Por A Planeta a partir de información de MAB y Brasil De Fato (English)
Este mayo el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha sufrido las peores inundaciones de su historia con 149 personas muertas, más de 100 desaparecidas, y dos millones de personas afectadas. El volumen de lluvia de los últimos día alcanzó los 800 milímetros. Pese a que esa pluviometría fue prevista con antelación por los institutos meteorológicos, ríos y lagos se desbordaron inundando cientos de pueblos.
Pero además nos encontramos con fenómenos recurrentes, porque ya se sufrieron situaciones similares en septiembre del año pasado. En junio de 2023 las inundaciones provocaron otros 116 muertos, las de septiembre 54, y las de noviembre cinco muertes más.
En el caso del valle de Taquari esta es la tercera vez en menos de un año que la región es devastada por las inundaciones. Los habitantes que aún intentaban reconstruir sus casas y cultivos tras las inundaciones de septiembre y noviembre de 2023 vieron al río Taquari superando los 30 metros. En este valle, el 2 de mayo, las lluvias provocaron que reventara parcialmente el embalse 14 de Julho, provocando un riesgo añadido.
En estas inundaciones confluyeron dos factores: un modelo económico y de crecimiento con gran impacto en el territorio y en el medio ambiente, y por otro lado los fenómenos climáticos extremos resultantes de la crisis climática (obviamente, causados también por el mismo modelo económico). O podríamos añadir un 3º, producto de cuatro años de un gobierno, el de Bolsonaro, negacionista climático que además ha promovido el desmantelamiento de políticas ambientales, pasivo en políticas de prevención, y como sabemos, potenciando la deforestación y la eliminación de ecosistemas.
Dentro de ese modelo económico se incluyen los impactos del agronegocio que conlleva la deforestación, que en el estado de Río Grande do Sul ha aumentado en un 187 % en tres años. También políticas urbanas que no han respetado los límites y que ha sido víctima de la especulación inmobiliaria. Ambas corresponden con un modelo de desarrollo insostenible que Naomi Klein ha denominado “capitalismo del desastre”, tratado en su obra «La Doctrina del Shock» (en sí, este episodio tiene mucho en común con el desastre de Nueva Orleans que ella trata en profundidad).
Rio Grande do Sul se construyó a orillas de ríos y lagos, con millones de personas viviendo en zonas de riesgo y de muy alto riesgo. Muchas tendrán que ser trasladadas ahora, y otros tantos precisan sistemas de alerta como sirenas. Un estudio de 2019 ya alertaba de 700.000 gauchos habitando en zonas de riesgo. Millones viven también en zonas de riesgo de desprendimientos de laderas en las montañas de este estado y otros. Después de que el río Guaíba se desbordara en 1941, se construyó un muro de 6 metros con compuertas en los años 60 y 70 para contenerlo. Pero ni eso ha podido retener esos volúmenes.
La ciudad de Porto Alegre se ha convertido en capital del agronegocio, un centro de atracción económica y financiera regional, urbanísticamente descontrolado. El campo es incapaz de absorber la lluvia y la gran urbe no es capaz de evacuar toda el agua caída. Ayer, 23 de mayo, se presentó una solicitud de destitución del alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) por «la negligencia del Ayuntamiento en el cuidado de las Estaciones de Bombeo y del sistema de drenaje urbano de la ciudad».
Preparándose para una época de extremos climáticos
El climatólogo Carlos Nobre fue entrevistado por Brasil do Fato. Éste aclaro que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no es una opción, ni una elección, sino que es es «absolutamente obligatorio. Si no conseguimos reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, podríamos alcanzar los 2,5 °C [aumento de la temperatura global] en 2050. Esto hará que estos fenómenos extremos sean mucho más frecuentes, olas de calor, lluvias, sequías, un impacto enorme en todos los sistemas naturales, un impacto enorme en la biodiversidad y en nuestra propia supervivencia».
«Se suponía que los ríos nunca subirían mucho, lo que ya vimos en septiembre del año pasado en la cuenca del río Taquari, que subió más de 10 metros. Y ahora, de nuevo, en algunos lugares, hasta 20 metros. Así que ya no hay forma de imaginar el mantenimiento de todas esas poblaciones en esas zonas de altísimo riesgo.»
