Exigen liberación inmediata de pres@s polític@s en India

(ENGLISH)

Como ya hemos avanzado en anteriores entregas, India está inmersa en una ofensiva neoliberal. Esa ofensiva neoliberal conlleva la privatización y el extractivismo feroz. Es liderada por su propio gobierno, al servicio de la élite capitalista local e internacional, y arrollando a los sectores más desprotegidos como dalits (sin casta), adivasis (indígenas) y otras minorías, mujeres, pequeños campesinos y trabajadores en general, sexualidades marginadas y comunidades oprimidas. Ese arrollamiento supone mucha injusticia que se refleja también en la dura represión y en el número de presos políticos, presos por oponerse a ese gobierno y a sus políticas anti-sociales y anti-ambientales. Así lo informamos en la hístorica huelga de los campesinos que exigieron especialmente su liberación. Exijimos su liberación también junto a la de otr@s pres@s mundiales, pero mientras el tiempo avanza y continúan en prisión. Algunos como Stan Swamy incluso pereciendo en el transcurso. Ahora, un amplio número de personalidades exigen de nuevo la liberación de l@s 16 pres@s polític@s vinculados en el caso Bhima Koregaon-Elgar Parishad. El presente comunicado es también un detallado informe de la injusticia cometida bajo el régimen de Narendra Modi.

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PRUEBAS PLANTADAS Y EL BHIMA KOREGAON-ELGAR PARISHAD 16 – LA DECLARACIÓN DE LOS CIUDADANOS EXIGE LA LIBERACIÓN INMEDIATA (de Kafila)

Nosotros, los abajo firmantes, condenamos el continuo encarcelamiento de los académicos, activistas culturales, activistas de derechos humanos, abogados, poetas y sindicalistas detenidos en el caso Bhima Koregaon-Elgar Parishad y exigimos unidos su inmediata liberación. Después de tres años de juicios mediáticos, acoso, redadas y detenciones de 16 personas, uno de los detenidos, el padre Stan Swamy, murió el 5 de julio a causa de una negligencia médica gratuita permaneciendo bajo custodia, lo que equivale a un asesinato institucional.

Entre las personas que siguen detenidas se encuentran los profesores Anand Teltumbde, Hany Babu y Shoma Sen, los activistas culturales Jyoti Jagtap, Ramesh Gaichor y Sagar Gorkhe, el escritor y activista contra la casta Sudhir Dhawale, el activista contra desplazamientos Mahesh Raut, los abogados Arun Ferreira, Surendra Gadling y Sudha Bharadwaj, los activistas de derechos humanos Gautam Navlakha, Rona Wilson y Vernon Gonsalves y el poeta Varavara Rao. Ahora, con las revelaciones del Proyecto Pegasus, queda claro que 8 de los 16 estuvieron bajo vigilancia durante varios años antes de su detención. Además, los informes de Arsenal Consulting muestran cómo se colocaron pruebas en los dispositivos de al menos dos de los detenidos. Las revelaciones han puesto de manifiesto de forma inequívoca el alcance de la vigilancia ilegal de grado militar sobre los detenidos, sus familias, colegas y amigos. Además de violar su intimidad, quedan al descubierto las extraordinarias medidas adoptadas para silenciar las voces de la disidencia en nombre de la seguridad nacional.

La utilización de las armas cibernéticas para atacar, implicar y luego encarcelar a las voces disidentes se ha ampliado enormemente, más aún cuando se hace sin supervisión ni rendición de cuentas. Con la colocación subrepticia de documentos digitales incriminatorios, la confianza en esas «pruebas» para establecer un caso prima facie en los tribunales, las detenciones generalizadas junto con una criminilazación mediática despiadada y, finalmente, el encarcelamiento prolongado sin juicio, la erosión del tejido de la democracia es completa. El uso de ataques digitales muy avanzados y adaptados contra activistas de derechos humanos, periodistas, jueces, abogados, políticos y un amplio abanico de ciudadanos de este país muestra la desesperación de un gobierno que se tambalea al borde de la ley y la manipulación de la maquinaria estatal para servir a sus fines. Acompañada de la extralimitación legal mediante la invocación de leyes coloniales como la de sedición y la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), las acciones del régimen actual muestran que los encarcelados permanecen bajo la custodia de una impunidad descarada.

Esta impunidad es atroz cuando se contrasta con los que defienden los principios de la democracia. Todos los detenidos han trabajado por la reivindicación de los más oprimidos y marginados de la sociedad y se han manifestado en contra de las fuerzas mayoritarias del Hindutva brahmánico, del patriarcado brahmánico y han defendido el derecho a la vida, a la tierra, al sustento y a la dignidad. Han defendido con firmeza los derechos de los presos políticos antes de convertirse ellos mismos en presos políticos. Mientras que los autores de la violencia contra adivasis (indígenas), dalits (sin casta), musulmanes, mujeres, trabajadores, campesinos, sexualidades marginadas y comunidades oprimidas disfrutan de la protección del Estado, los encarcelados en el caso son difamados públicamente, se les atribuyen complots inverosímiles e intrigas políticas y luego se invoca la draconiana UAPA para negarles la libertad bajo fianza. Se les deshumaniza aún más en la cárcel, se les priva de acceso regular a la asistencia letrada y a la comunicación con sus familiares, se les niega una atención médica adecuada y se les detiene indefinidamente. Estas son las acciones de un régimen retributivo, un régimen que defiende el fascismo hindú brahmánico bajo el barniz de una democracia constitucional.

La democracia defiende el derecho fundamental a la vida y a la libertad junto con el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de circulación en nuestro país. El Tribunal Supremo de la India consideró que el derecho a la privacidad es parte integrante del derecho a la vida y a la libertad personal garantizado en el artículo 21 (K.S. Puttaswamy contra la Unión de la India 2017). El uso de la vigilancia digital como arma por parte del gobierno contra la población del país es una violación de este derecho fundamental. Es una burla a los principios de la democracia y expone la vacuidad de las pretensiones de seguridad nacional. El Tribunal Supremo ha reiterado una y otra vez la necesidad de defender los principios de la democracia, ha exigido una revisión de las leyes coloniales y ha defendido la disidencia como válvula de seguridad de la democracia. El padre Stan Swamy murió en calidad de imputado debido a la apatía y a la pura negligencia criminal. Junto con la justicia oportuna, es imperativo que se garantice a sus coacusados el derecho fundamental a una vida digna.

Defendiendo el Estado de Derecho y los principios de la justicia, exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos en el caso Bhima Koregaon-Elgar Parishad. Exigimos inequívocamente la liberación de todos los presos políticos.

En solidaridad

(ver lista de firmantes AQUÍ)

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