuos. Sólo me queda la fruta, pero también se está muriendo». Lindaura prosigue: «Además de no poder seguir produciendo, está el problema del agua contaminada, que ha hecho enfermar a mucha gente. Tenemos muchos vecinos con enfermedades de la piel, personas con depresión, intentos de suicidio. Antes, teníamos una vida sana aquí. Lo que me gustaría es poder volver a tener una vida sana».
Michelle Rocha es vecina de la Colônia de Santa Izabel. Ella también sufre con la contaminación y el miedo a que ella o sus tres hijos enfermen. En su caso tanto el agua del Paraopeba como los relaves están presentes a diario, pues nunca fueron retirados. No se puede comer nada plantado a 100 metros del río. El río dejó de ser sustento y ocio, fuente vida, para convertirse en su pesadilla. Michelle se unió al MAB «para luchar por sus vidas, por el bienestar y la seguridad de mis hijos, porque las joyas que perdieron la vida en este crimen nunca volverán, pero aún podemos luchar por la vida de nuestros hijos».
Michelle experimentó la toxicidad de los relaves mezclados con el agua, pues contienen muchos metales pesados: «Nosotras, que entramos en las casas inundadas para intentar salvar las cosas de nuestros vecinos, salimos con la piel herida». Vale dice que el agua no está contaminada, pero no deja que sus empleados entren en contacto.
En este contexto, Fernanda Fortes, que es una de las coordinadoras del MAB en Minas Gerais, destaca la gravedad de la postura de Vale al negar la contaminación del agua, comprobada por varios estudios, entre ellos el de Fiocruz: «Con este discurso, están animando a los residentes a usar agua que causará enfermedades, a plantar en tierras que están contaminadas. Esto es criminal», afirma.
El pasado día 25, Michelle participó en una audiencia en el Tribunal de Minas Gerais para contar su historia junto a otros personas afectadas y pedir que se acelere el proceso de reparación en el caso de Brumadinho. «Estoy aquí pidiendo urgentemente sensibilidad y humanidad para mirar por la vida de estas personas que llevan cuatro años esperando justicia y el derecho a la vida», dijo.
Vista en el 2º Tribunal de Minas Gerais de Belo Horizonte
El 27 de enero se celebró también una vista en el 2º Tribunal de Minas Gerais, en Belo Horizonte. En ella participaron los afectados y representantes del MAB, del Ministerio Público de Minas Gerais, de la Defensoría Pública del Estado y de la Asesoría Técnica de Guaicuy y el juez Murilo de Abreu. Mientras, fuera, personas afectadas de varios municipios de la cuenca del Paraopeba realizaron un acto para exigir justicia.
En esta vista las personas damnificadas de Brumadinho reclamaron celeridad en el proceso de una reparación integral, especialmente en lo que se refiere al derecho a la indemnización individual y a la centralidad de las víctimas en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de reparación que les conciernen.
Las personas afectadas informaron que cuatro años después siguen sufriendo las consecuencias del derrumbe minero, como problemas de salud física y psicológica, falta de acceso al agua potable e inviabilidad de actividades productivas en el territorio. Incidieron en que la falta de reparación provoca la «revictimización» de las personas afectadas por el crimen. Además en 2021 las familias fueron nuevamente afectadas durante las inundaciones que volvieron a expandir el lodo tóxico y a contaminarlo todo.
La reunión se centró en la gestión de la petición de las instituciones de justicia. Ésta exige que se designe un peritaje para determinar los daños sufridos por cada categoría de afectados (como pescadores, agricultores, ribereños, entre otros) y los importes de las indemnizaciones por esos daños.
El documento también solicita la adopción del principio de «inversión de la carga de la prueba» en el caso. Es decir, Vale tendrá que demostrar que no causó los daños denunciados por los afectados, en lugar de que sean las víctimas las que tengan que reunir todas las pruebas. La última petición es que los consultores técnicos independientes, que ya trabajan en el territorio, sigan trabajando durante todo el proceso de producción de pruebas y pago de indemnizaciones, siendo financiados por Vale.
