Africa celebra un Tribunal Popular para desmantelar el poder de las corporaciones de plantaciones industriales

Esta semana Amigos de la Tierra África convocará la primera sesión del Tribunal de los Pueblos Africanos sobre las empresas de plantaciones industriales. Para más información, únase a nosotros y descargue y lea el resumen de 6 páginas de los casos aquí: http://africanpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2020/11/APT_FOE_6Pager-min.pdf

 

El Tribunal de los Pueblos Africanos desmantelará el poder de las corporaciones de plantaciones industriales, construyendo el poder popular

LAGOS, NIGERIA, 23 de noviembre de 2020 – Amigos de la Tierra África, a través de su Programa de Bosques y Biodiversidad, organiza la primera sesión del Tribunal de los Pueblos Africanos del 25 al 27 de noviembre de 2020 en Lagos, Nigeria. Las comunidades afectadas y la sociedad civil aportarán testimonios sobre casos de violaciones de derechos humanos y degradación ambiental relacionados con la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles en diez países de África.

La legitimidad del tribunal se basa en el principio de reconocer los derechos humanos en virtud del derecho natural, nacional e internacional, y de reclamar y restaurar los derechos de los pueblos afectados cuyos derechos han sido violados con impunidad.

Rita Uwaka, coordinadora del programa forestal y de biodiversidad de Amigos de la Tierra de África, dice que “la agresiva apropiación de tierras y la deforestación para la expansión de las plantaciones industriales de árboles están causando una nueva ola de opresión y colonización en África, con efectos devastadores para las personas, incluidas consecuencias diferenciadas y agravadas para las mujeres”. Kwami Kpondzo, coordinador de los defensores de los derechos humanos de Amigos de la Tierra África, sigue explicando que “Ante la injusticia social, ambiental y de género que se está produciendo en África, la defensa de los derechos de las personas es fundamental para desmantelar el poder de las empresas y desafiar el modelo neoliberal capitalista de expansión de las plantaciones industriales”.

En los diez casos, se observa que los financiadores internacionales, incluidos los bancos de desarrollo, los bancos privados, los fondos de inversión y los fondos de pensiones de todos los rincones del mundo, controlan y financian las controvertidas empresas de plantaciones de caucho, aceite de palma y madera. Entre las empresas acusadas figuran Socfin, Green Resources AS, Golden Veroleum Liberia (controlada por Golden Agri-Resources), SIAT SA, OLAM y PZ Wilmar.

Cinco eminentes jurados interrogarán a los presentadores del caso y emitirán un veredicto el tercer día del Tribunal. Entre ellos figuran Nnimmo Bassey, director de la Fundación para la Salud de la Madre Tierra (HOMEF) de Nigeria, Ikal Angelei de Kenya, que ganó el Premio Ambiental Goldman para África en 2012 y participa en campañas contra las represas, y el profesor Alfred Apau Oteng-Yeboah, profesor de botánica de la Universidad de Ghana. Los otros dos son el profesor Hamudi Ismail Majamba, profesor adjunto de derecho especializado en recursos naturales y derecho ambiental y abogado del Tribunal Superior de Tanzanía, y la Sra. Makoma Lekalakala, activista sudafricana y Directora Ejecutiva de Earthlife Africa, que desde hace mucho tiempo participa activamente en movimientos sociales que abordan cuestiones relacionadas con el género y los derechos de la mujer, así como cuestiones de justicia social, económica y ambiental.

El poder popular triunfará sobre el poder corporativo en el primer Tribunal Popular Africano sobre plantaciones industriales. Al crear un espacio para que las comunidades locales cuenten sus propias historias a su manera, el tribunal reforzará la defensa y defenderá los derechos de las personas contra los abusos ambientales y sociales sistemáticos cometidos por las empresas multinacionales y sus financiadores en toda África. Este documento resume 10 estudios de casos que los representantes de la comunidad y la sociedad civil presentan al tribunal del 25 al 27 de noviembre de 2020.

SEGUIMIENTO DEL DINERO

Con el apoyo de financiadores internacionales privados y públicos, empresas de plantaciones industriales como Socfin en Sierra Leona y Camerún, SIAT en Costa de Marfil y Ghana, OLAM en Gabón, PZ Wilmar en Nigeria, Golden Veroleum Liberia (GVL) en Liberia y Green Resources AS en Mozambique, Tanzania y Uganda, operan plantaciones de monocultivos que tienen un impacto en cientos de miles de personas y ecosistemas naturales invaluables en todo el continente.