El Cemaden (Centro Nacional de Vigilancia y Alerta de Desastres Naturales) va a presentar en los próximos meses un estudio en el que se ha hecho un seguimiento de más de 1.900 municipios de todo el país en los que hay registros de personas que viven en zonas de riesgo. Según Nobre el número de brasileños en zonas de riesgo seguramente superará los 15 millones, con unos 4 millones en zonas de muy alto riesgo, como los que habitan las orillas de todos esos ríos que se desbordaron. Estas personas deberían ser reubicadas.
Los eventos climáticos extremos como lluvias recesivas y severas, ráfagas de viento muy peligrosas, sequías, olas de calor, incendios de vegetación, pérdidas de cosechas, ocurrencon más frecuencia y también con más virulencia. Como explica este climatólogo, conforme avanza el tiempo se baten records: «en la cuenca del río Taquari, en septiembre del año pasado, hubo inundaciones récord en la historia de esa cuenca. Y ahora, la semana pasada, y continuando esta semana, ha habido inundaciones récord y muchos corrimientos de tierra en todo el estado de Rio Grande do Sul, más del 60% del estado se ha visto afectado. Hemos visto esto en todo el mundo. En 2023 y 2024 batieron el récord de sequía en el Amazonas y ahora este verano en el Cerrado. En 2020 hubo una sequía récord en el Pantanal. Todo esto que está ocurriendo, las olas de calor récord en todo el mundo y también en Brasil en los últimos años, son fenómenos extremos, que no sólo están ocurriendo con más frecuencia, no sólo ocurren con más frecuencia, sino que se baten récords prácticamente en todo el mundo.»
A nivel mundial también batimos records: «el año pasado fue el más caluroso registrado en 125.000 años, desde el último periodo interglaciar, y este año sigue siendo igual de caluroso, o incluso un poco más que el anterior. Los océanos han batido todos los récords de temperatura de la historia, al menos hasta el último periodo interglaciar de los últimos 125.000 años. Así que no hay forma de imaginar que estos fenómenos vayan a dejar de producirse, o que vayan a ocurrir con menos frecuencia. Al contrario, ocurrirán con más frecuencia».
Para Carlos Nobre la solución reside en «intentar aumentar la resiliencia de todas las poblaciones, proteger la biodiversidad y también hacer una agricultura mucho más sostenible, esto es un desafío para todos, para Brasil y para Rio Grande do Sul, un estado que es un super productor agrícola. Varias políticas que se están llevando a cabo en Brasil van en la dirección contraria. Hay políticas que permiten que aumente la deforestación, que aumente la degradación, que permiten que se elimine la vegetación de las orillas de los ríos. Todo esto está ocurriendo, desgraciadamente, en muchos estados de Brasil. Incluso en el Congreso, con la legislación federal».
Brasil acogerá la COP 30 en Pará en 2025, por lo que tiene por delante un gran reto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también de prevención de daños asociados. Y a nivel internacional, Nobre opina que la COP30 tendrá «la enorme responsabilidad de mostrar los riesgos, porque desde la COP 27 en 2022 hasta la COP 30 aquí en Brasil en 2025, los fenómenos extremos se han disparado en todo el mundo. Así que esperemos que Brasil lidere una gran transformación, para que reduzcamos rápidamente las emisiones en un 50% en los próximos años, y luego cero emisiones antes de 2050».
«Con las emisiones actuales, podríamos alcanzar de forma permanente un aumento de la temperatura global de 1,5 °C antes de 2030», explica Nobre. «Imaginemos el Acuerdo de París, muy bien hecho, reforzado en la COP 26 de Glasgow en 2021, diciendo: «Mirad, no podemos dejar que el planeta alcance los 2°C, es demasiado peligroso. No vamos a dejar que vaya más allá de 1,5°C», la verdad es que ya estamos llegando a 1,5°C. Para no sobrepasar 1,5°C, tendríamos que reducir las emisiones muy rápidamente. Casi el 50% para 2030, y luego cero emisiones netas antes de 2050, no es una tarea fácil. Si tomamos lo que cada país se comprometió en la COP 27 en Egipto en 2022, llegaríamos a 2050 con 2,4°C a 2,6°C.»