Según Fernanda Portes, coordinadora del MAB, «estas medidas son esenciales para reducir, de paso, la disparidad entre una empresa, que es una de las mayores mineras de mineral de hierro del mundo, y los afectados, que ya vivían en una situación de vulnerabilidad social, agravada por el crimen».
A la espera de reparación
Todos los residentes presentes informaron de la aparición de diversos problemas de salud en sus comunidades tras el crimen, como enfermedades de la piel, intoxicación por metales pesados y depresión, además de otros impactos específicos de cada tipo de comunidad o profesión.
La líder indígena Liderjane Kaxixó, de la ciudad de Martinho Campos, dijo que tres aldeas que dependen del río Pará están sufriendo con la sobrepesca en el río, porque los pescadores de Paraopeba se ven obligados a emigrar a la región.
Ilza Ribeiro, de Brumadinho, habló sobre la reconfiguración de la ocupación del municipio con las obras mineras, la pérdida de lazos afectivos entre antiguos vecinos, el duelo por la muerte de amigos y la transformación de la dinámica cultural de la ciudad, que perdió su espacio de convivencia junto al río. «Solíamos ir allí para reunirnos, hacer una parrillada. Se acabó el río. Las personas que jugaban han muerto. Se acabó. Ya ni siquiera conocemos a la gente que vive en la ciudad».
Las demás personas presentes también informaron sobre los impactos en la pesca y la agricultura, la falta de oportunidades laborales, el miedo a la contaminación por falta de información fiable de la empresa minera, así como el aumento de la violencia en el territorio y la convivencia diaria con la inseguridad hídrica y alimentaria.
En su discurso, la representante del Ministerio Público de Minas Gerais, Shirley Machado, recordó que las familias que fueron nuevamente afectadas por el lodo minero durante las inundaciones de 2021 necesitan ser reparadas con urgencia. «La reparación, tiene que ser lo más integral posible. Tenemos que evaluar todos los daños que aún no se han contemplado en el último acuerdo firmado en febrero».
En este sentido, la defensora pública Carolina Morishita destacó que la reparación integral necesita incluir acciones reales de recuperación socioambiental del territorio para evitar problemas como este, recordando que «eEste proceso puede ser una referencia en la construcción de la resolución de conflictos socioambientales en Brasil».
Tras escuchar los informes, el juez Murilo de Abreu declaró que quiere oír más a menudo a los principales afectados por el crimen para intentar ayudar a construir soluciones más eficaces para el caso. «El poder judicial va a escuchar. Participará en la medida de lo posible. Estoy muy impactado por tanta información y tanto sufrimiento, pero necesito analizar todo lo que he oído para proponer soluciones viables», afirmó. Al término de la reunión, se fijó una nueva vista para el 28 de febrero, a fin de que el magistrado pueda responder a la petición presentada en la Comarca.
La coordinadora del MAB Fernanda Portes subrayó que para el MAB la impunidad es inaceptable: «Cuatro años después del crimen, los afectados siguen viviendo una realidad de inseguridad en el territorio, sin perspectivas de futuro. Esperamos que los tribunales procedan de inmediato a juzgar a los responsables del delito y que se pague la indemnización íntegra a los afectados y no a la empresa».
Celebración de aniversario exigiendo reparación.
El 25 de enero el MAB celebró también un acto en la Facultad de Derecho de la UFMG de Belo Horizonte para exigir reparación. El acto contó con la presencia del Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, fiscales y parlamentarios participaron en el acto junto a unos 500 afectados y afectadas, y autoridades.
