Julia Itoiz (Iruña Gerora)
Los fondos Next Generation UE son una deuda financiera pública extraordinaria. Estos fondos suponen mucho dinero y compromiso para nuestra sociedad. ¿Cómo podemos tener la seguridad que se están invirtiendo según nuestros intereses?
En el medio The Objective del 25-2-2023 encontramos la valoración de dos diputadas españolas en Bruselas. Denuncian que los proyectos no representan reformas estructurales, el proceso administrativo no sea transparente y el modelo de gobernanza, un problema para las autonomías. También que los fondos están siendo acaparados por la gran industria porque el diseño de las convocatorias inhibe la participación de las pymes, a pesar de que representan el 99,8% del tejido empresarial. Su resumen, que no se están dirigiendo hacia la transición ecológica.
Por su parte, el informe conjunto de Observatorio del Deute, Ecologistas en Acción y el OMAL acusa a los fondos de fiscalización insuficiente, de no garantizar los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y de la reducción de los controles medioambientales en aras de agilizar procesos. También según sus datos, se están beneficiando las grandes empresas y los sectores convencionales en una desigualdad en las oportunidades porque las pymes, la economía social, autónomos, pequeños municipios, con proyectos realmente transformadores, no tienen el conocimiento para presentarse. Y por último, los servicios públicos, que durante el colapso han resultado claves para afrontar la crisis y que necesitamos más que nunca, no disfrutan de la importancia que se merecen en la dirección de los fondos.
Los fondos están regulados por un real decreto ley que prevé como espacios de decisión estructuras ministeriales, de altos funcionarios, personal del sector privado, focos sectoriales de alto nivel, foros de la patronal y sindicatos mayoritarios. Tienen un papel central en su formulación y evaluación consultoras privadas que se convierten en correa de transmisión entre fondos públicos e inversiones privadas. Un lobby que logra dinero a través de procesos informales, con esa excusa de la urgencia. Como ejemplo, la consultora multinacional Deloitte, contratada por el Ministerio de Transición Ecológica para la captación y ejecución de fondos y por CEPSA para formular sus proyectos. ¿Esto no debiera estar prohibido? ¿Por qué una consultora extranjera gestiona la deuda que debe asumir un estado?
Este contexto también permite que grandes empresas contaminadoras puedan aparecer como ecológicas y los planes tiendan a proyectos en infraestructuras, reformas, renovables hiper.tecnológicas e hidrógeno promovido por empresas de hidrocarburos y gasistas. Solo Endesa e Iberdrola suponen uno de cada dos euros de las subvenciones para el conjunto del estado. La ley ha promovido un modelo privatizador a partir de esa colaboración institucional-empresarial denominada PERTE. Se supone que esos proyectos empujan la economía, pero su formato está muy poco regulado. Es el sector público quien asume los riesgos y el privado recibe los beneficios de la construcción y/o gestión. Si las empresas quiebran porque los proyectos no han sido bien elegidos, va a ser la administración correspondiente la que asuma las consecuencias a costa de nuestro empobrecimiento. Los Next Generation se convierten en un rescate de las grandes empresas en momentos en que necesitamos esos fondos para asegurar nuestro bienestar futuro. Pueden denominarse un trasvase de fondos opaco y no democrático que carga en lo público los riesgos y favorece a los capitales privados. Esta manera de diseñar el acceso a los fondos va a resultar en unos pocos años un agujero financiero para el estado, cuando la UE vuelva a activar el techo de endeudamiento que fue suspendido en marzo de 2020 establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En cuanto al hidrógeno verde, no es una fuente de energía sino un vector energético en el que gastamos, por el segundo principio de la termodinámica, más energía que la que conseguimos para su uso. No se puede almacenar fácilmente porque la molécula es muy pequeña y se escapa incluso del plomo y muy corrosiva y destruye el acero. Pero también esconde una vertiente política. Su producción tiene un coste por el cual interesa que sean unos países los que lo produzcan para otros, porque al ser valorado a precio de mercado, solo así puede venderse a precio más bajo del coste real. De ahí el interés de Alemania en crear un mercado europeo del hidrógeno y sean España o Portugal quienes pongan ese hidrógeno en el mercado o el de Francia en la construcción de un gasoducto Portugal-Marsella, a pesar que en el trasporte de este gas se pierde el 80% de la energía invertida en producirlo. Esto es un mecanismo de apropiación de recursos de otros territorios en condiciones desiguales, es decir, neocolonialismo energético.
Por último debiéramos conocer su rentabilidad como combustible. Tiene su nicho de explotación, como quemador o para la producción de fertilizantes. Pero como combustible para maquinaria pesada autónoma no funciona, porque sus depósitos deben ser muy pesados y no impiden las pérdidas por almacenamiento y porque para tener una densidad energética aceptable debe estar comprimido y para esto hay que gastar más energía en enfriarlo. Puede usarse para combatir la intermitencia de las renovables, pero estos procesos también ocasionan una pérdida de más del 70% de la energía para generarlo. El hidrógeno verde es un combustible caro que no puede generalizarse como combustible. Y aunque se mejore la tecnología, nunca va a poder pasarse de unas pérdidas del 60% por su naturaleza sujeta a las leyes físicas contra las que nada puede hacer la tecnología.
A pesar de esto, la semana pasada se presento un proyecto al que adjudican interés foral y estratégico para la construcción de un electrolizador de hidrógeno en Sangüesa. De momento, quien va a verse beneficiada es la constructora. Según la propaganda, será una de las mayores plantas de hidrógeno verde de Europa. Lo desarrolla una sociedad conjunta con sede en Madrid de Acciona y una empresa de EEUU. Otro proyecto del estilo, en Estella, con Messer Ibérica, del polo petroquímico de Tarragona para el envasado de gases. ¿Es posible que la AIN, el Gobierno de Navarra y la empresa local no cuenten con estos datos que podemos encontrar en numerosos estudios muy accesibles? ¿Y es posible que no los conozcan el gobierno alemán, francés y portugués, la UE o Repsol? ¿Y es posible que esas consultoras extranjeras y multinacionales si lo sepan, pero les dé igual porque no tienen nada que perder?
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