Las presas aumentan el riesgo de inundaciones al intensificarse los fenómenos climáticos
Según los expertos, Brasil necesita revisar su sistema de seguridad de presas para evitar colapsos ante la nueva realidad climática del país. El Sistema Nacional de Información sobre Seguridad de Presas (SNISB) de Brasil alertó que 2.946 embalses de los 26.000 del país, corren riesgo de colapso en el país. En Rio Grande do Sul, tras las inundaciones, la Central Hidroeléctrica (CH) de Bugres corría riesgo inminente de derrumbarse. En el resto del país otros embalses estaban en alerta como la Central Hidroeléctrica 14 de Julho, que ya sufrió una ruptura parcial en Bento Gonçalves, la Central Hidroeléctrica Dona Francisca, en Nova Palma y la de Salto Forqueta.
Según Alexania Rossato, miembro del equipo de coordinación del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), los extremos climáticos que se han intensificado en Brasil están causando una preocupación adicional a las personas que habitan cerca a represas en riesgo de colapso. Como siempre, esas personas son las más pobres, las que carecen de recursos para elegir otra casa, para mudarse. Ellas son las que más sufren.
En 2019, el MAB advirtió de los peligros de flexibilizar la legislación ambiental del estado de Rio Grande do Sul para el bienestar de la población y la protección del medio natural. Como explican, «en 2019, el gobernador Eduardo Leite (PSDB) revocó el decreto que reglamentaba la Política de Estado para los Afectados por Proyectos Hidroeléctricos en el estado de Rio Grande do Sul. La ley preveía la implementación de medidas de seguridad y reparación para las comunidades que viven cerca de las represas. En otras palabras, era un instrumento legal que podía utilizarse para garantizar la protección de la vida de las personas afectadas, mediante acciones de inspección, la creación de planes de emergencia y la participación de la población en la formulación de políticas de prevención de desastres, entre otras garantías».
Estas inundaciones afectan las partes sólidas en las que cimientan la pared de las represas. El impacto de estos fenómenos es acumulativo y que, como ya hemos informado, en muchos municipios de Rio Grande do Sul ya han sufrido grandes inundaciones hasta en tres ocasiones sólo en el último año.
Regina Alvalá, doctora en Meteorología y subdirectora del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales (CEMADEN), señala que muchas presas de Brasil están cerca de zonas densamente urbanizadas, como en el estado de Minas Gerais y en el norte del país.
Leonardo Maggi, también miembro del equipo de coordinación del MAB, explica de los riesgos de la presa de Lomba do Sabão en la frontera entre los municipios de Viamão y Porto Alegre: «Es una presa construida en la década de 1940, que fue clausurada hace 10 años y desde entonces ha sido abandonada por los alcaldes neoliberales que se han sucedido aquí en la capital». Según él, el riesgo aumenta con los actuales acontecimientos extremos.
Los coordinadores del MAB subrayan que la ingeniería de las presas se diseñó teniendo en cuenta estadísticas históricas de precipitaciones muy diferentes del escenario actual. «Hay una nueva realidad de precipitaciones concentradas extremas, una nueva situación que no estaba en las estadísticas en el momento en que se diseñaron las grandes presas. Por lo tanto, todos los proyectos de presas, ya sean hidroeléctricas, de abastecimiento de agua o de relaves, necesitan revisar sus sistemas de seguridad para tener en cuenta la nueva realidad climática», argumenta Gilberto Cervinski, miembro del equipo de coordinación del MAB. Explica que existe un margen de seguridad en los proyectos de presas, pero que tiene en cuenta las estadísticas normales. «Ahora es una situación anormal y, en esta nueva realidad, no podemos decir si son seguras o no. Como no sabemos exactamente dónde se van a producir las próximas grandes lluvias, hay que analizarlas todas».
Leonardo Maggi denuncia también que «esta mezcla de precariedad, abandono de estas estructuras, irresponsabilidad, falta de supervisión por parte del Estado convierte el área alrededor de las presas en un lugar de exclusión, un lugar de sufrimiento, un territorio de sufrimiento para las personas que viven cerca de estas estructuras».
Plan de adaptación al cambio climático archivado en Rio Grande do Sul
Maggi subraya que, en el caso de los municipios de Rio Grande do Sul, el problema medioambiental causado por las presas se agrava por el desmantelamiento de las políticas medioambientales. Además de revocar la Política para las Personas Afectadas por el Cambio Climático durante su anterior mandato, el gobernador Eduardo Leite redujo el presupuesto para Defensa Civil, archivó la Política Estatal de Gestión de Riesgos de Desastres e ignoró las medidas de mitigación y adaptación recomendadas por científicos contratados por el propio Estado.