Durante el acto, los afectados denunciaron la falta de reparación integral a diferentes comunidades de la Cuenca y demandaron el apoyo de las autoridades presentes para promover justicia y seguridad para la población del estado. «Las familias que están aquí para denunciar cómo sus comunidades continúan sin reparación, conviviendo con nuevas violaciones de derechos, con agua contaminada con superbacterias, contaminación del suelo y del aire y con su salud física y mental cada vez más amenazada. Además, las personas afectadas rinden homenaje y recuerdan las 272 vidas perdidas y se solidarizan con las familias de las víctimas, especialmente con las tres que aún no han sido encontradas», declaró Letícia Oliveira, coordinadora del MAB.
En su discurso, Jarbas Soares Júnior, procurador general del Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) se comprometió a actuar en favor de un acuerdo justo.
El recientemente nombrado Ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, reafirmó el compromiso asumido en su toma de posesión en el gobierno federal. «No olvidaremos a Brumadinho y a Mariana. Invertiremos recursos y esfuerzos en la férrea vigilancia de la seguridad de las represas para evitar que se repitan sucesos desafortunados», declaró.
Silveira también habló de la necesidad de crear nuevas prácticas en la minería del país que den prioridad al respeto por la vida. «Iniciamos nuestro trabajo basando nuestras acciones en la justicia social y ambiental, con la reducción de las desigualdades, la reducción del impacto para los afectados y la inclusión de las comunidades en los resultados positivos de los emprendimientos. No habrá posibilidad en nuestro país de ninguna política minera tolerante con la inseguridad. Nuestro compromiso es con la seguridad y el respeto a la vida. Nuestros recursos mineros deben explorarse de forma oportuna, sostenible y racional», afirmó.
Por último, el ministro destacó la importancia de movimientos sociales como el MAB en la defensa de los intereses de los afectados. «Recibí la semana pasada a representantes del MAB para escuchar las demandas de las familias afectadas por las rupturas de Brumadinho y Mariana, además de dialogar sobre políticas públicas capaces de garantizar la seguridad de la actividad mineral en el país. Tengo clara la importancia de escuchar a los movimientos sociales».
La diputada electa Duda Salabert (PDT) también expresó su apoyo a los afectados por las presas y se comprometió a luchar no sólo para que los responsables de los crímenes de Mariana y Brumadinho rindan cuentas, sino también por un modelo económico más racional en el estado de Minas Gerais: «4 años del crimen de Vale en Brumadinho, Día de Luto, pero día de Lucha, porque las empresas mineras están destruyendo no sólo la vida de la gente, sino también la legislación medioambiental. Las empresas mineras siguen destruyendo nuestras montañas, como la Serra do Curral y la Serra do Gandarela. Están destruyendo nuestros acuíferos y también están destruyendo nuestras instituciones, porque las empresas mineras han comprado una parte del poder legislativo, han comprado una parte del poder judicial y han financiado el poder ejecutivo», afirmó.
Salabert también dijo que muchas comunidades son rehenes de las empresas mineras que predican una ideología según la cual Minas Gerais depende intrínsecamente de la minería. «La minería representa el 4% del PIB del Estado. ¿Paga el 4% la muerte de dos ríos? El 4% no paga la muerte de dos ríos, no paga la muerte de cientos de personas, no paga la muerte de nuestra biodiversidad, la contaminación de los acuíferos. No paga el sufrimiento y los suicidios que se han producido a causa de estos delitos. Por lo tanto, exigiremos no sólo justicia, sino también la diversificación de nuestro modelo económico.
Para Joelísia Feitosa, afectada en Joatuba, en la cuenca del Paraopeba, los vecinos llevan cuatro años desatendidos. «Tuvimos un acuerdo hecho por la empresa minera sin el gobierno que no cuenta con la centralidad de los afectados. Ahora queremos tener un papel protagonista. En primer lugar, queremos que se haga justicia, que Vale sea castigado y que ese castigo sirva de escarmiento para que el delito no se vuelva a repetir, porque se cobraron 272 vidas. Y a día de hoy sufrimos inseguridad hídrica y problemas de salud», afirmó la vecina .
aplaneta.org 