Mediante estructuras empresariales complejas y ocultas, los propietarios y financiadores tratan de evitar la responsabilidad y la rendición de cuentas por su contribución a los daños causados por las empresas de las plantaciones. El sector financiero carece de transparencia, aprovechando el secreto bancario y los paraísos fiscales.

Las empresas que se encuentran a lo largo de las cadenas de control y financiación incumplen los acuerdos regionales y las normas internacionales, incluidas las directrices de la OCDE, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, pero el acceso a la justicia y los recursos basados en esos marcos jurídicos y normativos internacionales suele ser imposible.

LUCHA por JUSTICIA

Las comunidades locales han estado luchando por justicia durante muchos años, comprometiéndose con los medios de comunicación, celebrando manifestaciones, reclamando a organizaciones como la RSPO y la OCDE, presentando peticiones a las empresas y a los organismos gubernamentales implicados, reuniendo pruebas y llevando a las empresas a los tribunales. Ir a los tribunales es sumamente difícil, dado el costo y la falta de sistemas jurídicos libres y justos. Las empresas acusadas suelen apelar los fallos y prolongar el proceso de justicia.

Socfin ha presentado un caso de difamación criminal contra el Director de Green Scenery, una de las organizaciones que lucha contra sus violaciones en Sierra Leona, como parte de una serie de demandas que SLAPP ha iniciado en los últimos años. Dieciséis miembros de la Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras Afectados de Malen siguen siendo juzgados por la supuesta conducta de disturbios durante el enfrentamiento de enero de 2019 entre la empresa y los propietarios de tierras, en el que murieron dos personas. El caso se ha aplazado continuamente, lo que añade una mayor carga financiera a las comunidades afectadas.

SISTEMAS DE OPRESIÓN

Con el fin de limitar los esfuerzos de las comunidades locales para alcanzar la justicia, las empresas de plantación han empleado sistemáticamente una serie de tácticas opresivas. Se utilizan estrategias de división y control en las comunidades, como la de cooptar a los dirigentes ofreciendo trabajo o subvenciones y estableciendo órganos representativos de las comunidades alternativos. Las empresas también ejercen presión sobre el gobierno, las autoridades locales y los financieros.

Utilizan su poder y trabajan con las fuerzas del Estado para reprimir violentamente las manifestaciones, con activistas arrestados y detenidos, y para intimidar a las comunidades, incluidos los gobernantes tradicionales. Los miembros de la comunidad, junto con los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, los periodistas y los trabajadores que defienden sus derechos son blanco de ataques, y se enfrentan a arrestos, violencia (a veces con resultado de muerte) y pérdida de empleo.

El sector de los productos básicos agrícolas es uno de los sectores más mortíferos del mundo para los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

Los habitantes de varias aldeas de Costa de Marfil afirman que sus tierras fueron tomadas ilegalmente para las plantaciones de monocultivos del SIAT y protestaron después de que una audiencia judicial que se celebró a puerta cerrada terminara de manera desfavorable. Después de una audiencia inicial en la que se determinó que no habían renunciado a los derechos de propiedad de sus tierras. La gendarmería intervino en la manifestación y dos personas fueron asesinadas y otras 71 fueron arrestadas y detenidas, de las cuales una persona murió en prisión. Muchas mujeres y niños huyeron de la represión y vivieron alejados de sus hogares como refugiados hasta 18 meses.

LAVADO VERDE

Mientras que las empresas de plantaciones cometen graves abusos ambientales y de derechos humanos y luchan contra la resistencia a estas evoluciones, también trabajan en otro frente, lavando su imagen de manera ecológica. Esto abre el acceso a la financiación y al mercado, donde los financiadores y los compradores exigen una producción “responsable”.

Las empresas se inscriben en planes de certificación y política establecidos para proteger a las personas y el medio ambiente, como el NDPE, la RSPO, el FSC, los compromisos de SDG y otros programas de responsabilidad social de las empresas, así como la afiliación a organizaciones como la Earthworm Foundation y el Instituto Holandés de Comercio Sostenible. Estas normas y afiliaciones sufren de una débil gobernanza, normas y/o fracaso en la aplicación.