Tampoco las inundaciones que asolaron el Valle de Taquari el año pasado, que dejaron decenas de víctimas mortales, motivaron grandes esfuerzos de prevención. «En ocho meses (desde la última inundación), no se ha construido ni una sola casa y las acciones de socorro previstas han sido completamente incapaces de salvar vidas ahora. ¿Acaso la estructura del Estado no ha aprendido de los fenómenos climáticos?», se pregunta Maggi. «Esta situación que estamos viviendo es también el resultado de la manada que pasaba por el gobierno de Bolsonaro, con el desmantelamiento de la legislación ambiental. Esa catástrofe que ocurrió hoy afecta a millones de brasileños y a miles de riograndenses», agrega.
El dirigente también asocia los desbordamientos en la capital de Rio Grande do Sul a la mala gestión pública. En los años 70 se inauguró el sistema de contención de crecidas de los ríos Guaíba y Gravataí, con 14 compuertas y 23 bombas de succión. El sistema estaba diseñado para soportar crecidas de hasta seis metros. «Pero con una precipitación de 5,30 metros, el sistema ya se rompió. ¿Por qué se ha roto? Porque no resistió 20 años de gobiernos municipales que no hicieron el mantenimiento, que no controlaron adecuadamente este sistema antiinundaciones. De las 24 bombas instaladas, sólo funcionaron cuatro. Esto demuestra el nivel de abandono del sistema», argumenta Maggi.
«Hasta prácticamente el final de la última década, utilizábamos el verbo conjugar en futuro. En el futuro, los eventos climáticos serán más intensos, más frecuentes. Y lo que estamos viendo en esta década es una confirmación de lo que se anunciaba: los eventos ya son más extremos», subraya.
Para Regina Alvalá de Cemaden (Centro Nacional de Monitorización y Alerta de Catástrofes Naturales) las muertes no son sólo el resultado de los llamados fenómenos naturales, sino de una combinación de factores: «amenaza, exposición, vulnerabilidad, capacidad o no de afrontar los retos, mitigación, etc. Así que, si ha aumentado el nivel de amenaza, que son las lluvias torrenciales, si no reduces la vulnerabilidad y la exposición, obviamente las catástrofes van a tener un mayor impacto».
Además de las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, los coordinadores del MAB abogan por que los gobiernos también apliquen las políticas sobre los derechos de los afectados en el país (ya sean leyes estatales o el marco normativo federal), para garantizar la prevención de nuevos grandes desastres. En diciembre de 2023, el presidente Lula aprobó la Ley 14.755 de 2023, que establece la Política Nacional de Derechos de los Afectados por Represas (PNAB). El objetivo de la ley es garantizar los derechos de los afectados y reducir los riesgos impuestos por los proyectos y otros daños causados a la población, como el desplazamiento forzado, la pérdida de ingresos, la contaminación del agua, el impacto en la salud mental, entre otras graves consecuencias para la salud y el medio ambiente.
Esta ley, como explica Cervinski, vela por el «derecho a una indemnización por las pérdidas, el derecho a la información sobre los riesgos, el derecho al reasentamiento, el derecho a participar en las negociaciones para reconstruir sus condiciones de vida y reducir los riesgos»
En este contexto, Regina Alvalá señala que la implicación de la población en este momento de prevención y reparación de los territorios afectados es fundamental. «Además de los tres niveles de gobierno, también tenemos que implicar a la sociedad. Porque, al final, son los seres humanos los más afectados, es la población. Así que es esencial que se capitalicen los esfuerzos para que esta gestión de riesgos, que es obligatoria, se lleve a cabo de forma más organizada y participativa».
Solidaridad
Como en otras muchas ocasiones que se han sufrido catástrofes humanas, el MAB ha articulado su poderoso movimiento, infraestructura y niveles de solidaridad para atender a las personas afectadas. Porque aunque como su nombre indica, se preocupan de las personas «afectadas por represas», pero su conciencia y capacidad les hace ir más allá y prestar asistencia a las personas afectadas por otras causas. En este caso, el MAB ha movilizado sus cocinas y activistas para proveer alimentos a las personas afectadas. También están facilitando otros tipos de ayuda, por lo que nuestra solidaridad es también fundamental.
aplaneta.org 
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