Sentencia favorable a Resguardo Indígena cuestiona REDD+

A Planeta / Fotos: Andrés Bermúdez Liévano (CLIP)

Comuneros y comuneras del Resguardo Indígena del Gran Cumbal (Colombia) obtienen victoria contra empresas que iniciaron una comercialización de bonos de carbono sin su consentimiento y sin consultarles. Se trata de las empresas S.P.V. Business, Global Consulting and Assessment Services, Deutsche Certification Body y COLCX. El fallo tuvo lugar el 21 de junio en el juzgado de Nariño. Miembros de este Resguado interpusieron la denuncia contra dirigentes que actuaron en favor de dichas empresas sin compartirlo con sus comunidades. Por ello se procesó a éstas personas por una «presunta vulneración a los derechos fundamentales a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, la participación activa y efectiva en las decisiones, el territorio como propiedad colectiva, el gobierno propio y la justicia ambiental desde la gobernanza indígena».

Según aparece en la web de COLCX, la beneficiada de dichos bonos de carbono no es otra que la petrolera Chevron que compró dichos bonos para canjearlos por parte de sus emisiones de 2018 y 2019.¹ En concreto Chevron intercambió en esta operación bonos por un total de 849.000 toneladas de CO2 correspondientes al Proyecto Ambiental de Protección Pachamama Cumbal.

El mercado de carbono se incluye en los mecanismos para supuestamente paliar la emergencia climática, recogido en el Protocolo de Kioto como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Estos permite a los gobiernos de los países industrializados y a sus empresas suscribir acuerdos para cumplir metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) invirtiendo en proyectos en países considerados en vías de desarrollo. Obviamente, estos mecanismos han sido criticados porque comprando dichos bonos, las empresas y los países contaminantes no están en realidad reduciendo ninguna emisión. Sin embargo, se entra de nuevo en la lógica capitalista en la que todo se compra y se vende, y en la que, nuevamente, los que tienen mayor poder adquisitivo se pueden permitir invertir en otro país con menos posibilidades y continuar con su actividad contaminante sin modificarla.

Entre las fórmulas propuestas por la ONU para comercio de bonos de carbono destaca REDD+, que es la que en este caso nos incumbe. REDD+ ² es el acrónimo de Reducción de las Emisiones Debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo. Según la UNFCC (Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas) a través de REDD+ “los países en desarrollo pueden recibir pagos basados en resultados por la reducción de emisiones cuando reducen la deforestación. Esto supone un importante incentivo para sus esfuerzos”.

Sin embargo, como muchas personas han denunciado y más en concreto la Alianza Mundial contra REDD+, ésta no es más que otra de las muchas falsas soluciones al cambio climático y la conservación de bosques y biodiversidad propuestas “que solamente sirvan a la economía dominante del mercado”. En un comunicado denunciaron que “la deforestación y las emisiones asociadas continúan, y que REDD+, en lugar de reducirlas, está dañando y criminalizando a las comunidades dependientes de los bosques y a aquellos que producen la mayoría de los alimentos del mundo – campesinos y campesinas”³.

El proyecto de comercio de carbono del Resguardo Indígena Cumbal utilizaba para ello los páramos andinos, lugares sagrados, bosques y nichos ecológicos que contiene su territorio. En diciembre de 2022 la Comunidad Indígena se enteró de que el 29 de junio de 2022 Ponciano Yamá Chirán y Jorge Luis Tipaz firmaron el contrato “Prestación de condiciones para la comercialización de los créditos carbono del presunto “Proyecto Ambiental REDD+ de Protección Pachamama Cumbal” como representante del Resguardo Indígena de Cumbal y como testigo respectivamente. La comunidad desconocía todo ello. Las demandas de esclarecimiento de la comunidad fueron también desoídas por el Gobernador Ponciano Yamá Chirán.

El 22 de diciembre conocieron el documento denominado “Contrato de mandato con representación n° 002.2022 Resguardo Indígena El Gran Cumbal” firmado por el mismo representante del resguardo y SPV Business en Bogotá el 5 de abril del año 2022.

La comunidad denunció que no tuvo participación, no fue consultada y por lo tanto no otorgó el consentimiento previo libre e informado para la implementación en el territorio del Resguardo de Cumbal del presupuesto del proyecto mencionado en líneas anteriores, y para la negociación y firma del contrato citado de venta de créditos de carbono. La comunidad exigió entonces realizar de manera inmediata una Asamblea de la Comunidad Indígena, la cual se convocó para los días 18, 21, 23, 26, 29 de diciembre de 2022.

En esas asambleas quedó patente que la Comunidad rechazaba tanto de proyecto como, obviamente, el contrato subscrito por no haber sido informada ni haber participado ni haberlo consentido. En la asamblea del 23 de diciembre del año 2022, el entonces Gobernador Ponciano Yamá Chirán aceptó que fue un error. En otra asamblea posterior del 4 de enero de 2023 se decidió la no continuidad del proyecto Pachamama y su contrato.

De enero a marzo del 2023 se realizaron asambleas en las distintas veredas del Cabildo. En ellas se concluyó que los representantes comunales obraron con mala fe, extralimitaron sus funciones y mintieron a la comunidad y actuaron con alevosía pues eran conscientes del contenido y las implicaciones del contrato. Obviamente, esta situación ha generado un clima de desconfianza

ya que el señor Ponciano Yamá Chirán cometió un abuso de autoridad, extralimitación de sus funciones y mala fe al atribuirse ser el titular y propietario del Resguardo. La figura de Gobernador de Resguardo implica ser mandatario y representante legal únicamente para algunas actuaciones administrativas a que le delega la comunidad, y así se recoge en la Ley Mayor del Resguardo y en su artículo 169.

Por otro lado, hay evidencia de que se han hecho pagos por los supuestos servicios de carbono, pero las empresas accionadas se han negado rotundamente a entregar ninguna información. En el caso de SPV Business, ésta tampoco ha facilitado ninguna documentación sobre la actividad de formulación, validación, verificación, registro, certificación y seguimiento del Proyecto Ambiental REDD+ del Protección Pachamama Cumbal. Con ello, nuevamente vulneran los derechos de la comuna a ser informada y consultada, a participar activamente en ese proyecto. Ello supone una violación de la autonomía y gobernanza territorial y ambiental, la integridad social y cultural, la autodeterminación, el gobierno propio, el modelo propio de desarrollo y la vida colectiva del Resguardo de Cumbal .

Pero además, recientemente (2 de junio 2023) una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística denunciaba la proximidad entre los impulsores del proyecto de bonos de carbono y la empresa auditora⁴: “… la gerente de Global y representante legal de SPV fue también socia accionista de la auditora que lo validó en octubre de 2022 y verificó su remoción de 2,6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que le permitieron vender igual número de bonos. Bárbara Lara Escoto, gerente de Global Consulting y representante legal de SPV Business, figura en actas de cámara de comercio como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. creada en junio de 2019 para prestar servicios de “pruebas, inspecciones, supervisiones, certificaciones, investigación y evaluación” 6 de “proyectos de reducción, mitigación, captura, secuestro y almacenaje de emisiones de gases de efecto invernadero” …”.

Este proceso judicial además decidió añadir a la causa a la empresa Chevron Petroleum Company por ser parte beneficiada del contrato de comercialización de créditos de carbono. La decisión judicial declara que Chevron debe proceder a la “suspensión de la vigencia del contrato de mandato con representación celebrado entre el Resguardo Indígena del Gran Cumbal y la sociedad S.P.V. BUSINESS S.A.S.

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