Los financiadores también “se comprometen” con las normas voluntarias, ya sea a través de sus propias políticas o iniciativas internacionales como la Alianza de Inversores para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Inversores en Aceite de Palma Sostenible, aunque esto en la práctica significa poco. Los bancos de desarrollo constituyen una categoría específica en la que el dinero público debería aportar “desarrollo”, pero en realidad apuntalan modelos empresariales industriales que explotan a las personas y a la naturaleza, beneficiando al mismo tiempo a los accionistas y financiadores internacionales.

Aunque la sociedad civil expuso que Olam ha destruido alrededor de 19.000 hectáreas de bosques en el Gabón, el grupo y sus empresas siguen disfrutando de la pertenencia a la RSPO y al FSC y de la certificación.

SIAT SA adquirió las plantaciones de un programa fallido del Banco Mundial que tenía por objeto establecer plantaciones de palma aceitera y caucho en el África occidental y central en los decenios de 1970 y 1980. En la década de 1990 esas plantaciones tenían grandes deudas y se vieron obligadas a privatizarse. El fundador de SIAT había trabajado anteriormente como consultor en el programa del Banco Mundial. La filial del SIAT en Ghana recibió financiación del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional.

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

En toda África, las comunidades locales, y especialmente los pueblos indígenas, las personas que dependen de los bosques, los agricultores, las mujeres y los niños, se ven muy afectados. Debido a la apropiación de tierras, han perdido el acceso a los bosques, las fuentes de agua y las tierras de cultivo, la caza y la pesca, así como a las tierras en las que viven. Los monocultivos han dado lugar a la reducción de la productividad del suelo y de las precipitaciones, y tienen efectos negativos en los cultivos de la población local, así como en la salud pública.

Miles de ugandeses rurales han sido desalojados para hacer espacio para las plantaciones desde la llegada de Green Resources AS. Han perdido el acceso a la tierra que utilizaban para la agricultura, el pastoreo y la recolección de alimentos silvestres y leña. Las personas que mantenían sus tierras y su agricultura alrededor de las plantaciones experimentaron impactos negativos en su producción, posiblemente debido al uso de plaguicidas y otros impactos ambientales de las plantaciones de monocultivos.

En el Gabón, los habitantes locales deben obtener permisos para acceder a las zonas donde tradicionalmente pescaban y cazaban, y su libertad también está restringida por las profundas zanjas que OLAM ha cavado, que representan un peligro para las personas y los animales. El flujo de agua en las cuencas también se ha visto alterado por las actividades de la empresa y, según se informa, las aguas han sido contaminadas por los desechos y los fertilizantes.

Mientras muchas empresas hacen promesas a las comunidades locales, como el desarrollo de programas de cultivo justo por contrata, infraestructura sanitaria y educativa y empleos para la población local, éstas a menudo no se cumplen.

En el Camerún, donde opera la filial de Socfin, Socapalm, se ha descuidado la producción de aceite de palma de los pequeños agricultores. Los grupos de la sociedad civil en el Camerún prefieren un modelo de pequeños agricultores basado en la comunidad, en lugar de concesiones industriales a gran escala porque el modelo basado en la comunidad asegura un menor riesgo de violaciones de derechos y una mayor garantía de que los beneficios irán a parar a las comunidades en lugar de a los propietarios de las empresas.

Las comunidades de Mapanda e Idete en Tanzanía dieron a GreenResources AS el consentimiento para utilizar sus tierras a cambio de oportunidades de empleo, el desarrollo de infraestructura, incluidas aulas, instalaciones médicas y servicios de agua, y el 10% de las ganancias de las ventas de secuestro de carbono mediante eucaliptos y pinos. Desde entonces, la empresa lleva más de 20 años funcionando, pero sus compromisos no se han cumplido plenamente.

Cuando son contratados, los trabajadores locales a menudo se enfrentan a salarios bajos, condiciones de trabajo deficientes e inseguras, la falta de derecho a organizarse colectivamente y la pérdida de sus puestos de trabajo si se pronuncian en contra de las acciones de la empresa. También se ha informado de favores sexuales forzados a cambio de promesas de empleo y de la utilización de mano de obra infantil en algunas plantaciones.

No hay seguridad laboral para los habitantes locales que consiguen obtener empleo en PZ Wilmar en Nigeria. Se informa de que a las mujeres embarazadas se les niega la licencia de maternidad y realizan tareas difíciles que afectan a su salud, y que las trabajadoras son transportadas en un tractor sobrecargado, con hasta 50 personas en un pequeño camión. Desde 2018 se han producido varios incidentes que presuntamente han provocado muertes, incluidas mujeres embarazadas.

La corrupción y el soborno son moneda corriente entre las empresas y las personas que ocupan cargos de autoridad.

El Director de Green Resources AS en Mozambique tiene muchas conexiones con el gobierno nacional – fue anteriormente el Director Nacional de Silvicultura y Vida Silvestre. Los gobiernos locales y nacionales protegen y defienden los intereses de la empresa. Esto es evidente por la falta de acción para resolver los numerosos conflictos entre Green Resources AS y las comunidades afectadas. El gobierno facilita todos los procesos de consulta de la comunidad y los funcionarios gubernamentales participan, lo que va en contra de las normas internacionales sobre consulta, ya que limita la libertad de las comunidades para expresarse.

Las plantaciones de monocultivos plantean amenazas directas a los bosques y a la biodiversidad, incluso a bosques de alta conservación, humedales y en los hábitats con animales en peligro de extinción. En Liberia, cientos de hectáreas de bosques de alto valor de conservación y con grandes reservas de carbono han sido destruidas por Golden Veroleum Liberia (GVL), controlada por Golden Agri-Resources. Esto fue primero negado y luego confirmado por GVL y actualmente se está tratando en un procedimiento de denuncia formal con el Enfoque de Reservas de Alto Carbono. La expansión de las plantaciones industriales también está destruyendo el hábitat de los elefantes, las poblaciones de chimpancés y los hipopótamos pigmeos.

LOS GOBIERNOS, LAS CORPORACIONES Y SUS FINANCIADORES DEBEN ACTUAR AHORA!

Amigos de la Tierra África hace un llamamiento a los gobiernos nacionales a

  • Promover la agroecología y la gestión forestal comunitaria en los marcos jurídicos y las políticas a fin de proteger y promover los derechos y beneficios de la población a la tierra y los recursos naturales
  • Proteger a las comunidades locales y a los pueblos indígenas y asegurar su consentimiento: respetar su derecho a decir no a las inversiones externas y a otras reivindicaciones sobre sus tierras.
  • En caso de violaciones de los derechos humanos, asegurar que las víctimas tengan un acceso inmediato a la justicia y a los recursos a nivel nacional, regional e internacional, y hacer que las empresas rindan cuentas.
  • Participar activamente en las negociaciones del Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para poner fin a la impunidad de las empresas.
  • Garantizar que el sector financiero esté regulado para evitar las violaciones de los derechos humanos, los daños ambientales y la deforestación relacionados con las plantaciones de tomates y aumentar la transparencia.
  • Reestructurar las instituciones financieras públicas de desarrollo para evitar que financien proyectos perjudiciales de plantaciones de monocultivos de árboles.

LAS COMPAÑIAS DE PLANTACIONES Y SUS FINANCIADORES DEBERÍAN

  • poner fin de inmediato a las prácticas de apropiación de tierras comunitarias, la corrupción de funcionarios gubernamentales, la violación de los derechos humanos, la violencia de género contra las mujeres, el acoso y la violencia contra los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, la explotación de los trabajadores y la destrucción de los bosques y otras zonas naturales, y proporcionar una compensación y un remedio para las violaciones del pasado.
  • Establecer procedimientos decentes, seguros y transparentes para que los trabajadores expresen sus preocupaciones y críticas.
  • Deshacerse de las empresas que se dedican a la violación de derechos y a la destrucción del medio ambiente. Dado el carácter sistemático de los daños a la naturaleza y a las personas en las plantaciones de monocultivos de árboles, este sector debería quedar excluido de la cartera de financiación.

Comprometerse a invertir en iniciativas de gestión agrícola y forestal de base comunitaria y a promoverlas.

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://africanpeoplestribunal.org/

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